TA ATL - 08001333301220210024701-(02-02-2024)

Rama Judicial del Poder Público Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Dirección: Vía 40 #73-50

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Barranquilla-Atlántico. Colombia SC5780-4-2

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

SALA DE DECISIÓN ORAL “C”

DEIP de Barranquilla, dos (2) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Medio de control Reparación Directa Radicado 08-001-33-33-012-2021-00247-01 Demandante Guillermo Enrique Coronado Márquez Demandado Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración JudicialFiscalía General de la Nación Magistrado Ponente Jorge Eliécer Fandiño Gallo

I. PRONUNCIAMIENTO

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, el 27 de junio de 2023, que negó las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

- DEMANDA

Pretensiones

Los señores GUILLERMO ENRIQUE CORONADO MARQUEZ y otros, a través de apoderado judicial, presen taron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación - Policía Nacional , para que sean declarados responsables de la privación

apoderado judicial, presen taron demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación - Policía Nacional , para que sean declarados responsables de la privación injusta de que fue objeto, entre el 3 de abril y el 12 de noviembre de 2009.

A título de indemnización, solicita que la entidad demandada reconozca los perjuicios materiales, en las modalidades de lucro cesante y daño emergente, morales y a la salud irrogados. Igualmente, que se condene a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho.

HechosMedio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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SC5780-4-2 Al señor GUILLERMO ENRIQUE CORONADO MARQUEZ, se le adelantó proceso penal por delito de homicidio, en concurso con tráfico y fabricación de armas de fuego y/o munición, por lo cual, el 3 de abril de 2009, se le impuso medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, la que se prolongó hasta el 12 de noviembre de 2009, hasta tanto fue dejado en libertad provisional.

consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, la que se prolongó hasta el 12 de noviembre de 2009, hasta tanto fue dejado en libertad provisional.

Finalmente, mediante sentencia dictada en audiencia del 4 de septiembre 2019, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad , absolvió al demandante de los cargos imputados.

Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invoca como fundamento de sus pretensiones, lo contemplado en los artículos 2, 6 y 90 de la Constitución Política, así como los artículos 65 y 66 de la Ley 270 de 1996.

- CONTESTACIÓN

Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial . En su contestación, aduce que la demanda carece de prueba y los soportes necesarios para afirmar y/o probar los hechos en que se fundament a, además que la medida de aseguramiento que se le impuso al actor fue ajustada a derecho, en tanto que, fue soportada en los elementos materiales probatorios, haciéndose un estudio razonable de la probabilidad de su autoría en el delito investigado.

Nación – Fiscalía General de la Nación , En su contestación, señala que la entidad actuó conforme a la ley, ejerciendo su papel acusador frente a las conductas punibles, más no es quien determina las medidas restrictivas de la libertad de los imputados, por lo que, no puede responder por los hechos alegados en la demanda.

Se opone a las pretensiones de la demanda, invocando que no exist e certeza de la responsabilidad estatal endilgada, porque, a la luz de la jurisprudencia emitida por el

Se opone a las pretensiones de la demanda, invocando que no exist e certeza de la responsabilidad estatal endilgada, porque, a la luz de la jurisprudencia emitida por el Consejo de Es tado y por la Corte C onstitucional, el supuesto daño imputado debe revisarse según los criterios de proporcionalidad y necesidad de la medida preventiva,Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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SC5780-4-2 sin que pueda predicarse responsabilidad alguna, pues es deber del estado proteger los bienes jurídicos tutelados y en ocasiones la libertad puede ser limitada temporalmente.

A su vez, aduce que las partes no lograron demostrar los perjuicios y los montos requeridos, por lo cual solicita que se regulen, en caso de ser favorable la sentencia, conforme a las directrices señaladas por el Consejo de Estado.

- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, negó las pretensiones de la demanda. El problema jurídico fijado en primera instancia fue determinar si las demandadas eran administrativamente responsables por los daños antijurídicos irrogados a los demandantes, debido a la privación injusta de la libertad de la que fue

la demanda. El problema jurídico fijado en primera instancia fue determinar si las demandadas eran administrativamente responsables por los daños antijurídicos irrogados a los demandantes, debido a la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor GUILLERMO ENRIQUE CORONADO MARQUEZ, entre el 3 de abril y el 12 de noviembre de 2009.

En solución al problema jurídico, consideró que, los elementos materiales probatorios recaudado en el expediente penal, analizados bajo el prisma de los requisitos exigidos en la Ley 906 de 2004, para la imposición de una medida de aseguramiento, permitieron inferir razonablemente al juez con funciones de control de garantía, que el imputado podía ser responsable en calidad de participe del delito de homicidio en concurso con tráfico y fabricación de armas de fuego y/o munición, al existir serios indicios respaldados con testimonios que indicaban en ese estadio procesal, que el señor GUILLERMO ENRIQUE CORONADO CASTRO, había disparado contra la humanidad del señor OMAR ENRIQUE TORRES OQUENDO, causándole la muerte.

