PGN - REGLAMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PERSONERO - 2

NULIDAD ELECTORAL DE ACTO DE ELECCIÓN DE PERSONERO-Contra acto de elección por mérito en el municipio de Medellín por expedición irregular EXPEDICION IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Omisión de formalidades sustanciales de tal magnitud que sin ella el resultado habría sido otro/EXPEDICION IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Se estructura cuando se desconoce la adecuación de las formas JUICIO DE CONFRONTACION-Entre el procedimiento o la forma legal impuesta y la cumplida para su formación en un caso en concreto EXPEDICION IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Inconsistencias en expedición debe tener incidencia en el resultado REGLAMENTACION DE LA CONVOCATORIA DE PERSONERO-Prorrogar o modificar término para presentar hojas de vida puede constituir anomalía de naturaleza sustancial capaz de anular el acto/REGLAMENTACION DE LA CONVOCATORIA DE PERSONEROOmitir citar a entrevista a todos los participantes debe tener efectos de magnitud sustancial EXPEDICION IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Requiere comprobar la existencia de la anomalía y la afectación sustancial en el resultado/EXPEDICION IRREGULAR DE UN ACTO ACUSADO-Existencia de la anomalía Para esta delegada el contenido del protocolo, desconoce y es contrario a las disposiciones de la Resolución MD 20191030000416 del 1 de noviembre de 2019, como quiera que mientras los parágrafos 1º de los artículos 4 y 22, y el artículo 27 establecen que para la aplicación de las pruebas se haría en una “sola sesión”, en “una misma sesión” y “simultáneamente”, respectivamente, el protocolo señala que el

examen se dividía en “dos sesiones”, la primera para realizar la prueba de conocimientos y la segunda para cumplir las pruebas de competencias laborales No comparte esta delegada, el criterio expuesto por el a quo, acogiendo la postura del Agente del Ministerio Público en primera instancia, en el sentido que el protocolo cuestionado en la demanda contiene, eminentemente, disposiciones operativas para la realización de la prueba de conocimientos y comportamentales a cargo del operador y no está modificando aspectos sustanciales de la convocatoria efectuada por el Concejo de Medellín Lo anterior, como quiera que las modificaciones introducidas, en lo que dice relación a la división de las pruebas, no es un aspecto operativo que encaje en el concepto de “condiciones para su desarrollo” y que integran las reglas de la convocatoria, como lo posibilita el mismo artículo 27 JUICIO DE INCIDENCIA SUSTANCIAL-Demostración del grado de afectación con la expedición irregular del acto administrativo en concurso de méritos de personero/JUICIO DE INCIDENCIA SUSTANCIAL-Carga probatoria Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Bogotá D.C., 11 de mayo de 2021 Concepto No. 2021-05-NE-108 Doctor

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Magistrado Ponente Sección Quinta.

E. S. D.

RADICACIÓN: 05001-23-33-000-2020-02462-02

ACTOR: ÁLVARO BAENA GIL

DEMANDADO: WILLIAM YEFFER VIVAS LLOREDA,

Personero de Medellín, Antioquia, Periodo 2020-2024.

ACCIÓN: NULIDAD ELECTORAL Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Hechos 1.1.1. El Concejo Municipal de Medellín celebró el contrato 4600083487 del 28 de octubre de 2019, con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), cuyo objeto consistía en la prestación de servicios profesionales de asesoría técnica, jurídica y apoyo logístico para la conformación de la lista de elegibles para el cargo de Personero de esa municipalidad. 1.1.2. La Mesa Directiva de la precita corporación emitió la Resolución MD20191030000416 del 1° de noviembre de 2019 “Por la cual se convoca y

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Correo electrónico: Página 2 reglamenta el concurso público de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Medellín para el periodo constitucional 2020 – 2024”. 1.1.3. El día 27 de noviembre de 2019, se publicó la lista definitiva de admitidos y se informó que la prueba tendría lugar al día siguiente, a partir de las 08:00 a.m., en la Escuela de Ciencias Sociales, ubicado en la sede de la

