TA CHO - 27001333300520220003801-(30-09-2022)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: WILSON FERNÁNDEZ BRAVO

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN: 410013333001-2023-00151-01

ACTA: 10 A VIRTUAL DE LA FECHA

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala los recursos de apelación instaurados por las partes contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio de Neiva el 30 de octubre de 20241.

II. ANTECEDENTES.

1.- La demanda.

Actuando por conducto de apoderado judicial, el señor Wilson Fernández Bravo promueve el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Fiscalía General de la Nación - Subdirección Regional de Apoyo Centro Sur de la Fiscalía General de la Nación , en procura de que se declare la nulidad del oficio 31500-1872-2023 del 29 de marzo de 2023, a través de las cual, le negaron el reconocimiento y pago del 30% del valor de la asignación salarial, que se creó como prima especial, y la reliquidación de las prestaciones sociales.

A título de restablecimiento del derecho, depreca que se ordene reconocer dicha prestación, en cuantía equivalente al 30% de la

especial, y la reliquidación de las prestaciones sociales.

A título de restablecimiento del derecho, depreca que se ordene reconocer dicha prestación, en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica mensual , a partir del año 2019 en la suma de $7.202.106 (correspondiente a la referida prestación) y 15.326.706 (por concepto de la reliquidación de las prestaciones sociales).

De igual manera, solicita que las sumas resultantes sean indexadas y que se condene en costas.

1 Samai, índice 34, primera instancia.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 2 2.- Fundamentación fáctica.

Sustenta las pretensiones en los siguientes argumentos de orden fáctico:

a.- El demandante labora en la Fiscalía General de la Nación desde el 31 de enero de 2019, y a la fecha de presentación de la demanda, ocupaba el cargo de fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos.

b.- El artículo 15 (sic)2 de la Ley 4ª de 1992, creó a favor de los jueces, magistrados y fiscales una prima especial sin carácter salarial; la cual , debía ser reglamentada por el Gobierno Nacional (su monto podía oscilar entre el 30% y el 60% de la remuneración mensual).

Merced a lo anterior, esa prestación fue reconocida anualmente a través de varios decretos para los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

c.- En los periodos de vinculación con la entidad , el señor Fernández

Merced a lo anterior, esa prestación fue reconocida anualmente a través de varios decretos para los servidores de la Fiscalía General de la Nación.

c.- En los periodos de vinculación con la entidad , el señor Fernández Bravo “… percibió una asignación básica mensual equivalente al 100% de la remuneración que en virtud de los Decretos reglamentarios proferidos por el Gobierno Nacional correspondía a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. En aquella asignación, atend iendo a una interpretación errónea de las facultades concedidas el equivalente al 30% de la asignación básica mensual como prima especial no se adicionó o incrementó realmente el valor agregado a su remuneración básica mensual legalmente establecida, como se relaciona en el histórico de devengados que a éste libelo se adjunta y en las sumas allí relacionadas, pues lo único que se efectuó por la entidad es reajustar la asignación disponiendo que el 70% de la misma seria salario y el 30% restante la prima especial, sin que se lograra realmente la finalidad de la nivelación salarial cual era un incremento real del salario, aunado a que las prestaciones sociales también se han visto afectadas por la ausencia en cumplir las normas fijadas en la normatividad”.

“… no se le ha pagado su prima especial mensual sin carácter salarial, equivalente al 30% de su remuneración básica, pues como viene de verse no se realizó un incremento real a su salario y simplemente se redistribuyó la asignación que venía devengando, por lo que a la fecha se le adeuda su valor durante los periodos invocados …

Se aclara que en el año percibió una asignación básica mensual equivalente al 70%

devengando, por lo que a la fecha se le adeuda su valor durante los periodos invocados …

Se aclara que en el año percibió una asignación básica mensual equivalente al 70% de la remuneración que en virtud de los Decretos reglamentarios proferidos por el Gobierno Nacional correspondía a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, pues de la misma se dedujo en una interpretación errónea de las facultades concedidas, el equivalente al 30% de la asignación básica mensual como prima especial, que debió haberse recibid o como adición, incremento o valor agregado a su remuneración básica mensual legalmente establecida, como se relaciona en el histórico de devengados que a éste libelo se adjunta y en las sumas allí relacionadas …”.

