TA CHO - 27001333300320150017101-(30-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Neiva, febrero (18) de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO Radicación : 41001-33-33-003-2014-00046-01

Medio de Control : REPARACIÓN DIRECTA

Demandante : JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS Demandado : NACIÓN - MDN – EJÉRCITO NACIONAL Sentencia No. : 13-02-32-25 / RD 04-2-04

Acta No. : 09 DE LA FECHA

1. ASUNTO.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2018 por el Juzgado Tercero Administrativo de Neiva, donde se negaron las pretensiones de la demanda.

2. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.

2.1. Posición de la parte actora (f. 5 a 16, c. ppal.).

2.1.1. Jair Montaña Méndez y Elizabeth Campos Bustos, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad: Juan Diego, Miguel Ángel y José Manuel Montaña Campos , acuden al medio de control de reparación directa solicitando que se declare administrativamente responsable a la Nación - Ejército Nacional y se le condene al pago de los perjuicios materiales e inmateriales derivados de la explosión de una mina antipersonal el 20 de octubre de 2012, en la vereda la Primavera del municipio de Algeciras, que le produjo al señor Jair Montaña Méndez la amputación de su miembro inferior izquierdo.

de la explosión de una mina antipersonal el 20 de octubre de 2012, en la vereda la Primavera del municipio de Algeciras, que le produjo al señor Jair Montaña Méndez la amputación de su miembro inferior izquierdo.

2.1.2. En los hechos señala que el 2 0 de octubre de 201 2 a las 11:00 a.m., mientras se encontraba recorriendo una finca de propiedad de la señora Marly Bata Melo, ubicada en la vereda La Primavera en la zona rural del municipio de Algeciras, fue víctima de un artefacto explosivo comúnmente llamado mina antipersonal que le produjo amputación de su miembro inferior izquierdo y heridas a su hermano Juan

Carlos Medina.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

2

Expone que, ocurrida la explosión, fue atendido por el equipo EXDE del Ejército nacional y evacuado en helicóptero hasta el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.

Indica que al ingreso al hospital fue atendido por el personal médico y debido a la gravedad de las heridas, le fue amputada una tercera parte de su miembro inferior izquierdo y al ser valorado por medicina legal y ciencias forenses , le otorga una secuela definitiva de pérdida funcional de miembro inferior de carácter permanente, perturbación funcional del órgano-sistema de locomoción de carácter permanente, deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y deformidad física

secuela definitiva de pérdida funcional de miembro inferior de carácter permanente, perturbación funcional del órgano-sistema de locomoción de carácter permanente, deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente y deformidad física que afecta el cuer po de carácter permanente , mientras que la Junta regional de calificación de invalidez del Huila le asigna una pérdida de capacidad laboral de 34.95%.

2.1.3. En los fundamentos de derecho, señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, lo que fundamenta en los artículos 90 de la Constitución Política, 140 y 164 del CPACA, así como en jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la fal la del servicio por la omisión de implementa r medidas de seguridad e incumplimiento del tratado internacional de Ottawa al no realizar la señalización y desminado en todo el territorio nacional de zonas con presencia de minas antipersonal, como es la zona donde se les causó la lesión.

2.1.4. Al alegar de conclusión (f. 230 a 240, c. ppal.) sostiene que está probada la falla del servicio de la demandada por incumplir el tratado internacional de Ottawa sobre la demarcación y desminado del territorio nacional y por ello , no puede declararse probada la excepción “hecho de un tercero” p ues el Estado tiene la posición de garante ante en prevenir y reprimir actos terroristas perpetrados por grupos al margen de la ley.

Agrega que, como la explosión ocurrió cerca de una base militar , era previsible el minado y permitió que se ocasionara el daño y los perjuicios materiales y morales

grupos al margen de la ley.

Agrega que, como la explosión ocurrió cerca de una base militar , era previsible el minado y permitió que se ocasionara el daño y los perjuicios materiales y morales que hoy se reclaman, por ello debe declar arse la responsabilidad de la demandada y acceder a las pretensiones de la demanda.

2.2. Posición de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional (148 a 171 C ppal).RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

3

2.2.1. Se opone a las pretensiones argumentando que no existe pr ueba de la responsabilidad del Ejército Nacional en la producción de los perjuicios reclamados.

Frente a los hechos, manifiesta que son ciertas las lesiones sufridas y la discapacidad del señor Montaña Méndez, sin embargo, considera que los demás hechos deben ser probados, además que no se aportó prueba alguna que permita establecer que el Ejército nacional tenía conocimiento de la ubicación de la mina antipersonal y era posible evitar su resultado.

2.2.2. En los argumentos de defensa, reitera la inexistencia de responsabilidad suya, porque los daños alegados por los demandantes se derivan de actuaciones de terceros ajenos a la institución (grupos al margen de la Ley) y no de irregularidad atribuible al Ejército Nacional y n o se acredita falla del servicio , apoyándose en jurisprudencia del Consejo de Estado1 en situaciones donde el daño es atribuible a

atribuible al Ejército Nacional y n o se acredita falla del servicio , apoyándose en jurisprudencia del Consejo de Estado1 en situaciones donde el daño es atribuible a terceros y no hay relación causal entre aquellos y su obrar pues no han sido probados.

2.2.3. en sus alegaciones finales (f. 241 a 251 C. ppal), itera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

2.3. Ministerio público.

No presenta concepto (f. 254 ib.).

2.4. La sentencia de primera instancia (f. 261 a 270 C. 4).

El Juzgado Tercero Administrativo de Neiva dicta sentencia el 3 de septiembre de 2018, declara probada la excepción hecho de un tercero (resolutivo primero), niega las pretensiones de la demanda (resolutivo segundo) y ordena remitir copia del fallo a la Dirección para la acción integral contra minas antipersonal para que se registre como víctima el señor Jair Montaña Méndez en el IMSMA2 si aún no está inscrito y pueda gozar de todos los servicios asistenciales e indemnizatorios dispuestos para el goce efectivo de sus derechos (resolutivo tercero) , sin condena en costas (resolutivo cuarto).

1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 2012, radicación: 76001-23-25-000-1998-00147-01

(25426), consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de fecha 27 de abril de 2006, expediente: 16.079; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2007; Consejo de Estado, sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente: 11.765. 2 Sistema de gestión de información sobre actividades relativas a minas antipersonalRADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

4

Para concluir de esa manera, analiza la falla en el servicio, hace un breve recuento normativo y jurisprudencial acerca del régimen de responsabilidad aplicable para las lesiones ocasionadas por artefactos explosivos (minas antipersonal), concluye que no hay lugar a condenar bajo el régimen objetivo por su posición de garante ni por falla del servicio por la omisión del desminado de la totalidad del territorio nacional ni bajo el régimen de riesgo creado pues sólo hay lugar a declarar la responsabilidad cuando se pruebe que la explosión ocurre en bases militares o por minas sembradas por miembros del Ejército o en proximidad de bases militares y que permitan afirmar que el artefacto está dirigido contra agentes del Estado.

Indica que se encuentra debidamente probado el daño , con la historia clínica del Hospital Universitario de Neiva que reporta la atención m édica brindada al demandante Jair Montaña Méndez con ocasión de la explosión de la mina antipersonal, también con el informe médico legal de lesiones no fatales y

Hospital Universitario de Neiva que reporta la atención m édica brindada al demandante Jair Montaña Méndez con ocasión de la explosión de la mina antipersonal, también con el informe médico legal de lesiones no fatales y finalmente, con el dictamen de la pérdida de capacidad laboral proferida por la Junta Regional de calificación de invalidez.

Señala que los testimonios de Henry Alberto Cortés Forero, Milcíades Camelo, Marleny Méndez e Ilder Capera Méndez al ser valoradas de conjunto, acreditan la ocurrencia de los hechos donde resultó lesionado Jair Montaña Méndez, la amputación de su miembro inferior izquierdo, las condiciones familiares, su situación laboral y económica y la afecta ción que le derivó , pero no la imputación a la demandada.

