TA CHO - 27001333300320140059801-(30-09-2022)

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Magistrado ponente: Enrique Dussán Cabrera Neiva Dieciocho (18) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho Demandante María del Pilar Mora Acosta Demandado Nación - Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Radicación 41 001 33 33 008 2022 00628 01 Asunto Sentencia N° S021 Acta No. 011 De la fecha.

1. ASUNTODecide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2024 , proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.

2. LA DEMANDA1

2.1. Pretensiones.

Mediante apoderad o judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho la señora María del Pilar Mora Acosta pretende se declare la nulidad del acto ficto producto de la petición presentada el 19 de febrero de 2018 con radicado No. 2018PER4559 en cuento negó el reconocimiento del pago de la sanción por mora, regulada en la ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo contados desde los setenta (70) hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo en pago de la misma.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene a las

después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo en pago de la misma.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se condene a las demandadas a reconocer y pagar el valor correspondiente por el concepto antes citado, debidamente indexado, conforme lo regulan los artículos 187, y 192 del cpaca.

2.2. Los Hechos.

Manifiestó que, por laborar como docente, en los servicios educativos estatales, el 23 de enero de 2017 , solicitó a la parte demandada el reconocimiento y pago de las cesantías; la cual fue reconocida mediante

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resolución No. 1289 del 27 de febrero de 2017 ; además fue cancelada el 29 de enero de 2018 por intermedio de la entidad bancaria

Reiteró que solicitó la cesantía el 23 de enero de 2017, siendo el plazo para cancelarla el 5 de mayo de 2017, pero solo ocurrió 29 de enero de 2018, por lo que transcurri eron 269 días de mora contados a partir de los 70 días hábiles que tenía la entidad para cancelar la cesantía hasta el momento que se efectuó el pago.

Así mismo sostiene que luego de haber solicitado la cancelación a la entidad, esta resolvió negativamente mediante acto ficto, producto de la

los 70 días hábiles que tenía la entidad para cancelar la cesantía hasta el momento que se efectuó el pago.

Así mismo sostiene que luego de haber solicitado la cancelación a la entidad, esta resolvió negativamente mediante acto ficto, producto de la petición presentada el 19 de febrero de 2018 con número de rad. 2018PQR4559.

Advierte que previa presentación de la demanda la entidad realizó el pago parcial por valor $610.253.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Considera que se vulneraron los artículos los artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la ley 244 de 1995, artículos 4 y 5 de la ley 1071 de 2006.

Luego de citar el marco normativo y jurisprudencial que regula el reconocimiento y pago de la cesantía; señala que el termino con el que cuenta la entidad para efectuar el pago efectivo de las cesantías es de 65 días hábiles sigu ientes al día de presentación de la solicitud de su reconocimiento; término que comprende 15 días hábiles para expedir la resolución de liquidación de las cesantías, cinco días hábiles de su ejecutoria y 45 días hábiles para efectuar el pago de la prestación social.

Considera que, dada la claridad de las normas legales que sirven de fundamento a la demanda y el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, no deja duda del derecho que le asiste, por lo que se debe atender de manera favorable las pretensiones de la demanda.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. NACIÓN MINISTERIO DE

EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

atender de manera favorable las pretensiones de la demanda.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. NACIÓN MINISTERIO DE

EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

DEL MAGISTERIO.2

La apoderada se opone a las pretensiones de la demanda, por cuanto tanto las declarativas como las de restablecimiento del derecho no están llamadas a prosperar.

Propone las excepciones de:

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1. Ineptitud de la demanda por falta de integración de litisconsorte necesario . Consideró que no se integró en debida forma el contradictorio en tanto que no se demandó a la Secretaría de Educación del Huila, entidad territorial encargada de la expedición y notificación del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías de la actora y sobre quien recae la responsabilidad por mora en el pago de esa prestación social al no haber expedido y notificado el acto administrativo de reconocimiento de tales prestaciones dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes posteriores a la fecha de la solicitud. ii) Ineptitud sustancial de la demanda al no haber demandado el acto administrativo particular y concreto que denegó la sanción mora. Manifestó que, si el acto administrativo no se encuentra debidamente individualizado en las pretensiones de la demanda, la misma carece de uno de sus elementos de

