TA COR - Sentencia 23-001-33-33-007-2025-00072-02 (15-07-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, quince (15) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Tutela Radicación: 23-001-33-33-007-2025-00072-02

Accionante: José Jacob Ortiz Morales

Accionados: Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

(DIJIN) – Grupo de Análisis y Administración de Información Criminal de la Policía Nacional – Seccional SIJIN Cartagena Vinculado: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar Tema: Protección de l derecho fundamental al debido proceso, a la propiedad privada, al trabajo y a la movilidad.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

La Sala Procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 28 de mayo de 2025 emitido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante el cual se declaró improcedente el amparo constitucional de los derechos fundamentales invocados como vulnerados.

I. Antecedentes

1. La solicitud de tutela.

1.1. Hechos.

La parte actora relata que Transbox es una empresa privada dedicada al transporte de mercancía y logística, que el 16 de mayo de 2023 adquirió de manera legal el vehículo con placas SWP351 el cual pertenecía a la Sociedad Equipamientos del Cesar LTDA, quien lo obtuvo a través de un contrato de leasing con Bancolombia S.A, indica que el traspaso se

placas SWP351 el cual pertenecía a la Sociedad Equipamientos del Cesar LTDA, quien lo obtuvo a través de un contrato de leasing con Bancolombia S.A, indica que el traspaso se realizó conforme a las normas vigentes, cumpliendo con todas las formalidades exigidas por las autoridades de tránsito y registrando debidamente la transacción en la oficina competente, en virtud de ello, Transbox obtuvo la tarjeta de propiedad del vehículo sin que existiera en su momento ninguna medida cautelar o restricción que impidiera el uso del vehículo.

Dentro de los hechos relata que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar mediante auto de fecha 9 de mayo de 2017 dio por terminado el proceso ejecutivo que había iniciado Bancolombia contra Equipamientos del Cesar LTDA , bajo el radicado No. 20001310300320130018500, ordenando así la cancelación de tod as las medidas cautelares impuestas al vehículo con placas SWP351 , en razón al pago total de la obligación.

Alega que el día 21 de octubre de 2024 el vehículo en cuestión fue retenido de forma ilegal por agentes de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN) de Cartagena, con fundamento en que en la base de datos de la entidad se encontraba registrada una orden de inmovilización, a pesar de que el vehículo no tenía medidas cautelares vigentes. Expresa que ha presentado derechos de petición ante las entidades accionadas y ante los Juzgados de Valledupar y Cartagena , los cuales certificaron que no existía proceso vigente que implicará la retención del vehículo, además señala que el Juzgado de Cartagena aclaró que el proceso que se encontraba registrado en la SIJIN correspondía al vehíc ulo con placas

implicará la retención del vehículo, además señala que el Juzgado de Cartagena aclaró que el proceso que se encontraba registrado en la SIJIN correspondía al vehíc ulo con placas similares SPW351 más no el SWP351.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00072-02.

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Añade que a pesar de la inexistencia de medidas cautelares y de los múltiples requerimientos de corrección ante la SIJIN el error en la base de datos de esa entidad persiste, generando un grave perjuicio a los derechos de Transbox y afectado su propiedad, la libre disposición y movilidad, además de desconocer el principio de legalidad y seguridad jurídica, esta situación le ha generado al accionante una pérdida económica y una constante exposición a la detención del vehículo cada vez que este transita. Indica que la SIJIN en respuesta a los derechos de petición ha sostenido que su función únicamente es la de almacenar informació n que recibe de los juzgados y que carece de competencia para modificar los datos del sistema, para el actor tal respuesta es evasiva ya que traslada de manera injustificada su responsabilidad a otras entidades , cuando es la SIJIN quien tiene la obligación de actualizar sus registros con base en los pronunciamientos judiciales.