Para concluir, indica que la parte demandante no logró probar que la explosión de la mina antipersona l haya ocurrido al interior de una instalación militar o muy cercana a una de ellas o de algún órgano del Estado que permita establecer que el fin era provocar daños o causar lesiones a agentes del Ejército Nacional, ni que el artefacto fuera de propiedad de la demandada o instalada por éste; por tanto no hay lugar a declarar responsabilidad administrativa ni patrimonial, por lo cual acoge la excepción de “hecho de un tercero” y niega las pretensiones de la demanda.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

5

2.5. El recurso de la parte actora (f. 275 a 279, ib.).

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

5

2.5. El recurso de la parte actora (f. 275 a 279, ib.).

Solicita la actora revocar la decisión de primera instancia, porque el juzgado desestima la historia y estigmatización que tiene el municipio de Algeciras de ser cuna de guerrilleros y por eso la FARC realiza en muchas zonas rurales el sembrado de minas antipersonal, como táctica de guerra para mantener a los miembros del ejército alejados de su territorio, tal como ocurrió en la vereda “el paraíso” (sic) , siendo ello un hecho notorio que permite señalar que la policía y el ejército t enían conocimiento de la situación de minado.

Agrega que , a pesar de eso, no se realizó por parte de la demandada ninguna campaña de concientización e información a la población civil sobre el riesgo de minas antipersonal y omitió sus obligaciones derivadas de la firma de la convención de Ottawa ratificada por la Ley 554 de 2000, sobre la señalización y desminado del territorio nacional, tampoco valoró que las minas antipersonal son instaladas en ese municipio por grupos armados contra los agentes del ejército y no para atacar a la población civil o a terceros.

Añade que con todas las pruebas aportadas: reporte de evacuación por parte de los agentes del ejército, el reporte de evacuación en helicóptero, el traslado al hospital de Neiva, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y el dictamen del instituto de medicina legal, el certificado expedido por el personero municipal de Algeciras , se

de Neiva, el dictamen de pérdida de capacidad laboral y el dictamen del instituto de medicina legal, el certificado expedido por el personero municipal de Algeciras , se acredita el daño causado al demandante y la falla del servicio por omisión del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el tratado internacional de Ottawa frente a la señalización y desminado de territorio nacional.

3. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.

3.1. Actuaciones procesales.

El recurso interpuesto por la parte actora se admite por auto del 7 de noviembre de 2018 (f. 4 c. Tribunal) y se corre traslado para las alegaciones con proveído del 6 de diciembre del mismo año (f. 9 ib.) procediendo la parte actora a reiterar lo expuesto en su recurso (f. 13 a 17, ib.), mientras que el Ejército Nacional trajo nuevamente los argumentos defensivos de la contestación de la demanda (f. 18 a 30 ib.) y el ministerio público continuó silente (f. 32).RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

6

3.2. Competencia, legitimación y validez.

La Corporación es competente para dirimir esta instancia de conformidad con el artículo 153 del CPACA y a ello procede pues no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado, ambas partes están legitimadas en causa ya que la parte actora atribuye a la entidad demandada los perjuicios cuya reparación reclama, los cuales fueron negados en la decisión recurrida y de ahí el interés en esta decisión.

invaliden lo actuado, ambas partes están legitimadas en causa ya que la parte actora atribuye a la entidad demandada los perjuicios cuya reparación reclama, los cuales fueron negados en la decisión recurrida y de ahí el interés en esta decisión.

3.3. Problema jurídico.

Se plantea resolver al Tribunal: ¿Debe revocarse la decisión de primer grado y accederse a las pretensiones de la demanda, porque las lesiones que padeció el señor Jair Montaña Méndez con la explosión de una mina antipersonal constituyen el daño antijurídico imputable a la administración , por la omisión de los deberes contenidos en la Convención de Ottawa de localizar y desactivar los campos minados del territorio nacional, dada su posición de garante?

