TA COR - Sentencia 23-001-33-33-002-2018-00438-01 (18-07-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, dieciocho (18) de julio del año dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 23-001-33-33-002-2018-00438-01

Demandante (s): Noris del Carmen Rodríguez Díaz Demandado (s): Departamento de Córdoba Tema: Reconocimiento indemnización sustitutiva Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia proferida el 01 de febrero del 2024 , por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

1.1 Pretensiones. Con la demanda se pretende la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 0491 del 20 de marzo de 2018 expedida por el Departamento de Córdoba mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Asimismo, se pretende la nulidad de la Resolución N° 0575 del 10 de abril de 2018, que confirmó la anterior decisión.

Como restablecimiento del derecho, solicita condenar al Departamento de Córdoba al pago de la

se pretende la nulidad de la Resolución N° 0575 del 10 de abril de 2018, que confirmó la anterior decisión.

Como restablecimiento del derecho, solicita condenar al Departamento de Córdoba al pago de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Además, requiere que las sumas adeud adas sean debidamente indexadas y se reconozcan los intereses correspondientes. Finalmente, solicita que el Departamento de Córdoba asuma el pago de las costas judiciales y agencias en derecho que correspondan. 1.2 Fundamentos fácticos. Se expone que la demandante trabajó para el Departamento de Córdoba en diversos cargos como empleada pública entre 1958 y 1962, en cargos que se encuentran en la planta de personal de la entidad demandada.

Indica que e l 31 de octubre de 2017 presentó una reclamación administrativa solicitando el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de vejez, argumentando que no podía seguir cotizando, que se encontraba retirada del servicio y que cumplía con los requisitos de edad. El Departamento de Córdoba negó la solicitud mediante la Resolución N° 0491 del 20 de marzo de 2018, alegando que la demandante ya era pensionada por la Caja Nacional de Previsión desde el 10 de junio de 1987. Tras interponer un recurso de reposición, la decisión fue confirmada mediante la Resolución N° 0575 del 10 de abril de 2018.

Finalmente, señala que l a Caja Nacional de Previsión otorgó a la demandante una pensión de invalidez sin relación con los tiempos y cotizaciones generados durante su labor como empleada

Finalmente, señala que l a Caja Nacional de Previsión otorgó a la demandante una pensión de invalidez sin relación con los tiempos y cotizaciones generados durante su labor como empleada pública en el Departamento de Córdoba, razón por la que le solicitó a la UGPP la certificación de las cotizaciones que respaldaron esa pensión, a través de oficio de 03 de septiembre de 2018 estableciéndose que estas provenían de otras entidades como Ministerio de Justicia -Dirección General de Prisiones y la pagaduría de la Cárcel Nacional Modelo y no del Departamento de Córdoba.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23-001-33-33-002-2018-00438-01 2

CO-SC5780-99 1.3 Fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de la violación. Se invocan como desconocidas las siguientes disposiciones: artículos 2, 3, 6, 13, 25, 42, 28, 53, 58, 125 y 228 de la Constitución Política; artículo 37 de la ley 100 de 1993 y artículo 4 del Decreto 1748 de 1995.

Como argumentos de la nulidad que pretende señala que la demandante tiene derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez , ya que a la fecha tiene mas de 55 años de edad, laboró para el Departamento de Córdoba entre el mes de enero de 1958 a septiembre de 1962 y se encuentra impedida para seguir cotizando, lo anterior, conforme lo señala la normativa citada, así como sentenci a del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

1958 a septiembre de 1962 y se encuentra impedida para seguir cotizando, lo anterior, conforme lo señala la normativa citada, así como sentenci a del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional.

En igual sentido, indica que la negativa del Departamento de pagar la indemnización sustitutiva genera un enriquecimiento indebido, ya que su pensión de invalidez no depende de las cotizaciones realizadas durante su relación laboral con el Departamento.

2. Contestación de demanda.

La entidad demandada sostuvo que unos hechos no son ciertos y otros que deben probarse ; y frente a las pretensiones , se opuso a la prosperidad de estas y sostiene que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez procede cuando una persona ha cumplido la edad para pensionarse, pero no cumple con las semanas mínimas de cotización exigidas y declara la imposibilidad de seguir cotizando según el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Esta prestación es subsidiaria y solo se reconoce como sustitución de la pensión principal, después de descartar su viabilidad dentro del Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Estipula que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han señalado que este derecho implica la devolución parcial de lo cotizado cuando no se puede obtener la pensión. Además, quien prefiera continuar cotizando para cumplir los requisitos de pensión puede hacerlo, ya que no está obligado a aceptar la indemnización.

