SUPERSALUD - Resolución 2024320030015228-6 de 2024

RESOLUCIÓN 2024320030015228-6 DE 22 – 11 - 2024

Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la Entidad Promotora de Salud Coosalud EPS S.A. identificada con el NIT 900.226.715-3 EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confieren la Ley 100 de 1993, los artículos 114, 115, 116 parágrafo, 291 y 335 del Decreto Ley 663 de 1993, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de 2007,el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, el artículo 17 de la Ley 1966 de 2019, los artículo 9.1.1.1.1 al 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, los artículos 2.5.5.1.1 y 2. 5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016, el numeral 30 del artículo 4 y el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 1080 de 2021, la Resolución 2599 de 2016 así como sus modificaciones, el Decreto 1331 de 2024 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO

I. FUNDAMENTOS GENERALES Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política de la República de Colombia, la Seguridad Social, en su componente de

atención en salud, se define como un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Que, el Sistema General de Seguridad Social en Salud en lo que sigue, SGSSS tiene su atención puesta en la protección en la atención al servicio público de salud y en la salvaguarda al derecho fundamental de la salud de las personas.

Que, el numeral 22 del artículo 189 de la Carta Política indica que al presidente de la república le corresponde: “ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos” Que, conforme el artículo 334 de la Constitución Política de la República de Colombia, la prestación de servicios públicos está sometida a leyes de intervención económica. Que, el derecho a la salud es fundamental tal como lo estipula la Ley 1751 de 2015 que “Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud” , según lo ordena el artículo 2º de la disposición estatutaria. Que, la salud como derecho fundamental vincula no solo a los poderes públicos, sino también, y sobre todo, a los particulares encargados de su prestación que aparece en la constitución calificada como un servicio público (art. 48 constitucional). De esta suerte, despliega una eficacia horizontal ( Drittwirkung1) no 1 JUAN CARLOS GAVARA, “LA VINCULACIÓN POSITIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS A LOS DERECHOS G J F T 0 7 P á g i n a 1 /

1 JUAN CARLOS GAVARA, “LA VINCULACIÓN POSITIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS A LOS DERECHOS G J F T 0 7 P á g i n a 1 /

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Continuación de la resolución, “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la Entidad Promotora de Salud Coosalud EPS S.A. identificada con el NIT 900.226.715-3 solo como derecho subjetivo sino como principio objetivo. Que, en virtud del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio público de seguridad social en salud, con el fin de garantizar los principios consagrados en la Constitución Política y en la Ley. Que, conforme al artículo 155 de la Ley 100, la Superintendencia Nacional de Salud integra el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Que, el parágrafo segundo del artículo 230 de la Ley 100 preceptúa que la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección, control y vigilancia respecto de las entidades promotoras de salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y a su turno, el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, establece que la Superintendencia Nacional de Salud tendrá como competencia “(…) realizar la

inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo”. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1122 de 2007, a efectos de la prestación del servicio público esencial de salud, el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del SGSSS está en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud. Que, el parágrafo segundo del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 en consonancia con los artículos 2.5.5.1.1. y 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016 establecen que las medidas cautelares, la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar que adopte esta superintendencia, se regirán por las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y serán de aplicación inmediata, por lo cual, el recurso de reposición que procede contra las mismas, no suspenderá la ejecución del acto administrativo de acuerdo con lo previsto en el artículo 335 del Decreto Ley 663 de 1993. Que, el numeral 42.8 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001 determina, que es competencia de la Nación en el sector salud: “establecer los procedimientos y reglas para la intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejen recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sea para su liquidación o administración a través de la Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento (...)". Que, el inciso quinto del artículo 68 de la Ley 715 de 2001 prescribe: “la