La posición del Tribunal es que se debe confirmar la decisión recurrida, porque la parte demandante no pudo probar la falla del servicio y no se puede condenar administrativamente al Estado por hechos de un tercero.

Para sustentar lo anterior, se analizará : a) los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial del Estado y, b) el caso concreto

3.4. Elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado.

El artículo 90 de la Carta Política señala que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables por la acción u omisión de las autoridades, del cual ha inferido la jurisprudencia que esa responsabilidad exige que se acrediten los siguientes requisitos: a) Un daño antijurídico, b) La imputabilidad del citado daño al Estado, junto con c) el nexo causal de lo anteriores.

3.4.1. Daño antijurídico.

antijurídico, b) La imputabilidad del citado daño al Estado, junto con c) el nexo causal de lo anteriores.

3.4.1. Daño antijurídico.

El daño es antijurídico no por su causa sino en sí mismo, esto es, cuando afecta en forma individual un bien patrimonial jurídicamente protegido, en forma injusta y cuyo titular no tenga la obligación legal o jurídica de soportarlo por mandato legal oRADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

7

en virtud de un vínculo jurídico pues su causa desencadenante es el funcionamiento del Estado a través de sus servidores, mediante un nexo de efecto a causa y que se caracteriza por ser efectivo, económicamente evaluable y susceptible de individualización personal o grupal.

En el presente caso los demandantes señalan que el daño está representado por la herida ocasionada al señor Jair Montaña Méndez al pisar una mina antipersonal que le produjo amputación de 1/3 de su miembro inferior izquierdo y de ello le deriva la disminución funcional del miembro inferior izquierdo y una pérdida de capacidad laboral del 34.95%, es decir, se afectaron los bienes jurídicos de la salud e integridad física del lesionado.

El derecho a la integridad física y a la salud están amparados en el preámbulo y los artículos 1, 2, 11 y 49 de la Constitución y en la Ley 1751 de 2015, En la Declaración

física del lesionado.

El derecho a la integridad física y a la salud están amparados en el preámbulo y los artículos 1, 2, 11 y 49 de la Constitución y en la Ley 1751 de 2015, En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pues el derecho a la salud es un estado de bienestar, sin enfermedades o con ellas, pero recibiendo los servicios médicos, asistenciales y demás que se requieran para la mejoría o tener calidad de vida.

En el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre donde el derecho a la salud es consagrado como un derecho a la preservación de la salud y al bienestar , en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se consagra que toda persona tiene derecho a la salud, entendida “… como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” y se reconoce como “un bien público” y en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “… La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

La vulneración de tales derechos se acreditó con la copia de la historia clínica de Jair Montaña Méndez del Hospital de Neiva, donde se registra fecha de ingreso el 20 de octubre y egreso el 3 de noviembre de 2012 (f. 35 a 123 C. 1) y en ella se consigna que presenta amputación traumática de pie izquierdo al caer en campo minado y se le practica la amputación de 1/3 medio inferior de la pierna izquierda.

que presenta amputación traumática de pie izquierdo al caer en campo minado y se le practica la amputación de 1/3 medio inferior de la pierna izquierda. Igualmente, con el dictamen de la junta regional de invalidez No. 402 5 del 11 de diciembre de 2012 practicado al señor Montaña Méndez (f. 31 a 34, C. 1) se consignaRADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

8

que el motivo de calificación es “ amputación 1/3 pierna izquier da” y le da una deficiencia del 14.00%; discapacidad del 7.2% y minusvalía del 13.75% para una pérdida de capacidad laboral (PCL) de 34.95%.

Desde tal perspectiva , está demostrado el daño del bien jurídicamente protegido mencionado y será antijurídico en la medida que, al analizar la imputabilidad y relación causal, se logre establecer que los agentes del ejército conocían que ese territorio estaba minado o se pruebe que el artefacto explosivo era de su propiedad, de lo contrario, se deben sopesar los eximentes invocados por la demandada.