Finalmente, señala que la SIJIN al no realizar la corrección o actualización de sus bases de datos desconoce la terminación del proceso judicial , el cual en su momento impuso una medida cautelar sobre el vehículo, pero la misma fue levantada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar , esto mediante auto de fecha 9 de mayo de 2017, así mismo, alega que la orden de retención se debe a un error administrativo en las bases de datos de

del Circuito de Valledupar , esto mediante auto de fecha 9 de mayo de 2017, así mismo, alega que la orden de retención se debe a un error administrativo en las bases de datos de la SIJIN.

1.2. Peticiones.

Conforme a los hechos expuestos, el accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y se ordene a la Dirección de Investigación Criminar e Interpol (DIJIN) y a la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN) de Cartagena que eliminen de sus bases de datos la restricción de retención sobre el vehículo con placas No. SWP351, así mis mo, que se oficie a todas las autoridades de tránsito del país para que las mismas indiquen que el vehículo en cuestión no tiene ningún requerimiento judicial vigente y que se adopten las medidas necesarias para evitar que errores de transcripción en las bases de datos de la SIJIN afecten la seguridad jurídica de los ciudadanos y empresas.

1.3. Derechos fundamentales invocados como vulnerados.

La parte accionante invoca como vulnerados los der echos fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada, al trabajo y a la libre movilidad.

1.4 Informe rendido por la entidad accionada.

1.4.1 Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL – Seccional de Investigación Criminal SIJIN MEVAP1

En su respuesta señala que de conformidad con el artículo 2 del Decreto 233 de 2012 la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL t iene como funciones las de organizar, actualizar y conservar los registros delictivos nacionales, esto de acuerdo con los informes, reportes o avisos que son remitidos por las autoridades judiciales competentes, indicó que la

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL t iene como funciones las de organizar, actualizar y conservar los registros delictivos nacionales, esto de acuerdo con los informes, reportes o avisos que son remitidos por las autoridades judiciales competentes, indicó que la Policía Nacional por medio de dichas entidades funge como depositaria de información penal y que no cuenta con la facultad de actualizar, cancelar o modificar la base de dat os sistematizada de antecedentes penales sin orden de una autoridad judicial, haciéndose indispensable para la realización de actualizaciones que se alleguen los documentos originales por parte de estas autoridades.

Frente al caso informó que una vez consultado el aplicativo I2AUT de la Policía Nacional se puede evidenciar que a la fecha el vehículo con placas No. SWP351 registra lo siguiente:

• “Orden de Inmovilización vigente ordenada por el Juzgado Civil del Circuito de

Valledupar, dentro del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE

VALLEDUPAR ORDENA LA INMOVILIZACIÓN VEHÍCULO DE PLACAS SWP351

RAD 2013-00185, oficio de solicitud 30/04/2013 oficio No. 0861”.

1 Expediente digital – 04Contestación.pdfAsunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00072-02.

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En razón a ello, señaló que es de competencia de las autoridades judiciales y en especial de quién vigila los procesos, remitir ante la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) o ante cualquiera de las Seccionales de Investigación Criminal SIJIN a nivel nacional el respectivo auto o providencia donde se ordene la actualización de sus registros, en ese

quién vigila los procesos, remitir ante la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) o ante cualquiera de las Seccionales de Investigación Criminal SIJIN a nivel nacional el respectivo auto o providencia donde se ordene la actualización de sus registros, en ese sentido, el accionado sugiere que se realice la gestión ante la autoridad judicial para que esta remita el oficio a la Policía Nacional para así proceder a la validación y actualización de la información.

Por otra parte, expresó que el día 27 de diciembre de 2024 mediante comunicación No. GS2024-034569-MEVAP dio respuesta al derecho de petición que el actor había enviado el día 26 de diciembre de 2024, donde se le indicó que debía realizar la gestión ante la autoridad para que fuera esta quien expidiera la comunicación oficial. Así mismo, indicó que el día 27 de enero de 2025 fue allegado un correo de parte de luisamercedesarrietaramos20@gmail.com en el que se anexaba un auto de fecha 9 de mayo de 2017 a través del cual el Juzgado resolvió en el punto 2 “decrétese la cancelación de los embargos y secuestros de los bienes trabados en este asunto, Ofíciese a quien corresponda”, sin embargo, no se identificaba el vehículo SWP351 y el sello de dicho auto iba dirigido a la notificación de Bancolombia S.A y no a la Policía Nacional, por lo que no se pudo adelantar la actualización de la información.

