TA COR - Sentencia 23-001-33-33-002-2015-00372-02 (29-08-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, veintinueve (29) de agosto del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23-001-33-33-002-2015-00372-02

Demandante: Arnobis Posso Morelo Demandado: Departamento de Córdoba Tema: Reconocimiento de prestaciones Decisión: Modifica sentencia de primera instancia

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de fecha 30 de enero de 2023 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes 1) La demanda.

1.1. Pretensiones.

Con la demanda se pretende: a) la nulidad de la Resolución No. 000050 de 23 de enero de 2015 mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, intereses a las cesantías, prima de servicios, reconocimiento y pago de la prima de antigüedad y bonificación por laborar en zona de difícil acceso, por los años laborados como docente provisional al servicio del Departamento de Córdoba; b) se declare que el demandante tiene derecho al pago de la prestaciones antes señaladas; c) se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar al demandante las cesantías definitivas y los intereses a las cesantías correspondiente a los años 2002 a 2011; prima de antigüedad establecida en la ordenanza

a reconocer y pagar al demandante las cesantías definitivas y los intereses a las cesantías correspondiente a los años 2002 a 2011; prima de antigüedad establecida en la ordenanza No. 008 de 12 de noviembre de 1986; prima de servicios prevista en el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978 y la bonificación por laborar en zona de difícil acceso.

Se ordene que se reconozcan, liquiden y paguen los intereses de mora sobre las sumas adeudadas conforme al inciso 3º del artículo 192 del CPACA; se ordene la corrección monetaria conforme al inciso 4º del artículo 187 ibidem; se dé cumplimiento a la sentencia en estricto cumplimiento del artículo 192 del CPACA y se paguen las agencias en derecho.

1.2. Fundamentos fácticos.

Afirma el demandante que desempeñó el cargo de docente en provisionalidad desde el 1 de febrero de 2001 hasta el 14 de marzo de 2011, fecha en que fue declarado insubsistente y que el Departamento de Córdoba le adeuda las prestaciones sociales por el tiempo laborado como son: cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, prima de antigüedad y bonificación salarial por trabajar en zona rural o de difícil acceso.

El día 19 de noviembre de 2013 presentó petición ante el Departamento de Córdoba solicitando el reconocimiento de sus prestaciones, petición que fue resuelta a través de laMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-002-2015-00372-01 2

Resolución 000050 de 23 de enero de 2015 negando el reconocimiento de los derechos reclamados.

1. Contestación de la demanda.

2

Resolución 000050 de 23 de enero de 2015 negando el reconocimiento de los derechos reclamados.

1. Contestación de la demanda.

2.1. Departamento de Córdoba.

Se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que no le asiste derecho a la prima de servicios reclamada, puesto que esta se estableció para los docentes y directivos mediante el decreto 1545 de 2013, fecha para la cual ya se encontraba desvinculado. De igual manera, no le asiste derecho a la prima de antigüedad establecida en la ordenanza 8 de 1986, toda vez que fue demandada encontrándose en trámite el recurso de apelación ante el Consejo de Estado. Con relación a la bonificación por zona de difícil acceso, argumentó que para los años 2002 a 2007 no estaba regulada y para los años siguientes el demandante no hizo valer su derecho dentro de la oportunidad prevista para ello.

Por otra parte, con relación a las cesantías definitivas señaló que estas se encuentran a cargo del Fomag en atención a la afiliación del demandante, por lo que la entidad territorial no está obligada a pagarlas.

Formuló las excepciones de fondo denominadas: inexistencia del derecho y cobro de lo no debido y prescripción.

1. La sentencia apelada.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería emitió sentencia de primera instancia el 30 de enero de 2023 , a través de la cual decidió declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 000050 de 23 de enero de 2015 y condenó al Departamento de Córdoba a reconocer y pagar (i) las cesantías y los intereses a las cesantías

