PGN - FACTOR SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD - Falla del servicio por privación de la libertad seg

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se precisó que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación, ésta no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa/PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-Aplicabilidad jurisprudencial del Consejo de Estado A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos

estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado; de las cuales, por efectos probatorios, se han construido distintos títulos de imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Sustento normativo El artículo 93 de la Constitución Política señala que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia. ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia/DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia según regulación constitucional Los derechos fundamentales, de la libertad personal y la presunción de inocencia, se

encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en tratados internacionales los cuales han sido ratificados mediante leyes en el orden interno, Vr. gr., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos DERECHOS-A la libertad y a la seguridad personal según la Convención Americana de Derechos Humanos PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD-Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Regulación legal PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Regulación legal PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional DERECHO A LA LIBERTAD-No es absoluto según jurisprudencia de la Corte Constitucional RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se deriva de la privación injusta de la libertad según jurisprudencia del Consejo de Estado PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADEl Consejo de Estado, con fundamento en las normas en cita, ha elaborado unas diversas líneas jurisprudenciales respecto del texto del artículo 90 superior y la reglamentación específica del tema de la privación injusta de la libertad, cuya evolución permite entender las distintas tendencias que ha tomado la interpretación normativa, hasta llegar a su unificación, que se acomete a continuación: Primordialmente son cuatro las posturas a las que nos referiremos por considerarlas destacadas dentro de la evolución jurisprudencial de la Alta Corte de lo Contencioso Administrativo, todas encaminadas a la construcción de una línea de pensamiento que hoy, se repite, se encuentra unificado.

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322)

Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Error judicial/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Po error judicial según jurisprudencia del Consejo de Estado Una primera línea jurisprudencial, que podría calificarse como restrictiva, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, la responsabilidad del Estado se sustentaba en el error judicial, el cual, por la violación del deber que tiene de fallar o decidir conforme a derecho, surgía de una indebida valoración de las circunstancias de cada caso. En ese sentido, se dijo, que la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez que causa perjuicios a sus coasociados. Sin embargo, este razonamiento jurisprudencial, deja a un lado el estudio de la conducta del operador judicial en el grado de culpa o dolo del funcionario judicial.

Dentro de dicho concepto, la detención preventiva como medida de aseguramiento se circunscribía al cumplimiento del lleno de los requisitos legales, por lo que tal medida correspondía a una carga o deber jurídico que estaban obligadas a soportar todas las personas. Incluso se indicó que la investigación de un delito cuando mediaban indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, era una carga que todas las personas debían soportar por igual, de manera que la absolución final no era indicativa de que hubo algo indebido en la detención. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Absolución cuando se dan tres eventos

según jurisprudencia del Consejo de Estado/RESPONSABILIDAD OBJETIVA-No es necesario entrar a probar la falla en el servicio Una segunda tendencia, Sentencia del 17 de noviembre de 1995, la responsabilidad se estructuró en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, con lo cual resultaba irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró, además, que en tales eventos la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad, pero que en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se exigiría al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención. Se consideró entonces que era la misma norma la que se encargaba de establecer los casos en los que se presentaba tal tipo de detención injusta. Lo anterior dio pie para que seguidamente se entendiera como una aproximación inicial al establecimiento de la responsabilidad objetiva al considerar que en esos casos no se hacía necesario entrar a probar la falla en el servicio. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se sustenta en la antijuridicidad del daño sufrido En un tercer momento, Sentencia de 4 de abril de 2002, se morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, que implicaba imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada, al tiempo que amplió, en casos concretos, el espectro de

responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros que el sindicado fuese absuelto en aplicación del principio universal del in dubio pro reo., y se sustenta la responsabilidad no en la antijuridicidad de la conducta del operador judicial sino en la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima que en últimas no está en la obligación de soportarla.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Principio in dubio pro reo En un cuarto momento, la Sala ha acogido el criterio objetivo, con fundamento en que, en los eventos señalados en la segunda parte del artículo 414 del Decreto 2.700 de 1991, la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico, por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta por aplicación del principio in dubio pro reo, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia. Quiere decir lo anterior, que aun cuando la investigación se haya adelantado con el más alto rigor constitucional y legal, con imposición de medida de aseguramiento de

detención, si finalmente la investigación culmina con preclusión de la investigación o absolución con aplicación del in dubio pro reo, el Estado adquiere la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados con dicha medida; excepto, en los eventos en que se encontrara en el deber de soportarlos, Vr. Gr. hecho exclusivo de la víctima, fuerza mayor o caso fortuito, o culpa exclusiva y determinante de la víctima, etc. FACTOR SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD-Falla del servicio por privación de la libertad según jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por privación de la libertad se resuelve por con fundamento en la responsabilidad subjetiva Con fundamento en ese contexto, puede concluirse que la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, puede resolverse, de manera preferencial, con fundamento en el régimen de la responsabilidad subjetiva bajo el título de imputación denominado falla en el servicio, aun cuando la jurisprudencia mayoritaria del Consejo de Estado tenga la tendencia de hacerlo bajo una perspectiva objetiva cuando se acredita que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible, o se produjo la absolución como consecuencia del principio del in dubio pro reo. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD-Objetivo y subjetivo Pese a lo anterior, vale decir, a la aplicación de los dos regímenes de responsabilidad en el tema de la privación injusta de la libertad y, especialmente, de los títulos de imputación, para efectos de la resolución de casos con identidad fáctica y jurídica, resulta pertinente traer a colación la Sentencia de Unificación del 19 de

