TA CHO - 27001233300020190007600-(30-09-2022)

Radicado: 27001233300020190007600

Medio: Reparación Directa.

Demandante: Lucio Valenzuela Córdoba y Otros

Demandado: Fiscalía General y Otros.

Calle 24 No. 1 – 30, Palacio de Justicia – Oficina 405

Correo electrónico: des02tacho@cendoj.ramajudicial.gov.co

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Quibdó, treinta (30) septiembre de dos mil veintidós (2022).

Sentencia No. 161

REFERENCIA: 27001233300020190007600

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.

DEMANDANTE: LUCIO VALENZUELA CÓRDOBA Y OTROS.

DEMANDADOS: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓ N – RAMA

JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO.

ASUNTO: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

MAGISTRADO PONENTE: ARIOSTO CASTRO PEREA

Surtido el trámite correspondiente y al no advertirse causal de nulidad de lo actuado, procede el Tribunal Administ rativo del Chocó a proferir la s entencia que en derecho corresponda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

1. Antecedentes.

1.2. La demanda.

La parte actora estima que la privación de la cual fue objeto el señor Lucio Valenzuela Córdoba, en razón de que fue condenado injustamente, situación que después produjo la corrección de la sentencia condenatoria.

2. Pretensiones.

La parte actora estima que la privación de la cual fue objeto el señor Lucio Valenzuela Córdoba, en razón de que fue condenado injustamente, situación que después produjo la corrección de la sentencia condenatoria.

2. Pretensiones.

La parte demandante pide:

“PRIMERO: Declarar administrativa y extracontractualmente responsables a la nación rama judicial-fiscalía general de la nación, de los daños y perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la sentencia condenatoria impuesta al señor Lucio Valenzuela Córdoba, quien resulto posteriormente inocente.

SEGUNDO: Como perjuicios morales solicitaron la suma de 100 smlmv para cada uno de ellos.

Por prejuicios materiales, en su modalidad de lucro cesante, por su vinculación al proceso penal en el que aparece como autor del delito de hurto calificado agravado, por las restricciones a su libertad y por la condena impuesta en su contra, los demandado s pagaran al señor Lucio Valenzuela Córdoba las sumas de dinero que dejo de percibir por no poder ejercer los trabajos de oficial de construcción y operario de aseo, vinculado mediante carios contratos de trabajo y de prestación de servicios que suscribió y de los cuales fue despedido, tan pronto como los empleadores se percataban o eran advertidos del proceso penal en que se encontraba inmerso y del pasado judicial en el que le figuraba el antecedente de haber sido condenado por el delito de hurto califica do, valores que ascienden a la suma de 15 millones de pesos anuales, incluidas prestaciones sociales de la ley, que se cuantifican en los siguientes contratos de trabajo:Radicado: 27001233300020190007600

Medio: Reparación Directa.

anuales, incluidas prestaciones sociales de la ley, que se cuantifican en los siguientes contratos de trabajo:Radicado: 27001233300020190007600

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Demandante: Lucio Valenzuela Córdoba y Otros

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Teléfono 6 71 39 82 Página 2 de 23 Contrato de trabajo s uscrito con el consorcio grupo D ukon para la “construcción, ade cuación y dotación fase 1 comando de departamento de policía Chocó ” donde devengaba $800.000 pesos mensuales, contrato que se vio frustrado, al ser capturado dentro de la construcción, en momentos en que se encontraba laborando en las obras, dentro del comando de policía, según reporto el subintendente Ricardo Benjamín Barreto Segovia, mediante comunicación dirigida al juzgado tercero penal municipal de Quibdó, despacho que le había dictado la orden de captura.

Contrato de trabajo a término fijo por 90 días, suscrito por el señor Lucio Valenzuela Córdoba y el señor Reynaldo Palacios Córdoba , administrador de la empresa F udelpa, Nit.900.126.291 -3, con un salario mensual por valor de $688.000, como operario de aseo en el edificio de la fiscalía de Quibdo, el cual también se vio frustrado por la acción penal adelantado en contra de mi prohijado.

Contrato de trabajo a término fijo por 130 días, suscrito por el señor Lucio Valenzuela Córdoba y el señor

también se vio frustrado por la acción penal adelantado en contra de mi prohijado.

Contrato de trabajo a término fijo por 130 días, suscrito por el señor Lucio Valenzuela Córdoba y el señor Reynaldo Palacios Córdoba, administrador de la empresa Fudelpa, Nit.900.126.291 -3, con un salario mensual por valor de $688.00 0 como operario de aseo en el e dificio de la fiscalía de Quibdó , igualmente frustrado por la acción penal.

Contrato de trabajo por duración de labor contratada para ambientales, suscrito por el señor Lucio Valenzuela Córdoba y la empresa Panyes Asociados LTDA. Para llevar a cabo trabajos en la sede del banco de la república en la ciudad de Bogotá, con salario mínimo mensual de $535.600, más auxilio de transporte por valor de $63.600 para un total de $599.200 este contrato tampoco se pudo ejecutar debidamente por las restricciones de tipo penal que obraba en su contra.

Acta laboral autenticada, suscrita por el señor Emiliano Cuero Zea, maestro de obra identificado con la cedula de ciudadanía N° 8233233 de Medellín, y el señor Lucio Valenzuela Córdoba, donde se testifica que este fue contratado para trabajar en obras de construcción de una escuela y un colegio en la ciudad de Bucaramanga, con un sueldo mensual de $1.200.000. de este contrato fue despedido por su compromiso penal, según consta en la certificación expedida por el contratante, señor Emiliano Cuero Zea.

Constancias suscritas por los señores Jorge Eliecer Angulo y Ciro Cabrera, ambos maestros de obra, donde dan fe de no poder contratar al señor Lucio Valenzuela Córdoba por sus problemas penales.

Constancias suscritas por los señores Jorge Eliecer Angulo y Ciro Cabrera, ambos maestros de obra, donde dan fe de no poder contratar al señor Lucio Valenzuela Córdoba por sus problemas penales.

Por perjuicios materiales, en su modalidad de daño emergente: los demandados pagaran al señor Lucio Valenzuela Córdoba, la suma de 4 millones de pesos mcte. Por concepto de asesorías y horarios profesionales pagados a diferentes abogados, en defensa de sus derechos dentro del proceso penal.

TERCERA: Que se condene a los demandados a pagar las costas y agencias en derecho derivados de este proceso.

CUARTO: Condenar a los demandados a reconocer los intereses sobre la condena en las condiciones previstas por los artículos 188, 189 y concordantes del CPACA y a dar cumplimiento a esta providencia en el tiempo establecido en los artículos 192, 195 y concordantes del CPACA.

QUINTO: ordenar la expedición de copias de la sentencia con destino a las partes, con las precisiones establecidas en el artículo 115 del código de procedimiento civil y el articulo 37 del decreto 359 de 1995 ”.

3. Hechos.

“PRIMERO: Mediante sentencia penal N° 018 del 26 de agosto de 2008, dictada por el juzgado tercero penal municipal de Quibdo, dentro de la radicación N°2008 -00054-00, le impuso condena, por el delito de hurto calificado a mi prohijado señor Lucio Valenzuela Córdoba.

SEGUNDO: La pena principal impuesta en la sentencia fue por el termino de 36 meses de prisión, como autor material responsable del delito de hurto calificado.

hurto calificado a mi prohijado señor Lucio Valenzuela Córdoba.

SEGUNDO: La pena principal impuesta en la sentencia fue por el termino de 36 meses de prisión, como autor material responsable del delito de hurto calificado.

TERCERO: La pena accesoria impuesta fue de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el termino igual al de la pena principal.

CUARTO: Posteriormente, mediante auto interlocutorio N°030 del 23 de agosto de 2017, dictado por el juzgado segundo penal municipal de conocimiento de Quibdo, se declaró que mi prohijado era totalmente inocente y se manifestó que en la sentencia penal de 26 de ago sto de 2008, emitida por este despacho antes denominado juzgado tercero penal municipal se presentó una suplantación de la identidad de parte del extinto Rosendo Valenzuela Córdoba (sin identificar hasta la fecha de su muerte) en detrimento de suRadicado: 27001233300020190007600

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Teléfono 6 71 39 82 Página 3 de 23 hermano L ucio Valenzuela Córdoba, identificado con la cedula de ciudadanía 11809889 de Quibdo, a efectos de que sea corregida y actualizada la información y así poder restablecer el buen nombre de este último, se excluirá una vez ejecutoriado esta auto su nombre dl proceso en la cual fue erróneamente

efectos de que sea corregida y actualizada la información y así poder restablecer el buen nombre de este último, se excluirá una vez ejecutoriado esta auto su nombre dl proceso en la cual fue erróneamente condenado como coautor en compañía del también extinto Luis Alfredo López Córdoba.

