SC28-06-1956 - [054]

Sentencia C – SC – 054 de 1956

PROPIEDAD DE LAS MINAS DE CARBÓN. - REIVINDICACIÓN

DE MINAS DE CARBÓN ENTRE PARTICULARES. – PRESTACIONES MUTUAS 1. - Dentro de la legislación actual, las minas de carbón pueden pertenecer al Estado o a los particulares; al primero, las descubiertas o que se descubran en terrenos de la Nación y en los terrenos que por ésta hayan sido adjudicado, o enajenados con posterioridad al 28 de octubre de 1813; y a los segundos, las existentes en terrenos de propiedad privada que habían salido definitivamente del patrimonio con anterioridad a esta fecha. 2. - Las minas de carbón de propiedad del Estado pertenecen a la llamada reserva nacional. No son herenciables ni adjudicables a particulares. Su explotación puede hacerse por los particulares, mediante contrato de concesión celebrados con el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo no del Código Fiscal y en el Decreto número 805 de 1947. Tales minas, por su propia naturaleza, son inalienables e imprescriptibles. 3. - Entre los particulares y el Estado puede suscitarse controversia sobre la propiedad de las minas de carbón, cuando se alegue que éstas pertenecen a la reserva nacional. Según la doctrina y la jurisprudencia, en los juicios que se incumbe siempre al particular la demostración de que la mina cuyo dominio se controvierte, es de su propiedad y en consecuencia, estará obligado a presentar la huella legal de que el terreno en donde se encuentra la mina, salió

definitivamente del patrimonio del Estado con anterioridad al 23 de octubre de 1973. Y esto ocurrirá no solo en las oposiciones a las propuestas de contratos para explorar y explotar las minas que el proponente afirme pertenecer a la reserva nacional, sino en todo juicio en que el Estado discuta esa propiedad, aun si el particular asuma la calidad de demandado. Se comprende muy bien que el Estado goza de una posición procesal favorable en esta clase de controversias, ya que a él le bastará como medio de defensa, afirmar que los terrenos en donde se hallen situadas las minas de carbón son baldíos art. 44 del Código fiscal, demarcación que corresponde destruir al particular demostrando que los terrenos correspondientes salieron del patrimonio antes del 28 de octubre de 1813. De esta manera debe entenderse la llamada presunción de dominio a favor del Estado, sobre las minas pertenecientes a la reserva nacional. No puede aplicarse la doctrina anterior a las controversias que se susciten exclusivamente entre particulares sobre el dominio de una mina de carbón, ti otra sometida al mismo régimen jurídico, que pudiera ser propiedad del Estado por hallarse situada en terreno baldío de la Nación o salido de su patrimonio con posterioridad al 23 de octubre de

1873. Si el juicio de dominio se ventila entre particulares hallándose ausente el Estado, los litigantes podrán acudir a las normas del derecho común para hacer triunfar sus pretensiones, En que la llamada presunción de dominio a favor de la Nación juegue para nada en esta clase de controversias, cuya decisión por la justicia no declarará la propiedad ERGA

OMNES sino que apenas definiría entre los particulares enfrentados, quién ha probado mejor derecho a la mina en litigio, dejando a salvo el derecho del estado para demandarla en cualquier tiempo como parte integrante de la reserva nacional, ya que para el Estado para cualquier extraño. De acuerdo con la constante y reiterada doctrina de la Corte que señala nítidamente la relatividad del concepto de dominio en los juicios entre particulares sobre propiedad privada, no se ve ninguna razón valedera para exigir excepcionalmente en controversia reivindicatoria sobre una mina de carbón, el titulo originario del Estado, a quien se pretenda dueño de ella por accesión al predio en donde está situada. Las minas de carbón que pertenezcan por accesión al dueño del terreno en donde se hallen situadas, se rigen en general por el derecho común. Para acreditar su dominio en controversias entre particulares, no se necesita especial minero, como que ellas están amparadas por el mismo titulo de la propiedad territorial. Puede darse que si tales minas son del dueño por accesión, ésta es el tirulo de adquiridas y el TITULO es la ley misma. 5. - El Código Civil menciona en su articulo 656 como especies de bienes inmuebles, las TIERRAS y las MINAS. Por otra parte, la doctrina y la jurisprudencia han admitido que las minas son bienes jurídicamente distintos del terreno en que se encuentran, y así fue dicho en el articulo 4º del Código de Minas adoptado por Decreto Legislativo número 1119 de 1O54 (actualmente suspendido). Y por esto el dueño de tierras que tiene dueño de sus Herederos una mina que le pertenezca por