Finalmente, solicita que las pretensiones de la acción de tutela sean denegadas al no existir vulneración alguna por parte de la entidad, puesto que no existe notificación por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar sobre el levantamiento de la orden de

Finalmente, solicita que las pretensiones de la acción de tutela sean denegadas al no existir vulneración alguna por parte de la entidad, puesto que no existe notificación por parte del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar sobre el levantamiento de la orden de inmovilización dentro del proceso con radicado No. 2013-00185.

1.4.2 Grupo de Investigación Criminal MECAR – Policía Nacional Metropolitana de Cartagena de Indias2

En el memorial de respuesta indicó que los funcionarios de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias no habían vulnerado los derechos fundamentales del accionante cuando se inmovilizó el vehículo de placas SWP351, sin embargo, manifestó que la misma se fundamentó en el requerimiento del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar realizado mediante oficio No. 0861, dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 2013-00185, el cual aparece vigente en el Sistema de Información Integrada de Automotores I2AUT de la Policía Nacional.

Expresó que las funciones de la entidad se fundamentan en el Decreto 233 de 2012, el cual dispone en su artículo 2 numeral 1 que las funciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional es de organizar, actualizar y conservar los registros delictivos nacionales, de acuerdo con los informes, reportes o a visos que para el efecto remiten las autoridades judiciales competentes.

Señaló que para el presente caso el actor como representante legal de la empresa TRANBOX envió derecho de petición el día 26 de diciembre de 2024, al cual se le dio respuesta el día 27 de diciembre de 2024 mediante comunicado No. GS-2024-107709-MECAR donde se le indicó

envió derecho de petición el día 26 de diciembre de 2024, al cual se le dio respuesta el día 27 de diciembre de 2024 mediante comunicado No. GS-2024-107709-MECAR donde se le indicó que una vez verificado el sistema de información integrado de automotores I2AUT se encontró que el vehículo con placas SWP351 presentaba requerimiento VIGENTE por el Ju zgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar mediante Oficio No. 0861 y radicado No. 2013.00185.

Explica que no existe errores en el registro de la base de datos de la Policía Nacional, dado que éstos coinciden con los suministrados por el actor en el derecho de petición, por lo que señaló que con la acción de tutela se busca cancelar la orden de inmovilización que aparece vigente en el Sistema de Información, sin embargo, para ello se requiere una orde n, requerimiento o solicitud dirigida a la Policía Nacional la cual debe ser emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar donde ordene la cancelación del registro, o que informe que en la actualidad no existe requerimiento judicial respecto del vehículo SWP351.

Por lo anterior, alega que no es admisible el uso de la acción constitucional como un atajo para esquivar los mecanismos administrativos establecidos por la ley, dado el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, siendo así, solicitó que se declare la improcedencia de la

2 Expediente digital – 07Contestación – 11Contestación.pdfAsunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00072-02.

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acción en razón a que el actor tiene la posibilidad de elevar una solicitud acompañada de oficio emitido por la autoridad judicial competente.

Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00072-02.

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acción en razón a que el actor tiene la posibilidad de elevar una solicitud acompañada de oficio emitido por la autoridad judicial competente.

1.5 Sentencia de primera instancia3.

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería mediante fallo de fecha 28 de mayo del 2025 declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor José Jacob Ortiz Morales en calidad de representante legal de Transbox S.A.S, contra la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) - Grupo de Análisis y Administración de Información Criminal de la Policía Nacional y la Seccional SIJIN Cartagena.

Como fundamento de la decisión el A quo encontró probado que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar emitió el día 30 de enero de 2025 una respuesta a la solicitud presentada por el accionante, informándole que:

“Sin embargo, revisando las imágenes que usted ha enviado en correo anterior, se vislumbra otro número de radicado que es 2013 00185, al buscar en el registro de actuaciones aparece un proceso identificado con el radicado 20001310300320130018500, donde las partes son Demandante: LEASING BANCOLOMBIA S.A y Demandado: EQUIPAMIENTO DEL CESAR LTDA. Ese proceso finalizó el día 13/09/2013, por lo que está archivado.

Para atender su solicitud es necesario que solicite previamente el desarchivo del proceso y para ello antes usted deberá cancelar el arancel judicial de desarchivo que tiene un valor de

LTDA. Ese proceso finalizó el día 13/09/2013, por lo que está archivado.

Para atender su solicitud es necesario que solicite previamente el desarchivo del proceso y para ello antes usted deberá cancelar el arancel judicial de desarchivo que tiene un valor de $8.250. y debe consignar en la Cuenta Corriente No. 3 -0820-000755-4 Convenio 14975 del Banco Agrario.”

En ese orden la juez de primera instancia consideró que el actor no había agotado el mecanismo judicial ordinario del que dispone, puesto que no había cancelado el arancel judicial de desarchivo, procedimiento que había sido señalado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, así pues, mientras no se realice el proceso de desarchivo y se obtenga una certificación expresa sobre la inexistencia de medidas cautelares vigente sobre el vehículo de placas SWP351 no es posible emitir orden alguna a las entidades accionadas para la actualización de sus bases de datos.

Por otra parte, dentro del trámite procesal se ordenó la vinculación del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, mediante auto del 19 de mayo de 2025. En su respuesta, dicha autoridad judicial manifestó que solicitó al Archivo Central el desarchivo del proceso identificado con el radicado No. 20001310300320130018500, y que actualmente se encontraban a la espera de la respectiva respuesta. Asimismo, solicitó la vinculación de la Oficina del Archivo Central y de la Dirección Seccional de Administración Judicial del Cesar.

En cuanto a la solicitud de vinculación de la Oficina del Archivo Central el A quo consideró que no resulta necesaria para resolver la litis, toda vez que, como bien lo indicó el juzgado

En cuanto a la solicitud de vinculación de la Oficina del Archivo Central el A quo consideró que no resulta necesaria para resolver la litis, toda vez que, como bien lo indicó el juzgado vinculado en su comunicación al accionante con fecha 30 de enero de 2025, para atender la solicitud de desarchivo es requisito previo que el interesado lo solicite formalmente y realice el pago del arancel judicial correspondiente. En consecuencia, precisó que no puede ordenar la omisión del procedimiento legalmente establecido para el desarchivo de expedientes, el cual incluye el pago del arancel mencionado.

Así mismo, indicó que no se evidenciaba un eventual e inminente perjuicio irremediable que permitiera la procedencia de la acción de tutela.

Finalmente, precisa la juez de instancia que, r evisado el expediente, se observa que a la fecha no se ha obtenido una nueva respuesta por parte del Juzgado en relación con el desarchivo del proceso ni sobre las pretensiones de la presente acción.

1.6 Impugnación

Parte accionante4.

3 Expediente digital – C01PrimeraInstancia - 09FalloTutela.pdf 4 Expediente digital – C01PrimeraInstancia – 11SolicitudImpugnaciónAsunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00072-02.

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El accionante explic ó que el fallo de primera ins tancia desconoce que se acreditaron las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que se demostró la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la propiedad privada, la movilidad y el trabajo , así mismo, consider a que exigir al accionante el desarchivo de un

condiciones de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que se demostró la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la propiedad privada, la movilidad y el trabajo , así mismo, consider a que exigir al accionante el desarchivo de un proceso ya concluido formal y sustancialmente, y por lo tanto inexistente en términos de actividad procesal, implica una carga desproporcionada, dilatoria e innecesaria que contraviene los principios de eficacia, economía procesal y acceso real a la administración de justicia.

Expone que al mantener los accionados en sus bases de datos la orden de inmovilización a pesar de que el proceso judicial que motivó dicha medida cautelar ya terminó y fue archivado desde 2017, es una situación que genera afec taciones patrimoniales, operacionales y legales a la empresa que representa, también alega que el fallo de tutela omitió valorar el principio de prevalencia del derecho sustancia l sobre las formas y la doctrina de la protección inmediata ante vulneraciones actuales.