Por consiguiente, la A quo concluyó que la medida restrictiva de la libertad solicitada por la Fiscalía General de la Nación e impuesta al demandante, por el Juez Séptimo con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad , no desbordó los criterios de proporcionalidad y razonabilidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones.

• RECURSO DE APELACIÓNMedio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación

• RECURSO DE APELACIÓNMedio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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SC5780-4-2 La parte actora apela la sentencia, argumentando que el ente acusador no logró recaudar las pruebas suficientes de tiempo, modo y lugar que sirvieran de fundamento a la acusación penal, en ese orden, quedó acreditado que el demandante no cometió el delito, de allí que la misma entidad pidiera ante el juez, su absolución.

Cuestiona que el juez manifestara que no se encuentra acreditada la responsabilidad estatal, porque la medida de aseguramiento fue justa, cuando esta solo se fundamentó en una entrevista, constitutiva de toda falsedad, pues no existió prueba alguna ni por los denunciantes, mucho menos por los testigos. Que, si no es porque el demandante recobró la libertad por vencimiento de términos, hubiera permanecido detenido injustamente durante todo el proceso penal, haciendo aún más grave el daño antijurídico que padeció.

- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, se prescindió de traslado para alegar, como lo dispone el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la

- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Como no se decretaron pruebas en segunda instancia, se prescindió de traslado para alegar, como lo dispone el artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Tampoco hubo pronunciamiento adicional por los demás sujetos procesales en relación con el recurso de apelación.

• Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público delegado para este Despacho Ponente no presento emitió pronunciamiento de fondo dentro del asunto de la referencia.

- ACTUACIÓN PROCESAL

La sentencia fue dictada el 27 de junio de 2023, negando las pretensiones de la demanda, de allí que la parte actora apelara la decisión, recurso que fue concedido mediante auto del 28 de julio de 2023. Mediante acta individual de reparto de fecha 31 de julio de 2023, el conocimiento del asunto fue asig nado al Despacho que hoy presenta la ponencia, el que por auto del 3 de agosto de 2023 dispuso su admisión. El señor agente del Ministerio Público no conceptuó.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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III. CONTROL DE LEGALIDAD

Agotado el trámite legal señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y encontrándose el Tribunal en la oportunidad para decidir el fondo del asunto, se advierte que no se evidencian vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial.

IV. CONSIDERACIONES

- COMPETENCIA

El Tribunal es competente para conocer en primera instancia del proceso de la referencia, según lo señalado en los artículos 153 del CPACA.

- PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico que plantea esta Sala consiste en determinar si procede a revocar el fallo de primera instancia que negó las súplicas de la demanda, y en tal caso si en el presente caso se reúnen los pres upuestos necesarios para que las demandadas deban responder patrimonialmente por la privación de la libertad de que fue objeto el señor GUILLERMO ENRIQUE CORONADO MARQUEZ, entre el 3 de abril y el 12 de noviembre de 2009.

- TESIS

La Sala, se anticipa en señalar que se confirmará la sentencia de primera instancia, debido a que no se demostró que las entidades demandadas hubieran incurrido en falla alguna en el servicio, pues las decisiones y medidas que restringieron la libertad del señor GUILLERMO ENRIQUE CORONADO MARQUEZ, se sustentaron en la ley,

debido a que no se demostró que las entidades demandadas hubieran incurrido en falla alguna en el servicio, pues las decisiones y medidas que restringieron la libertad del señor GUILLERMO ENRIQUE CORONADO MARQUEZ, se sustentaron en la ley, así como en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso penal, cumpliendo con los requisitos de proporcionalidad, ido neidad y necesidad de la medida.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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- MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución Política de 1991 se fundamenta en el artículo 90, del cual se desprende que el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, siendo la fuente del daño la actividad de la administración o la omisión en el ejercicio de sus funciones; norma que a su vez, es el fundamento del artículo 140 del CPACA, que consagra que el medio de control de reparación directa.

En cuanto al daño, este debe ser antijurídico, es decir, aquella lesión a un bien o

funciones; norma que a su vez, es el fundamento del artículo 140 del CPACA, que consagra que el medio de control de reparación directa.