QUINTO: A lo largo del proceso penal, mi prohijado siempre sostuvo ante las autoridades judiciales que él era inocente, sin embargo, el ente investigador no realizo la correcta identificación e individualización del indiciado, y el juez de conocimiento, en vez de condenar al señor Rosendo Valenzuela Córdoba, persona que era el directo responsable del delito de hurto calificado, resulto co ndenado a mi prohijado el señor

Lucio Valenzuela Córdoba.

SEXTO: En efecto, la suplantación de identidad dentro del proceso penal no es excusable en Colombia, ya que el ente acusador cuenta con todos los poderes legales para efectuar la correcta identificación del indicado, y si ocurre, como en este caso, ello es d su entera responsabilidad. El artículo 128 del ccp indica claramente que la “fiscalía general d la nación estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales”.

SEPTIMO: El artículo 2 de la constitución nacional dice: las autoridades de la republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y d emás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares. Es precisamente en desarrollo de este precepto que el consejo de estado ha elaborado una serie de jurisprudencias que condenan las fallas del servicio, en especial el defectuoso funcionamiento del aparato judicial.

particulares. Es precisamente en desarrollo de este precepto que el consejo de estado ha elaborado una serie de jurisprudencias que condenan las fallas del servicio, en especial el defectuoso funcionamiento del aparato judicial.

OCTAVO: El artículo 90 de la constitución prescribe: “el estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisió n de las autoridades públicas” en este caso hubo una actuación omisiva de las autoridades judiciales involucradas, que no realizaron la correcta individualización del responsable del delito, comportamiento que los llevo a condenar a un inocente.

NOVENO: La falla del servicio en la administración de justicia presunta produjo unos daños a los demandantes.

DECIMO: Existe una relación de causalidad entre la falla del servicio de administración de justicia, por su defectuoso funcionamiento, que condujo a condenar a un inocente y a causar daño a los demandantes”.

4. Traslado y trámite procesal.

La demanda se presentó el día 23 de agosto de 2019 se admitió mediante Auto Interlocutorio Nº 233 del 05 de octubre de 2020 y se notificó debidamente a las partes.

5. Contestación de la demanda.

5.2. Nación - Fiscalía General de la Nación.

Se opuso totalmente a las pretensiones, y expreso que la fiscalía general de la nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de una denuncia y que para el caso objeto de estudio cay ó en el error gracias a Rosendo Valenzuela que desconfiguraron la verdad procesal con la ayuda de la otra

hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de una denuncia y que para el caso objeto de estudio cay ó en el error gracias a Rosendo Valenzuela que desconfiguraron la verdad procesal con la ayuda de la otra hermana del afectado. Y present ó el llamamiento en garantía de las doctoras Sandra Palacios y Mayesty Obando quienes para la época de los hechos fungían como fiscal séptima local donde fue asignado el caso.

5.3. Nación - Rama Judicial.

Se opuso a las pretensiones de la demanda, en el sentido de que los jueces no eran los llamados a realizar la individualización e identificación del p rocesado en el curso del procesado en el curso del proceso penal, dado que es una carga que le corresponde deRadicado: 27001233300020190007600

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Teléfono 6 71 39 82 Página 4 de 23 manera exclusiva a la FGN , junto con otras decisiones, competía según la Ley 600 de 2000 en forma exclusiva a dicha entidad, por ende, solicita la declaratoria de falta de legitimación por pasiva.

6. Adecuación de trámite para sentencia anticipada.

Mediante providencia del 28 de enero de 2022, el Magistrado conductor del proceso, adecuó el trámite del proceso para proferir sentencia anticipada, atendiendo las consideraciones del artículo 182A de la Ley 2080 de 2021.

Mediante providencia del 28 de enero de 2022, el Magistrado conductor del proceso, adecuó el trámite del proceso para proferir sentencia anticipada, atendiendo las consideraciones del artículo 182A de la Ley 2080 de 2021.

7. Consideraciones.

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear lo siguiente:

8. Jurisdicción y competencia.

El artículo 104 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra el criterio orgánico para establecer que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe conocer de los litigios de las entidades públicas, por lo que basta verificar que la naturaleza de una de las partes sea pública, como es el Ejército Nacional, para que se trámite la controversia ante esta jurisdicción.

Así mismo, la Corporación es competente para conocer en primera instancia del proceso, pues el asunto que s e debate excede los 500 salarios mínimos legales vigentes y la competencia del territorio está determinada por la sede principal de la entidad demandada a elección del demandante de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6 del artículo 1522 y 1563 del C. de P. A. y de lo C. A.

1ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso

artículo 1522 y 1563 del C. de P. A. y de lo C. A.

1ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.

3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la se guridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.

5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.

6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.

7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.

entidades.

7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.

PARÁGRAFO. Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.