Añade que el fundamento central para negar la tutela fue la afirmación de que no existía una violación actual del derecho fundamental del accionante y que dicha apreciación es manifiestamente contraevidente y contraria a la jurisprudencia, puesto que la sola presencia continua del dato falso en los registros oficiales es en sí misma es una vulneración actual y continuada del derecho al hábeas data y al buen nombre. No se requería que el accionante probara un perjuicio adicional reciente (v.gr. un contrato perdido en la última semana) para configurar la lesión; basta con la permanencia del registro inexacto, el cual representa un estado de cosas contrario a la Constitución.

Por lo expuesto, considera que la providencia impugnada vulnera principios esenciales del

configurar la lesión; basta con la permanencia del registro inexacto, el cual representa un estado de cosas contrario a la Constitución.

Por lo expuesto, considera que la providencia impugnada vulnera principios esenciales del debido proceso, la contradicción y la justicia material, al fundamentarse en apreciaciones erradas tanto en lo jurídico como en lo fáctico, lo que exige su revocación para restablecer los derechos fundamentales del accionante. Además, la decisión no consultó los mandatos superiores ni la jurisprudencia aplicable en materia de protección de datos personales y debido proceso, dejando en la indefensión al titular de los derechos.

II. Trámite de Segunda Instancia

2.1 Admisión

Mediante auto de fecha 17 de junio de 20255 se admitió la presente impugnación ordenándose la notificación personal al señor agente del Ministerio Público y por el medio más expedito a las partes.

III. Consideraciones de la Sala a) La competencia.

Este Tribunal es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

b) Problema jurídico.

Atendiendo a la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

Determinar si se cumple el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela en el caso concreto.

En caso de encontrarse procedente esta acción deberá resolverse el siguiente problema jurídico:

Establecer si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales al debido

en el caso concreto.

En caso de encontrarse procedente esta acción deberá resolverse el siguiente problema jurídico:

Establecer si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la propiedad privada de la parte actora, al no haberse actualizado la información relacionada con el levantamiento de la medida

5 Expediente digital – SegundaInstancia – 04AutoAdmiteImpugnación.pdfAsunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00072-02.

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cautelar vigente en contra del vehículo de su propiedad, lo cual conllevó a la detención de dicho vehículo.

Para resolver los problemas jurídicos planteados la Sala a bordará los siguientes temas: i) Generalidades de la acción de tutela; ii) Derechos fundamentales invocados como vulnerados; iii) Subsidiariedad de la acción de tutela, y iv) Caso concreto.

1. Generalidades de la acción de tutela.

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá reclamar ante los jueces, a través de un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso en los eventos en que su vulneración provenga de los particulares. Dispone la misma norma constitucional, que la procedencia de esta acción está condicionada a que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional 1, ha definido el carácter residual y

judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Es así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional 1, ha definido el carácter residual y subsidiario de dicha acción, sosteniendo que su procedencia se da sólo en aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces ordinarios la protección de los derechos fundamentales o cuando existiéndolo, no resulte eficaz e idóneo, o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual dicho perjuicio debe aparecer acreditado en el proceso.

1. Derechos fundamentales invocados como vulnerados.

El derecho al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, en el cual se instituyó que el mismo debe observarse en los procesos judiciales y administrativos, el cual aplicado en estos últimos se denomina debido proceso administrativo, aludiendo a la línea de conducta que deben seguir y respetar las autoridades y los particulares en ejercicio de las funciones públicas, lo que conlleva la existencia de una serie de garantías propias del administrado que le permiten protegerse de las actuaciones abusivas u omisivas de estas autoridades o particulares. En ese sentido, el debido proceso administrativo implica una limitación en el ejercicio de las funciones desempeñadas por una autoridad pública y el respeto por los derechos fundamentales del administrado, así como la garantía de cumplimiento de las formas procedimentales previamente establecidas por el Legislador, eliminando de tajo el capricho de la Administración o particular que cumple funciones públicas.