2 Corresponde al artículo 14Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 3 d.- Durante el tiempo fungido como fisc al delegado ante los jueces penales, ha devengado prestaciones sociales (prima de servicios, cesantías, intereses de las cesantías, entre otras); las cuales, fueron liquidadas sobre el 70% de la asignación básica; porque erradamente se dedujo el 30%, como prima especial no salarial.

e.- En el certificado de pagos, se avizora que desde el año 2019 “…se constata que el 30% deducido de su remuneración básica mensual por concepto de prima especial, no fue incluido como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales y tampoco le fue pagada la prima especial del 30% sin carácter salarial a que tiene derecho…”.

prima especial, no fue incluido como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales y tampoco le fue pagada la prima especial del 30% sin carácter salarial a que tiene derecho…”.

f.- Por ese motivo, el demandante le solicitó a la subdirección regional de apoyo centro de la Fiscalía General de la Nación que le reconociera y pagara el 30% del valor de la asignación salarial , y la respectiva reliquidación de las prestaciones sociales.

g.- Mediante resolución 315001872-2023 del 29 de marzo de 2023, le negaron la petición, y se la notificaron electrónicamente el 14 de abril siguiente.

h.- En la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020 - SUJ023-CE-S2-2020, el Consejo de Estado estableció que los fiscales que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o que se vincularan a la entidad con posterioridad, tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica; es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

3.- Fundamentación legal.

Como sustento de las pretensiones, invoca la siguiente normatividad:

• Constitución Política: Preámbulo. Artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53, 58, 215.9 y 256.7. - Ley 4ª de 1992: artículo 15. - Decretos 53 de 1993, Decreto 1480 de 2001, Decreto 3549 de 2003,

215.9 y 256.7. - Ley 4ª de 1992: artículo 15. - Decretos 53 de 1993, Decreto 1480 de 2001, Decreto 3549 de 2003, Decreto 4180 de 2004, Decreto 943 de 2005, Decreto 396 de 2006, Decreto 625 de 2007, Decreto 665 de 2008, Decreto 730 de 2009, Decreto 1395 de 2010, Decreto 1047 de 2011, Decreto 875 de 2012, Decreto 1035 de 2013 y demás concordantes.

Apoyándose en la citada normatividad y en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 15 de diciembre de 2020 (SUJ023-CE-S2-2020-); considera “…que la prima creada para los funcionarios públicos de la Fiscalía General de la Nación debe incluirse como factor salarial para la base de liquidación de las prestaciones sociales, habida cuenta que sobre aquella se efectúa los respectivos descuentos para realizarse el aporte a seguridad social yWilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 4 no conforme la interpretación efectuada por parte de la entidad demandada, que sustenta haber dado cumplimiento a la normatividad en tanto realizó presuntamente el incremento del salario, cuando en la realidad lo q ue realizó fue simplemente fue redistribuir el salario devengado para asignar una porción a asignación mensual y el 30% como prima especial”.

Por lo tanto, estima que tiene derecho al pago de la prima especial consagrada en el artículo 15 (sic)3 de la Ley 4ª de 1992; entendida como

30% como prima especial”.

Por lo tanto, estima que tiene derecho al pago de la prima especial consagrada en el artículo 15 (sic)3 de la Ley 4ª de 1992; entendida como una adición o agregado al salario básico (Samai, índice 3, primera instancia).

4.- La oposición.

Descorrió el traslado extemporáneamente (Samai, índice 19, primera instancia).

5.- Trámite surtido. Alegaciones conclusivas.

El 9 de noviembre de 2023, el Juzgado Once Administrativo Transitorio de Neiva anunció que proferiría sentencia anticipada (defiriendo el análisis de la prescripción al fondo del asunto)4, fijó el litigio e incorporó los medios de prueba (Samai, índice 20, primera instancia).