2 ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS T RIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cua ndo la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3 ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:Radicado: 27001233300020190007600

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En el presente asunto se debate la responsabilidad de las entidades demandadas como consecuencia de la privación de la libertad del señor Lucio Valenzuela Córdoba, razón

Teléfono 6 71 39 82 Página 5 de 23

En el presente asunto se debate la responsabilidad de las entidades demandadas como consecuencia de la privación de la libertad del señor Lucio Valenzuela Córdoba, razón por la cual, éste tribunal es competente para conocer del presente asunto.

8.2. Medio de control procedente.

El medio de control de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad de una entidad estatal, cuando mediante un hecho, una omisión o una operación administrativa, cause un daño a una persona la cual no se encuentra en la obligación de soportar.

8.3. Caducidad.

El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral i del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es de 2 años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que prueba la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Se advierte que en este caso no ocurrió el fenómeno de la caducidad, esto debido a que la sentencia de la privación de la libertad por el cual hoy se reclama tuvo lugar el 26 de agosto de 2008 sentencia que fue corregida por la sentencia de 23 de agosto de 2017 y la demanda se presentó el 04 de julio de 2019, esto es, dentro del término establecido para que operara la caducidad de la acción.

8.4. La legitimación en la causa por activa

la demanda se presentó el 04 de julio de 2019, esto es, dentro del término establecido para que operara la caducidad de la acción.

8.4. La legitimación en la causa por activa

Los demandantes en el presente caso es la víctima y su familia, esto es, en consecuencia, Lucio Valenzuela Córdoba, Mayerlin Martínez Cuesta, Luz Aleyda Palacios Mosquera, Yan Carlos Valenzuela Rodríguez, Juan Carlos Valenzuela Rodríguez, José Manuel Valenzuela Lloreda, Davinson Andrés Valenzuela Lloreda, Karen Yulieth Valenzuela Martínez, Dayana Michel Valenzuela Rodríguez, Martha María Valenzuela Córdoba, Manuel Valenzuela Mosquera, Carmenza Valenzuela Córdoba, Carmelina Córdoba Valencia se presume su interés para acudir al proceso.

8.5. De la legitimación en la causa por pasiva

Fiscalía General de la Nación y Rama judicial son las entidades llamadas a responder dentro del proceso de la referencia, se admitió la demanda en su contra, fue notificada como tal y participó en las etapas, con lo que se configura legitimada por pasiva e n el proceso.

9. Las pruebas que obran en el proceso.

• Copia de la sentencia penal N° 018 del 26 de agosto de 2008, dictada por el juzgado tercero penal municipal, mediante el cual se condenó a el actor.

• Copia de la orden de captura N° 008 del 29 de octubre de 2008, en contra del actor.

6. En los d e reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones

• Copia de la orden de captura N° 008 del 29 de octubre de 2008, en contra del actor.

6. En los d e reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.Radicado: 27001233300020190007600

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Teléfono 6 71 39 82 Página 6 de 23 - Copias de los registros civiles de nacimiento de los señores Lucio Valenzuela Córdoba, Mayerlin Martínez Cuesta, Luz Aleyda Palacios Mosquera, Yan Carlos Valenzuela Rodríguez, Juan Carlos Valenzuela Rodríguez, José Manuel Valenzuela Lloreda, Davinson Andrés Valenzuela Lloreda, Karen Yulieth Valenzuela Martínez, Dayana Michel Valenzuela Rodríguez, Martha María Valenzuela Córdoba, Manuel Valenzuela Mosquera, Carmenza Valenzuela Córdoba, Carmelina Córdoba Valencia

• Copia del auto interlocutorio N° 030 del 23 de agosto de 2017, mediante el cual se exonera de responsabilidad penal a el actor y se ordena restablecer su honra y buen nombre.

• Copia de los contratos de trabajo de los cuales fue despedido el señor Lucio Valenzuela a causa del proceso penal en el que se vio envuelto.

exonera de responsabilidad penal a el actor y se ordena restablecer su honra y buen nombre.

• Copia de los contratos de trabajo de los cuales fue despedido el señor Lucio Valenzuela a causa del proceso penal en el que se vio envuelto.

• Constancias por los señores Jorge Angulo, Emiliano Zea donde dan fe de no poder contratar a el señor Lucio Valenzuela por sus problemas penales.

• Declaración extra proceso donde hace constar que el señor Lucio Valenzuela vivía en unión libre con la señora Mayerli Martínez Cuesta y la señora Luz Aleyda Palacios

Mosquera.

• Copia del expediente penal N° 2008-00054-00.