accesión, puede separar esas dos propiedades, enajenando la una y reservándose la otra. Si se enajena el predio sin excluir la propiedad minera por accesión es obvio que se entiende enajenada ésta como un accesorio del suelo. 6. - Se reitera la doctrina de que el comunero está capacitado procesalmente para reivindicar la cosa indivisa en pro de la comunidad. 7. - Se reitera la doctrina de que en materia inmobiliaria hay casos excepcionales en que el poseedor carente de título está ampararlo por la presunción de buena fe; como cuando el dueño de una finca ha venido poseyendo una zona del predio vecino por tu) error excusable en cuantía la precisión de un lindero oscuro. Que es lo que ocurre si el poseedor demandado, por una errónea interpretación de uno de los linderos de la propiedad minera que había adquirido, pudo creer sin mala fe que ella allanaba las minas colindantes, porque no conste ninguna reclamación anterior del dueño de éstas, ni haya prueba de que ellas hubieran sido explotadas en ningún tiempo por los reivindicantes, ni se haya señalado judicialmente la comprensión espacial de ellas. 8. - De acuerdo con el criterio consignado en el articulo 6º del Código Civil, los determinados de una mina pueden consistir en desmedros o menoscabos que hayan experimentado los minerales por el hecho o culpa del poseedor, como en el caso de una explotación descuidada o de un incendio voluntario o culpable; de los socavones; o pueden consistir en el agotamiento total o parcial de la mina por la

extracción paulatina de los minerales que el poseedor ha vendido o empleado en su provecho. Sólo de estos últimos debe responder el poseedor de buena fe, lo cual equivale a pagar el valor de los productos de la mina, deducidos sus gastos de explotación. Por la naturaleza del objeto, la noción especifica de frutos es extraña a la propiedad minera la mina no da FRUTOS sino PRODUCTOS. Los minerales que se extraen son parte integrante de la misma mina, no se pueden separar sin disminuir o alterar la sustancia de la cosa sobre que recae la propiedad; a diferencia de los frutos, ellos no son reproducidos por la cosa misma. La extracción de los minerales trae como consecuencia el agotamiento de la cosa que los produce, la cual se extingue o inutiliza en un tiempo más o menos largo. Se comprende por todo lo anterior que en la reivindicación de una mina, las prestaciones accesorias a cargo del poseedor vencido y a favor del reivindicante, quedan reducidas al pago de los DETERIOROS en la forma concebida por el articulo 963 del Código Civil: si el poseedor es de mala fe responderá de todos los deterioros causados por su hecho o culpa, incluyendo los minerales extraídos, aun cuando no los haya vendido o aprovechado; si el poseedor es de buena fe, sólo responderá de los producto de la mina, deducidos sus gastos de explotación.

REFERENCIA:

GACETA JUDICIAL Nº 2169

PROCEDENCIA:

TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE

MEDELLÍN

PETICIONARIO:

Ana Mejía v. de Restrepo

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL BARRERA PARRA Corte Suprema de Justicia. - Sala de Casación civil.

Bogotá, junio veintiocho de mil novecientos cincuenta y seis. Decide la Corte la demanda de casación sustentada por la parte actora en el juicio ordinario reivindicatorio de unas minas de carbón promovido por Ana Mejía v. de Restrepo contra Pedro Luís Restrepo Botero, fallado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín el 3 de agosto de 1955.

I. - Antecedentes A.-En demanda ordinaria del 27 de noviembre de 1953 Ana Mejía v. de Restrepo pidió al Juzgado Civil del Circuito de Titiribí: a) que se declarara que la comunidad formada por la actora y la sociedad "Hijos de Fernando Restrepo & Cía.", en liquidación, es dueña de las carboneras minerales existentes en el subsuelo de dos lotes de terreno situados en el paraje de "La Clarita" del Municipio de Amagá, alindados como se indica en los hechos primero y tercero del libelo; b) que se condenara al demandado Pedro Luís Restrepo Botero a restituir a la comunidad las dichas carboneras con los productos naturales y civiles de ellas desde que se encuentran en su poder, y a responder del valor de los deterioros y menoscabos de las mismas.