el acto administrativo particular y concreto que denegó la sanción mora. Manifestó que, si el acto administrativo no se encuentra debidamente individualizado en las pretensiones de la demanda, la misma carece de uno de sus elementos de forma, situación que, a l ser valorada por el Juez de conocimiento, le conllevará a declarar la ineptitud sustancial de la demanda. iii) Ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del fondo de prestaciones sociales del magisterio para el pago d e la sanción moratoria. Manifestó que en razón de la modificación introducida por el artículo 57 de la ley 1955 de 2019, se evidencia la clarísima intención del legislador, de evitar que el patrimonio autónomo Fondo De Prestaciones Sociales del Magisterio continúe pagando de sus recursos, indemnizaciones de carácter económico por vía judicial o administrativa, lo cual sin lugar a dudas, comprende también la sanción moratoria derivada del pago tardío de las cesantías parciales o definitivas de los docentes afiliados a este. iv) Caducidad. Solicitó se dé aplicación a esta excepción. v) El término señalado como sanción moratoria a cargo del fomag y la fiduprevisora es menor al que señala la parte demandada. Indicó que h ubo un retardo por parte del ente territorial en expedir el acto administrativo al no haber sido proferido dentro del término de los quince (15) días posteriores a la radicación de la solicitud, situación que a la luz del artículo 57 de la ley 1955 de 2019, son de única responsabilidad de dicha entidad siendo necesario su condena proporcional en la sentencia.

a la radicación de la solicitud, situación que a la luz del artículo 57 de la ley 1955 de 2019, son de única responsabilidad de dicha entidad siendo necesario su condena proporcional en la sentencia. vi) De la ausencia del deber de pagar sanciones por parte de la entidad fiduciaria . Sostuvo que la finalidad del FOMAG, las obligaciones especiales de la fiduciaria, la naturaleza y finalidades de la san ción, así como el hecho de determinarTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 12

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quién es el causante del acaecimiento de la mora, es preciso advertir que no es la Fiduprevisora “ con cargo a los recursos del fomag”, la llamada a soportar la carga o el castigo de una mora que esta no generó y que peor aún, no tiene la posibilidad real de evitar. vii) Prescripción. Manifestó que la sanción moratoria es prescriptible y se le aplica lo previsto en el artículo 151 del C.P.L, por lo cual, debe ser declarada. viii) Improcedencia de la Indexación. Explicó que lo relativo a la indemnización por mora no es objeto de indexación, situación que ha sido decantada al momento, el Consejo de Estado. ix) Improcedencia de la condena en costas. Informó que, del pronunciamiento del Consejo de Estado, se demuestra que la condena en costas no es objetiva, sino que debe entonces el Juez tener en cuenta la buena fe de la entidad respecto a sus

1. Improcedencia de la condena en costas. Informó que, del pronunciamiento del Consejo de Estado, se demuestra que la condena en costas no es objetiva, sino que debe entonces el Juez tener en cuenta la buena fe de la entidad respecto a sus actuaciones procesales; y que en el presente caso se evidencia en el e xpediente que el despacho no presentó pruebas o fundamento alguno sobre la ocurrencia de alguna actuación por parte de la entidad demandada, que desvirtúa la presunción de buena fe. x) Condena con cargo a títulos de tesorería del ministerio de hacienda y crédito público. Solicita se indique en la sentencia que ponga fin al litigio, que la eventual condena deberá ser pagada con cargo a los Títulos de Tesorería que emita el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019. xi) Cobro de lo no debido . Solicita se declare probada esta excepción.

1. Excepción genérica. Solicitó se decrete de oficio cualquier excepción que se presente conforme lo estipula el artículo 187 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de enero 18 de 2011 y 282 del código General del Proceso Ley 1564 de 2012TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 12

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4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA3

Demandante: María del Pilar Mora Acosta Demandado: FOMAG y otro Radicación: 41 001 33 33 008 2022 -0062801

4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva en sentencia proferida el 15 de noviembre de 202 4, decidió acceder a las pretensiones de la demanda.

Luego de hacer un recuento normativo de las cesantías del sector docente, cito la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 7300123-33-000-2014-00580-01(4961-15), la cual establece los términos para el conteo de los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías; y sintetizó en un cuadro ilustrativo las hipótesis en las que puede sobrevenir la sanción moratoria y como se debe computar la misma

Sostuvo que en el presente caso, la solicitud de reconocimiento, liquidación y pago de cesantías parciales se radicó el 23 de enero de 2017; l a Secretaria de Educación del Departamento del Huila, quien tenía a su cargo la función de expedir el acto correspondiente, contaba con el plazo de 15 días previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, el cu al vencía el 13 de febrero de 2017, sin embargo, la Resolución 1289, a través de la cual se le reconoció la prestación a la demandante fue expedida solo hasta el 27 de febrero de 2017.

Indicó que el Fomag puso a disposición el pago de las cesantías de la demandante solo hasta el día 01 de junio de 2017 según se evidencia

fue expedida solo hasta el 27 de febrero de 2017.