abril de 2012 en la que se reconoce que su creación vía jurisprudencial se hizo para justificar y encuadrar la solución de los casos desde una perspectiva constitucional y legal; pero advierte que ellos no tienen un soporte constitucional en la consagración de la cláusula general en el artículo 90 superior, que imponga al juez la obligación de

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros utilizarlos frente a explícitas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular En otras palabras, lo que la providencia dice es que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Como corolario conclusión que el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del

Estado. La razón para restarle importancia a los títulos de imputación se edificó en que el seguimiento estricto a cada uno de ellos conforme a los criterios de construcción disminuye el grado de discrecionalidad que debe tener el fallador de quien se espera debe siempre buscar la respuesta más acertada, garantizando así una sentencia argumentada, susceptible de ser controvertida en tal motivación por vía de impugnación por las partes que se vean perjudicadas. RESPONSABILIDAD EL ESTADO-Responde por daño antijurídico e imputación fáctica Con fundamento en ello, como lo ha sido la línea de pensamiento de esta Delegada, independientemente de los títulos de imputación que se han creado como modelos decisionales y que hoy, a la luz del CPACA podrían constituir precedentes decisionales, lo que surge como obligación judicial, para resolver el problema judicial puesto a su consideración, es la de determinar en la sentencia, en grado de certeza, la existencia de los elementos de la responsabilidad -que fuera de los clásicos: hecho generador, daño y nexo causal-, lo constituyen el daño antijurídico y la imputación fáctica o jurídica en cabeza de un órgano del Estado a quien le surge la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados por su acción u omisión. RESPONSABILIDAD OBJETIVA-En casos de preclusión o absolución A pesar que la tendencia jurisprudencial de la Sala -cuarto momentoera la de hacer extensiva la responsabilidad objetiva en los casos de preclusión o absolución por aplicación del principio de in dubio pro reo, y como aún persistía la disparidad de criterios en la adopción de un título de imputación que sirviera de regla o parámetros de decisión, el 17 de octubre

de 2013, se emitió la sentencia de unificación en la cual se adoptó como criterio jurisprudencial decidir los eventos de privación injusta de la libertad cuando la preclusión o absolución se origina por la aplicación del citado principio a través de la institución del “daño especial”.

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322)

Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros DAÑO ANTIJURIDICO-Definición Esta decisión se sustenta en que a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta se le causó un daño antijurídico, “en la medida en que mientras la causación de ese daño redunda en beneficio de la colectividad – interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la administración de justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatoriassólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquella persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento jurídico vigente, en los términos establecidos en el tantas

veces aludido artículo 90 constitucional”.

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322)

Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., octubre 10 de 2017 Doctor

RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO

Consejero Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 17-88

Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros Demandados: Ministerio de Justicia -Fiscalía General de la Nación y otros Honorable señor Consejero: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H.

Consejo de Estado para decidir el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la sentencia condenatoria del 27 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió parcialmente a las súplicas de los demandantes, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de

apoderado judicial, el grupo familiar del señor SANDRO ALBEIRO

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros GUERRON PINTO, demandó ante el Tribunal Administrativo de Nariño para que declarara extracontractualmente responsable a LA NACION –

MINISTERIO DE JUSTICIA – FISCALIA GENERAL DE LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por los daños antijurídicos que les fueron ocasionados, con motivo de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor SANDRO ALBEIRO GUERRON PINTO. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las demandadas al pago de indemnización de perjuicios en favor de los accionantes.

2. La Contestación Rama Judicial Por intermedio de apoderado judicial contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, argumentando que para que la responsabilidad del Estado sea declarada, se debe establecer una falla en la prestación del servicio encomendado, la cual, conforme a la jurisprudencia, debe ser de tal magnitud, que teniendo en cuenta las circunstancias en que debe prestarse el servicio, la conducta sea considerada como anormalmente deficiente.

Destaca además, que los demandantes reclaman por vía de reparación directa por unos presuntos errores cometidos por parte de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, luego entonces no es la Rama judicial, la entidad a la que le correspondía ejercer su

defensa. Fiscalía General de la Nación

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros Se opone también a las súplicas de la demanda, argumentando que en el sub judice no se configuraron los supuestos esenciales que permitieran estructurar alguna clase de responsabilidad en cabeza de la entidad, por cuanto su actuación se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, de las cuales no se puede predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error, ni mucho menos, la privación injusta de la libertad del señor Sandro Albeiro Guerrón Pinto.