Mediante auto del 6 de diciembre de esa misma anualidad corrió traslado para alegar de conclusión, y en los siguientes términos se pronunciaron las partes (Samai, índice 24, primera instancia):

a.- Parte actora.

Reiteró los argumentos esgrimidos en el escrito de demanda (Samai, índice 29, primera instancia).

b.- Fiscalía General de la Nación.

Guardó silencio (Samai, índice 32, primera instancia).

c.- Ministerio Público.

No rindió concepto (Samai, índice 32, primera instancia).

6.- El fallo impugnado.

El a quo accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y declaró probada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido frente al

3 Corresponde al artículo 14

6.- El fallo impugnado.

El a quo accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y declaró probada parcialmente la excepción de cobro de lo no debido frente al

3 Corresponde al artículo 14 4 En esa oportunidad, indicó que la contestación de la demanda había sido en término.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 5 reconocimiento y pago de la prima especial solicitada entre el 1° de enero y el 17 de febrero de 2019.

Así mismo, declaró probada parcialmente y de oficio, la exceptiva de prescripción, respecto de las diferencias causadas con anterioridad al 15 de marzo de 2020.

En concreto, anuló el oficio 31500-1872-2023 del 29 de marzo de 2023, y a título de restablecimiento del derecho le ordenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación “…reconocer y pagar a favor del señor WILSON FERNÁNDEZ BRAVO, identificado con cédula de ciudadanía 12.127.731, el salario básico incrementado en un 30% por concepto de prima especial, desde el 18 de febrero de 2019 pero con efectos fiscales a partir del 15 de marzo de 2020 (por prescripción trienal), hasta el 31 de diciembre de 2020 , conforme lo expuesto en la parte motiva.

La prima especial solo constituirá factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación

la parte motiva.

La prima especial solo constituirá factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

Las sumas liquidadas deberán actualizarse mes a mes por tratarse de una obligación de tracto sucesivo y conforme a la formula consignada en la parte motiva de esta providencia.

Las diferencias en los aportes pensionales que se generen con la inclusión de la prima especial desde el 18 de febrero 2019, durante los periodos en los cuales haya ejercido como fiscal encargado, y hasta el 31 de diciembre de 2020 , deberán ser canceladas por la Fiscalía General de la Nación al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor del demandante, realícense los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles…”.

Finalmente, negó las restantes pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

Como sustento, auscultó el marco normativo que regula la prima especial5, analizó el alcance de la sentencia de unificación proferida por el H. Consejo de Estado el 15 de diciembre de 2020, y destacó que en cumplimiento de los múltiples fallos judiciales proferidos por el órgano de cierre de la jurisdicción, se expidió el Decreto 272 de 2021, que establece que la prestación -para los fiscales delegados , entre otrosserá adicional a la asignación básica y constituirá factor salarial para aportes en salud y pensión.

Descendiendo al caso concreto, encontró probado que i) el accionante

establece que la prestación -para los fiscales delegados , entre otrosserá adicional a la asignación básica y constituirá factor salarial para aportes en salud y pensión.

Descendiendo al caso concreto, encontró probado que i) el accionante estuvo vinculado laboralmente en la Fiscalía General de la Nación, desde el 3 de octubre de 2016, y a partir del 31 de enero de 2019y por varios

5 Ley 4a de 1992: artículo 14, modificado por el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 y aclarado por el artículo 1° de la Ley 476 de 1998.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 6 periodos6, ha ocupado el cargo de fiscal delegado – “bajo la modalidad de encargo del cargo”; ii) el 15 de marzo de 2023 le solicitó el reajuste salarial con la inclusión de la prima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, petición negada mediante el acto administrativo enjuiciado y, iii) desde enero de 2021 la entidad demandada le viene reconociendo y pagando la prima especial; en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un agregado, adición o sobresueldo de la asignación básica mensual.