UPB, Campus Laureles. 1.1.4. El 13 de febrero de 2020 se publica la Lista inicial de elegibles en la página web de la UPB. 1.1.5. El 20 de febrero de 2020, en sesión programada para el efecto, el Concejo de Medellín realizó la elección y posesión de WILLIAM YEFFER VIVAS LLOREDA como Personero de Medellín, según Acta 043 de la misma fecha. 1.1.6. El señor ÁLVARO BAENA GIL, actuando en nombre propio, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, instaura demanda, en aras de que se declare la nulidad del acto de elección antes mencionado. 1.2. Normas violadas y concepto de la violación. Señaló como transgredidas el Preámbulo y artículos 2º, 13, 40 numeral 7°, 83, 103, 125 y 209 superior; artículo 5º de la Ley 136 de 1994; artículo 5º numeral 2º de la Ley 80 de 1993; artículo 2º numeral 1º de la Ley 909 de 1994; artículo 3º de la Ley 489 de 1998; titulo 27 del Decreto 1083 de 2015 que subrogó el Decreto 2485 de 2014. Resolución MD-20191030000416 de noviembre 1º de 2019 y Convocatoria 002 de 2019, expedida por la Mesa Directiva del Concejo de Medellín. Como causales de nulidad, esgrimió i) infracción de las normas legales que rigen el concurso de méritos para la elección de Personeros Municipales; y ii) vicios e irregularidades presentadas en la implementación del Concurso de

Méritos público y abierto para la elección de Personero de Medellín periodo 2020 - 2024. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Señaló que la UPB, usurpando potestades que no poseía, modificó aspectos puntuales del concurso causando grave perjuicio a los 154 aspirantes que resultaron eliminados en la prueba de conocimientos. Refirió que el reglamento es la norma reguladora de todo el concurso y una vez establecido, no puede ser variado, alterado o modificado sino por el convocante o la autoridad legítima, en este caso, el Concejo de Medellín, a través de su Mesa Directiva, de manera justificada y con apego a lo dispuesto en los estándares establecidos en la constitución y la ley. Así las cosas, sostuvo que el operador carecía de la facultad para modificar los preceptos y estipulaciones dispuestos en la convocatoria y dicha ausencia de competencia, no la podía suplir el contratista motu proprio ni siquiera utilizando documentos que titula como “protocolos”, pues tales instrumentos constituyen el mecanismo ilegal que utiliza para invadir una esfera que no le corresponde. Sobre el derecho a la igualdad expone que se requería que el tiempo asignado para absolver la prueba de conocimientos fuese el apropiado, guardando proporcionalidad en relación con el contenido, amplitud y complejidad de la prueba y simétrico con la extensión del examen consistente en la cantidad y

dimensión de las preguntas contenidas en el cuadernillo-cuestionario. Señala que esa garantía se lograba de manera cierta y segura, implementando la práctica de las pruebas tal y como se estableció en la convocatoria; esto es, en una sola y única sesión, sin interrupciones, divisiones o rupturas, practicando los exámenes de manera simultánea, para lo cual, se requería entregar a los participantes en el inicio de la sesión los dos cuadernos correspondientes a las pruebas de conocimientos y competencias para ser absueltos simultáneamente en el tiempo asignado, tal como se dispuso en la convocatoria. Indicó que se vulneró el principio de objetividad porque las actividades del operador debían ceñirse al cumplimiento del reglamento y la modificación de las normas del concurso solo podía realizarlas el órgano facultado para ello; de Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 4 manera crítica, imparcial, apoyada en datos y/o fundamentos reales, despojada de prejuicios y apartada de intereses, por el contrario señala que la alteración consumada en las reglas obedeció a una decisión premeditada, caprichosa, sin causas explicitas, aunque imaginables, destinada a incidir en el resultado final del concurso.

En su criterio, se transgredieron simultáneamente los principios de publicidad y participación, como quiera que el operador omitió comunicar oportunamente a

los concursantes y a la ciudadanía interesada los cambios que se proponía realizar y por ello solo hasta el día 28 de noviembre de 2019, día de la prueba, publicó en la web el documento que tituló protocolo, en el cual daba a conocer la alteración de las reglas a los afectados, impidiendo de paso la participación oportuna de estos a través del ejercicio del derecho a la reclamación, derechos de petición, quejas ante el concejo de la ciudad, denuncias públicas y demás mecanismos para hacer valer su incuestionable derecho a exigir que los preceptos de la convocatoria no fuesen alterados discrecionalmente por el contratista UPB. Señaló además que la UPB, no contaba con la autorización expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil para adelantar este tipo de concursos, no obstante que la Ley 909 de 2004, establece dicho requisito. 1.3. Fallo en Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia en decisión del 15 de marzo de 2021, denegó las pretensiones de la demanda. Como problema jurídico se señaló que correspondía a la Sala del Tribunal establecer si procedía o no declarar la nulidad de la elección del señor WILLIAM YEFFER VIVAS LLOREDA, como Personero de Medellín, para el periodo 2020-2024, determinando si se encontraban o no acreditadas las irregularidades en el trámite del concurso público de méritos aducidas en la demanda, y que fueron atribuidas al operador del concurso contratado por el Concejo de Medellín, esto es, la UPB, y de ser así, si tienen o no la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado

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Correo electrónico: Página 5 potencialidad de modificar el resultado del concurso y por tanto la lista de elegibles1.

El a quo como hipótesis anticipativa, indicó la no prosperidad de los cargos de violación esgrimidos en la demanda, y por el contrario, estableció que el concurso público se ajustó a las reglas de la Convocatoria, a los términos del contrato celebrado entre la Corporación edilicia y la Universidad, así como a las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables a la materia. Para resolver el asunto, el a quo abordó la siguiente temática i) marco normativo y jurisprudencial del medio de control de nulidad electoral, ii) de la elección de los personeros municipales, iii acervo probatorio, y iv) análisis y solución del caso concreto. En lo que hace relación al análisis y solución del caso concreto, señaló que no le asiste razón al demandante en la primera de las dos censuras analizadas, toda vez, que las normas aplicables a la materia no establecen como exigencia que las universidades por intermedio de las cuales los concejos municipales realicen el concurso para la selección de personeros, deban estar autorizadas por la CNSC; asimismo, destacó que el Ministerio de Educación Nacional, otorgó por el término de 6 años la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la UPB, por lo que, no había lugar a duda sobre su idoneidad para prestar la asesoría técnica, jurídica y apoyo logístico para la conformación de la lista de

elegibles para el cargo de Personero de Medellín. En lo que respecta al segundo cargo, consistente en la alteración de las normas del concurso mediante la usurpación de la potestad de modificar las reglas de la Convocatoria por parte de la UPB, consideró que, acorde con lo probado en el proceso, no era posible concluir que se haya extralimitado en sus funciones y tampoco modificado unilateralmente, en perjuicio de los concursantes, las reglas previstas en la misma. 1 “2.2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala establecer si procede o no declarar la nulidad de la elección del señor William Yeffer Vivas Lloreda, como Personero Municipal de Medellín, para el periodo 2020-2024. Para el efecto se determinará si se encuentran o no acreditadas las irregularidades en el trámite del concurso público de méritos aducidas en la demanda, y que fueron atribuidas por el demandante al operador del concurso contratado por el Concejo de Medellín, esto es, la Universidad Pontificia Bolivariana, y de ser así, si tienen o no la potencialidad de modificar el resultado del concurso y por tanto de la lista de elegibles.” Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Señaló que en virtud de lo previsto en el literal c) del artículo 27 de la Resolución MD 20191030000416 del 1 de noviembre de 2019, los avisos, instructivos o citaciones a la aplicación de las pruebas escritas podían

establecer condiciones para su desarrollo, como en efecto sucedió; condiciones que se entienden como integrantes de las reglas de la convocatoria y, por ende, debían ser cumplidas por parte de los concursantes. Ahora bien, señaló que tal como lo ha considerado el Consejo de Estado de tiempo atrás, para que la irregularidad en el trámite se materialice y tenga la virtualidad de viciar el acto de elección, es necesario que se pruebe la existencia de la anomalía y que ésta sea de tal magnitud que afecte de forma directa el sentido de la decisión; es decir, que sea sustancial, trascendental y con incidencia directa en el sentido del acto definitivo. En este punto, precisó que, dado que la elección se hizo como resultado de un concurso de méritos, era necesario demostrar que la irregularidad en el trámite tenía la potencialidad de modificar el resultado del concurso y por tanto de la lista de elegibles. Señaló que no era cierto que no se hubiese dado respuesta a la solicitud referida en el Doc. 74 del E.E., como quiera que se observa respuesta suscrita por la presidencia del Concejo, con fecha de recibido del 12 de diciembre de 2019, en donde, se indicó, que tanto en las especificaciones del contrato, como en la Resolución de convocatoria, quedó claramente establecido que en ningún caso el Concejo conocería el instrumento de evaluación (Pruebas) ni lo validaría. Así mismo, se señaló que no estaría presente, ni intervendría en nada relacionado con las normas establecidas por la Universidad para la presentación y valoración de pruebas; lo anterior, en aras de preservar los