o administración a través de la Superintendencia Nacional de Salud en los términos que señale el reglamento (...)". Que, el inciso quinto del artículo 68 de la Ley 715 de 2001 prescribe: “la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos”. Que, el artículo 68 de la ley 1753 de 2015 establece que: “sin perjuicio de lo previsto en las demás normas que regulen la toma de posesión y ante la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Superintendente Nacional de Salud podrá ordenar o autorizar a las entidades vigiladas, la adopción individual o conjunta de las medidas de que trata el artículo 113 del mismo Estatuto, con el fin de salvaguardar la prestación del FUNDAMENTALES”. En UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 20, 2007, p. 290 (277-320). G J F T O 7 P á g i n a 2 | 32RESOLUCIÓN No 2024320030015228-6 DE 2024 Página 3 de 32

Continuación de la resolución, “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la Entidad Promotora de Salud Coosalud EPS S.A. identificada con el NIT 900.226.715-3 servicio público de salud y la adecuada gestión financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (…)”. Que, en armonía con lo establecido en las normas referenciadas anteriormente, la Ley 1966 de 2019, como parte de las normas que reforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, estableció en su artículo 17 que todas las facultades del Superintendente Nacional de Salud que desarrollan el eje de medidas especiales, numeral 5 artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, estarían dotadas de un efecto inmediato y, en consecuencia, los recursos de reposición interpuestos en su contra tendrían un efecto devolutivo. Que, el Gobierno Nacional modificó la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud mediante Decreto 1080 del 10 de septiembre de 2021, estableciendo en el numeral 7 del artículo 7 como una de las funciones del Superintendente la de: “Ordenar la toma de posesión, los procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar y otras medidas especiales a las entidades promotoras de salud, las entidades adaptadas, los prestadores de servicios de salud de

cualquier naturaleza, y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como intervenir técnica y administrativamente a las secretarías de departamentales, distritales y municipales de salud o las entidades que hagan sus veces”. Que, el artículo 2.5.2.2.1.1 y subsiguientes del Decreto 780 de 2016, establece las condiciones financieras y de solvencia que deben acreditar las Entidades Promotoras de Salud – en lo que sigue, EPSautorizadas para operar el aseguramiento en salud, así como los criterios generales para que la información financiera reúna las condiciones de veracidad, consistencia y confiabilidad necesarias para la adecuada y eficaz inspección, vigilancia y control. Que, el artículo 2.5.2.2.1.15 del Decreto 780 de 2016, dispone que el incumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia dentro de los plazos allí previstos, dará lugar a la adopción de las medidas correspondientes por parte de la Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con sus competencias. Que, en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993 define las causales de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de una entidad sujeta a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

Que, el artículo 115 del Decreto Ley 663 de 1993 que regula la procedencia de la medida2, en concordancia con el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, regula las condiciones y características de la toma de posesión. Que, el literal d) del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, dispone que, la toma de posesión conlleva a: “La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión con ocasión de 2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P: Edgar Gonzalez López. Radicado: 11001-03-06-000-201700192-00(2358) del 12 de diciembre de 2017, estableció que: “la naturaleza de la toma de posesión como instrumento para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud, se debe advertir que este mecanismo no es una medida administrativa de carácter sancionatorio, (…) En su lugar, la naturaleza de la medida de toma de posesión -al igual que las demás medidas preventivas o de salvamento concebidas por el legislador para evitar la toma de posesióncorresponde más a la de una medida

cautelar, que tiene por objeto corregir situaciones económicas y administrativas, con el fin de poner la entidad intervenida en condiciones de desarrollar su objeto social (…)”. G J F T O 7 P á g i n a 3 | 32RESOLUCIÓN No 2024320030015228-6 DE 2024 Página 4 de 32

Continuación de la resolución, “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la Entidad Promotora de Salud Coosalud EPS S.A. identificada con el NIT 900.226.715-3 obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006”. Que, el inciso tercero del numeral 2 del artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993, en concordancia con lo establecido en el inciso tercero del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010, definen que la toma de posesión para administrar no podrá exceder del plazo de un (1) año prorrogable por un término igual, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor, cuando así se requiera en razón de las características de la institución. Que, el propósito de la toma de posesión para administrar está orientado a corregir situaciones económicas y administrativas, en lo posible, las condiciones objetivas que amenazan su estabilidad, continuidad y permanencia, con el fin de situar a la intervenida en condiciones de desarrollar su objeto social incluyendo la posibilidad de adoptar un conjunto de medidas de salvamento como los acuerdos con los

que amenazan su estabilidad, continuidad y permanencia, con el fin de situar a la intervenida en condiciones de desarrollar su objeto social incluyendo la posibilidad de adoptar un conjunto de medidas de salvamento como los acuerdos con los acreedores, figura desarrollada en el artículo 9.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Que, en este sentido, la toma de posesión para administrar es una fórmula de saneamiento3 o salvamento, en consecuencia, cuando la Superintendencia Nacional de Salud decide adoptar esta medida, lo hace con el fin de: (i) proteger el interés público y el derecho a la salud de los afiliados; (ii) recuperar la confianza pública en el SGSSS; (iii) lograr colocar a entidad en condiciones adecuadas para el desarrollo del aseguramiento en salud y la prestación efectiva del servicio de todos los afiliados en condiciones de calidad, oportunidad, integralidad y continuidad; y, (iv) gestionar de forma adecuada los recursos del SGSSS. Que, es de interés prioritario para la Nación que los actores del SGSSS, principalmente aseguradoras, prestadoras y proveedores, ejecuten los esfuerzos dirigidos a la consolidación de estándares que permitan la garantía del derecho a la salud de la población activa y de la que ingrese en el marco de la cobertura universal, manteniendo la sostenibilidad económica del sistema y el adecuado uso de los recursos para atender a los usuarios en términos de oportunidad, calidad,

pertinencia, satisfaciendo las expectativas de los afiliados y cumpliendo con las obligaciones y medidas impuestas en los planes de mejoramiento en curso. Que, el literal a) del numeral 2 del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, establece que la Superintendencia podrá adoptar en el acto administrativo que ordene la toma para administrar la medida preventiva facultativa de: “separación de los administradores, directores, y de los órganos de administración y dirección, así como del revisor fiscal, salvo en los casos que la Superintendencia Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos con posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será designado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN”. Que, el Decreto Ley 663 de 1993 y el Decreto 2555 de 2010 asignaron funciones al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -Fogafínpara la designación de interventores en tomas de posesión para administrar, no obstante, en el sector salud no existe una institución equivalente, por lo que esas funciones recaen, en lo pertinente, en la Superintendencia Nacional de Salud frente a intervenciones que 3 Como cita el profesor Néstor H. Martínez Neira en su libro «Cátedra de Derecho Bancario Colombiano» sobre la toma de posesión señala que: «la intervención cautelar o toma de posesión de un banco o establecimiento crediticio

es la más antigua de las fórmulas de saneamiento que ha previsto la legislación financiera» Vid. , N. H. Martínez Neira, Créditos e insolvencia, Bogotá D.C., Editorial Legis, 2023, p. 750. G J F T O 7 P á g i n a 4 | 32RESOLUCIÓN No 2024320030015228-6 DE 2024 Página 5 de 32

