TA COR - Sentencia 23-001-33-33-003-2024-00100-02 (31-10-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control: Nulidad Simple Radicación: 23-001-33-33-003-2024-00100-02

Demandante: Devier Acosta Pimienta

Demandado: Municipio de Montería-Concejo Municipal Coadyuvante: Miguel Andrés Paternina Urzola Tema: Nulidad de acuerdo que autoriza al alcalde para celebrar contratos Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 10 de febrero de 2025 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

1.1. Pretensiones.

Solicita la nulidad del acuerdo No. 004 del 1 de febrero de 2024 expedido por el concejo municipal de Montería y se ordene la suspensión inmediata y transitoria de todos los efectos derivados del acto, en general de las autorizaciones que otorga.

1.2. Fundamentos fácticos.

El demandante relata que el 1 de febrero de 2024 el alcalde municipal de Montería sancionó el acuerdo municipal No. 004, por medio del cual se le autoriza para realizar cesión a título

1.2. Fundamentos fácticos.

El demandante relata que el 1 de febrero de 2024 el alcalde municipal de Montería sancionó el acuerdo municipal No. 004, por medio del cual se le autoriza para realizar cesión a título gratuito de bienes fiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 780 de 2001, modificado por el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 y aquellas normas que en adelante lo modifiquen, adiciones, complementen o reglamenten.

Sostiene que los artículos del acuerdo vulneran el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política en su parte temporal y sustancial y el numeral 10 del artículo 150 ibidem, por cuanto no señaló de manera precisa donde se encuentran ubicados los bienes inmuebles fiscales de propiedad del municipio que pretende ceder a título gratui to ni tampoco el número de matrícula inmobiliaria, dimensiones linderos y demás características, ni cuáles son los bienes de esa misma naturaleza de propiedad de las entidades públicas del orden nacional y demás entidades que el municipio recibirá e incorporará a su inventario. Tampoco se precisa que actos administrativos se van a expedir, cuáles escrituras públicas se van a firmar tendientes a la incorporación, desenglobe, subdivisión y/o loteo de los predios.

Por otra parte, considera que, con el artículo cuarto del mencionado acuerdo, el concejo y la administración municipal convierten una facultad temporal en permanente al llevar hasta el límite final del periodo del concejo y del alcalde que empieza el 1 de enero de 2024 y finaliza y 31 de diciembre de 2027.

1. Contestación de la demanda.

el límite final del periodo del concejo y del alcalde que empieza el 1 de enero de 2024 y finaliza y 31 de diciembre de 2027.

1. Contestación de la demanda.

2.1. Municipio de Montería. Se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que lo que consagra el artículo primero es una autorización al alcalde municipal para cederMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-003-2024-00100-02 2

a título gratuito bienes inmuebles fiscales de su propiedad. En consecuencia, al implicar tal acto un desprendimiento del derecho de dominio para la entidad territorial, ésta solicitó la autorización a la corporación pública, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7 del artículo 92 del Decreto 1333 de 1986 y en el numeral 3 del artículo 313 Superior. La finalidad de tal autorización es de estirpe constitucional, toda vez que la cesión a título gratuito de bienes fiscales se hace en cumplimiento del deber superior de garantizar a familias y/o personas de escasos recursos una vivienda digna, en desarrollo de la función social de la propiedad que deben tener los bienes fiscales, y las condiciones para que la igualdad de grupos marginados sea real y efectiva.