Destaca, que durante los periodos en que el actor asumió el encargo de fiscal, tuvo que desvincularse de las funciones propias de su cargo. Precisando, que el periodo comprendido entre el 31 de enero al 17 de febrero de 2019 estuvo en encargo pero de funciones; de suerte, no era posible tenerlo en cuenta por cuanto que le correspondía probar

Precisando, que el periodo comprendido entre el 31 de enero al 17 de febrero de 2019 estuvo en encargo pero de funciones; de suerte, no era posible tenerlo en cuenta por cuanto que le correspondía probar “…que el titular del cargo no lo hubiera percibido-lo cual no ocurrió-…”

En tal virtud, concluyó que es beneficiario de la referida prima especial, porque se vinculó después de que entró en vigencia el Decreto 53 de

1993. Y al ser un incremento del salario , “… resulta contraproducente , considerar que la prima especial del 30%, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 a de 1992, haga parte de la asignación básica que perciben los trabajadores”.

Igualmente, infirió “que de enero de 2019 al año 2020, la fiscalía no le descontó al demandante el 30% de su salario; por lo que el 100% de lo que recibió, lo hizo sin que se le diera a este porcentaje el carácter de prima especial” . Por lo tanto, la liquidación de las prestaciones sociales se hizo sobre el 100% de la asignación básica7, no existiendo mérito para ordenar la reliquidación por este concepto.

En consecuencia, la entidad debe reconocer le, reajustar y pagar le el salario básico en un 30% (por concepto de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992); en los periodos acreditados8, pero desde el 15 de marzo de 2020 (por efectos de la prescripción trienal), hasta el 31 de diciembre de 2020 (desde el 1° de enero de 2021 ya se le viene reconociendo).

Igualmente, destacó que la prima especial solo es factor salarial para

hasta el 31 de diciembre de 2020 (desde el 1° de enero de 2021 ya se le viene reconociendo).

Igualmente, destacó que la prima especial solo es factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

6 Entre el 18 de febrero de 2019 y el 20 de marzo de 2022.

7 Lo que afirmó la demandante en el hecho octavo de la demanda: “Octavo. Mi poderdante WILSON FERNÁNDEZ BRAVO , durante los periodos que ha fungido como servidora pública de la Fiscalía General de la Nación concretamente durante los periodos relacionados en el hecho primero, percibió una asignación básica mensual equivalente al 100% de la remuneración que en virtud de los Decretos reglamentarios proferidos por el Gobierno Nacional correspondía a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (...)”.

8 Del 18 de febrero de 2019 al 30 de marzo de 2019 /Del 24 al 28 de septiembre de 2019 / Del 11 al 14 de febrero de 2020/ Del 30 de junio al 31 diciembre de 2020.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 7 A su turno, declaró probada de oficio el cobro de lo no debido, por cuanto “…el demandante solicita el reconocimiento de la prima especial y la reliquidación de las prestaciones desde el 1° de enero de 2019, sin embargo, del certificado laboral se advierte que como fiscal delegado registra vinculación, en la que es procedente el reconocimiento, desde el 18 de febrero de 2019…”

reliquidación de las prestaciones desde el 1° de enero de 2019, sin embargo, del certificado laboral se advierte que como fiscal delegado registra vinculación, en la que es procedente el reconocimiento, desde el 18 de febrero de 2019…”

Finalmente, le reconoció las diferencias de los aportes pensionales , desde el 18 de febrero de 2019, en los periodos en los que estuvo como fiscal delegado, y hasta el 31 de dic iembre de 2020; que “deberán ser canceladas por la Fiscalía General de la Nación, al fondo pensional correspondiente; y, de las sumas que resulten a favor del demandante, igualmente deberán realizarse los descuentos para el mismo efecto. Lo anterior, en razón a que dichos aportes son irrenunciables e imprescriptibles” (Samai, índice 34, primera instancia).

7.- La Impugnación.

7.1.- Parte demandante.