Continuación de la resolución, “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la Entidad Promotora de Salud Coosalud EPS S.A. identificada con el NIT 900.226.715-3 ordena esta entidad, de acuerdo con la remisión directa a la aplicación de las disposiciones del estatuto, así como, la asimilación que de forma reiterada ha hecho el Consejo de Estado.4 Que, a la Superintendencia Nacional de Salud le asiste la competencia para designar a un interventor y contralor de las entidades en intervención forzosa administrativa para administrar según lo establecido en el numeral 5 del artículo 291 del Decreto Ley 663 de 1993, en consonancia con el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto 2555 de 2010 y el artículo 15 de la Resolución 2599 de 2016 y sus modificatorias, disposición que consagra el procedimiento de designación.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 291 del Decreto Ley 663 de 1993 y el artículo 26 de la Ley 1797 de 2016, es competencia de la Superintendencia designar a interventor y contralor, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas y actuar, entre otros, en la etapa inicial o durante la toma de posesión. Que, la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 2599 del 6 de septiembre de 2016 y sus modificaciones, por la cual se dictaron disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objeto de medidas especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa prevista en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015 por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Que, el interventor ejerce las funciones propias de su cargo como representante legal de la vigilada objeto de intervención, teniendo la guarda y administración de los bienes de la vigilada, así como los demás deberes y facultades de ley, garantizando el aseguramiento y la prestación del servicio de salud de todos los afiliados de la EPS de acuerdo con lo establecido en el artículo 291 del Decreto Ley

663 de 1993, los artículos 9.1.1.1.1, 9.1.1.2.1 y 9.1.1.2.4 del Decreto 2555 de 2010, además de lo definido en el acto administrativo que ordenó la intervención. Que, en los mismos términos, refiriéndose a la naturaleza de los cargos de los interventores y contralores, el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con la Resolución 2599 del 6 de septiembre de 2016 junto con sus modificaciones y adiciones, que dispuso en el artículo 1 que los agentes interventores, liquidadores y contralores, además de ejercer funciones públicas de forma transitoria, 5 son auxiliares de la justicia cuyo oficio es público, ocasional, indelegable, de libre nombramiento y remoción, y, por tanto, para ningún efecto se reputará trabajador o empleado de la entidad intervenida o de la Superintendencia Nacional de Salud. Que, en tal sentido, el interventor cuenta con plenas facultades para la ejecución y desarrollo del objeto de la intervenida, así como, con el deber de observar las órdenes e implementar las acciones que den lugar a su cumplimiento, ejerciendo 4 Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección “B” del Consejo de Estado sentencia 200400169 del 8 de Julio de 2016, consejero ponente doctor Ramiro Pazos Guerrero.

5 Como afirma el profesor Álvaro Tafur Galvis sobre la descentralización por colaboración está se caracteriza por: “Dos elementos (…) el ejercicio de una función pública desarrollada en interés del Estado, y el ejercicio de dicha actividad en nombre propio de la organización privada. Entre otros ese fenómeno puede verse realizado en casos como el ya señalado en la Federación Nacional de Cafeteros y de las Cámaras de Comercio para quienes afirman su carácter de entidades puramente privadas. 25” Vid.,

A. Tafur Galvis, Las entidades descentralizadas, Tercera edición, Bogotá D.C., Montoya & Araujo Ltda., 1984, p. 32.

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Continuación de la resolución, “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la Entidad Promotora de Salud Coosalud EPS S.A. identificada con el NIT 900.226.715-3 funciones públicas de forma transitoria, destacando que, el régimen aplicable al ejercicio de sus funciones, en el marco de la intervención forzosa administrativa para administrar ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentra previsto en el artículo 291 del Decreto Ley 663 de 1993, el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto 2555 de 2010, lo dispuesto en la Resolución 2599 de 2016 y en los artículos 69 al 71 de la Ley 1952 de 2019. Que, el contralor designado para la intervención forzosa administrativa para administrar ejerce las funciones propias de un revisor fiscal conforme al Código de

69 al 71 de la Ley 1952 de 2019. Que, el contralor designado para la intervención forzosa administrativa para administrar ejerce las funciones propias de un revisor fiscal conforme al Código de Comercio y demás normas aplicables a la revisoría fiscal, donde la fiscalización se circunscribe de forma principal a los fines de la medida, en particular, el proceso en todas y cada una de las órdenes, acciones, planes de trabajo del interventor y requerimientos de la Superintendencia, las actuaciones y gestión del interventor en el marco de sus funciones, el objeto del proceso y deberes tanto desde su calidad de interventor, administrador y particular que ejerce funciones públicas de manera transitoria y los informes presentados por este.6 Que, en atención al régimen jurídico anteriormente referenciado, el Superintendente Nacional de Salud procede a presentar la relación de los siguientes:

II. ANTECEDENTES Que, la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.5.3.8.3.2.13 del Decreto 780 de 2016, mediante Resolución 000862 del 28 de marzo de 2016, autorizó a la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral - Coosalud E.S.S. Entidad Promotora del Régimen Subsidiado EPS-S, para la operación del aseguramiento en el marco del modelo de atención en salud y prestación de servicios de salud en el departamento de Guainía, por el término de cinco (5) años.

Que, mediante Resolución 2427 de 2017, aclarada, adicionada y modificada por la Resolución 5369 de 7 de noviembre de 2017, la Superintendencia Nacional de

término de cinco (5) años. Que, mediante Resolución 2427 de 2017, aclarada, adicionada y modificada por la Resolución 5369 de 7 de noviembre de 2017, la Superintendencia Nacional de Salud, autorizó el Plan de Reorganización Institucional presentado por Coosalud E.S.S., consistente en la escisión a favor de la Entidad Promotora de Salud COOSALUD EPS S.A., identificada con NIT 900.226.715-3 (en adelante, Coosalud EPS S.A.) con la respectiva cesión de los afiliados y la habilitación para la operación del régimen subsidiado en salud. Que, con la Resolución 008677 de 18 de julio de 2018 la Superintendencia Nacional de Salud, actualizó la autorización de funcionamiento a Coosalud EPS S.A., para la operación del régimen subsidiado del SGSSS, por el término de cinco (5) años. Que, mediante la Resolución 000837 de 2019 la Superintendencia Nacional de Salud autorizó el funcionamiento como EPS del régimen contributivo, a Coosalud EPS S.A., en respuesta a solicitud radicada por la entidad mediante el NURC 1-2018078421 del 22 de mayo de 2018. Que, con la Resolución 2021310000013822-6 del 29 de octubre de 2021, la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó por el término de dos (2) años

contados a partir del 1 de noviembre de 2021 a Coosalud EPS S.A., la autorización para la operación del aseguramiento del modelo de atención en salud y prestación 6 Artículos 203 a 217 del Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, las disposiciones del Decreto Ley 663 de 1993 y el Decreto 2555 de 2010 que le sean aplicables, la Resolución 2599 de 2016, Circular Única de la Superintendentica Nacional de Salud y demás normas aplicables a la revisoría fiscal. G J F T O 7 P á g i n a 6 | 32RESOLUCIÓN No 2024320030015228-6 DE 2024 Página 7 de 32

Continuación de la resolución, “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la Entidad Promotora de Salud Coosalud EPS S.A. identificada con el NIT 900.226.715-3 de servicios de salud, en el marco de lo establecido por el Decreto 780 de 2016 en el Departamento de Guainía, autorizada mediante la Resolución 000862 del 28 de marzo de 2016 y prorrogada con Resolución 005297 del 30 de abril de 2021, la cual venció el 31 de octubre de 2023. Que, mediante Auto 2023310010000485-7 del 6 de mayo de 2023, esta Superintendencia ordenó auditoría con alcance integral a Coosalud EPS S.A., en la ciudad de Cartagena del departamento de Bolívar, con el objeto verificar el cumplimiento de las condiciones de habilitación conforme lo dispuesto en la Resolución 497 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social,