• Boleta de detención N° 006

10. Problema Jurídico.

¿Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, son patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión a la privación de la libe rtad del señor Lucio Valenzuela Córdoba, o si, por el contrario , existe en el plenario una o varias causales exculpatoria de responsabilidad que libere a las entidades demandadas del deber jurídico de reparar?

11. Cuestión preliminar – Incidencia de la SU del 15 de agosto de 2018.

Sólo para efectos metodológicos y actualizables, la Sala pone de presente que la sentencia de anidación, fue dejada sin efectos mediante fallo de tutela.

En dicho fallo, se advertía que, la responsabilidad del Estado, puede verse truncada, si sucede alguno de los eventos estipulados en el artículo 70 de la Ley 270 de 19964, en el

En dicho fallo, se advertía que, la responsabilidad del Estado, puede verse truncada, si sucede alguno de los eventos estipulados en el artículo 70 de la Ley 270 de 19964, en el sentido, que la persona con su actuar, o con su omisión dio lugar a la privación o detención de su libertad, no puede después, solicitar al Estado indemn ización por privación injusta de su derecho de locomoción.

Dicha situación, se encuentra sustentada en el aforismo latino de nemo auditur propiam turpitudinem allegans, pero también encuentra arraigo en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5, y en la Constitución Política de Colombia

4 ARTICULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VI CTIMA. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

5 Cuando una sentencia condena toria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una p enaRadicado: 27001233300020190007600

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Demandado: Fiscalía General y Otros.

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Teléfono 6 71 39 82 Página 7 de 23 en sus artículos 83, 90 y 95. Ahora bien, actualmente el H. Consejo de Estado consolidó la línea jurisprudencial, tendiente a definir el tema de la responsabilidad administrativa por privación de la libertad, y en ese sentido, manifiesta que no cualquier restricción de la libertad genera per se, la obligación de indemnizar. En ese sentido, mediante Sentencia de Unificación del 15 de agosto de 2018 6, el H. Consejo de Estado rectificó la postura adoptada en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (expediente 23.354), pero estableciendo que no se incurre en privación injusta de la libertad cuando se reúnen los requisitos o estándares convencionales, constitucionales y/o legales que admit en excepcionalmente la restricción de la libertad, y tampoco, cuando de una u otra manera quien reclama la reparación por privación de su libertad, haya dado origen a ella.

La Sala no tendrá como precedente la anterior providencia, por cuanto la misma, ha sido dejada sin efectos mediante falle de tutela del 15 de noviembre de 2019, en la cual se indicó7:

“24. A partir de lo anterior, la Sala estima que la sentencia objeto de tutela violó directamente el derecho fundamental de la demandante a que se respe tara la presunción de inocencia establecida a su favor a partir de la decisión que la absolvió de responsabilidad por considerar que la conducta imputada era atípica,

fundamental de la demandante a que se respe tara la presunción de inocencia establecida a su favor a partir de la decisión que la absolvió de responsabilidad por considerar que la conducta imputada era atípica, decisión que fue adoptada por el funcionario penal competente y que tiene fuerza de cosa juzgada.

25. La valoración de la conducta preprocesal es competencia exclusiva del juez penal. Si el juez de la responsabilidad estatal concluye que la detención de la demandante fue generada por su propia conducta, no sólo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria porque implica considerar, de acuerdo con una de las líneas jurisprudenciales antes expuestas, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito y determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención. A tal conclusión solo puede llegarse desconociendo la decisión penal que la declaró inocente, porque, conforme con ella, los hechos no constituían delito de acuerdo con la ley vigente en el momento en que ocurrieron.

26. Sin necesidad de examinar los elementos específicos de la culpa como causal de exoneración de responsabilidad por privación de la libertad resulta claro que la detención de la accionante como consecuencia de una conducta que no estaba calificada como delito en la ley cuando ocurrieron los hechos, tiene como causa exclusiva la apreciación equivocada de la autoridad que la ordena: esa consecuencia no puede atribuírsele a la propia detenida porque ello implicaría desconocer que para ordenar la detención de una persona, el presupuesto esencial o determinante es que la autoridad le impute la comisión de un delito.

puede atribuírsele a la propia detenida porque ello implicaría desconocer que para ordenar la detención de una persona, el presupuesto esencial o determinante es que la autoridad le impute la comisión de un delito.

27. si por un hecho que no está calificado en la ley como delito se detiene a una persona y la propia justicia penal lo reconoce en un fallo declarando su inocencia por tal razón, es evidente que al declarar judicialmente que la detención no f