La demandante pidió, subsidiariamente, se hicieran por el Juzgado la declaración y la condena correspondientes a su derecho de comunera en las citadas minas. En el libelo se relaciona la titularidad de la demandante

sobre el objeto reivindicado, así: 1.- En el juicio de sucesión de Encarnación Acevedo, protocolizado en la Notaría de Titiribí por escritura número 242 de 3 de julio de 1887, se adjudicó a Bernardino García un lote de terreno, situado en el paraje de "La Clarita" del municipio de Amagá, comprendido por los siguientes linderos: por la cabecera, con terreno de Santos Flórez; por un costado, con terrenos de Nicodemus Zapata; y, por el pie, con la servidumbre vieja de Heliconia; y por otro costado, con terrenos de Gertrudis Acebedo; 2.- Bernardino García transmitió su derecho de dominio en tal inmueble, por venta a Hermógenes Montoya, mediante escritura número 11 de 1º de enero de 1902 otorgada en la Notaría de Fredonia; 3 - El mismo Hermógenes Montoya compró a Gertrudis Acebedo, mediante escritura número 730 de 18 de agosto de 1902 extendido en la Notaría de Titiribí, un lote de terreno colindante del anteriormente señalado, con terrenos de Gertrudis Flórez; por un costado, con calle de servidumbre; por el pie con el camino viejo de Heliconia. Y por otro costado, con terreno del comprador; 4-Por escritura número 33 de 11 de enero de 1909 de la Notaría Segunda de Medellín, Hermógenes Montoya vendió a la sociedad "Hijos de Fernando Restrepo & Cía." todos los carbones o formaciones carboníferas minerales existentes en el subsuelo de los dos lotes anteriormente alindados, con derecho la sociedad compradora para construir en tales terrenos las obras, edificios,

etc., y constituir las servidumbres de que se habla en dicho título, para la adecuada explotación de las carboneras; 5-Por escritura número 1995 de 20 de diciembre de 1917 de la Notaría Segunda de Medellín, la sociedad "Hijos de Fernando Restrepo & Cía." cedió a Camilo Restrepo para cubrir su aporte como socio y debido a su retiro, entre otros bienes, 31 unidades de centésima parte y 0,3066 de unidad en las carboneras minerales existentes en el subsuelo de los dos lotes antes señalados; 6-En el juicio de sucesión de Camilo C. Restrepo, protocolizado por escritura número 1710 de 12 de julio de 1934 de la Notaría Segunda de Medellín, se adjudicó a la demandante la cuota parte que el causante había adquirido según el título anterior en las carboneras minerales citadas: 7-La Sociedad "Hijos de Fernando Restrepo & Cía." es dueña en comunidad con la demandante, del resto de dichas carboneras, o sea, de una cuota de 68 centésimas de unidad con 0,6934. Tal sociedad fue constituida por escritura número 913 de 15 de mayo de 1902 de la Notaría Segunda de Medellín y en la actualidad se halla disuelta e ilíquida. Afirma la demanda que Pedro Luís Restrepo Botero es actual poseedor de las carboneras minerales descritas, posesión que ha venido ejerciendo sin títulos justificativos y sin buena fe, desde hace unos 8 o 9 años, y que de ellas ha extraído ingentes cantidades de carbón que ha beneficiado y expendido en su