3.4.2. La imputabilidad y el nexo de causalidad.

En cuanto a la imputación, es la atribución jurídica que se le hace a la Naciónministerio de defensa Ejército Nacional, del daño padecido por los demandantes y en este caso, la parte actora invoca el régimen de responsabilidad por falla en el servicio pues el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la historia y estigma

ministerio de defensa Ejército Nacional, del daño padecido por los demandantes y en este caso, la parte actora invoca el régimen de responsabilidad por falla en el servicio pues el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la historia y estigma que tiene el municipio de Algeciras de ser cuna de guerrilleros ni el incumplimiento de su condición de garante asumida al suscribir la convención de Ottawa donde se obliga a señalizar y desminar el territorio nacional.

Es preciso indicar que la convención de Ottawa se dio el 18 de septiembre de 1997 en Oslo y fue adoptada en la legislación colombiana a través de la Ley 554 de enero 14 de 2000 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, señalando su artículo 5o las obligaciones contraídas por el Estado Colombiano:

“i) destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte y

1. identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonales, y adoptará todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdi cción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas”.

control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas”.

El pacto en su artículo 5o, otorgó a los estados parte 10 años para cumplir lo anterior (hasta el 1o de marzo de 2011) sin embargo, en la décima reunión de Estados parteRADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

9

celebrada en Ginebra en el año 2010, se accedió a la petición del Estado Colombiano de ampliación de este término por otros 10 años (hasta marzo 1o de 2021).

De otro lado, el artículo 4º de la Ley 759 de 2002 dispone que las autoridades nacionales se comprometen a destruir las minas antipersonal en los plazos señalados en la convención de Ottawa

“ARTÍCULO 4°. De acuerdo con el artículo 1o. de la Convención de Ottawa, el Estado colombiano se compromete a destruir o asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal dentro de los plazos previstos en los artículos 4o. y 5o. de dicha Convención. Para tal efecto, el Ministerio de Defensa presentará el plan de destrucción a la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. La destrucción de las minas antipersonal se hará mediante procedimientos que respeten las condiciones de medio

Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. La destrucción de las minas antipersonal se hará mediante procedimientos que respeten las condiciones de medio ambiente de la zona en que se destruyan. No obstante lo anterior y como excepción a lo dispuesto en el artículo segundo de la presente Ley, el Ministerio de Defensa Nacional está autorizado a: Conservar las minas antipersonal que tenga almacenadas y las que al primero de marzo de 2001 estuviera utilizando para la protección de bases militares, de la infraestructura energética y de comunicaciones, debidamente señalizadas y garantizando la protección de la población civil, dentro de los plazos establecidos en la "Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción". Trasladar las minas antipersonal en cumplimiento del plan de destrucción y exclusivamente con ese propósito. Retener, conservar y trasladar una cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas, que no podrá exceder de mil (1.000) minas en el tiempo establecido en el artículo 4o. de la Ley 554 de 2000”. Atendiendo lo anterior se tiene que el accidente con la mina antipersonal que se reclama en este proceso ocurre el 20 de octubre de 2012, dentro del plazo otorgado en la convención de Ottawa que feneció el 1o de marzo de 2021 , por lo tanto el Estado Colombiano aún contaba con término para hacer la señalización y desminado

en la convención de Ottawa que feneció el 1o de marzo de 2021 , por lo tanto el Estado Colombiano aún contaba con término para hacer la señalización y desminado de las zonas identificadas y en este caso, no s e acreditó que el Estado tuviera conocimiento que en esa zona estaban plantas esas minas para así señalar que desatendió la convención.RADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

10

En ese mismo sentido, el Consejo de Estado3 sostuvo que el Estado colombiano no ha incumplido las obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa por la complejidad y dificultades que implica el desminado del territorio nacional:

“... ha realizado enormes esfuerzos con miras a ubicar y desactiv ar los campos minados sembrados a lo largo y ancho del territorio. Anotó que, si bien el desminado es una tarea prioritaria del Estado, debe tenerse en cuenta que es una labor dispendiosa, riesgosa y que implica elevados costos y todo un andamiaje interinstitucional”.