En cuanto al daño, este debe ser antijurídico, es decir, aquella lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado que la persona no está en el deber jurídico de soportar; dicho daño tiene como características que sea c ierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

En cuanto al segundo de los elementos, es decir la imputación, la misma se instituye como la “ atribución de la respectiva lesión”; en co nsecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde in tervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”1, con la advertencia de que en atención del principio iura novit curia , “corresponde al juez definir la norma o el régimen aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, de los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”2.

Por lo tanto, una vez definidos y acreditados los elementos de la responsabilidad, el juzgador procede a la tasación económica del daño, en la materialización de perjuicios, los cuales pueden ser de orden material (Daño emergente -Lucro cesante)

1 Ibíd.

juzgador procede a la tasación económica del daño, en la materialización de perjuicios, los cuales pueden ser de orden material (Daño emergente -Lucro cesante)

1 Ibíd. 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2007. Expediente con radicación interna 22655. C. P. Dra. Ruth Stella Correa Palacios.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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SC5780-4-2 o inmaterial (Daño moral; Daño a la Salud y, la afectación grave a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos ), teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.

Ahora bien, la Sala recuerda que, mediante sentencia de unificación, la Sección Tercera del Consejo de Estado3 señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a

tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación.

En consecuencia, el uso de los títulos de imputación por parte del juez “debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los pri ncipios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”.4

De la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

En materia de hechos, acaecidos con ocasión de las funciones desplegadas por la administración de justicia, el ordenamiento jurídico se ha caracterizado por distinguir, de manera específica, tres categorías de imputación, denominadas: error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia5.

El artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, entre otros, por la privación injusta de la libertad. Sobre este último

3 Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Radicación número: 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón. 4 Ibídem 5 Ver Ley 270 de 1996. Arts. 66-69.Medio de Control: Reparación Directa

Hernán Andrade Rincón. 4 Ibídem 5 Ver Ley 270 de 1996. Arts. 66-69.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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SC5780-4-2 título de imputación, su artículo 68 preceptúa que: “ Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

En ese orden, la tesis morigerada por el Consejo de Estado, se alzó en el régimen de responsabilidad objetiva, la cual fue abordada finalmente e n Sentencia de Unificación6, realizando una aproximación de la responsabilidad del Estado bajo la disposición del artículo 90 de la Constitución Política, la cual se estableció que no era necesario subsumir la responsabilidad a la determinación de las razones prescritas en el artículo 414 del decre to 2700 de 1991 , sino que el Esta do, estaba llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado, por razón de la imposición de una medida de detención preventiva y sólo ser atendido su eximente, cuando se encuentre probado la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

La misma tesis de responsabilidad objetiva fue manejada en la sentencia de

medida de detención preventiva y sólo ser atendido su eximente, cuando se encuentre probado la fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

La misma tesis de responsabilidad objetiva fue manejada en la sentencia de unificación del año 2014 , que determinó los parámetros para tasar los perjuicios morales y criterios para el reconocimiento del lucro cesante7.

Sin embargo, dicha postura fue rectificada con la sentencia de unificación del 15 de agosto de 20188, donde el Consejo de Estado, dispuso, que en aquellos casos en los que el Juez penal o el órgano investigador, levante la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso, cuando se encuentre que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso pena l se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, aun así, era necesario por parte del Juez hacer el respectivo análisis de responsabilidad patrimonial del Estado, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, es decir, identificar la antijuridicidad del daño y determinar si existían causales eximentes de responsabilidad.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, Rad.: 520012331000199607459-01 C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de Unificación del 28 de

octubre de 2013, Rad.: 520012331000199607459-01 C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014, Rad.: 680012331000200202548-01 C.P. Dr. Hernán Andrade Rincón 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, Rad.: 660012331000201000235-01, C.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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SC5780-4-2 En efecto, se ha identificado dentro de la misma tesis jurisprudencial que se tornaba en imprescindible para el Juez verificar, en primer lugar , si quien fue privado de la libertad, incidió en la generación el daño alegado, por haber actuado con culpa grave o dolo, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil y si con ello, dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente impo sición de la medida de aseguramiento, de detención preventiva.

o dolo, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil y si con ello, dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente impo sición de la medida de aseguramiento, de detención preventiva.