principios de imparcialidad, objetividad y transparencia exigidos, que por lo anterior, la Mesa Directiva del Concejo dio traslado de la solicitud a la UPB, procediéndose a transcribir la respuesta dada por la Universidad, concluyendo, que no era de recibo la petición de repetir la prueba de conocimiento. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Ahora bien, consideró que en el expediente, se encuentran los informes técnicos rendidos por la UPB, denominados “Informe de Avance Concurso Público de Méritos para Proveer el Cargo de Personero Municipal de Medellín para el Período Constitucional 2020 -2024” del año 2019, e “informe técnico de aplicación y resultados de la prueba de conocimiento elaborado por el Ph. D Carlos Builes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, de acuerdo con los cuales, los tiempos asignados para cada contestar cada una de las pruebas encuentra sustento técnico y académico. Señala que en lo que atañe a la prueba de conocimiento, se tuvo en cuenta el grado complejidad de las preguntas asi:. Indica el fallo, que el análisis de confiabilidad de la prueba que se realizó, a través del método de Alfa de Cronbach, arrojó que el porcentaje de confiabilidad de la prueba fue de 0,75%, es decir, presenta confiabilidad de consistencia interna. Por ello, los ítems son consistentes con los constructos

que se estaban evaluando. En otras palabras, la aplicación de la prueba y sus tiempos encuentran sustento técnico, pues la comprobación de confiabilidad de la prueba es del 0,75%, porcentaje que muestra un nivel de confiabilidad alto conforme al método Alfa de Cronbach, según el cual, cuando es un porcentaje superior al 0,60% queda establecida la consistencia y confiabilidad de la prueba. Adicionalmente, respecto al análisis de pertinencia de la prueba, se evidenció el siguiente índice de dificultad: el 32,2%, correspondiente a 29 preguntas, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 8 presentan mayor grado de dificultad, 34,44% correspondiente a 31 preguntas, presentan dificultad media y el 33% correspondiente a 30 preguntas, presentan dificultad baja. Las preguntas de evocación o memoria corresponden al menor nivel de complejidad de la prueba, con un tiempo de respuesta de 50-70 segundos, y para un total de 30 preguntas, que corresponde al 33%.

Además, señala que en la respuesta dada por el Rector General de la UPB, con base en la información que le fue suministrada por el personal técnico de la Universidad que participó en el Concurso Público la prueba de conocimientos fue de selección múltiple con única respuesta, donde se incorporaron materias y temas de conocimiento propios de las competencias constitucionales y legales de un personero municipal y que dada la naturaleza de la Personería,

era menester evaluar los modelos de atenuación del centralismo, temas generales de la estructura del estado y el Ministerio Público; esto orientado a partir de la Constitución y la jurisprudencia. Así mismo, se advirtió, que en la mayoría de las preguntas se incluía transcripción exacta de la norma que se requería para resolver el interrogante planteado, dado lo cual, la mayoría de los interrogantes tenían una complejidad de nivel medio, pues se buscó brindar los elementos para que los participantes respondieran adecuadamente los interrogantes, aunado a lo cual, en el examen no fueron tratados temas muy especializados, pues versaba sobre materias básicas que son objeto de formación y ejercicio del quehacer profesional del abogado. Sobre el tiempo mínimo necesario para el análisis y contestación de la prueba de competencias laborales, en la misma respuesta, se explicó, que se estableció de acuerdo con la complejidad de las preguntas. Los tipos de preguntas se estructuraron bajo un diseño de situaciones laborales hipotéticas respecto de las cuales el aspirante debía elegir la conducta que asumiría entre tres opciones posibles, cada una de ellas con algún componente de deseabilidad social y se dio un tiempo mayor de aplicación teniendo en cuenta lo siguiente: 1. nivel de fatiga de los candidatos. 2. Los ítems estaban estructurados bajo un diseño de situaciones laborales hipotéticas. También se aclaró, que la metodología utilizada para la evaluación no tomó en Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 9 consideración ponderación o desviación estándar, pues de acuerdo con la Convocatoria, era puntuación directa.