Refiere que la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación constitucional y legal de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores, calificar y declarar precluídas las investigaciones realizadas, y que para su cumplimiento debía desplegar la actividad conducente, apegándose en todo momento a lo dispuesto en los códigos, en materia de derecho de defensa, debido proceso y demás garantías de los procesados. Manifiesta además que la pérdida de la libertad del demandante obedeció a razones jurídicamente razonables, a una decisión ajustada a todas las exigencias sustanciales y formales de la ley, más no, a una

actuación indebida por una desfasada subsunción de la realidad fáctica en la hipótesis normativa o a una grosera utilización de la normatividad jurídica. Ministerio del Interior y de Justicia Contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones de ésta, argumentando una falta de legitimación material en la causa por pasiva; pues de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, la Fiscalía era la entidad legitimada pasivamente para actuar en el trámite del presente proceso, toda vez que los argumentos objeto de

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros demanda, se fundamentaron en los presuntos perjuicios ocasionados al accionante, como resultado de la privación presuntamente ilegal de la libertad, decretada en el marco de las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.

3. La Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 27 de febrero de 2015, i) Declaró extracontractual y solidariamente responsables a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, de la privación injusta de la libertad del señor SANDRO ALBEIRO GUERRÓN PINTO, ii) Condenó a la NACIÓNFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN al pago de perjuicios de índole moral y material en favor de los demandantes y iii) Negó las demás pretensiones de la demanda.

Al respecto, el a quo, dijo lo siguiente: “(…) La decisión absolutoria proferida por la Juez Penal del Circuito de Túquerres, tuvo origen en la duda sobre la participación del demandante en la comisión de la conducta delictiva investigada, y por ende, sobre su responsabilidad, de forma tal, que atendiendo los principios que rigen la actuación procesal penal, concretamente lo dispuesto en el artículo 7o del C. de P. P. que habla sobre la presunción de inocencia e in dubio pro reo, al no existir certeza sobre la participación del señor Guerrón Pinto en la comisión del delito, lo procedente era absolverlo. Como se resalta, la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Túquerres, se fundamentó en la existencia de dudas acerca de la responsabilidad del inculpado Guerrón Pinto en la comisión del delito a él endilgado; esas dudas provocaron la aplicación del principio de in dubio pro reo, lo que enmarca el evento de privación de la que fuera objeto, en el régimen objetivo de responsabilidad, es decir, en aquellos en los que no se requiere analizar la conducta de los servidores que dieron lugar a la privación de la libertad, y en los que, constatado el daño, es decir,

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros la privación de la libertad, debe necesariamente reconocerse la responsabilidad de la administración. (…) Se concluye entonces que la privación de la libertad de la que fue objeto el ciudadano Guerrón Pinto fue injusta, por cuanto fue absuelto con fundamento en la aplicación del principio de in dubio pro reo, razón por la cual procede determinar cuál de las entidades demandadas debe ser llamada a responder por la indemnización de los perjuicios solicitados.

Para resolver este punto, debe considerarse que la decisión que dio lugar a la privación que a través de esta decisión se califica como injusta, provino de la actuación de la Fiscalía Treinta y Dos Seccional de Túquerres, privación que fuera mantenida a través de la imposición de medida de aseguramiento y decisión acusatoria, provenientes de la misma delegada, decisiones que como se indicó anteriormente fueron confirmadas por el superior funcional; si bien el señor Guerrón Pinto pasó a disposición, junto con el proceso, del Juzgado Penal del Circuito de Túquerres, se tiene que el funcionario no tuvo otra oportunidad que la sentencia, para expresarse a cerca de la responsabilidad del mencionado, en vista de que no hizo control de legalidad de las decisiones tomadas por la Fiscalía, control que pudo ser solicitado por el detenido. En consecuencia, si bien la imputación del daño está en cabeza del Estado y específicamente en cabeza de la Nación - Rama Judicial, los perjuicios que deben ser reparados lo han de ser con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, habida cuenta

que, como se demostró en el relato procesal, la restricción de la libertad del actor en mención fue ordenada por tal autoridad a través de sus delegados, por ende se considera que el presupuesto de dicha entidad es el que debe ser afectado. (…)”

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1.- PROBLEMAS JURÍDICOS  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas vinculadas a la investigación de una conducta punible exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución

Política?

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros  ¿Se configura la responsabilidad a cargo del Estado por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor SANDRO ALBEIRO GUERRON PINTO dentro del proceso adelantado en su contra por el delito de Rebelión? 2.- ANÁLISIS JURÍDICO 2.1 Sustento normativo constitucional.

El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño

antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se precisó que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa, que era el elemento tradicional de la responsabilidad, para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación, ésta no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de

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Expediente: 700012331000-2012-00068-01 (56.322) Demandantes: María Nela Guerrón Pinto y otros aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño

mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado; de las cuales, por efectos probatorios, se han construido distintos títulos de imputación que el juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. 2.2 Sustento normativo del bloque de constitucionalidad. El artículo 93 de la Constitución Política señala que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia. Los derechos fundamentales, de la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en tratados internacionales los cuales han sido ratificados mediante leyes en el orden interno, Vr. gr., el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que establece: 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arrest