parcial de la Resolución No. 000050 de 23 de enero de 2015 y condenó al Departamento de Córdoba a reconocer y pagar (i) las cesantías y los intereses a las cesantías proporcionales, causados entre el 19 de noviembre de 2010 y el 14 de marzo de 2011, y, (ii) proporcionalmente, la bonificación por zona de difícil acceso, causada en el año 2010, desde el 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2010, suma que será indexada de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta prov idencia. Declaró la prescripción del derecho al reconocimiento y pago de las cesantías, intereses a las cesantías, y bonificación por zona de difícil acceso, a partir del 18 de noviembre de 2010 inclusive, hacia atrás y negó las demás pretensiones de la demanda. El A quo argumentó con relación a las cesantías e intereses a las cesantías que en el expediente está demostrado que el señor ARNOBIS POSSO MORELO fue nombrado mediante Decreto 022 de febrero 01 de 2002 como docente en la Escuela Las Nubes del Municipio de San Antero, cargo del cual tomó posesión el mismo día. Igualmente, según el Certificado suscrito por el FOMAG, el demandante no se encuentra afiliado a ese fondo. De lo anterior se concluye que la obligación de reconocer y pagar las cesantías a la demandante es del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, ya que la falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como lo señala el Decreto 3752 de 2003, implica la responsabilidad de esas entidades por la totalidad de las prestaciones sociales que correspondan. Ahora, frente a la solicitud de pago

personal docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como lo señala el Decreto 3752 de 2003, implica la responsabilidad de esas entidades por la totalidad de las prestaciones sociales que correspondan. Ahora, frente a la solicitud de pago de intereses a las cesantías se remitió al artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y al Acuerdo 039 de 1998 y sostuvo que, al no evidenciarse el pago de los intereses a las cesantías del docente demandante, durante los años 2004 a 2012, dicha pretensión esta llamada a prosperar. Sin embargo, se configuró una prescripción parcial de los derechos teniendo en cuenta que el demandante fue desvinculado del servicio el día 14 de marzo de 2011, y que formuló solicitud de reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas, el día 19 deMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-002-2015-00372-01 3

noviembre de 2013, con lo cual se suspendió la prescripción de los derechos, dejando a salvo las prestaciones sociales causadas entre el 19 de noviembre de 2010 y el 14 de marzo de 2011, y, por ende, habiendo operado la prescripción de los derechos causados desde el 18 de noviembre inclusive, hacia atrás. Con relación a la bonificación por zona de difícil acceso, señaló que, a partir del 16 de marzo de 2007, el demandante laboró en el Centro Educativa Santa Rosa del Municipio de San Antero, hasta el día 14 de marzo de 2011. Siendo que para los años 2008 y 2009 ese establecimiento educativo sí estuvo incluido en los Decreto 1187 y 1448, como ubicado en

Antero, hasta el día 14 de marzo de 2011. Siendo que para los años 2008 y 2009 ese establecimiento educativo sí estuvo incluido en los Decreto 1187 y 1448, como ubicado en zona de difícil acceso, el demandante tenía derecho a percibir la bonificación. Igualmente, para el año 2010, también el demandante tenía derecho a percibir la mencionada bonificación, dado que el Centro Educativo Santa Rosa fue incluido en el Decreto 1953 de

2010. Sin embargo, para el año 2011, el demandante no tuvo derecho a percibir la bonificación por zona de difícil acceso, porque el CE Santa Rosa no fue incluido en el Decreto que enlistó los establecimientos con derecho a ello, lo cual se realizó mediante el Decreto 0167 de 2011. No obstante, en ésta prestación también existe prescripción parcial de los derechos reclamados, pues la desvinculación se produjo el día 14 de marzo de 2011, y la solicitud de reconocimiento y pago de las prestaciones reclamadas fue realizada el día 19 de noviembre de 2013, con lo cual se suspendió la prescripción de los derechos, dejando a salvo las prestaciones sociales causadas entre el 19 de noviembre de 2010 y el 14 de marzo de 2011, y, por en de, habiendo operado la prescripción de los derechos causados desde el 18 de noviembre inclusive, hacia atrás.

Con relación a las prestaciones prima de servicio docente y prima de antigüedad, el juez de primera instancia señaló que el demandante no tenía derecho a ellas, en la medida en que la primera nación con el Decreto 1545 de 2013 fecha para la cual ya había sido desvinculado y la segunda, a través de la sentencia de fecha 9 de febrero de 2019 el