En cuanto a la ausencia de publicación de la metodología utilizada para la estructuración de la prueba, el tipo de cuestionario, su extensión, y el nombre de los profesionales altamente técnicos y especializados encargados de configurar las pruebas, la modalidad de las preguntas, el tiempo de las pruebas, el tiempo estimado para absolver cada uno de los ítems, se evidenció que en el contrato celebrado entre el Concejo Municipal de Medellín y la UPB, no se estipuló que tal información debía ser de conocimiento público, por ende, esa información hacia parte de la integridad y confidencialidad del examen. De otro lado, las características del examen, los ejes temáticos y su peso porcentual, y su correspondencia con las funciones del cargo en concurso, fueron siempre de conocimiento público, el cual, se construyó conforme a los parámetros establecidos en el artículo 23 de la Resolución MD 20191030000416 del 1° de noviembre de 2019, en donde, se estableció el puntaje correspondiente a cada una de ellas. Por consiguiente, los concursantes conocieron cómo se determinó el límite eliminatorio en la prueba de conocimientos equivalente a un puntaje de 80/100. Esta calificación fue también objeto de conocimiento por parte del Concejo de Medellín en pleno, la ciudad de Medellín, y los medios de comunicación, dado que el 5 de diciembre de 2019 en la clausura sesiones extraordinarias, tal como consta en el acta 778 del Concejo de Medellín, se rindió informe y audiencia

pública sobre cómo se había desarrollado el proceso para elegir el Personero Municipal y calificar la prueba. Señala el fallo que era importante evidenciar que, la Procuraduría Regional de Antioquía y la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, ejercieron una vigilancia especial sobre el concurso de méritos objeto de estudio, y en respuesta a un exhorto decretado en la audiencia inicial, indicaron que el trámite de la actuación, se realizó verificación documental en las publicaciones de la página electrónica de la UPB; que igualmente, el Procurador Regional de Antioquia, y el Procurador Provincial del Valle de Aburrá, realizaron visitas de manera personal a las instalaciones del Concejo de Medellín y de la UPB, Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 10 obteniendo la totalidad de información del concejo, proceso contractual y las respuestas soportadas con informes de la universidad, los cuales se anexaron.

Sobre la aplicación de las pruebas, tampoco existió reparo, ya que los valores otorgados a cada uno de los ítems están dentro de lo señalado por la Ley 1083 de 2015 y la resolución reglamentaria del concurso. Asimismo, indica el fallo que el ente de control señaló que de acuerdo a los informes de la Universidad, se estableció que hubo una correcta formulación de las preguntas, el tiempo otorgado para la respuesta fue suficiente y debidamente validado con los equipos técnicos y con pares académicos de la

universidad, concluyendo que el 53.70% de los aspirantes supero la media que corresponde a 99 aspirantes de los 144 que se presentaron y adicionalmente “según el informe de confiabilidad realizado por la Universidad a través del método Alfa Cronbach el porcentaje de confiabilidad de la prueba fue de 0.75, es decir, presenta confiabilidad de consistencia interna”. Igualmente, se observa en el informe que diez aspirantes estuvieron entre 66 y 80 puntos y solo uno superó los 80 puntos. Es decir, diez aspirantes estuvieron cerca de lograr superar el puntaje mínimo requerido para continuar en el concurso. Así las cosas, concluye el a quo, que el demandante no acreditó las aducidas fallas metodológicas y técnicas en la estructuración y aplicación de las pruebas, toda vez que no se contaba con otras pruebas técnicas –dictamen, testimonios de expertos, informes técnicos – que permitiesen restar credibilidad a los informes técnicos elaborados por la Universidad Pontificia Bolivariana, acorde con los cuales, tal como lo concluyó la Procuraduría Regional de Antioquía y la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, -quienes ejercieron una vigilancia especial sobre el concurso de méritos objeto de estudio-, no procedía efectuar reparos a la aplicación de las pruebas, comoquiera que, los valores otorgados a cada uno de los ítems están dentro de lo señalado por la Ley 1083 de 2015 y la resolución reglamentaria del concurso, que una correcta formulación de las preguntas, el tiempo otorgado para la respuesta fue suficiente y debidamente validado con los equipos técnicos y con pares académicos de la universidad,

concluyendo que el 53.70% de los aspirantes superó la media que corresponde Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

Correo electrónico: Página 11 a 99 aspirantes de los 144 que se presentaron y adicionalmente, según el informe de confiabilidad realizado por la Universidad a través del método Alfa Cronbach, el porcentaje de confiabilidad de la prueba fue de 0.75; es decir, presenta confiabilidad de consistencia interna.