provecho, con menoscabo patrimonial de la comunidad a quien pertenecen las minas. B.-Al descorrer el traslado legal de la demanda el reo negó varios de los hechos en que se funda la acción instaurada, exigió la prueba de otros, manifestó que era poseedor de las minas reivindicadas desde 14 o 15 años antes y alego tener a su favor título de dominio. Propuso como excepciones perentorias las de prescripción adquisitiva ordinaria, ilegitimidad de la personería de la parte demandante, petición de modo indebido, inexistencia de la obligación y la apodada "genérica”. Sostiene el demandado que por escritura número 1245 de 5 de mayo de 1939 extendida en la Notaría Segunda de Medellín adquirió por compra, entre otros bienes, lo que ahora se pretende reivindicar, figurando entre los vendedores la señora demandante. En lo enajenado por éstos se halla lo que aparece determinado bajo la letra ID en la escritura aludida, a saber: las carboneras que contiene un terreno situado en Amagá en el punto llamado "La Clarita" y que linda: por el pie, con camino viejo que sigue para Heliconia; por el norte, con terrenos de Luís Vélez; por cabecera, con terrenos de Ángel M. Montoya; y por el sur, con un amagamiento, éste abajo a linde con terrenos de Carlos Morales, Ildefonso y Manuel A. Ochoa a dar el primer lindero. Afirma el reo que dentro de estos linderos que dan comprendidos los dos lotes de terreno que figuran en los hechos

primero y tercero de la demanda.

C. - La primera instancia tuvo fin con la sentencia de 30 de octubre de 1954, que desató la litis así: "1 - La señora Ana Mejía v. de Restrepo es dueña de un derecho de cuota de treinta y una unidades de centésima parte y tres mil setenta y seis diezmilésimas de unidad en las carboneras a que aluden los hechos Primero y Tercero de la demanda. "2 - En consecuencia, el señor Pedro Luís Restrepo Botero está en la obligación de restituir a la señora Mejía v. de Restrepo la cuota expresada y, en proporción a ésta, los carbones que hubiere podido percibir. La liquidación se hará como se dijo en la parte motiva. "3 - No se hace la declaración relativa a los menoscabos y deterioros, que parece superflua; "4 - Costas a cargo del demandado. "5 - Cancélese el registro de la demanda".

De este fallo se alzaron ambas partes, para ante el Tribunal Superior de Medellín. Quien por medio de la sentencia del 3 de agosto de 1955 lo revocó. Negando las peticiones de la demanda y absolviendo por ende, al demandado de los respectivos cargos.

D. - Contra esta Sentencia recurrió en Casación la parte adora. La demanda fue formalizada en tiempo y replicada por el opositor. Uno y otro reiteraron oralmente sus puntos de vista ante la Sala, durante la audiencia celebrada el 4 de abril último. El negocio se encuentra preparado para recibir la correspondiente decisión de la Corte.

II - Sentencia Acusada El fallo recurrido negó la acción reivindicatoria incoada, por

ausencia de la prueba del dominio de la parte actora sobre las carboneras en litigio. Considerando el sentenciador que no se había allegado la demostración de que tales minas eran de propiedad particular por haber salido legalmente del patrimonio del Estado. Son consideraciones fundamentales del fallo acusado las siguientes: "Está fuera de toda duda que la acción reivindicatoria o de dominio presupone para su éxito la demostración por parte de quien la ejercita del carácter de dueño del respectivo o respectivos bienes que integren el objeto material de la misma (Art. 946 ss. CC.), por lo que bien se comprende que sobre él gravita de modo concreto y cierto el peso de la carga probatoria (Art. 1757 ss. C. C., Art. 953 S.S. C J) Precisamente. Lo que acaba de anotarse es premisa bastante para concluir que en el caso sub-judice es impropio proferir una decisión favorable a la parte actora, ya que omitió acreditar por los medios legales conducentes que sea propietaria de lo reclamado en el libelo iniciador del proceso. "Por gracia del artículo 202 de la Constitución Nacional, del Código Fiscal, de la ley 57 de 1887 que lo adoptó para toda la Nación, y de otras disposiciones, los yacimientos de carbón pertenecen a la misma, y no a los particulares, a menos que los inmuebles suyos hayan salido del patrimonio estatal antes de la vigencia del mencionado Código Fiscal, pues cuando no regia en el país ese estatuto, tuvo aplicación el principio de la accesión, que vino a dar a los dueños particulares de tierras el dominio de yacimientos