Respecto de la interpretación de los numerales 3 del artículo 313 de la Constitución Política y 7 del artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 1986 de cara a las autorizaciones contenidas en el acuerdo señaló que no constituyen funciones propias del con cejo, sino trámites previos necesarios para que el alcalde pueda ejercer como jefe de la administración local ciertas competencias específicas. Precisó que el los Alcaldes no requieren ser autorizados

en el acuerdo señaló que no constituyen funciones propias del con cejo, sino trámites previos necesarios para que el alcalde pueda ejercer como jefe de la administración local ciertas competencias específicas. Precisó que el los Alcaldes no requieren ser autorizados para ejercer la facultad general para contratar y solo requieren ser autorizados para celebrar cierto tipo de contratos, los señalados en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, a saber, contratos de empréstitos, contratos que comprometan vigencias futuras, de enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes y concesiones, casos estos en los que se requiere es una autorización previa a la celebración del contrato, por parte de la corporación edilicia, pero eso no significa que la competencia para celebrar contratos de concesión, enajenación o empréstitos , sea una función del Concejo y que entonces la Corporación Pública se pueda desprender de ella.

Señaló que en el caso particular, las autorizacion es otorgadas al alcalde sí son precisas, toda vez que no existe ambigüedad sobre su contenido ni sobre los fines que la administración persigue pues se refieren a acciones concretas como ceder gratuitamente bienes inmuebles fiscales, recibir la transferenc ia de dominio de bienes fiscales entre entidades públicas y realizar los trámites administrativos necesarios para ejecutar dichos actos, delimitándose el marco normativo aplicable, por lo que, el hecho que no se identifiquen individualmente los bienes a transferir no la hace imprecisa. Aunado a ello, se establece un límite temporal hasta el 31 de diciembre de 2027, el cual, no contraviene

identifiquen individualmente los bienes a transferir no la hace imprecisa. Aunado a ello, se establece un límite temporal hasta el 31 de diciembre de 2027, el cual, no contraviene ninguna norma o prohibición legal.

2.2. Concejo Municipal de Montería. No contestó la demanda.

1. La sentencia apelada.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería profirió sentencia de primera instancia el día 10 de febrero de 2025, en la cual resolvió declarar la nulidad del acuerdo 004 de 1 de febrero de 2024, transcurridos seis (6) meses posteriores a su sanción y publicación. El A quo argumentó que, de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política y del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, es claro que la autorización que otorga los Concejos Municipales para celebrar contratos no resulta necesaria en todos los casos, sino en aquellos casos que la ley señale, o cuando el propio reglamento del respectivo Concejo así lo señale, delegación que en todo caso debe ser precisa y pr o tempore. Indicó que en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, se encuentran previstos los contratos que para su celebración por parte del alcalde municipal requieren de la previa autorización por parte del Concejo Municipal, los que en todo caso , como lo contempla la norma, solo pueden otorgarse de manera temporal, tales como los de empréstito, contratos que comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones y las demás que determine

comprometan vigencias futuras, enajenación y compraventa de bienes inmuebles, enajenación de activos, acciones y cuotas partes, concesiones y las demás que determine la ley. Siendo sin duda esa facultad de autorización para contratar una función propia de los Concejos Municipales y por ende sometida a la temporalidad que la norma contempla.

Ahora, en lo que a la facultad pr o tempore se refiere el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Nacional, el Consejo de Estado, ha considerado que aquel es de tipoMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-003-2024-00100-02 3

restrictivo, y que atiende el término previsto en el numeral 10 del artículo 150 de constitucional, que de forma análoga autoriza al gob ierno nacional para ejercer funciones propias del Congreso de la República. Por otra parte, en lo que respecta al alcance de las “precisas funciones” de las que trata el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional en la sentencia C-738 de 11 de julio de 2001 se evidencia que las “precisas funciones” de las que habla la norma se refieren a las reglas, si bien específicas, no lo son frente a aspectos puntuales de la contratación misma, competencia legal y constitucionalmente atribuida a los alcaldes municipales.

Conforme a lo expuesto, concluye i) es función de los Concejos Municipales autorizar al alcalde municipal para contratar en los casos que la ley o el propio reglamento interno del cabildo así lo señale. ii) tal del egación debe realizarse de forma temporal, so pena de desnaturalizar la distribución de funciones previstas en el ordenamiento jurídico entre

alcalde municipal para contratar en los casos que la ley o el propio reglamento interno del cabildo así lo señale. ii) tal del egación debe realizarse de forma temporal, so pena de desnaturalizar la distribución de funciones previstas en el ordenamiento jurídico entre dichas corporaciones y los alcaldes municipales. iii) al estar legal y constitucionalmente el alcalde municipal pa ra contratar, no son aquellos aspectos propios de la actividad contractual, materia de reglamentación por los Concejos Municipales.