Finalmente, indica que no existe obligación de pago de la indemnización sustitutiva, toda vez, que la demandante goza de una pensión de invalidez la cual fue reconocida por la Caja Nacional de Previsión, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

la demandante goza de una pensión de invalidez la cual fue reconocida por la Caja Nacional de Previsión, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.

3. La sentencia apelada.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería profirió sentencia el 01 de febrero del 2024, decidiendo declarar probadas las excepciones de inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido; y en consecuencia negó las pretensiones de la demanda.

Como argumentos indicó que de un lado está demostrado que los aportes con destino a pensión realizados por la señora Noris Del Carmen Rodríguez Díaz no fueron incluidos dentro de los cálculos realizados por la extinta CAJANAL, hoy UGPP, para reconocerle el derecho a la pensión de invalidez. Por ende, es evidente que, efectivamente, los aportes que se hicieron durante la vigencia de la relación laboral con el Departamento de Córdoba no tuvieron ningún destino y permanecen en poder de dicha entidad territorial.

Señala que es evidente que la demandante es beneficiaria de una pensión de invalidez, que viene siendo pagada por la UGPP por sus tiempos servidos a una entidad del orden nacional como lo es el Ministerio de Justicia. En este orden, siendo que la demandante pretende que también se le pague otra asignación proven iente del tesoro público, como es una indemnización sustitutiva de pensión por el servicio prestado a favor del Departamento de Córdoba, se advierte entonces la improcedencia de lo citado al provenir los recursos de esta entidad territorial, del tesoro público.

Así las cosas, considera que la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los

la improcedencia de lo citado al provenir los recursos de esta entidad territorial, del tesoro público.

Así las cosas, considera que la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de vejez a cargo del Departamento de Córdoba.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23-001-33-33-002-2018-00438-01 3

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4. El recurso de apelación.

La parte demanda nte a través de su apoderado recurrió la sentencia de primera instancia , solicitando que se revoque la misma, indicando que la decisión del A quo, se fundamentó en la incompatibilidad de recibir simultáneamente dos asignaciones del tesoro público, dado que la actora ya percibe una pensión de invalidez pagada por la UGPP.

Alega que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, ha establecido que son compatibles las prestaciones económicas de invalidez de origen laboral, con las de vejez, ya que cubren riesgos distintos, son financiadas de manera autónoma y reglamentada de manera distinta. Lo cual se estableció en sentencia de fecha dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas, radicado 25000 23 42 000 2017 06200 01 (0681 -2021), que resolvió el litigio de la compatibilidad entre la indemnización sustitutiva y el reconocimiento pensional.

2017 06200 01 (0681 -2021), que resolvió el litigio de la compatibilidad entre la indemnización sustitutiva y el reconocimiento pensional.

De este modo, señala que al hacer un estudio de la pensión de invalidez reconocida por la Caja Nacional de Previsión a través de la Resolución No. 06707 del 10 de junio de 1987, que hoy paga la UGPP, se tiene que esta se dio por la pérdida de capacidad laboral de un 96%, de origen profesional, por lo tanto, la indemnización sustitutiva de pensión reclamada en esta demanda no es incompatible con la pensión de invalidez de origen laboral que se encuentra pagando la UGPP. es decir, la pensión de invalidez reconocida a la actora Noris del Carmen Rodríguez Díaz, es de origen laboral, no común, razón por la que la incompatibilidad no puede predicarse en este caso.

En igual sentido, indica que tampoco se puede apreciar que en la Resolución N° 06707 de 1987, se establezca que es una pensión de invalidez de origen común, por lo que no es posible que el despacho haya determinado que esa era su origen, así como en el fallo tampoco se desvirtuó o mencionó ese hecho, solo se limitó a concluir que en este caso no prosperaban las pretensiones de la demanda, debido a la prohibición de no recibir doble asignación del tesoro público.

En consecuencia, además, de solicitar que se revoque la sentencia de primera instancia pretende que se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión por parte del Departamento de Córdoba, en aplicación correcta de las normas y precedentes judiciales.

5. Trámite en segunda instancia.

que se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión por parte del Departamento de Córdoba, en aplicación correcta de las normas y precedentes judiciales.

5. Trámite en segunda instancia.

Mediante auto de 19 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en este asunto (folio 1 C.2).

Por su parte, ninguna de las partes, así como tampoco el señor Agente del Ministerio Público presentaron escritos de alegatos.

II. Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia proferida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la entidad recurrente, corresponde a este Tribunal determinar:Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23-001-33-33-002-2018-00438-01 4

CO-SC5780-99 - ¿Si la señora Noris del Carmen Rodríguez Díaz tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez solicitada aun cuando percibe una pensión de invalidez reconocida mediante Resolución N°06707 del 10 de junio de 1987?

de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez solicitada aun cuando percibe una pensión de invalidez reconocida mediante Resolución N°06707 del 10 de junio de 1987?

Resuelto lo anterior, se determinará si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

En ese orden, se procederá a analizar los siguientes aspectos: i) aspectos normativos y jurisprudenciales del derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez , ii) Sobre la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y, iii) solución del caso concreto.

1. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

Del derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez

El articulado de la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral y se dictaron otras disposiciones, dispone en el artículo 37 lo siguiente:

“Artículo 37. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado.”

El artículo en cita fue reglamentado por el Decreto 1730 de 2001, así:

“Artículo 1. - Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización

El artículo en cita fue reglamentado por el Decreto 1730 de 2001, así:

“Artículo 1. - Causación del derecho. Habrá lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando [con posterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones[2]] se presente una de las siguientes situaciones: Que el afiliado se retire del servicio habiendo cumplido con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando; b) Que el afiliado se invalide por riesgo común sin contar con el número de semanas cotizadas exigidas para tener derecho a la pensión de invalidez, conforme al artículo 39 de la Ley 100 de 1993; Ver art. 39 Ley 100 de 1993 c) Que el afiliado fallezca sin haber cumplido con los requisitos necesarios par (sic) que su grupo familiar adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, conforme al artículo 46 de la Ley 100 de 1993; Ver art. 46 Ley 100 de 1993 d) Que el afiliado al sistema general de riesgos profesionales se invalide o muera, con posterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 1295 de 1994, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la cual genere para él o sus beneficiarios pensión de invalidez o sobrevivencia de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto-Ley 1295 de 1994.

NOTA: El texto subrayado fue declaro NULO por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, C.P. William Hernández

de 1994.

NOTA: El texto subrayado fue declaro NULO por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, sentencia del 24 de julio de 2017, Rad. No. 11001 -03-25-000-2010-00279-00(229210).

Artículo 2. - Reconocimiento de la indemnización sustitutiva . Cada Administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida a la que haya cotizado el trabajador, deberá efectuar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, respecto al tiempo cotizado. En caso de que la Administradora a la que se hubieren efectuado las cotizaciones haya sido liquidada, la obligación de reconocer la indemnización sustitutiva corresponde a la entidad que la sustituya en el cumplimiento de la obligación de reconocer las obligaciones pensionales.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23-001-33-33-002-2018-00438-01 5

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En el caso de que las entidades que hayan sido sustituidas en la función de pagar las pensiones por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, Fopep, será ésta la entidad encargada del pago, mientras que su reconocimiento continuará a cargo de la c aja o fondo que reconozca las pensiones. Para determinar el monto de la indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, aún las anteriores a la Ley 100 de 1993”. En relación con liquidación de la indemnización en la misma normatividad se estableció: “Artículo 3º-Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la indemnización se aplicará la siguiente formula:

En relación con liquidación de la indemnización en la misma normatividad se estableció: “Artículo 3º-Cuantía de la indemnización. Para determinar el valor de la indemnización se aplicará la siguiente formula: I = SBC x SC x PPC Donde: SBC: Es el salario base de la liquidación de la cotización semanal promediado de acuerdo con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales cotizó el afiliado a la administradora que va a efectuar el reconocimiento, actualizado anualme nte con base en la variación del IPC según certificación del DANE. SC: Es la suma de las semanas cotizadas a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.

PPC: Es el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales ha cotizado el afiliado para el riesgo de vejez, invalidez o muerte por riesgo común, a la administradora que va a efectuar el reconocimiento.

En el evento de que, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, la administradora que va a efectuar el reconocimiento no manejara separadamente las cotizaciones de los riesgos de vejez, invalidez o muerte por riesgo común de las correspondientes al riesgo de salud, se aplicará la misma proporción existente entre las cotizaciones para el riesgo de vejez de que trata el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993 (10%) y las cotizaciones para el riesgo de salud señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12%), es decir se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización sustitutiva.