Indicó que el Fomag puso a disposición el pago de las cesantías de la demandante solo hasta el día 01 de junio de 2017 según se evidencia en la certificación expedida por la FIDUPREVISORA S.A

Indicó que se estaba frente a un acto administrativo que se expidió de manera extemporánea por parte de la entidad territorial, cuya notificación no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago, que quedó ejecutoriado 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto, es decir el día 27 de febrero de 2017, contando el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG con 45 días posteriores a la ejecutoria para el pago de la cesantía, es decir hasta el 05 de mayo de 2017; fecha a partir de la cual se constituyó en mora, así:

Periodo de mora: del 06 al 31 de mayo de 2017 (26 días)

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Frente a la entidad a quien se le debe atribuir la penalidad, expuso que la actuación administrativa para el pago de las cesantías tuvo inicio el día 23 de enero de 2017 fecha para la cual se encontraban en vigencia la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1075 de 2015, los cuales no habían

la actuación administrativa para el pago de las cesantías tuvo inicio el día 23 de enero de 2017 fecha para la cual se encontraban en vigencia la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1075 de 2015, los cuales no habían atribuido la responsabilidad del pago de la sanción a la entidad generadora de la mora ; es decir que para la fecha de los hechos no había entrado en vigencia la ley 1955 de 2019.

Finalmente resuelve:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES de ausencia del deber de pagar sanciones por parte de la entidad fiduciaria, pago total, cobro de lo no debido y prescripción, propuestas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, conforme con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de Improcedencia de condena en costas e improcedencia de la indexación de la sanción moratoria propuesta por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, conforme con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLA RAR LA EXISTENCIA del acto ficto o presunto configurado el 19 de mayo de 2018 , resultante del silencio administrativo negativo respecto de la reclamación administrativa presentada el día 19 de febrero de 201843 mediante el cual el Ministerio de Educación N acional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, negó a la señora MARIA DEL PILAR MORA ACOSTA el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

CUARTO: DECLARAR LA NULIDAD del acto ficto o presunto configurado

señora MARIA DEL PILAR MORA ACOSTA el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.

CUARTO: DECLARAR LA NULIDAD del acto ficto o presunto configurado el 19 de mayo de 2018 , resultante del silencio administrativo negativo respecto de la reclamación administrativa presentada el día 19 de febrero de 201844, mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, negó a la señora MARIA DEL PILAR MORA ACOSTA el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, conforme con la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho CONDENAR al Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG , al reconocimiento y pago a favor de la señora MARIA DEL PILAR MORA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.726.517, de un día de asignación básica por cada día de retardo, a título de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el 06 al 31 de mayo de 2017, lo que equivale a un retardo de veintiséis (26) días, la cual se liquidará con base en la asignación básica devengada vigente al momento de la causación de la mora, es decir, la devengada por la demandante para la anualidad 2017, conforme con la parte motiva de esta providencia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 12

la mora, es decir, la devengada por la demandante para la anualidad 2017, conforme con la parte motiva de esta providencia.TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 7 de 12

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En caso de que la entid ad en sede administrativa, previa a esta decisión, hubiere efectuado algún pago o abono a favor de la señora MARIA DEL PILAR MORA ACOSTA por concepto de la sanción moratoria aquí reconocida, deberán realizarse los ajustes respectivos para no generar un detrimento patrimonial del Estado.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”

5. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDADA4

Señaló que, no pretende desconocer el precedente normativo y jurisprudencial que existe sobre la materia; y que si bien se encuentran conformes en cuanto los días de mora que deben ser reconocidos por la entidad, también es cierto que en el presente caso se realizó un pago vía administrativa conforme se evidencia en el aplicativo FOMAG

Sostuvo que el despacho desconoce que la mora causada con ocasión al pago de las cesantías legalmente reconocidas, se encuentra paga desde el pasado 27 de julio de 2020, como se evidencia en el certificado de pago emitido por la fiduprevisora S.A.

Solicitó se modifique la sentencia de primera instancia, en el sentido de indicar que, de la liquidación correspondiente al pago por concepto de

de pago emitido por la fiduprevisora S.A.

Solicitó se modifique la sentencia de primera instancia, en el sentido de indicar que, de la liquidación correspondiente al pago por concepto de sanción moratoria, se realicen las deducciones por las sumas canceladas con anterioridad por vía administrativa.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

Conforme lo regulado en el numera 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la ley 2080 de 2020, y dado a que en el presente caso no es necesario decretar pruebas, no hubo lugar a correr traslado a las partes para alegar.

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA.

7.1. Competencia.

Como el proceso es de competencia de los jueces administrativos en primera instancia de conformidad con el artículo 155, numeral 6 en concordancia con el 156 inciso 6 del CPACA, el Tribunal es competente para conocer la segunda instancia al así preverlo el artículo 153 ibídem y como quiera que se trata de la sentencia que decide el litigio planteado, esta es apelable de conformidad con el inciso primero del artículo 243 del CPACA.

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7.2. Asunto jurídico a resolver.

Conforme a la apelación de la parte demandada Fomag y acorde a lo

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7.2. Asunto jurídico a resolver.

Conforme a la apelación de la parte demandada Fomag y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse s i en el presente caso se debe revocar, modificar o confirmar el fallo, porque el juez de instancia no tuvo en cuenta el abono que realizó la entidad demandada por concepto de sanción moratoria.

7.3. Del precedente sobre la exigibilidad de la sanción moratoria de los docentes.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de unificación, CESUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, radicación número: 73001 -23-33-000-201400580-01(4961-15) unificó su jurisprudencia en el sentido de indicar que a los docentes les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos.

Así mismo, inaplicó por ilegal el d ecreto 2831 de 2005, e instó a los entes territoriales y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que las solicitudes de reconocimiento de cesantías definitivas promovidas por los docentes sean tra mitadas en atención a lo previsto en la Ley 1071 de 2006, y al Gobierno Nacional a que disponga una reglamentación acorde con esta norma, al observar que

definitivas promovidas por los docentes sean tra mitadas en atención a lo previsto en la Ley 1071 de 2006, y al Gobierno Nacional a que disponga una reglamentación acorde con esta norma, al observar que la Ley 1071 de 2006, fue expedida por el Congreso de la República, mientras que el Decreto 2831 de 2005 por el Presidente de la República, prevaleciendo la referida ley sobre el decreto reglamentario.

Frente a la exigibilidad de la sanción moratoria, consideró que:

“(…) 91. De conformidad con la exposición de las normas que contemplan el plazo para el r econocimiento de las cesantías parciales o definitivas, y pese a que el parágrafo del artículo 5º, previó la sanción respecto del incumplimiento en el pago, más no en el reconocimiento de la prestación social, de acuerdo con la teleología del legislador, se establece que precisamente una de las razones por las cuales se contempló la penalidad fue en aras de establecer una limitación al defectuoso funcionamiento de la administración pública que debido a los procesos burocráticos y la corrupción posibilitaba cambiar el orden de radicación de las peticiones encaminadas al reconocimiento de la prestación social, aprovechándose de la urgencia del empleado para prove er sus necesidades básicas y de su familia5, o simplemente no emitiría el acto administrativo con el fin de que el plazo para la cancelación del valor no iniciase, y por ende, se condicionaría la norma a la actuación de la entidad pública empleadora.

92. Es preciso indicar así, que el establecimiento de un término para el reconocimiento de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo,

condicionaría la norma a la actuación de la entidad pública empleadora.

92. Es preciso indicar así, que el establecimiento de un término para el reconocimiento de la cesantía y de otro para que se efectúe su pago efectivo,

5 Gaceta del Congreso. Proyecto de Ley 38 de 1995. Senado de la República de ColombiaTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 12

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busca proteger al trabajador garantizando el cometido de tal prestación, y que justamente con ella, se pueda solventar la eventualidad para la cual la solicitó - parcialeso por la que se causó -definitivas-.

93. Así las cosas, no pueden confundirse los mencionados términos de expedición del acto de reconocimiento de la cesantía y de su pago efectivo, con el previsto por el legislador con el propósito de configurar una decisión presunta resultado del silencio administrativo, y menos para entender causada por ésta la sanción por mora; pues, ésta penalidad se encuentra justificada por el simple incumplimiento de la obligación de pago, no por la ficción legal de que la petición que sobre tal prestación se hizo no tuvo respuesta, asumiéndola como negativa por definición.

94. En criterio de la Sala, éste debe ser el real entendimiento de la sanción moratoria por no ex pedir el acto de reconocimiento en término, pues lo contrario sería asumir que la simple inacción de la administración impediría la causación de la penalidad analizada en esta sentencia, en detrimento de la

moratoria por no ex pedir el acto de reconocimiento en término, pues lo contrario sería asumir que la simple inacción de la administración impediría la causación de la penalidad analizada en esta sentencia, en detrimento de la filosofía de la cesantía y de los derechos del trabajador.” (Negrillas de la Sala)

Para mayor precisión realizó el siguiente cuadro para el conteo de los términos según la situación específica así (párrafo 115):

Y definió las siguientes reglas jurisprudenciales:

3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.

6 Se consideran los supuesto de los artículos 68 y 69 del CPACA según los cueles, la entidad tuvo 5 días para citar al peticionario a recibir notificación personal, 5 días más para que comparezca, 1 día para entregarle el aviso, y 1 día para perfeccionar la notificación por este medio. Estas diligencias totalizan 12 días.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA

TÉRMINO PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el computo del termino de pago

la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica pero no se tiene en cuenta para el computo del termino de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 6 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN

notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN

RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recursoTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 12

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3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término d e ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley7 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es,

notificación, iniciará el cómputo del término d e ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley7 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir l a notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.

195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la

asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.

3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del

CPACA.”

7.4. Fondo del asunto.

Al descender al caso concreto, se