Inconforme, aduce que el a quo aplicó retroactivamente el Decreto 272 de 2021; desconociendo que las prestaciones sociales causadas antes de que entrara en vigencia (15 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020), se liquidaron sobre el 70% de la remuneración básica mensual.

Destaca, que así como el demandante obtuvo el derecho a que le reconocieran la prima especial del 30% como una adición a la remuneración mensual , tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales, “porque no es coherente por parte del Despacho ordenar el reajuste y pago del salario básico en un 30% por concepto de prima especial desde el 15 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020 por entrever entre otros

prestaciones sociales, “porque no es coherente por parte del Despacho ordenar el reajuste y pago del salario básico en un 30% por concepto de prima especial desde el 15 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020 por entrever entre otros aspectos que la misma estaba siendo deducida del básico mensual y no pagada como adición o incremento, y no ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales las cuales estaban siendo liquidadas sobre el 70% de asignación bás ica, recordando que ese 30% se excluía por considerarse prima especial la cual no contaba como factor salarial para dicha liquidación”.

Refiere, que a partir del 1° de enero de 2021 (fecha en que entró a regir el Decreto 272 de 2021), se estableció que la prima especial del 30% se debe pagar como adición al básico mensual; sin embargo, solo le otorgaron la connotación de factor salarial para aportes pensionales y a salud. De suerte que se advierte la inconstitucionalidad e ilegalidad de las normas que soportan la creación del Decreto 272 de 2021.

Finalmente, puso de presente que al abordar el estudio de asunto similar, la Sala Sexta de Decisión de esta Corporación9, en sentencia del 6 de febrero de 2024 accedió a la reliquidación de las prestaciones incluyendo el 30% que le había dejado de cancelar a título de prima especial (Samai, índice 37, primera instancia).

9 MP. José Miller Lugo Barrero.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 8

7.2.- Fiscalía General de la Nación.

9 MP. José Miller Lugo Barrero.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 8

7.2.- Fiscalía General de la Nación.

Inconforme, la apoderada de la entidad accionada interpuso el recurso de apelación, argumentando que en la sentencia de unificación SUJ-023CES22020 del 15 de diciembre de 2020 no se menciona ni unifica lo relacionado con los porcentajes del factor pensional:

“…Conforme con los apartes de las sentencias trascrito, los aportes a pensión son prestaciones periódicas a lo que se le deba realizar análisis de prescripción, toda vez que lo que es imprescriptible es el derecho a la pensión y este caso, aunq ue desde el año que inició a ejercer como Fiscal y hasta el 2020, se reconocieron los aportes a pensión sobre el 70% del salario decretado, esto no afecta el derecho a la pensión…”

En su sentir, lo decidido por el a quo no estuvo acorde con las pretensiones ni el problema jurídico planteado. De esta manera, apoyándose en un pronunci amiento de una funcionaria de dicha entidad10, estima se debe revocar parcialmente la sentencia, porque el reconocimiento de los aportes pensio nales debe correr la suerte de la prescripción de la prestación (Samai, índice 36, primera instancia).

8.- Pronunciamientos en segunda instancia.

a.- Parte actora.

Guardó silencio.

b.- Fiscalía General de la Nación.

Guardó silencio.

c.- Ministerio Público.

No rindió concepto.

a.- Parte actora.

Guardó silencio.

b.- Fiscalía General de la Nación.

Guardó silencio.

c.- Ministerio Público.

No rindió concepto.

III.- CONSIDERACIONES.

1.- La competencia.

Con base en la facultad conferida en el artículo 153 del CPACA, y en razón a que el fallo fue impugnado por las partes , al tenor de lo

10 En la sentencia del 11 de julio de 2024, Tribunal Administrativo de Antioquia, exp. 05001333302420210019201.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 9 dispuesto por el artículo 328 del Código General del Proceso11 -aplicable por expresa remisión del artículo 306 del CPACA-, se abordará el análisis de la sentencia sin limitaciones.

2.- El problema jurídico.