primera instancia señaló que el demandante no tenía derecho a ellas, en la medida en que la primera nación con el Decreto 1545 de 2013 fecha para la cual ya había sido desvinculado y la segunda, a través de la sentencia de fecha 9 de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la nulidad de la ordenanza No. 008 de 30 de octubre de 1986 que la creo, providencia que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante fallo de 7 de abril de 2022, por lo que ningún empleado del Departamento de Córdoba tiene derecho a la prima de antigüedad por haber sido declarada nula la fuente del derecho que la consagraba. 4) El recurso de apelación. La parte demandante interpuso recurso de apelación con la finalidad que se modifique el numeral segundo y se revoque el numeral quinto de la sentencia de primera instancia argumentando que, en el presente caso no operó el fenómeno de la prescripción teniendo en cuenta que interrumpió el término de prescripción al momento de presentar la reclamación administrativa y demandar el acto administrativo que negó l as prestaciones solicitadas como son cesantías definitivas e intereses a las cesantías y bonificación por laboral en zona de difícil acceso, por lo que el reconocimiento debe ser desde el 1 de febrero de 2001 hasta el 14 de marzo de 2011 y no debe declararse la prescripción. La parte demandada argumentó que se encuentra en desacuerdo con el fallo emitido por el señor Juez de conocimiento, teniendo en cuenta que al demandante no se le puede reconocer y cancelar lo correspondiente a zonas de difícil acceso, ya que los docentes que se encuentran laborado en zonas de difícil acceso se les cancela solo el tiempo de clase,

el señor Juez de conocimiento, teniendo en cuenta que al demandante no se le puede reconocer y cancelar lo correspondiente a zonas de difícil acceso, ya que los docentes que se encuentran laborado en zonas de difícil acceso se les cancela solo el tiempo de clase, la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba anualmente expide el calendario académico en el cual se detallan las semanas efectivas q ue tienen los docentes con los alumnos y este calendario nunca se extiende hasta 31 de diciembre de cada anualidad, los alumnos terminan su clases a finales de noviembre y los docentes las 2 primeras semanas de diciembre la toman para actividades extracurr iculares y a partir de mediados deMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-002-2015-00372-01 4

diciembre tienen cuatro semana de vacaciones, lo que significa que os docentes no se desplazar a su sitio de trabajo en ese tiempo, por lo tanto no se le puede cancelar esa bonificación en las semanas de vacaciones por cuanto estos no acuden a las instituciones o sede educativas. Por lo anterior, solicit a modificar la sentencia en el sentido que se le reconozca la bonificación por laborar en zona d e difícil acceso solo del 19 al 30 de noviembre, ya que de cancelarle el mes de diciembre se estaría realizando un pago de lo no debido y reconociendo un derecho al que no hay lugar. En cuanto a las cesantías sostiene que tampoco debe ser condenada porque la obligación de afiliarlo no era del departamento sino del municipio de San Antero quien fue quien lo nombró inicialmente en el año 2001. 5) Trámite en segunda instancia.

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 30 de enero de 2023.

nombró inicialmente en el año 2001. 5) Trámite en segunda instancia.

El recurso de apelación se admitió mediante auto del 30 de enero de 2023.

La parte demandante, la demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia emitida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advi erte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de las partes recurrentes, corresponde a este Tribunal determinar:

• Si la bonificación por zona de difícil acceso debe ser reconocida atendiendo al calendario académico.

• Si el Departamento de Córdoba es el responsable para el pago de las cesantías reconocidas en favor del demandante.

• Si la petición radicada por el demandante interrumpió la prescripción de las prestaciones reconocidas por el juez de primera instancia y en ese sentido, no hay lugar a declarar prescritas las causadas con anterioridad al 18 de noviembre de 2010 como lo ordenó el A quo.

En ese orden, se procederá a analizar : (i) Del reconocimiento a la bonificación de difícil acceso; (ii) Del reconocimiento de las cesantías anualizadas a los docentes;

de 2010 como lo ordenó el A quo.

En ese orden, se procederá a analizar : (i) Del reconocimiento a la bonificación de difícil acceso; (ii) Del reconocimiento de las cesantías anualizadas a los docentes;

Seguidamente, se dará respuesta a los problemas jurídicos planteados.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-002-2015-00372-01 5

1. Del reconocimiento a la bonificación de difícil acceso.

La ley 715 de 20011 en su artículo 24 señaló que los docentes que laboran en áreas rurales de difícil acceso podrán tener estímulos consistentes en bonificación, capacitación, y tiempo, entre otros, de conformidad con el reglamento que para la aplicación de dicha norma expida el Gobierno Nacional.