existentes en las mismas. Lo anotado, armónico en un todo con la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia (G. J. Tomo XXVIII, pág. 371, Tomo XXXIII, pág. 251, etc.) y con las exposiciones de ilustré'3 autores nacionales (Derecho Minero Colombiano. C. Arias Mejía, pág. 39 ss. 484 ss., Tratado Teórico y Práctico del Derecho Minero Colombiano. G. Arias Mejía, pág. 39 ss. 484 ss., Concesiones Mineras, E. Sarria, pág. 24 ss.), trae por conclusión que sería equivocado desatar de modo favorable a la parte actora el litigio surgido. "En frente a la norma general por la cual se considera al Estado como dueño de los yacimientos de carbón mineral, resulta incuestionable que la persona particular que se pretenda dueña de minas de esa clase debe acreditar en forma plena tal calidad. Lo contrario, una tesis diversa, conduciría en su fondo al desconocimiento de claras disposiciones legales. Por tanto, siendo cierto que las diferentes piezas que forman el expediente no muestran el dominio de la parte actora, ni de la entidad en cuyo interés demandó, se impone una sentencia denegatoria de las peticiones formuladas". Y después de mencionar los títulos producidos en el juicio por la parte actor dice el Tribunal: "La relación que acaba de hacerse muestra que efectivamente está revestida de razón de ser la tesis antes expuesta, o sea, que la acción deducida en modo alguno puede prosperar. Aún aceptando en gracia de discusión que los títulos dichos recaigan en verdad

sobre lo perseguido en el juicio y que entre ellos exista un encadenamiento sólido, resulta que la parte accionante omitió acreditar lo que era esencial para el triunfo de sus pretensiones, es decir, que los inmuebles donde se encuentran los yacimientos carboníferos perseguidos, hayan ingresado al patrimonio particular antes de tener operancia la reserva del Estado de esa clase de minas. Si acaso se replicara en contrario que se trata de un litigio entre particulares y que por consiguiente debe resolverse con vista en sus intereses, corresponde observar que por la naturaleza del objeto material del mismo no es acogible ese punto de vista. Además, bien se sabe que las sentencias judiciales han de armonizar con la legalidad general existente". III - Demanda de Casación El recurrente invoca la causal primera del artículo 520 del Código Judicial y con base en ella formula estos cargos: l - Infracción del artículo 202 de la Constitución y del artículo 4º, especialmente ordinal literal c) del Código Fiscal de 1912 (Ley 110 de 1912), el primero por indebida aplicación al caso del presente litigio y el segundo por falta de aplicación; 2 - Violación de los artículos 202 de la Constitución, 1.116 y 1.117 del Código Fiscal de 1873 y 1º de la Ley 57 de 1887, que adoptó dicho Código, los cuales fueron infringidos en la sentencia por haberse aplicado indebidamente al caso del pleito; del artículo 473 del Código Judicial por falta de aplicación; del artículo 946 del Código Civil, por errónea interpretación; del artículo 593 del Código Judicial, por indebida aplicación o errónea interpretación, y del

artículo 1.757 del Código Civil, por indebida aplicación. Los razonamientos del recurrente pueden resumirse así: El fallo absolutorio del Tribunal se basa no en que el demandado sea propietario de los yacimientos carboníferos reivindicados, ni en falta de identificación de éstos, ni en carencia de titulo s de adquisición a favor de la parte demandante, sino en la circunstancia de no haberse demostrado que tales minas de carbón, sean de propiedad particular por haber salido del patrimonio del Estado antes de la vigencia del Código Fiscal. El artículo 202 de la Constitución -citado por el Tribunalno se refiere a minas de carbón, como lo demuestra, aparte del mismo tenor literal de dicha norma, el contenido del artículo 4º del Código Fiscal actual. Aun cuando el Tribunal habla del Código Fiscal sin determinar su año, por el contexto de la sentencia se comprende que quiso referirse al de 1873 y especialmente a los artículos 1.116 y 1.117 de este Código, normas que se encuentran reproducidas en los artículos 4º, ordinal e), y 110 del Código de 1912. El recurrente expone lo siguiente: "Con las bases que preceden, el planteamiento jurídico que este negocio judicial compete es el de reconocer que las minas de carbón existentes dentro del territorio nacional, y mediante la aplicación del C. Fiscal de 1873 (que al respecto reformó legislación anterior a él), congruente hoy con las normas pertinentes del C. Fiscal de 1912, se agrupan en minas de carbón de propiedad del Estado y al propio tiempo, por accesión al terreno de su ubicación, minas de carbón de propiedad particular.

"No existe por consiguiente, presunción legal alguna según la cual, y aún en relación con terrenos de propiedad particular, las minas de carbón allí existentes, sean de propiedad del Estado, como correlativamente tampoco existe presunción legal de que un terreno, que figura como de propiedad particular, hubo de salir del patrimonio del Estado con posterioridad al 28 de octubre de 1873, y no antes. "Distinto sería si se tratara de una mina. de oro, por ejemplo, y ya en relación con este género de minas, el art. 202 de la Constitución ( teniendo desde luego en cuenta la reserva en su dominio, ya varias veces centenario hecha desde la época de la Corona Española), sí establece tal presunción de dominio erga omnes. Y por lo que se acaba de expresar han de colegirse el interés y motivo que existen aquí en el desconocimiento, con toda razón desde luego, de la aplicabilidad del referido artículo 202 de la Constitución a las minas de carbón de las cuales en este juicio se trata. "Habrá de observarse ahora que el presente litigio no fue incoado contra la Nación, entidad que es ajena a él, lo cual a su turno induce a tener presente el art. 473 del C. J., disposición ésta de carácter sustantivo, como fuente de derechos sustantivos, subjetivos y estables, y como fuente obligatoria de respeto a los mismos derechos, y en cuanto la sentencia favorable a la parte demandante que en este asunto se dicte y de conformidad con la disposición legal que acaba de ser citada, no perjudicará a la Nación, ya que ha sido esto último lo que ha debido tener en cuenta

el Tribunal al proferir el fallo. "No debe olvidarse, de otro lado, que el arto 946 del C. C., expresamente citado por el Tribunal en su sentencia, y según la trascripción antes hecha, norma la expresada que define la acción reivindicatoria, no puede interpretarse en el sentido de que hay lugar de acuerdo con ella a un reconocimiento judicial de dominio que opere erga omnes, sino, por el contrario en calidad de simple reconocimiento de un mejor derecho entre las partes litigantes mismas. Empero, virtualmente el Tribunal, en la sentencia acusada, aceptó una interpretación que contraría tal norma del arto 946 del C. C., al absolver simplemente porque, a su juicio, pudiera ocurrir que las minas de carbón no sean de propiedad particular, y no obstante los títulos de adquisición presentada, sino de propiedad del Estado. "Se comprende que armónicamente considerados, y aún en el caso de que separados y por su mérito propio se les tome, hubo de infringir el Tribunal los citados arts. 473 del C. J. por falta de aplicación al caso del pleito, y 946 del C, C. por interpretación errónea; y mirado ello especialmente a la luz de la inaplicabilidad, antes demostrada, al caso también del litigio, del art. 202 de la Constitución Nacional. "Y al alegar esa infracción lo hace el suscrito, no solo por cuanto jurídicamente tal es la doctrina aceptable, sino igualmente por cuanto consulta en concreto la jurisprudencia establecida por la

H. Sala de la Corte en relación con materia que, a todas luces, obedece a principios idénticos a los que aquí se consideran y en

conexión manifiesta con el arto 473, citado, del C. Judicial". El recurrente cita en apoyo de sus tesis la jurisprudencia de la Corte sobre la naturaleza de la declaración de dominio respecto de un terreno, que puede ser o no baldío, en controversia judicial entre particulares, cuando se halla ausente el Estado; y sobre el carácter de "dueño" y la noción de "propiedad", figuras esencialmente relativas en los juicios reivindicatorios.

Y agrega el recurrente: "Si la demanda hubiera sido dirigida contra el Estado, por existir algún indicio siquiera de que el Estado ponía en tela de juicio, o disputaba con los poseedores, el dominio de las carboneras, habría podido sostenerse que la acción del demandante no podía prosperar sin la demostración de que el terreno respectivo hubo de salir del dominio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873, y para el efecto de dejar establecido el mejor derecho del demandante frente a tal demandado. "Mas ya se sabe, en relación con este negocio judicial, que ni la parte demandada ha pretendido que el bien objeto de la reivindicación sea de propiedad del Estado, ni el Estado ha manifestado el más mínimo interés a su favor, presentando la tesis, desde luego contraria a la realidad práctica, de que el terreno de la ubicación de las carboneras sea un terreno baldío, o que efectivamente fue adjudicado con posterioridad al 28 de octubre de 1873. "Tal sería el caso, por ejemplo, de que sobre las minas en cuestión hubiera sido formulada por alguien una propuesta de exploración y explotación (art. no. del C. Fiscal) como minas de

propiedad del Estado, y ya que en tal evento el interés de éste en el asunto aparecería de manifiesto, y el punto no podría ser definido sin intervención del Estado mismo, realmente interesado en el litigio, y por el hecho de estar lo. Y, siguiendo la reglamentación legal vigente, no sólo habría lugar a llamar a intervenir en el juicio a la Nación, bien en forma de oposición a la celebración del contrato propuesto; o bien mediante demanda ulterior directa, por no haber existido oportuna oposición, sino que habría lugar también a la presentación de título anterior al 28 de octubre de 1873. "Mas no es ello sólo, sino que habría sido preciso entablar la demanda ante el Tribunal Superior en primera instancia y surtirse ante la Corte Suprema el segundo grado del juicio. "De suerte que el ya conocido razonamiento del Tribunal Superior de Medellín al fallar sin tener en cuenta el contenido del arto 473 del C. J. de necesaria aplicación al caso; y, exigiendo en cambio la demostración de la existencia de títulos anteriores al 28 de octubre de 1873, y como si se tratara de un litigio con el Estado, no puede concebirse sino por cuanto se estimara que ese fallo está llamado a producir efectos contra la Nación. Empero, si estuviera llamado a producir efectos contra la Nación, no solamente se requeriría la presencia del representante de ésta en el juicio, sino también, y por consiguiente, de la competencia, para decidir, por parte de más altas autoridades jurisdiccionales. "Y es obvio que, por este camino se llegaría al absurdo mismo. De un lado el representante del Estado interviniendo,

necesariamente, en asuntos en que prácticamente carece la Nación de todo interés actual; no aparecería para ella res dubia alguna. De otro lado, sustituida la competencia ordinaria de los Jueces por la de una jerarquía superior, con recargo injustificado para ésta respecto de sus labores judiciales. Y, finalmente, la defensa de su propiedad por los particulares sujeta a más dispendiosos trámites para su definición, lo cual lastimaría intereses de organización jurídica y económica, de carácter general o público. "Al llegarse a semejante absurda conclusión, bien se comprende que la única solución aceptable es la consagrada por la

H. Sala de Casación en las jurisprudencias antes transcritas, y por cuanto se trata allí de principios de derecho al del presente caso aplicables ante la existencia, de la misma razón. En otros términos que, cuando se trata de reivindicación de minas de carbón, puede seguirse el correspondiente juicio entre particulares, si el Estado se ha manifestado indiferente al asunto, y seguirlo ante el Juez competente para esos particulares, pero naturalmente sin que por el fallo que se dicte en el juicio en el cual el Estado mismo no intervino, quede perjudicado éste con la declaración de propiedad que en tal fallo sea hecha. "Cobra un mayor vigor la argumentación que precede, si se tiene en cuenta que un fallo como el de que aquí se trata dictado por el Tribunal Superior de Medellín, en manera alguna redunda en beneficio de la Nación. Redunda, por el contrario, en beneficio de un poseedor irregular frente al propietario o poseedor regular del bien

respectivo". El recurrente alega el quebranto por indebida aplicación, de los artículos 1.116 y 1117 del Código Fiscal de 1J873, "que en relación con las minas de carbón establece una reserva a partir de cierta fecha, a favor del Estado, Pero que no estaban llamados a operar dentro del contenido mismo del presente litigio para los efectos de la solución dada a él por el Tribunal, por no tratarse de litigio en que es parte el Estado, sino de un litigio entre particulares”. Se infringió también el artículo 593 del Código Judicial, citado por el Tribunal dentro de sus concepciones equivocadas sobre el alcance de los artículos 946 del Código Civil y 473 del Código Judicial, y en concreto, sobre el punto de que ha debido presentarse en el juicio, prueba sobre el título emanado del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873, aplicó indebidamente aquel artículo al ca