En ese orden de ideas, el sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia de primera instancia. En particular, precisar si las prestaciones sociales causadas desde el 20 de marzo de 2020 se deben reliquidar teniendo en cuenta la prima especial, y determinar si los aportes a seguridad social en pensión están sujetos a los efectos de la prescripción de las diferencias reconocidas por la prima especial.

3.- El reconocimiento de la prima especial a los f iscales que se acogieron al Decreto 53 de 1993 o se vincularon con posterioridad.

En la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020 (radicación 73001-23-33-000-2017-00568-01), el H. Consejo de Estado analizó el

posterioridad.

En la sentencia de unificación del 15 de diciembre de 2020 (radicación 73001-23-33-000-2017-00568-01), el H. Consejo de Estado analizó el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, el alcance e interpretación de las modificacion es introducidas por la Ley 476 de 1998 y los precedentes jurisprudenciales sobre la materia.

A manera de conclusión, f ijó las siguientes reglas relacionadas con e l reconocimiento y p ago de la prima especial de los f iscales que se acogieron al régimen salarial previsto en el Decreto 53 de 1993 o se vincularon con posterioridad (artículo 14, Ley 4ª de 1992):

“1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación.

11Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas pa rtes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,

Sin embargo, cuando ambas pa rtes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 10

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o a signación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendr á́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de all í́ se reconocerá hasta tres añ os atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.”

De acuerdo con el parecer de dicha Colegiatura, no obstante que desde

nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.”

De acuerdo con el parecer de dicha Colegiatura, no obstante que desde el año 20 03 el Gobierno Nacional no incluy ó la prima especial en los decretos que fijan anualmente al régimen salarial de la Fiscalía, las reclamaciones posteriores al año 2002 tienen vocación de prosperidad por las siguientes razones:

“1. La ley 4ª de 1992, reconoce el derecho a la prima especial, lo que difiere al gobierno nacional es el establecer el porcentaje que se asignará a la misma, el cual en todo caso no puede ser inferior al 30%; 2. La prima especial fue reglamentada hasta el año 2002 para los funcionarios de la Fiscalía que se acogieron al régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se estableció que debía pagarse el 30% del salario básico; 3. Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de un derecho por vía reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador debe aplicar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales, en este caso concreto, aquellos derivados de una relación de derecho administrativo laboral.

Respecto del último punto, debe recordarse que, de acuerdo con el principio de progresividad “…una vez alcanzado un determi nado nivel de protección de un derecho social, existe prima facie la presunción de inconstitucionalidad de todo retroceso…” Así las cosas, la determinación de si la no inclusión desde el año 2003 de la prima especial en los Decretos que regulan el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación genera un retroceso requiere constatar que exista una

retroceso…” Así las cosas, la determinación de si la no inclusión desde el año 2003 de la prima especial en los Decretos que regulan el régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación genera un retroceso requiere constatar que exista una disposición normativa previa que haya consagrado el derecho que se reclama. Este aspecto se presenta porque, como se dijo, no sólo las leyes 4ª de 1992 y 476 de 1998 consagran el derecho, sino que el mismo fue previsto por el Gobierno Nacional anualmente hasta el año 2002. Ante esta realidad resulta indiscutible la necesidad de no disminuir el nivel de protección conseguido, aspecto que no sólo es un mandato r econocido en el artículo 53 de la Constitución sino además en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.Wilson Fernández Bravo vs. Nación – Fiscalía General de la Nación 41001-33-33-001-2023-00151-01 11 4.- La expedición del Decreto 272 de 2021.

Superada la controversia sobre el reconocimiento y pago de la prima especial, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 199, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 272 de 2021, en el cual dispuso:

“…ARTÍCULO 1. Prima Especial. Establecer una prima especial equivalente al 30% del salario básico, de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, modificada por el artículo 1 de la Ley 332 de 1996 aclarada por el artículo 1 de la Ley 476 de 199 8, para los Magistrados Auxiliares. Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Magistrados de los

para los Magistrados Auxiliares. Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatur