TA CHO - 27001233300020180006100-(30-09-2022)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL

HUILA

Magistrado ponente: Enrique Dussán Cabrera Neiva Diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Acción Tutela. Demandante Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro. Demandado Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Derechos invocados Debido proceso, acceso a la justicia. Radicación 41 001 23 33 000 2025 00044 00 Asunto SENTENCIA No. S025 Acta de Sala N°. 012. De la fecha.

1. PETICIÓN1.

Los señores Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra por medio de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, y acceso a la justicia , y se ordene al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva profiera auto de aprobación del acuerdo conciliatorio dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el No. 41001333300820190012400, respecto a la propuesta allegada por la entidad demandada y aceptado por la parte actora.

2. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LA SOLICITUD DE TUTELA (índice 00003 samai).

El apoderado de los señores Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra afirma que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación Procuraduría General de la Nación, medio de control que le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva con radicado 41001333300820190012400.

restablecimiento del derecho contra la Nación Procuraduría General de la Nación, medio de control que le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Neiva con radicado 41001333300820190012400.

En la demanda referida se pretende se reconozca a sus mandantes el reajuste, reliquidación y pago de la Bonificación por Compensación establecida en el Decreto 610 de 1998 y Decreto 1102 de 2012, incluyendo en la liquidación de la prima especial de servicios conforme el artículo 5° de la Ley 4 de 1992.

1 Índice 0003 documento 1 _samaiTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 2 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

Añade que el proceso luego de haber surtido el trámite respectivo, ingresó al Despacho para sentencia el 12 de julio de 2022, y desde esa fecha no ha tenido ningún movimiento.

Teniendo en cuenta la falta de movimiento referida, se presentaron solicitudes de impulso procesal el 31 de enero de 2023, el 16 de marzo de 2023 y el 30 de enero de 2024 , obteniendo como única respuesta por parte del juzgado accionado a la última solicitu d de impulso la siguiente:

El 13 de noviembre de 2024, el apoderado judicial de la entidad demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, allegó propuesta conciliatoria en la cual dispone reconocer

siguiente:

El 13 de noviembre de 2024, el apoderado judicial de la entidad demandada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, allegó propuesta conciliatoria en la cual dispone reconocer a los señores Ramírez Castro y Agudelo Parra los valores debidos por concepto de reajuste, reliquidación y pago de la Bonificación por Compensación incluyendo en la liquidación la prima especial de servicios, las cesantías, sus intereses conforme lo pretendido en la demanda.

Conforme lo anterior, el apoderado de los señores Ramírez Castro y Agudelo Parra, el 15 de noviembre de 2024 presentó al Juzgado accionado, aceptación a la propuesta conciliatoria, en aras que esta fuera aprobada y se diera terminación al proceso.

Afirma que como se observa en el Sistema de Información Samai, pese haberse solicitado impulso procesal en reiteradas ocasiones, así como la propuesta de conciliación y su aceptación, no se dado impulso alguno por parte del despacho judicial accionado, con siderando que se ha generado una mora considerable e injustificada en el trámite por cuanto han transcurrido 2 años y medio desde el ingreso para fallo, lo cual considera desproporcionado.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

3. RESPUESTAS.

3.1. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN2

Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

3. RESPUESTAS.

3.1. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN2

Hace una exposición de labor ejercida por la entidad como Ministerio Público, y señala que existe un procedimiento de los procesos judiciales que se encuentra reglado en la Ley 270 de 1996 y la Ley 1437 de 2011, considerando así la importancia de analizar la subsidiariedad del amparo pretendido. Así mismo comenta que existe un procedimiento judicial, que define el trámite de los medios de control como el de nulidad y restablecimiento del derecho debe agotarse las instancias y procedimientos judiciales respectivos en caso de una presunta mora judicial, considerando que no hay cumplimiento del principio de subsidiariedad.

De la misma forma, frente a la comprobación del perjuicio irremediable que aducen los accionantes, observando las pruebas aportadas dentro del presente asunto , indica que se han presentado requerimientos de impulso procesal del año 2023, los cuales no tienen relación directa con la aprobación de la conciliación propuesta por la entidad que representa, toda vez que el 13 de noviembre de 2024 en ejercicio de la defensa de la Procuraduría y la cual fue aceptada por los demandantes y dado que no hay fundamentación fáctica que pueda sustentar la vulneración a los derechos fundamentales alegados, expone “…que el reproche constitucional está encaminado a probarse con la solicitudes de impulso del año 2023, siendo, aquello comprobación de ausencia del requisito de inmediación, sin que los accionantes hayan sustentado prolongación en el tiempo de la supuesta violación del debido proceso.”

aquello comprobación de ausencia del requisito de inmediación, sin que los accionantes hayan sustentado prolongación en el tiempo de la supuesta violación del debido proceso.”

Por otra lado, el artículo 26 de la ley 2430 de 20224 que modifica el artículo 63 A de la Ley 270 de 1996, en cuanto a la mora, se tiene una condición para proferir decisiones de fondo o sentencias en los despachos judiciales como es el turno con sujeción a un orden cronológico, y el cual se evidencia en la respuesta dada por el juzgado accionado que atendiendo lo dispuesto en la norma que regula los turnos de los fallos judiciales, considerando así que no hay alteración al derecho fundamental al debido proceso.

Considera que no existe coherencia entre la relación directa de los supuestos fáctico y las pretensiones objeto de la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en la mora sobre la propuesta de conciliación presentada por la Procuraduría y ace ptada por los demandantes, toda vez que mediante providencia de febrero 7 de 2025 el Despacho judicial requiere a su representada a través del Comité de

2 Índice 00010 samaiTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

Conciliación sobre la aclaración de aspectos esenciales para definir el auto de aprobación como título ejecutivo o ejecutable de garantía de una obligación clara, expresa y exigible, concediendo un término de 8

Conciliación sobre la aclaración de aspectos esenciales para definir el auto de aprobación como título ejecutivo o ejecutable de garantía de una obligación clara, expresa y exigible, concediendo un término de 8 días para subsanar lo exigido, lo cual tramitó de manera inmediata en aras de dar cumplimiento a la orden judicial notificada el 10 de febrero de 2025.

Finalmente, sobre su vinculación aduce que hay una falta de legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que hay un ente judicial responsable de la actuación que se demanda como incumplida.

3.2. JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE NEIVA3

Precisa que el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el No. 41001333300820190012400, promovido por los aquí accionantes en contra de la Nación -Procuraduría General de la Nación ingresó al Despacho para sentencia el 12 de julio de 2 022, sin que hasta la fecha se haya dictado la misma, sin embargo no es cierto que el Juzgado no hubiere realizado gestión alguna, toda vez que al momento de ingresar para decisión definitiva ocupó la casilla No. 79 y en la actualidad se encuentra en el turno 21, desciendo 58 posiciones a la fecha en turno normal para proferir fallo.

Advierte que no solamente se han proferido 58 sentencias desde el 12 de julio de 2022, cantidad que corresponde a procesos que se encuentran en el listado de procesos en turno ordinario, sin que se encuentren en el mismo las decisiones proferidas en sentencia anticipada, en procesos escriturales, ejecutivos y acciones

de julio de 2022, cantidad que corresponde a procesos que se encuentran en el listado de procesos en turno ordinario, sin que se encuentren en el mismo las decisiones proferidas en sentencia anticipada, en procesos escriturales, ejecutivos y acciones constitucionales, los cuales tienen prelación respecto a los demás asuntos y por ende no hacen parte de los turnos referidos.

Señala que la ausencia de decisión definitivo en el proceso objeto de la presente acción constitucional, no obedece a mora judicial o tardanza injustificada por parte del Despacho, sino que se debe a la debida atención de los turnos asignad os de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, además de los procesos con trámite especial y prioritario, sin que en el presente asunto existan solicitudes de prelación de fallo presentada por la parte actora conforme los casos establecidos por la jurisprudencia, por el contrario las únicas solicitudes presentadas son las denominadas impuso procesal, a las cuales las secretaría ha informado el turno actual del proceso.

Indica que frente a la propuesta de conciliación presentada por la entidad demandada se halla pendiente la decisión de fondo por parte

3 Índice 00011 samaiTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

del Juzgado, la cual se recepcionó el 6 de noviembre de 2024, sin que hubiera sido necesario surtir el traslado a la contraparte, toda vez que

del Juzgado, la cual se recepcionó el 6 de noviembre de 2024, sin que hubiera sido necesario surtir el traslado a la contraparte, toda vez que el 13 de noviembre de 2024 fue aceptada por la parte actora, denotándose un tiempo prudencial para su resolución y sin que de ella se pueda desprender mora judicial. Añade que el 7 de febrero de 2025 se profirió auto de requerimiento a la entidad demanda con el fin de obtener información para efectos de la decisión definitiva, la cual se procederá de conformidad una vez se reciba la información requerida.

Finalmente, la juez de instancia pone en conocimiento el 9 de noviembre de 2024 padeció un accidente laboral, que implicó una incapacidad hasta el 9 de febrero de 2025, acotando que debió surtirse el proceso de nombramiento de su reemplazo, quien se posesionó el 21 de noviembre de 2025 , lo cual afectó el curso normal de los trámites procesales, añadiendo que del 20 de diciembre de 2024 hasta el 12 de enero de 2025 se gozó de las vacaciones legales y por lo tanto considera que no se ha incurrido en vi olación alguna a los derechos fundamentales alegados.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

4.1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, y el decreto 333 del 6 de abril de 2021 , esta Corporación es competente para conocer de la acción de tutela instaurada , dado que la presente acción por ser dirigida contra el Juzgado Octavo Administrativo de

decreto 333 del 6 de abril de 2021 , esta Corporación es competente para conocer de la acción de tutela instaurada , dado que la presente acción por ser dirigida contra el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, es conocida por esta Corporación conforme lo regula el numeral 3 del artículo 2.2.3.1.2.1. del citado decreto.

4.2. Asunto Jurídico a resolver:

Corresponde determinar si el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, vulnera o amenazan vulnerar los derechos fundamentales a l d ebido proceso, y acceso a la administración de justicia de los señores Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra , por la mora en proferir auto de aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el No. 41001333300820190012400, respecto a la propuesta allegada por la entidad demandada y aceptado por la parte actora..TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 6 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

Así mismo se estudiará la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación -Procuraduría General de la Nación para actuar dentro de la presente acción constitucional.

4.3. Procedibilidad de la acción de tutela por mora judicial.

Frente al cumplimiento de este requisito, la Corte C onstitucional4 ha considerado que en los casos de mora judicial el accionante:

4.3. Procedibilidad de la acción de tutela por mora judicial.

Frente al cumplimiento de este requisito, la Corte C onstitucional4 ha considerado que en los casos de mora judicial el accionante:

“no tiene la obligación de agotar ningún mecanismo judicial, tales como recursos, incidentes, peticiones, pues el mismo, solo entraría a aumentar la mora judicial y agudizar la tardanza en la respuesta. Por ello, la jurisprudencia ha señalado que el accionante se encuentra en situación de indefensión por carecer de mecanismo judicial”

Conforme lo preceptuado, la S ala procederá a estudiar de fondo el presente asunto.

4.4. Mora judicial injustificada.

Frente a la garantía de obtener una respuesta pronta y oportuna por parte de la administración de justicia, el artículo 228 de la C.P. consagra que “los términos se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

La Corte Constitucional5 al hacer una interpretación sistemática de las normas que brindan una garantía a los usuarios que acuden a la administración de justicia, ha indicado que:

“la solución de los procesos judiciales en los términos establecidos por la ley es una garantía de quien acude al sistema judicial. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional a partir de una interpretación sistemática de los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 de la CP) y de acceso a la administración de justicia (Art. 229 de la CP), en virtud de los cuales toda persona tiene derecho “(i) a poner en funcionamiento el aparato judicial; (ii) a obtener una respuesta oportuna frente a las pretensiones que se hayan

administración de justicia (Art. 229 de la CP), en virtud de los cuales toda persona tiene derecho “(i) a poner en funcionamiento el aparato judicial; (ii) a obtener una respuesta oportuna frente a las pretensiones que se hayan formulado; y (iii) a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.”[131]

La Corte Constitucional recuerda los principios que rigen la administración de justicia, como son la celeridad (Art. 4) la eficiencia (Art. 7) y el respeto por los derechos de quienes int ervienen en el proceso (Art. 9); señalando que en todo caso, el cumplimiento de los términos no es el fin último de la actividad judicial porque el juez “no puede circunscribirse únicamente a la observancia de plazos, dejando de lado el deber esencial de administrar justicia en forma independiente, autónoma e imparcial

4 Sentencia T341 de 2022; sentencia SU-179 de 2021 5 Sentencia ibídemTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

y enfocada a la materialización de orden justo. [132] De modo que “contradice los postulados de la Constitución aquel juez que simplemente se limita a cumplir en forma oportuna con los términos procesales, pero que deja a un lado el interés y la dedicación por exponer los razonamientos de su decisión en forma clara y profunda”

postulados de la Constitución aquel juez que simplemente se limita a cumplir en forma oportuna con los términos procesales, pero que deja a un lado el interés y la dedicación por exponer los razonamientos de su decisión en forma clara y profunda”

Así mismo, la jurisprudencia ha diferenciado la mora que obedece al simple capricho, arbitrariedad o descuido del juez, de aquella que tiene que ver con la congestión , que impiden tomar una decisión oportuna, indicando que: “Corresponde entonces al juez constitucional determinar si se trata de un caso de mora judicial justificada o injustificada, teniendo en consideración que son hipótesis que surgen por distintas causas y tienen diferentes implicaciones. A partir de lo anterior, este Tribunal ha reiterado que “no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimient o de plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique”

En esa medida, la Corte ha sostenido que, a pesar de superarse los términos procesales no hay violación de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justici a y, en consecuencia, no se desconoce la garantía a obtener una decisión de fondo sin dilaciones, cuando se constata que existe n razones válidas que justifican la mora judicial, cuando se cumplen los siguientes presupuestos:

“(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congesti ón judicial, o

demuestra la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congesti ón judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”[99].

Mediante sentencia T-432 de 2024, la Corte Constitucional sostuvo que la mora judicial puede ser justificada o injustificada así:

“(…)

Mora judicial

Justificada La mora judicial justificada es aquella que no es imputable a la falta de diligencia de la autoridad judicial accionada. Esto es, cuando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”6.

Injustificada La mora judicial injustificada, por su parte, es aquella que es “producto de la falta de diligencia, la arbitrariedad o la omisión en el cumplimiento de las funciones del juez”7. Existe mora judicial injustificada cuando “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión

6 Corte Constitucional, sentencia T-441 de 2015.

de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión

6 Corte Constitucional, sentencia T-441 de 2015. 7 Corte Constitucional, sentencias SU-179 de 2021 y T-420 de 2022.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”8.

(…)”

4.5. Caso concreto.

Teniendo en cuenta que los derechos fundamentales al debido proceso y administración de justicia alegados por la parte actora , se concretan en la responsabilidad de los jueces de la república de resolver los asuntos que se encuentran a su cargo dentro de los términos que regula la ley; en aras de determinar si esta obligación fue desatendida, exactamente frente a la expedición del auto de aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado bajo el No. 41001333300820190012400, y por lo tanto se examinaran las actuaciones que surtió el juzgado accionado, con el fin de evaluar si se presentó mora judicial, y si esta situación obedeció a una justificación debidamente probada.