Señaló que se dio estricto cumplimiento al cronograma establecido en la convocatoria y los actos que la modificaron. Aunado a ello, tal como lo informó el operador del concurso, durante el tiempo que estuvo publicada la convocatoria los aspirantes no elevaron reclamaciones para la revisión de los términos establecidos en el cronograma, por el contrario, se inscribieron y aceptaron las condiciones establecidas en la convocatoria, lo que permite inferir, que tenían claridad y certeza sobre las reglas del proceso, sin que se haya restringido el ejercicio del derecho de interponer recursos. En este caso, tal como lo adujo el demandado, todos los que participaron en el concurso, presentaron el examen en las condiciones establecidas en la resolución y con las indicaciones traídas por el protocolo, lo que resultó ser un trato igualitario para todos, en el marco de la prueba. En ese entendido, no existió una ventaja en favor de un participante o una

desventaja en contra suya. Por tanto, el demandante no logró derribar la objetividad de la aplicación de la prueba. 1.4. Recurso de apelación. El demandado presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 23 de marzo de 2021, en los siguientes términos: Puso de presente, que la elección del personero municipal de Medellín se encuentra viciada de nulidad, habiéndose incurrido en dos causales específicas: i) infracción de las normas legales que rigen el concurso de méritos para la elección de personeros municipales, 2) vicios e irregularidades presentadas en la implementación del concurso. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12441 – 112445 notidel7cedo@procuraduria.gov.co

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Señala que la pretensión se formula con base en la prueba documental que obra en el plenario, la cual, demuestra claramente que los cargos formulados en la demanda son verídicos, que el contratista trasgrediendo el principio de legalidad cambió indebidamente reglas puntuales y sustantivas establecidas en la convocatoria, en perjuicio de los participantes, violando de contera los principios que rigen el concurso, normas legales sobre la materia y los derechos fundamentales de los aspirantes. Es de advertir, señala, que las pruebas respecto a los cambios ilícitos de las reglas contenidas en la convocatoria efectuados por el operador UPB provienen del mismo y consiste principalmente en los cuadros “técnicos” que

pretenden justificar la manipulación realizada sobre el tiempo de las pruebas, así como aducir una alta pericia en su estructuración. Igualmente expone que obran como evidencia las comunicaciones de fecha 27 de noviembre de 2019 y el documento llamado “protocolo” de fecha noviembre 28 de 2019, por medio de los cuales se consumó en buena parte la indebida intervención del operador sobre las reglas del concurso. Expone que la variación o modificación de las estipulaciones contenidas en la Resolución de convocatoria y cronograma, era atribución exclusiva del Concejo de Medellín como se estableció en la Resolución MD-20191030000416 de noviembre 1º de 2019, que dispuso en el parágrafo segundo del artículo 4 que el cronograma podrá ser modificado o complementado en cualquier aspecto por la Mesa Directiva, lo cual, fue reiterada por el artículo 14 que determina que la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier aspecto por ese mismo órgano. Señala que el Concejo Municipal celebró el contrato 4600083487 de octubre 28 de 2019, con la UPB, cuyo objeto consistía en la prestación de servicios profesionales de asesoría técnica, jurídica y apoyo logístico para la conformación de la lista de elegibles para el cargo de Personero de Medellín y que en ninguna de las cláusulas de este contrato se autorizó al operador o se le facultó para reformar, modificar o alterar las normas que regirían el concurso. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24. Bogotá D.C.

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Correo electrónico: Página 13

Señala que el 28 de noviembre de 2019, día de la prueba, la UPB emitió y público en la web un instructivo que denominó “Protocolo”, donde dispuso que el examen se dividía en dos sesiones: La primera de ellas iniciaba a las 8:00 a.m. y finalizaba a las 10:00 a.m., en esta se realizarán las pruebas de conocimientos y la segunda sesión iniciaba a las 10:30 a. m. y finalizaba a la 12:30 p. m., en ella, se realizarían las pruebas de competencias laborales y que entre ambas sesiones habría un receso de 30 minutos. Señala que ha quedado claro que los Concejos municipales pueden contratar la implementación de estos concursos con Universidades, Instituciones Universitarias o entidades especializadas en la práctica de este tipo de exámenes