Es que dicha sentencia precisó que la responsabilidad del Estado por daños causados con ocasión de la acción de minas antipersonal es, debe ana lizarse desde l a perspectiva de la falla del servicio (la cual es relativa) y no en su condición de garante:

“(i) el Estado solo es responsable “cuando se pruebe que tales artefactos son de dotación oficial o están bajo su guarda y en este caso la falla es el incumplimiento del deber de custodia y cuidado”;

garante:

“(i) el Estado solo es responsable “cuando se pruebe que tales artefactos son de dotación oficial o están bajo su guarda y en este caso la falla es el incumplimiento del deber de custodia y cuidado”; (ii) no es dable al juez contencioso declarar la responsabilidad del Estado con base en el principio de solidaridad ni con fundamento en la posición de garante; (iii) “la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana, es una disposición de contenido amplio y genérico, por lo que no sería suficiente para proferir condena en contra del Estado, sin embargo, el deber d e prevenir riesgos razonablemente previsibles, conlleva al análisis de las leyes y decretos proferidos en materia de desminado humanitario y educación en el riesgo de las mismas, los cuales revisten un contenido concreto y por tanto, un nivel de exigencia más alto”; (iv) la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos entre particulares surgirá cuando haya omitido el deber de prevención a pesar de tener conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo; y (v) ese deber de prevención es de medio o comportamiento y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de q ue un derecho haya sido violado ”. (Subrayas propias).

Como puede verse, el Estado no es garante del cuidado de las personas y en la medida que se acredite que las minas antipersonales son del Estado, están bajo su cuidado o guarda o conoce donde están instaladas o están en proximidades de una base militar u órgano representativo del Estado y no toma correctivos, es que opera

medida que se acredite que las minas antipersonales son del Estado, están bajo su cuidado o guarda o conoce donde están instaladas o están en proximidades de una base militar u órgano representativo del Estado y no toma correctivos, es que opera su responsabilidad como finalmente se señala en las subreglas de la sentencia de unificación en ciernes:

“i) habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados con MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad evidente a un órgano representativo del Estado, permita afirmar que el artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional,

3 Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 7 de marzo de 2018, expediente 34.359, M.P. Danilo Rojas BetancourtRADICACIÓN: 41001-33-33-003-2014-0046-01

DEMANDANTE: JAIR MONTAÑA MÉNDEZ Y OTROS

DEMANDADO: NACIÓN - MDN - EJERCITO NACIONAL

11

1. el Estado de Colombia no ha infringido su deber de prevenir y respetar los derechos de las víctimas de MAP/MUSE/AEI, en los términos del artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el análisis acerca del alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de estas víctimas, y en atención a las particularidades del fenómeno y la dinámica del conflicto armado en Colombia, al marco legislativo dispuesto por el Estado para adelantar labores de

obligación de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de estas víctimas, y en atención a las particularidades del fenómeno y la dinámica del conflicto armado en Colombia, al marco legislativo dispuesto por el Estado para adelantar labores de desminado humanitario y de ERM, a las disposiciones adoptadas en materia de indemnización mediante la ley de víctimas y sus decretos reglamentarios, y recordando que el mero hecho de que se presente la violación de un derecho contemplado en la Convención Americana no constituye un incumplimiento de las obligaciones convencionales adquiridas por el Estado,

1. no obstante, será deber del juez de daños solicitar la inclusión de los actores en la ruta de atención integral para víctimas de minas antipersonal ofrecida por el Gobierno, a través de las distintas entidades que prestan los servicios requeridos según sus necesidades para asistir a las personas que hayan tenido este tipo de lesiones, así como a los familiares de una víctima mortal”.

Hechas las anteriores precisiones se tiene que los testimonios de los señores Henry Alberto Cortés Forero, Milcíades Camelo, Marleny Méndez e Ilder C apera Méndez recaudados en la audiencia de pruebas del 6 de julio de 2016 (f.227 a 229), logran comprobar el daño causado, su causa, la conformación del grupo familiar del demandante y su actividad económica en