Con posterioridad, en sentencia de tutela, se dejó sin efectos los análisis esgrimidos en la sentencia de unificación anterior, bajo el argumento de que el Juez no puede exonerar al Estado en base a la culpa de la víctima pues sería desconocer el principio de presunción de inocencia, al determinar que si el juez de la instancia penal declara inocente al demandante por atipicidad de la conducta, no puede el juez administrativo involucrar una con ducta culposa o dolosa por parte del mismo demandante dando origen al daño de privación injusta.9

En tal caso, con la expedición de la sentencia del 6 de agosto de 2020 se señaló por el Consejo de Estado que el carácter injusto de la privación de la libe rtad, deb ía obedecer a los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad y de allí determinar si existía o no mérito para proferir la decisión en comento y si esa decisión fue generadora del daño imputable a la administración, de lo cual se pued e manejar que la jurisprudencia ha trazado una línea entre la responsabilidad bajo el título de imputación subjetivo u objetivo, dependiendo del carácter demostrativo de la prueba recaudada y los cimientos sobre los cuales se haya impuesto la misma, para a sí determinar si es predicable atender la responsabilidad del Estado en aquellos casos en los que se exige la privación injusta bajo la preceptiva del artículo 90 de la Constitución Política.

determinar si es predicable atender la responsabilidad del Estado en aquellos casos en los que se exige la privación injusta bajo la preceptiva del artículo 90 de la Constitución Política.

También es menester precisar que, sobre el régimen de responsab ilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, en sentencia de unificación SU 72 de 2018 , la Corte Constitucional precisó que ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación

9 Consejo de Est ado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia del 15 de noviembre de 2019, Rad.:110010315000201900169-01 (AC) C.P. Dr. Martin Bermúdez MuñozMedio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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SC5780-4-2 injusta de la libertad como un evento resarcible, así como tampoco la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada de este artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a los eventos de privación injusta de la libertad .

En esa oportunidad, la Corte Constitucional reiteró que en materia de reparación

régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a los eventos de privación injusta de la libertad .

En esa oportunidad, la Corte Constitucional reiteró que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso. Por tanto, definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos, contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y, de contera, el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.

De la medida de aseguramiento

La medida de aseguramiento comporta la posibilidad de restringir la libertad como medida excepcional dirigida a proteger bienes jurídicos tutelados, cuando se puedan ver afectados por aquél que comete una conducta punible, los cuales se erigen en tres condiciones especiales, enunciados en el artículo 307 del CPP, sea para i) asegurar la comparecencia del imputado y evitar la obstrucción a la justicia, ii) la protección de la comunidad o la víctima y/o iii) el cumplimiento de la pena.

La definición del tipo de medida cautelar impuesta debe atender a "juicios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto -o ponderación-, que en cada caso en concreto debe aplicar el juez de garantías, a fin de establecer si la re stricción de los derechos fundamentales a la libertad de locomoción, intimidad y libertad general de acción es admisible o no"10.

A este respecto, l a Sala de Casación Penal de la Corte Supre ma de Justicia 11 ha precisado que la Ley 906 de 2004 reguló unos me dios cognoscitivos, propios de la

de acción es admisible o no"10.

A este respecto, l a Sala de Casación Penal de la Corte Supre ma de Justicia 11 ha precisado que la Ley 906 de 2004 reguló unos me dios cognoscitivos, propios de la fase de indagación e investigación en la que, al no haberse celebrado la audiencia pública en la que se surte la contradicción, no son pruebas, pero fundamentan

10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, auto del 11 de agosto de 2021, AP3483-2021, exp. 59710. 11 Auto del 15 de octubre de 2008, exp. 29626.Medio de Control: Reparación Directa Demandante: Guillermo Enrique Coronado Márquez y otros Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fiscalía General de la Nación Radicación: 08-001-33-33-012-2021-00247-01

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SC5780-4-2 decisiones que en el proceso se adopten. De tales medios, forman parte los informes de investigador de campo y de investigador de laboratorio, también conocidos como informes policiales y periciales 12. En ellos, pueden incorporarse las entrevistas realizadas por policía judicial, en lo que resulta "importante que hay an sido recaudadas o ratificadas bajo juramento ante las autoridades autorizadas por el Código, con el fin de que sus fuentes adquieran vinculación legal con los compromisos

realizadas por policía judicial, en lo que resulta "importante que hay an sido recaudadas o ratificadas bajo juramento ante las autoridades autorizadas por el Código, con el fin de que sus fuentes adquieran vinculación legal con los compromisos de verdad y lealtad procesal, y que la pretensión se torne sumariamente seria".

En relación con la proporcionalidad de la medida de aseguramiento, la Corte Constitucional ha precisado que la medida debe ser proporcional a las circunstancias en las cuales jurídicamente se justifica. Por ejemplo, en el caso de la detención preventiva, re sultaría desproporcionado que a pesar de que la medida no sea necesaria para garantizar la integridad de las pruebas, o la comparecencia del sindicado a la justicia, se debe procurar la aplicación de la misma en aras de proteger el interés general, el bien jurídico tutelado y la dependiendo de la gravedad del tipo penal que se censura.

En tal caso, con la expedición de la sentencia del 6 de agosto de 2020 se señaló por el Consejo de Estado que el carácter injusto de la priva