autoridad pública y el respeto por los derechos fundamentales del administrado, así como la garantía de cumplimiento de las formas procedimentales previamente establecidas por el Legislador, eliminando de tajo el capricho de la Administración o particular que cumple funciones públicas. Sobre el derecho al trabajo, es menester indicar que el mismo se encuentra regulado en el artículo 25 de la Constitución Política, siendo un fin del ordenamiento constitucional, un fundamento del Estado, no solo un derecho que se limita a la obtención de recursos para sufragar las necesidades básicas del individuo, sino que conlleva a una obligación social 6, la Corte en diversas jurisprudencia ha afirmado que el derecho al trabajo no solo se agotó en el acceso y la permanencia de una vinculación, sino que además es indispensable que se realice en condiciones dignas y justas. La Corte Constitucional ha señalado que este ha sido concebido no solo como factor básico de la organización social, sino además como “principio axiológico” de la Carta. De allí que la Constituci ón de 1991 le reconociera una triple dimensión: i) valor fundante del Estado social de derecho; ii) principio rector del ordenamiento jurídico y iii) derecho -deber social con carácter fundamental. Este se caracteriza, según la jurisprudencia constitucional , por su contenido progresivo como un derecho social y económico. El trabajo y su protección, además, adquiere la categoría de derecho humano, atendiendo el contenido de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia y que integran el bloque de constitucionalidad.7

6 T-074 del 2023 7 Corte Constitucional C-171de 2020Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00072-02.

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6 T-074 del 2023 7 Corte Constitucional C-171de 2020Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00072-02.

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Finalmente, en cuanto a la propiedad privada se tiene que está consagrada en el artículo 58 de la Constitución Política, el cual dispone que se garantiza la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados, así mismo, señala que la propiedad es una función social que implica obligaciones. La jurisprudencia constitucional ha establecido que dicho derecho es un pilar del Estado Social de Derecho dado que es un instrumento de realización personal y familiar, así como un medio para la satisfacción de intereses comunitarios, además la Corte Constitucional en jurisprudencia reciente ha indicado: “El derecho fundamental a la propiedad privada es el derecho subjetivo que faculta a su titular a usar, gozar, explotar y disponer de sus bienes y que lo protege de interferencias injustificadas por parte del Estado y tercero s. Los “bienes” en sentido amplio comprenden todas las cosas apropiables, los derechos que forman parte del patrimonio de una persona y, en general, todo objeto material o inmaterial “susceptible de valor”. El ámbito de protección de este derecho fundamental está compuesto principalmente por los atributos de uso, goce y disposición que la Constitución y la Ley reconocen a su titular. El uso (ius utendi) consiste en la facultad del propietario de “servirse de la cosa” y de aprovecharse de los servicios que esta da. El goce (ius fruendi) confiere al propietario la prerrogativa de “reco ger todos los

en la facultad del propietario de “servirse de la cosa” y de aprovecharse de los servicios que esta da. El goce (ius fruendi) confiere al propietario la prerrogativa de “reco ger todos los productos que acceden o se derivan de su explotación”. Por último, el atributo de disposición (ius abutendi) implica que el propietario está facultado para enajenar de cualquier forma la titularidad de sus bienes”8.

1. De la subsidiariedad de la acción de tutela

Se debe establecer que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6 numera 1 del Decreto 2591 de 1991 se tiene que la acción de tutela es un mecanismo de protección que es utilizado cuando se está ante una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, siempre y cuando no exista otro recurso o medio idóneo o eficaz que permita la protección de los derechos que se invocan como vulnerados.

Es menester traer a colación la definición que le ha dado la Corte Constitucional a este requisito de procedibilidad:

“La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que estén a su disposición, siempre y cuando ellas sean idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados.

La idoneidad y efectividad de los medios de defensa judicial no pueden darse por sentadas,

los derechos fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados.

La idoneidad y efectividad de los medios de defensa judicial no pueden darse por sentadas, ni ser descartadas de manera general, sin consideración a la