señaladas en el artículo 204 de la misma ley (12%), es decir se tomarán como cotizaciones para el riesgo de vejez el equivalente al 45.45% de total de la cotización efectuada y sobre este resultado se calculará la indemnización sustitutiva. A partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se tomará en cuenta el porcentaje de cotización establecido en el inciso primero del artículo 20 de la Ley 100 de 1993”. De las mentadas normas, se concluye que el reconocimiento de la indemnización referida en el régimen de prima media con prestación definida se da en tres situaciones: i) como sustitutiva de la pensión de vejez o, ii) de la pensión de invalidez o, iii) de la pensión de sobrevivientes de la Ley 100 de 1993, y en el artículo 1o se exigió que los eventos antes mencionados deben ocurrir con posterioridad a la vigencia del sistema general de pensiones, sin embargo, dicha exigencia, fue declarada nula por el Consejo de Estado a través de sentencia de 14 de abril de 2005. Así entonces, el Consejo de Estado1 respecto a la indemnización referida concluyó: “De lo anterior se colige, que la indemnización sustitutiva está dirigida a compensar o restituir el capital aportado en los términos dispuestos por la ley, o recuperar los aportes efectuados durante el período laboral, ante la imposibilidad de obtener la pensión[1]. (…) De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales citados anteriormente, es claro para esta Subsección que la indemnización sustitutiva es procedente cuando el cotizante ha cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, sin

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales citados anteriormente, es claro para esta Subsección que la indemnización sustitutiva es procedente cuando el cotizante ha cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, sin alcanzar el mínimo de semanas exigidas para acceder a pensión y manifiesta su imposibilidad de seguir cotizando, toda vez que dicha indemnización tiene como finalidad otorgar protección a las personas que no hayan cumplido con los requi sitos establecidos por la ley -edad, capital o tiempopara adquirir el estatus de pensionado, a fin de que puedan acceder a la devolución de dineros aportados al sistema[2].”

1 Sentencia de 01 de julio de 2021 – expediente 25000-23-42-000-2015-02149-01(2544-17)Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23-001-33-33-002-2018-00438-01 6

CO-SC5780-99 - Sobre la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez Al respecto el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001 sobre la indemnización sustitutiva señala que la misma es incompatible con el pago de una pensión de invalidez, preceptuando: “Artículo 6.º Incompatibilidad. Salvo lo previsto en el artículo 53 del Decreto 1295 de 1994, las indemnizaciones sustitutivas de vejez y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez. Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto”.

las pensiones de vejez y de invalidez. Las cotizaciones consideradas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podrán volver a ser tenidas en cuenta para ningún otro efecto”. En armonía con la anterior disposición, tanto la Corte Constitucional 2 como el Consejo de Estado3 han expresado que la indemnización tiene un carácter subsidiario o residual respecto a la pensión de vejez y, en consecuencia, está sujeta a la incompatibilidad señalada en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, según la cual ningún afiliado puede recibir simultáneamente rentas que cubran los riesgos de vejez e invalidez; sin embargo, precisó lo siguiente: “La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez tiene como finalidad «garantizar los derechos irrenunciables a la vida, a la integridad física, al trabajo, a la igualdad y evitar que el sujeto tenga que seguir trabajando hasta cumplir con el tiempo mí nimo de cotización exigido para alcanzar dicha prestación. No obstante, es importante señalar que la persona que se encuentra en dicha situación tiene la posibilidad de seguir cotizando hasta cumplir los requisitos, por ejemplo, el número de semanas en cua lquier momento, dado el carácter de imprescriptibilidad de esta prestación». Además, «aun cuando la indemnización sustitutiva es incompatible con la pensión de vejez, su reconocimiento no impide el eventual acceso a disfrutar de una prestación de jubilación, bajo la condición de devolución de lo ya recibido por dicha indemnización ». Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado ha señalado que entre la pensión de invalidez y la indemnización sustitutiva no existe incompatibilidad en el evento de que la primera haya sido reconocida por enfermedad de origen laboral, en tanto, se trata d e distintas fuentes de

Adicional a lo anterior, el Consejo de Estado ha señalado que entre la pensión de invalidez y la indemnización sustitutiva no existe incompatibilidad en el evento de que la primera haya sido reconocida por enfermedad de origen laboral, en tanto, se trata d e distintas fuentes de financiación, tesis corroborada por la Corte Suprema de Justicia, al respecto se indicó: “De esta manera se advierte que si bien las pensiones de invalidez de origen común y vejez son incompatibles entre sí por virtud de lo dispuesto en los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 13, literal j) de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que aquella qu e se reconoce por una invalidez derivada de una enfermedad de origen laboral puede concurrir con la de vejez, toda vez que los recursos con que se financian dichas prestaciones tienen fuente independiente, puesto que el trabajador o el afiliado cotiza para cada riesgo por separado. En tal sentido, considerar que la pensión que recibe por la administradora de riesgos laborales es incompatible con la que reclama por vejez, implica un enriquecimiento sin causa de la entidad de previsión que recibió cotizacione s para la jubilación y que no corresponden a aquellas que hizo el interesado por un eventual accidente de trabajo. Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 4 recientemente recordó que el criterio de esa corporación 5 es que las pensiones de invalidez de origen laboral y de jubilación o vejez son compatibles, puesto que cubren riesgos distintos, tienen fuentes de financiación autónomas y una reglamentación distinta. Al efecto señaló lo siguiente: En el caso de las pensiones de invalidez de origen laboral y de vejez es claro que tienen

financiación autónomas y una reglamentación distinta. Al efecto señaló lo siguiente: En el caso de las pensiones de invalidez de origen laboral y de vejez es claro que tienen fuentes de financiación independientes, también es diáfano que protegen contingencias bien distintas. En efecto, la pensión de invalidez de origen laboral cubre el riesgo derivado del trabajo,

2 Sentencia T-455 de 2023 3 Reiteración sentencia Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso-Administrativo -Sección Segunda, Subsección A Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho Radicación: 76001-23-33-000-2019-00776-01 (2574-2023) 4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 25 de agosto de 2021 SL3869-2021, radicación 55978, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. 5 «Desde la sentencia CSJ SL, 1.º dic. 2009, rad. 33558, reiterada en CSJ SL153-2014, CSJ SL9282-2014, CSJ SL10250-2014, CSJ SL17433-2014, CSJ SL17447-2014, CSJ SL 2096-2015, CSJ SL12155 de 2015, CSJ SL18072-2016, CSJ SL1764-2018, CSJ SL1244-2019, entre otras».Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23-001-33-33-002-2018-00438-01 7

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Radicación Expediente No. 23-001-33-33-002-2018-00438-01 7

CO-SC5780-99 cuando una persona en razón de las condiciones o el ambiente en el que labora o por circunstancias relacionadas con este, sufre una enfermedad o enfrenta un accidente de trabajo que afecta su desempeño en determinado oficio. Por tanto, es una cobertura propia del trabajo, para cuyo aseguramiento los empleadores, mediante la afiliación y el pago de una prima o cotización, trasladan el riesgo al sistema, a fin de que este otorgue las prestaciones asistenciales y económicas previstas en la legislación. La pensión de vejez es el reconocimiento que el sistema previsional hace a una persona que prestó su fuerza laboral durante muchos años y que tiene como finalidad garantizar la seguridad económica del trabajador, sustituyendo sus ingresos laborales por una prestación a cargo del sistema. La Corte Constitucional la ha definido como «un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo, por lo que el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el s imple reintegro que del ahorro constante durante largos años es debido al trabajador» (C -546-1992). […]En cuanto a que el artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 prohíbe devengar simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez, precisa la Sala que dicha regla tiene aplicabilidad en el marco del sistema general de pensiones. Nótese que el artículo que incorpora ese enunciado define las características del sistema general de pensiones, de manera que lo que allí se prohíbe es que una persona devengue al mismo tiempo una

aplicabilidad en el marco del sistema general de pensiones. Nótese que el artículo que incorpora ese enunciado define las características del sistema general de pensiones, de manera que lo que allí se prohíbe es que una persona devengue al mismo tiempo una pensión de invalidez de origen común y una de vejez, lo que en modo alguno significa que una persona inválida no puede trabajar, como lo afirma Positiva S.A. en su recurso. Nada impide que un pensionado por invalidez de origen común se reincorpore al mundo laboral y realice aportes con la pr etensión de reemplazar su prestación por una de vejez que le brinde mejor bienestar y más calidad de vida. Por otro lado, no es razonable entender que la regla del artículo 13, literal j) de la Ley 100 de 1993 es omnicomprensiva de las pensiones de invalidez de origen común y laboral, puesto que, a diferencia de la primera, la segunda cuenta con una fuente de financiación autónoma, derivada de un esquema típico de seguros , en el cual el tomador -empleadorpaga una prima o cotización a una aseguradora -ARL hoy ARP-, la cual debe responder por las prestaciones asistenciales y económicas en caso de verificarse un siniestro -accidente o enfermedad laboral -. Lo anterior descarta cualquier afectación a la sostenibilidad financiera del sistema. [Resalta la Sala]. Corolario de lo expuesto, y en consideración a que la prestación reclamada no es incompatible con la indemnización sustitutiva siempre que haya devolución de los dineros reconoci