En el caso concreto, v isto el acuerdo municipal, es claro que la enajenación y/o compraventa de bienes inmuebles de las que hablan los artículos 1° y 2° del acuerdo municipal son tipos de contratos que, por disposición legal, no puede efectuar el alcalde municipal sin la previa autorización del Concejo Municipal, acuerdos que además reglamentan de manera precisa las caracterís ticas generales de tales bienes inmuebles, tanto los que se entregan a título gratuito como aquellos que han de incorporarse dentro del inventario de propiedad del municipio. Pese a ello, en uno y otro caso, esto es, respecto a los bienes inmuebles a enaje nar a título gratuito, como aquellos a incorporar a sus inventarios, se duele la parte demandante de que no se precise donde se encuentran ubicado, que no se señalen los números de matrícula inmobiliaria, como tampoco se indiquen las dimensiones, linderos y demás características de los bienes inmuebles en cada uno de esos eventos. En ese contexto y de cara a las normas y a los precedentes judiciales, es claro que los aspectos a los que se refiere la parte demandante tienen relación directa con la actividad contractual propiamente dicha, la cual se encuentra en cabeza por disposición legal y constitucional en cabeza del alcalde municipal, y no en los Concejos

es claro que los aspectos a los que se refiere la parte demandante tienen relación directa con la actividad contractual propiamente dicha, la cual se encuentra en cabeza por disposición legal y constitucional en cabeza del alcalde municipal, y no en los Concejos Municipales.

Cosa distinta ocurre, con el plazo otorgado por parte de ese cuerpo colegiado al alcalde municipal, pues de conformidad con la constitución nacional y la ley, así como el entender de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, al formar parte la autorización para celebración de este tipo de cont ratos - Enajenación y compraventa de bienes inmuebles funciones propias de los Concejos Municipales, solo pueden conferirse de manera pr o tempore, de ahí que al haberse autorizado al alcalde municipal para que ejerciera a partir del 1° de abril de 2024, hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, por casi todo su periodo constitucional, sin duda desconoce la temporalidad de la autorización otorgada, tal y como lo prevé el canon constitucional. En ese contexto, al no prever la norma municipal un término propio, para tales autorizaciones y ante plazo en exceso otorgado por parte del Concejo Municipal, se tiene como ese plazo p ro tempore el previsto en el artículo 150, numeral 10 de la constitución nacional, por lo que si bien hay lugar a declarar la nulidad d el Acuerdo nro. 004 del 1° de febrero de 2024; ello solo ocurrió a partir de transcurridos seis (6) meses posteriores a su sanción y publicación, por las razones dichas en esta providencia. Lo dicho resulta suficiente para tener por no probada la excepción de “inexistencia de vulneración de normas superiores – excepción de legalidad”, interpuesta por el Municipio de Montería.

posteriores a su sanción y publicación, por las razones dichas en esta providencia. Lo dicho resulta suficiente para tener por no probada la excepción de “inexistencia de vulneración de normas superiores – excepción de legalidad”, interpuesta por el Municipio de Montería. 4) El recurso de apelación. El municipio de Montería interpuso recurso de apelación contra la sentencia argumentando que el juez de primera instancia no se pronunció sobre los argumentos de defensa relacionados con la interpretación hecha en la sentencia de 18 de abril de 2024 de la sección primera del Consejo de Estado, proceso con radicado 15 -001-23-31-001-201001537-01, sobre los numerales 3 del artículo 313 de la Constitución Política y 7 del artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 1986, respecto de las autorizaciones que los concejos confieren a los Alcaldes, argumento fundamental de cara a la exigencia de la temporalidad que seMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-003-2024-00100-02 4

exige solo respecto de las “precisas funciones de las que corresponden al Concejo” y los expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C -036 de 2023 también relacionados con el alcance del concepto autorización que las Corporaci ones Públicas conceden a los Concejos, término que es distinto al acto de delegación . Razón por la que considera se configura el vicio procesal de incongruencia, lo que implica el quebrantamiento del debido proceso del cual es titular el municipio, pues la sentencia así emitida es contraria a las formas propias de cada juicio. Es evidente se está frente a un fallo “citra petita” pues el a

proceso del cual es titular el municipio, pues la sentencia así emitida es contraria a las formas propias de cada juicio. Es evidente se está frente a un fallo “citra petita” pues el a quo no se pronunció o resolvió sobre los hechos y argumentos aducidos por ambos extremos del litigio en las oportunidades que la ley procesal les otorgó para el efecto, sino que mantuvo y analizó solo el argumento de una de las partes de la litis (la actora), guardando silencio sobre las explicaciones de esta defensa.

Por otra parte, con relación a las facultades pro tempore, que es en últimas el tema central al que se ha circunscrito el debate señaló que existen unas autorizaciones para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes municipales (estas son las que para efectos de este proceso interesan) aluden a funciones que se encuentran en cabeza del Alcalde municipal como jefe de la administración local, representante legal del municipio y director de la acción administrativa en su territorio (artículos 314 y numeral 3 del 315 Constitucional. También existen unas autorizaciones que versan sobre funciones propias de los concejos, son las que éstos pueden trasladar por un tiempo determinado y por una materia específica a los alcaldes, un ejemplo lo constituyen la determinación de la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, que son una prerrogativa exclusiva del Concejo. Estas últimas facultades, son las que la jurisprudencia ha denominado las facultades extraordinarias al alcalde por el Concejo y son de las que se predica que sean pro tempore y precisas; pero la exigencia de la temporalidad y precisión no las requiere el constituyente o legislador respecto de aquellas que se encuentran en

ha denominado las facultades extraordinarias al alcalde por el Concejo y son de las que se predica que sean pro tempore y precisas; pero la exigencia de la temporalidad y precisión no las requiere el constituyente o legislador respecto de aquellas que se encuentran en cabeza del alcalde y que requieren dada su importancia de un acto de autorización del Concejo como son las funciones de enajenar bienes inmuebles. Así pues se trata de una evolución hermenéutica que sobre los numerales 3 del artículo 313 de la Constitución Política y 7 del artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 1986 ha establecido el Consejo de Estado en reciente sentencia, interpretación que se acompasa con los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, pues esta última ha decantado la diferencia entre el acto de autorización y la delegación de funciones de las corporaciones públicas a los jefes del ejecutivo en el nivel territorial, aspecto que se abordará en el siguiente acápite.

Para el caso concreto se tiene de la lectura del Acuerdo acusado que las autorizaciones otorgadas por el Concejo municipal de Montería al alcalde en el Acuerdo 004 de 2024, encuadran dentro de lo prescrito en la primera parte del numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política y del numeral 7 del artículo 92 del Decreto Ley 1333 de 1986, es decir que son funciones propias de los Alcaldes pero que requieren para materializarlas un trámite administrativo previo ante el Concejo: El acto de autorización. No encuadran estas autorizaciones, como lo consideró el a quo, dentro de la categoría de funciones propias del Concejo Municipal, toda vez que no es atribución del Concejo celebrar contratos en nombre

trámite administrativo previo ante el Concejo: El acto de autorización. No encuadran estas autorizaciones, como lo consideró el a quo, dentro de la categoría de funciones propias del Concejo Municipal, toda vez que no es atribución del Concejo celebrar contratos en nombre del ente territorial y enajenar, a título gratuito u oneroso, bienes municipales, pues estas son funciones de la primera autor idad municipal, como jefe de la administración local, representante legal del municipio y director de la acción administrativa del municipio (artículos 314 y numeral 3 del 315 Constitucional).

De cara al caso concreto, se itera, pese a que no existe la e xigencia constitucional o legal de la temporalidad respecto de la autorización para enajenar bienes, el artículo cuarto del Acuerdo 004 de 2024 concedió las facultades estableciendo un plazo, hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir sin superar el actual periodo de gobierno y ello obedece a razones de eficiencia administrativa, en la medida en que la cesión gratuita de inmuebles fiscales que ha proyectado la actual administración se estima en 2.562 de acuerdo a los indicadores del Plan de Desarrollo Municipal “Una Sola Montería” 2024-2028 (Programa 17: Acceso a Soluciones de Vivienda, del Sector de vivienda, ciudad y territorio contenido en los Programas del Eje 2 Circuito para la Equidad).

Por su parte, el Concejo Municipal del Montería interpuso recurso de ape lación argumentando que, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba alMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-003-2024-00100-02 5

argumentando que, la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba alMedio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-003-2024-00100-02 5

resolver la apelación del auto que concedió la medida cautelar solicitada por la parte demandante dentro de este mismo proceso, r evocó tal decisión con base en que al ser la enajenación de bienes una competencia a nivel territorial propia de los gobernadores y alcaldes, el límite temporal de 6 meses establecido en el numeral 10 del artículo 152 de la Carta Política, no resulta aplicable al caso objeto de estu dio, pues no se dio una transferencia de una función propia del Concejo de Montería al alcalde de dicho municipio, sino que está ejercitando una propia que requiere autorización del concejo municipal.

En consecuencia, tanto la decisión de conceder la medi da cautelar, como el decreto de nulidad del acuerdo demandado, al estar motivadas bajo el mismo ropaje jurídico (ausencia de límite temporal de la autorización otorgada), merecen el mismo reproche y por ende idéntica solución jurídica, es decir, su revocat oria por parte del superior. De manera concreta y específica, el sustento de este recurso consiste en resaltar la confusión que el juzgador A quo cometió al asimilar las figuras de la autorización y la delegación de funciones, las dos, parte de las funciones del concejo municipal, pero con una naturaleza diametralmente diferentes en cuanto a su contenido y alcances. Vale decir que, cuando se refiere a las autorizaciones que le corresponde otorgar el concejo al mandatario local, se está frente a un ejercicio discrecional en el cual no existe un despojo de las funciones

diametralmente diferentes en cuanto a su contenido y alcances. Vale decir que, cuando se refiere a las autorizaciones que le corresponde otorgar el concejo al mandatario local, se está frente a un ejercicio discrecional en el cual no existe un despojo de las funciones propias de la corporación, sino una forma de controlar y supervisar una atribución que por Ley le compete al alcalde; mientras que la delegación implica un desprendimiento de una facultad propia del cabildo que, para impedir su desnaturalización, necesariamente requiere un límite temporal preciso. Dentro del presente expediente se encue ntra suficientemente demostrado que, la cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bienes fiscales, en los términos de la Ley 708 de 2001, es una función que le compete al alcalde y no al concejo, por lo tanto, la única conclusión posible respecto a su forma de ser autorizada es la ausencia de necesidad de un límite temporal.

1. Trámite en segunda instancia.

El recurso de apelación presentado por la parte demandada fue admitido mediante auto de fecha 27 de mayo de 2025.

La parte demandante, demandada y el agente del Ministerio Público, guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones del Tribunal

a) La competencia.

El Tribunal es competente para conocer el asunto, por tratarse de la apelación de una sentencia emitida en primera instancia por un juez administrativo del circuito judicial de Montería, en los términos del artículo 153 del CPACA.

De igual manera, se advi erte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

De igual manera, se advi erte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso y al motivo de inconformidad de la parte recurrente, corresponde a este Tribunal resolver:

• Si hay lugar a declarar la nulidad del Acuerdo No. 004 de 2024 proferido por el Concejo Municipal de Montería, por conferir facultades pro tempore al alcalde municipal, excediendo el término de 6 meses previsto en el numeral 10 del artículo 152 de la Constitución Política.