A continuación, se relacionan las pruebas determinantes para resolver

actuaciones que surtió el juzgado accionado, con el fin de evaluar si se presentó mora judicial, y si esta situación obedeció a una justificación debidamente probada.

A continuación, se relacionan las pruebas determinantes para resolver el problema jurídico planteado:

a) La demanda fue presentada el 8 de mayo de 2019, la cual fue asignada por reparto al citado juzgado. b) Mediante providencia de junio 21 de 2019 el Juzgado dispone inadmitir la demanda al presentar un defecto formal, concediendo un término de 10 días para subsanar. c) Subsanada la demanda el 10 de julio de 2019, el 23 de agosto de 2019 el Juzgado resuelve admitir la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los señores Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra contra Nación – Procuraduría General de la Nación d) El 25 de octubre de 2019, el despacho judicial accionado requirió a la parte actora para que cumpliera con la carga procesal impuesta en el autor admisorio , a lo que se dió cumplimiento el mismo día, conforme se observa en la página 105 del cuaderno principal 01 en onedrive. e) El 24 de febrero de 2020, la parte demandada contesta la misma y propone excepciones, conforme se observa en las páginas 118 a 130 del cuaderno principal 01 en onedrive f) El 15 de enero de 2021, el Despacho fija fecha de audiencia inicial para el día 9 de marzo de 2021, la cual se llevó a cabo en esa fecha y se agotaron las etapas de la misma.

f) El 15 de enero de 2021, el Despacho fija fecha de audiencia inicial para el día 9 de marzo de 2021, la cual se llevó a cabo en esa fecha y se agotaron las etapas de la misma.

8 Corte Constitucional, sentencias T-1249 de 2004, T-297 de 2006, T-230 de 2013, T-441 de 2015, SU-333 de 2020, SU453 de 2020 y SU-179 de 2021.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

g) Con providencia del 7 de octubre de 2021, el Despacho pone en conocimiento de las partes de las pruebas allegadas y requiere a gestión Humana de la entidad demandada, quien responde el 25 de octubre de 2021. h) El 12 de mayo de 2022 se concede término para alegar de conclusión a las partes, presentando alegatos la parte actora el 16 de mayo de 2021. i) Según constancia secretarial de fecha 12 de julio de 202 2, el proceso ingresa al Despacho para sentencia. j) El 31 de enero de 2023, el 16 de marzo de 2023, el 30 de enero de 2024 y el 16 de mayo de 2024 la parte actora solicita impulso procesal. k) El 6 de noviembre de 2024 el apoderado judicial de la NaciónProcuraduría General de la Nación, presenta propuesta de acuerdo conciliatorio.

procesal. k) El 6 de noviembre de 2024 el apoderado judicial de la NaciónProcuraduría General de la Nación, presenta propuesta de acuerdo conciliatorio. l) La parte actora el 13 de noviembre de 2024 acepta la propuesta conciliatoria. m) El 7 de febrero de 2025, el Des pacho requiere al apoderado judicial de la Procuraduría General para que presente el poder a el conferido con la debida formalidad y concedió 8 días para que se especificara la modalidad de exigibilidad del acuerdo conciliatorio. n) El apoderado de la entidad demandada subsana el requerimiento frente al poder y remite comunicación al Comité de Conciliación y a la Oficina Jurídica de la entidad.

Del examen de las actuaciones que se surtieron dentro del proceso ordinario que se cuestiona, esta Corporación advierte que si bien, han transcurrido más de 2 años de la entrada del expediente al Despacho para fallo; para la Sala es claro que esta mora no es imputable a una falta de diligencia de la Juez; toda vez que no puede perderse de vista, en la contestación de la presente acción, en cuanto a que, además de los turnos que maneja para dictar fallos de sentencia anticipada, tiene procesos ordinarios, ejecutivos; y escriturales. Procesos que antes de haberse asignado el turno, fue necesario que surtieran las eta pas correspondientes para cada uno de ellos, lo cual implica más carga para el Despacho.