cumplimiento de las condiciones de habilitación conforme lo dispuesto en la Resolución 497 de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, “por la cual se reglamentan los criterios y estándares para el cumplimiento de las condiciones de autorización, habilitación y permanencia de las entidades responsables de operar el aseguramiento en salud”. Que, Coosalud EPS S.A. a través del radicado 20239300402845952 del 24 de agosto de 2023, presentó un plan de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados en la auditoría ordenada bajo el auto del 6 de mayo de 2023, el cual fue viabilizado por la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud por medio del radicado 20233100101534861 del 15 de septiembre de 2023 por el terminó de un año. Que, una vez viabilizado el plan de mejoramiento y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.5.2.3.2.7 del Decreto 780 de 2016, que indica que la Superintendencia Nacional de Salud renovará la autorización de funcionamiento de las EPS por un periodo de cinco (5) años, previo seguimiento de las condiciones de habilitación y permanencia, mediante la Resolución 2024310000003248-6 del 16 abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud renovó la vigencia de la autorización de funcionamiento a Coosalud EPS S.A., por un término de cinco (5) años. Que, en relación con Coosalud EPS S.A. mediante la Resolución

funcionamiento a Coosalud EPS S.A., por un término de cinco (5) años. Que, en relación con Coosalud EPS S.A. mediante la Resolución 2023310000008064-6 del 20 de octubre de 2023, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó a la EPS realizar la entrega a la Nueva EPS de las bases de datos de los afiliados del departamento de Guainía, para efectuar correspondiente traslado de la población. Que, mediante el radicado 20239300403266482 del 21 de septiembre de 2023, la EPS solicitó autorización de un cambio de la composición accionaria, como resultado de la suscripción de acciones de los accionistas Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral Coosalud y Multiservicios OL S.A.S., con un total a capitalizar de $64.576 millones7. Solicitud que se resolvió con la Resolución 2024310010013871-6 del 10 de octubre de 2024, y se autorizó el cambio de la composición accionaria referida. Que, la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 20215100013052-6 del 17 de septiembre de 2021, modificada con la Resolución 2023100000000915-6 del 14 de febrero de 2023,8 presentó al Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, el concepto técnico de seguimiento de Coosalud EPS S.A. , en sesión del 21 de noviembre de 2024, oportunidad en la que se expusieron las conclusiones frente al análisis demográfico, componentes técnico científico,

sesión del 21 de noviembre de 2024, oportunidad en la que se expusieron las conclusiones frente al análisis demográfico, componentes técnico científico, 7 Constituido por $2.490 millones como Capital Suscrito y Pagado, y $62.086 millones como Prima en Colocación de acciones. 8 Resolución “Por la cual se crea y conforma el Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud” modificada por la Resolución 2023100000000915-6 de 14 de febrero de 2023. G J F T O 7 P á g i n a 7 | 32RESOLUCIÓN No 2024320030015228-6 DE 2024 Página 8 de 32

Continuación de la resolución, “Por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar a la Entidad Promotora de Salud Coosalud EPS S.A. identificada con el NIT 900.226.715-3 financiero, jurídico; Así como, aspectos de auditoría de habilitación y permanencia entre otros. De estas conclusiones, se resaltan las siguientes9:

“9. CONCLUSIONES

(…)

2. Componente técnico científico  El aumento en los casos de MME y los elevados índices de letalidad en regiones como Norte de Santander y Vichada sugieren que muchas mujeres enfrentan complicaciones graves sin recibir la atención necesaria para evitar consecuencias fatales. En particular, el hecho de que estas complicaciones ocurran durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo subraya la importancia de mejorar los protocolos de seguimiento y manejo de las mujeres en este período crítico.

Lo anterior evidencia deficiencias graves en la identificación temprana del riesgo

los 42 días posteriores a la terminación del embarazo subraya la importancia de mejorar los protocolos de seguimiento y manejo de las mujeres en este período crítico. Lo anterior evidencia deficiencias graves en la identificación temprana del riesgo obstétrico y su manejo, necesarias para prevenir que las mujeres enfrenten situaciones de cercanas a la muerte, debido a complicaciones ocurridas durante el embarazo, el parto o en los 42 días posteriores a la terminación del embarazo.  Dado que estas muertes continúan ocurriendo, particularmente en los departamentos mencionados,