Resuelto lo anterior, corresponde determinar si hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia.Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-003-2024-00100-02 6

Así las cosas , para dar respuesta a los problemas jurídicos planteados se procederá a analizar los siguientes puntos : i) del límite temporal para otorgar autorizaciones a los alcaldes para contratar, enajenar bienes fiscales y ejercer pro tempore funciones que les corresponden a los concejos municipales.

1. Del límite temporal para otorgar autorizaciones a los alcaldes para contratar, enajenar bienes fiscales y ejercer pro tempore funciones que les corresponden a los concejos municipales.

El artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política establece:

“Artículo 313. Corresponde a los concejos:

(…)

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

“Artículo 313. Corresponde a los concejos:

(…)

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

(…)”

El artículo 315 de la Constitución Política en su numeral 3 señala que es atribución del alcalde, “Dirigir la acción adminis trativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo” y en su numeral 9 señala “Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto …”

Por su parte, el Decreto 1333 de 1986 “ por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”, en su artículo 92 señala:

Artículo 92. Son atribuciones de los Concejos, que ejercerán conforme a la ley, las siguientes:

1º Ordenar por medio de acuerdos, lo conveniente para la administración del Distrito;

2º Votar, en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas, las contribuciones y gastos locales;

3º Determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos;

4º Crear, a iniciativa del alcalde, los establecimientos públicos, sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las normas que determine la ley;

5º Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio, con base en el proyecto presentado por el alcalde;

6º Elegir Personeros y Contralores Municipales cuando las normas vigentes lo autoricen, y los demás funcionarios que la ley determine;

proyecto presentado por el alcalde;

6º Elegir Personeros y Contralores Municipales cuando las normas vigentes lo autoricen, y los demás funcionarios que la ley determine;

7º Autorizar al alcalde para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes municipales y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a los Concejos, y

8º Ejercer las demás funciones que la ley le señale. (Artículo 197 de la Constitución Política).

Por su parte, la Ley 80 de 1993 en su artículo 11 establece lo siguiente:

“ARTICULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O

CONCURSOS Y PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades

estatales a que se refiere el artículo 2o.:

(…) 3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente nro. 23-001-33-33-003-2024-00100-02 7

(…) b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralo res departamentales, distritales y municipales, y los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regu len la organización y el funcionamiento de dichas entidades. (…)”

A su turno, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 señala:

funcionamiento de dichas entidades. (…)”

A su turno, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 señala:

“Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. (…)

3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere autorización previa del Concejo. (…) Parágrafo 4°. De conformidad con el numeral 3 0 del artículo 313 de la Constitución Política, el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde

para contratar en los siguientes casos:

1. Contratación de empréstitos.

2. Contratos que comprometan vigencias futuras.

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles.

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes.

5. Concesiones.

6. Las demás que determine la ley.”

Por su parte, la Ley 708 de 2001 “por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio Familiar para vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones” , en su artículo 14 modificado por el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019 dispuso:

“Artículo 14. Cesión a título gratuito o enajenación de dominio de bie nes fiscales. Las entidades públicas podrán transferir mediante ce sión a título gratuito la propiedad de los bienes inmuebles fiscales o la porción de ellos, ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica habitacional, siempr e y cuando la

entidades públicas podrán transferir mediante ce sión a título gratuito la propiedad de los bienes inmuebles fiscales o la porción de ellos, ocupados ilegalmente con mejoras y/o construcciones de destinación económica habitacional, siempr e y cuando la ocupación ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condicio nes para ser beneficiario del subsidio de vivienda de interés social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con mínimo diez (10) años de anterioridad al inicio de l procedimiento administrativo. La cesión gra tuita se efectuará mediante resolución administrativa, la cual constituirá título de dominio y una vez inscrit