Lo anterior, sin contar con otras actuaciones como l as acciones de tutela, cumplimiento, populares , que tienen prelación sobre los otros procesos ordinarios.

Así mismo se debe precisar que el proceso de la accionante ingresó al

el Despacho.

Lo anterior, sin contar con otras actuaciones como l as acciones de tutela, cumplimiento, populares , que tienen prelación sobre los otros procesos ordinarios.

Así mismo se debe precisar que el proceso de la accionante ingresó al Despacho para sentencia en el turno 79 y que en la actualidad se encuentra en el turno 21 de sentencias ordinarias.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

Ahora bien, teniendo en cuenta que la parte actora dentro del presente trámite constitucional, endilga la mora judicial del Juzgado Octavo Administrativo de Neiva, al no haber dado trámite oportuno para proferir el auto de aprobación de la conciliación frente a la propuesta presentada por la Nación -Procuraduría General de la Nación, el 6 de noviembre de 2024 y la cual fue aceptada por la parte actora el 13 de noviembre de 2024 dentro del radicado No. 41001333300820190012400, debe precisarse que desde l a aceptación del ofrecimiento realizado por la entidad demandada a la fecha del requerimiento realizado por el Despacho judicial el 7 de febrero de 2025, tan solo transcurrieron 45 días hábiles, descontando el 17 de diciembre de 2024 (día de la justicia) y las vacaciones colectivas de la Rama Judicial que inician el 20 de diciembre de 2024 y culminan el 11 de enero de 2025 (día sábado).

y las vacaciones colectivas de la Rama Judicial que inician el 20 de diciembre de 2024 y culminan el 11 de enero de 2025 (día sábado).

Lo anterior, no sin antes reconocer que la congestión judicial no puede ser tomada como una justificación para no atender los deberes propios del cargo, de tal suerte que se debe analizar cada caso en particular para determinar si la mora se causó por el alto volumen de trabajo, o por la negligencia del funcionario ; encontrando esta Corporación que , no existe ningún elemento de juicio que lleve a concluir que el tiempo que ha tardado el Juzgado para dar trámite a la solicitud de conciliación sea producto de la omisión de la funcionaria en el cumplimiento de sus deberes.

La Sala considera que, en este caso, no se configura una mora judicial debido a que, tan solo transcurrieron 45 días entre la aceptación de la propuesta conciliatoria y el requerimiento realizado a la Procuraduría General de la Nación, respecto a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1564 de 2012, lo cual adjuntó el 10 de febrero de 2025; así como, que a través del Comité de Conciliación especificara la modalidad de exigibilidad del acuerdo conciliatorio, al cual le concedió 8 días y a la fecha se encuentra pendiente del mismo, para así de esta manera atender la pretensión de la presente acción constitucional.

En esa medida, no existe fundamento para imputarle la tardanza o la omisión en el cumplimiento de las funciones a la autoridad judicial accionada, de tal suerte que, a la luz del precedente constitucional, no existe vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los señores Nancy

omisión en el cumplimiento de las funciones a la autoridad judicial accionada, de tal suerte que, a la luz del precedente constitucional, no existe vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los señores Nancy Esperanza Ramírez Castro y Alejandro Agudelo Parra.

Finalmente se desvinculará de la presente acción constitucional a la Nación-Procuraduría General de la Nación, por cuanto no es sujeto de la presente relación jurídica, ya que no tienen injerencia en decisión a tomar, como si sucede con el Juzgado Octavo Administrativo de Neiva.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 11 de 11

Acción : Tutela

Demandante : Nancy Esperanza Ramírez Castro y otro Demandado : Juzgado Octavo Administrativo de Neiva Radicado: : 41 001 23 33 000 2025 00044 00

8. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contenci