Por su parte, el Decreto 1171 de 2004 reglamentó el inciso 6 del artículo 24 de la Ley 715 de 2001 en los siguientes términos: Artículo 2º. Áreas rurales de difícil acceso. Área rural de difícil acceso es aquella que cumple con los criterios establecidos en el presente decreto para ser considerada como tal. Para los efectos previstos en el artículo 24 de la Ley 715 de 2001 y en este decreto, el gobernador o alcalde de la entidad territorial certificada determinará anualmente cuáles son las áreas rurales de difícil acceso de su jurisdicción. Para este fin tendrá en cuenta la definición sobre áreas rurales adoptada, en virtud del artículo 8º numeral 1 de la Ley 388 de 1997, por el concejo distrital o municipal, y al menos dos de los siguientes criterios: a) Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un

388 de 1997, por el concejo distrital o municipal, y al menos dos de los siguientes criterios: a) Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano; b) Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la mayor parte del año lectivo; c) Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga una sola frecuencia (ida o vuelta) diaria. A su turno en el artículo 5º del mismo decreto se dispuso: Artículo 5º. Bonificación. Los docentes y directivos docentes qu e laboren en establecimientos educativos estatales, cuyas sedes estén ubicadas en áreas rurales de difícil acceso, tendrán derecho a una bonificación equivalente al quince por ciento (15%) del salario que devenguen. Esta bonificación no constituye factor s alarial ni prestacional para ningún efecto y para su reconocimiento por parte de la entidad territorial, requerirá previa disponibilidad presupuestal. Esta bonificación se pagará proporcionalmente al tiempo laborado durante el año académico en las sedes de los establecimientos educativos estatales, ubicadas en áreas rurales de difícil acceso. Se dejará de causar si el docente es reubicado temporal o definitivamente en otra sede que no reúna las condiciones para el reconocimiento de este beneficio o cuando l a respectiva sede del establecimiento pierda el carácter señalado en este decreto. No tendrá derecho a esta bonificación el docente que se encuentre suspendido en el ejercicio de su cargo o en situaciones administrativas de licencia o comisión no remuneradas. Posteriormente, dicha norma fue derogada por el Decreto 521 de 17 de febrero de 2010, en cuyo artículo 2º dispuso:

licencia o comisión no remuneradas. Posteriormente, dicha norma fue derogada por el Decreto 521 de 17 de febrero de 2010, en cuyo artículo 2º dispuso:

1 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-002-2015-00372-01 6

Artículo 2°. Zonas de difícil acceso. Una zona de difícil acceso es aquella zona rural que cumple con los criterios establecidos en el presente decreto para ser considerada como tal. Para los efectos de este decreto, el gobernador o alcalde de cada entidad territorial certificada en educación deberá determinar cada año, mediante acto administrativo, y simultáneamente co n el que fija el calendario académico, antes del primero (1°) de noviembre de cada año para el calendario "A" y antes del primero (1°) de julio para el calendario "B", las zonas rurales de difícil acceso y las sedes de los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción, de conformidad con la ley y considerando una de las siguientes situaciones:

1. Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano.

2. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la mayor parte del año lectivo.

3. Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga

desplazamiento hasta el perímetro urbano.

2. Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la mayor parte del año lectivo.

3. Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga una sola frecuencia, ida o vuelta, diaria.

Cuando las condiciones que dete rminaron la expedición del acto administrativo a que se refiere este artículo no varíen, se entenderá que las zonas rurales de difícil acceso ya establecidas conservan tal carácter. Parágrafo 1°. El acto administrativo de que trata el presente artículo deberá ser ampliamente divulgado entre los docentes, los rectores y los directores rurales de los establecimientos educativos que se encuentren ubicados en las zonas rurales de difícil acceso e informado al Ministerio de Educación Nacional. En el reporte mensual de novedades de personal que los rectores y directores rurales deben presentar a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada, incorporarán las novedades que correspondan, relacionadas con la bonificación de que trata este decreto, con el fin de que se proceda a efectuar las actualizaciones del caso a través de la dependencia responsable de los asuntos de administración de personal docente y directivo docente. Parágrafo 2°. Las secretarías de educación de las entidades te rritoriales certificadas deberán remitir al Ministerio de Educación Nacional un informe respecto de los servidores docentes y directivos docentes que laboran en establecimientos educativos ubicados en zonas rurales de difícil acceso, indicando a quiénes de ellos se les ha reconocido y pagado la bonificación de que trata este decreto. Dicho informe deberá

servidores docentes y directivos docentes que laboran en establecimientos educativos ubicados en zonas rurales de difícil acceso, indicando a quiénes de ellos se les ha reconocido y pagado la bonificación de que trata este decreto. Dicho informe deberá presentarse dos (2) veces al año, antes del último día hábil de los meses de febrero y agosto, a través de los medios que el Ministerio de Educación Nacional determine para tal efecto. Por su parte en el artículo 5º reguló su pago en los siguientes términos: Artículo 5°. Bonificación. Los docentes y directivos docentes que laboren en establecimientos educativos estatales, cuyas sedes estén ubicadas en zonas rurales de difícil acceso, tendrán derecho a una bonificación equivalente al quince por ciento (15%) del salario básico mensual que devenguen. Esta bonificación no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto, se pagará mensualmente, y se causará únicamente durante el tiempo laborado en el año académico. Se dejará de causar si el docente es reubicado o trasladado, temporal o definitivamente, a otra sede que no reúna la condición para el reconocimiento de este beneficio, o cuando la respect ivaMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-002-2015-00372-01 7

sede del establecimiento pierda la condición de estar ubicada en zona rural de difícil acceso. No tendrá derecho a esta bonificación quien se encuentre suspendido en el ejercicio de su cargo o en situaciones administrativas de licencia o comisión no remuneradas. En cuando a la forma en que se realiza el pago de la bonificación reconocida a los docentes por laborar en áreas de difícil acceso, establece la jurisprudencia del Consejo de Estado 2,

de su cargo o en situaciones administrativas de licencia o comisión no remuneradas. En cuando a la forma en que se realiza el pago de la bonificación reconocida a los docentes por laborar en áreas de difícil acceso, establece la jurisprudencia del Consejo de Estado 2, que el mismo no debe depender de la existencia de disponibilidad presupuestal, señalando que: “(…) la existencia de previa disponibilidad presupuestal, no puede ser un requisito para reconocer el derecho, que surge de la labor diaria del Docente, desempeñada en regiones apartadas y condiciones inhóspitas del territorio nacional. Para hacer efectivo el derecho a la bonificación, que surge de la realidad objetiva del trabajo desempeñado en unas condiciones determinadas, y, su pago, ha de aceptarse que tal reconocimiento, constituye la titularidad del derecho, de la cual el pago es su consecuencia”.

(ii) Del reconocimiento de las cesantías anualizadas a los docentes.

El artículo 1° de la Ley 91 de 1998 «por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, de la siguiente forma:

«[…] Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1.° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1.° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito

esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1.° de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]» Igualmente, en la ley en mención en el artículo 2° se estipuló como se reconocerían y pagarían las prestaciones sociales las cuales se causaron hasta la fecha de promulgación de la Ley 91 de 1989. “Artículo 2. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera: Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se s eguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975. […]» El artículo 3° de la referida ley creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especia de la Nación, donde se determinó que los recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, así mismo, el

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de fecha 28 de febrero de 2013, proceso 1100 1032500020080006500

(1859-08).Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-002-2015-00372-01 8

artículo 5° le atribuyó al fondo ciertas funciones, dentro de las cuales está el efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. En similar sentido, esto es, el régimen prestacional de los docentes nacionalizados, nacionales y aquellos que se vinculen a partir del 1.º de enero de 1990, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, señaló: «[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: 1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. […]» De manera particular, en lo que atañe a las cesantías, el numeral 3° de este mismo artículo concluyó: (i) que los docentes nacionalizados vinculados has ta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad

concluyó: (i) que los docentes nacionalizados vinculados has ta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de retroactividad y; (ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1.º de enero de 1990 (l o que según la definición contenida en los artículos 1.º y 2.º, corresponde a los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y territoriales), se les aplicarán las disposic iones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, esto es, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses. Por su parte, el artículo 6° de la Ley 60 de 1993, señaló que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales, sin solución de continuidad, y los de las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de 1989. En este sentido, el personal docente que continuaba con vinculación departamental, distrital y municipal sería incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetaría el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial. Por otro lado, el artículo 5º del Decreto 3752 de 2003 se estableció el procedimiento para la afiliación del personal docente al Fomag y en su artículo 1º determinó lo siguiente: Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las

la afiliación del personal docente al Fomag y en su artículo 1º determinó lo siguiente: Artículo 1°.- Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de 2004.

Parágrafo 1°. - La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacion