TA COR - Sentencia 23-001-33-33-007-2025-00136-01 (04-07-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Luz Elena Petro Espitia

Montería, cuatro (04) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Tutela Radicación: 23-001-33-33-007-2025-00136-01

Accionante: Sandy Margarita Simanca Fernández Accionado: Agencia Nacional De Tierras (ANT) Tema: Protección del derecho al debido proceso y propiedad privada Decisión: Revoca sentencia de primera instancia

La Sala Procede a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de fecha 19 de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela.

I. Antecedentes1

1. La solicitud de tutela.

1.1. Hechos. La señora Sandy Margarita Simanca Fernández, propietaria del predio “La Juliana” desde 2007, a través de apoderado presentó acción de tutela contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por la expedición del Auto No. 202532000018009 del 28 de marzo de 2025, mediante el cual se orden ó la aprehensión material de su predio, al considerarlo parte de los terrenos que conforman la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. Esta decisión se fundamenta en la Resolución 010 de 1982, que delimitó los terrenos baldíos de la Ciénaga con base en el plano topográfico No. 274-603 de 1979. Sin embargo, dicho plano no incluyó el predio

en la Resolución 010 de 1982, que delimitó los terrenos baldíos de la Ciénaga con base en el plano topográfico No. 274-603 de 1979. Sin embargo, dicho plano no incluyó el predio “La Juliana”, ni se hizo anotación alguna en su folio de matrícula inmobiliaria. Ahora bien, se explica que a raíz de la pérdida del expediente original, la ANT inició en 2018 un pr oceso de reconstrucción parcial del mismo, durante el cual se elaboró un nuevo concepto técnico y un mapa actualizado en 2023, con base en información geográfica reciente y no en el plano original. Est a nueva delimitación del terreno presentó discrepancias de hasta 5.980 hectáreas respecto al plano de 1979, afectando predios como el de la accionante, sin que se realizara un proceso administrativo de deslinde ni se garantizara el derecho de defensa. La ANT, pese a haber recuperado el plano original, decidió mantener el nuevo plano y expidió la Resolución 202332008470566 de 2023, ordenando la ejecución de la Resolución 010 de 1982. Posteriormente, mediante el Auto No. 202532000018009 del 28 de marzo de 2025, ordenó la entrega voluntaria del predio "Hacienda El Edén - Ganadería La Juliana" relacionado con las Referencias Catastrales Nro. 231680000000000160003000000000 y 231680000000000160004000000000 y, en caso de negativa, su aprehensión material. La accionante alega que esta decisión fue tomada sin notificación de las actuaciones previas, sin posibilidad de ejercer recursos, y con base en una sesión interna del Comité de Seguimiento de la ANT, sin que existiera un acto administrativo definitivo que justificara la

accionante alega que esta decisión fue tomada sin notificación de las actuaciones previas, sin posibilidad de ejercer recursos, y con base en una sesión interna del Comité de Seguimiento de la ANT, sin que existiera un acto administrativo definitivo que justificara la medida.

1 Los antecedentes del presente trámite de tutela fueron realizados con apoyo de la herramienta Microsoft Copilot, acc esible a través de la licencia Microsoft 365 Copilot, dispuesta por la Rama Judicial.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00136-01

2

La demandante sostiene que el acto fu e erróneamente clasificado como de ejecución, lo que impidió su impugnación, y que la medida vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada adquirida legalmente y de buena fe. Solicita la suspensión de los efectos del auto mientras se resuelve la tutela, para evitar un perjuicio irremediable. 1.2. Peticiones. Solicita como medida provisional, la suspensión inmediata de los efectos jurídicos del Auto No. 202532000018009 del 28 de marzo de 2025, mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela. Así mismo, pide el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad p rivada, y en consecuencia, se deje sin efectos el Auto No. 202532000018009 del 28 de marzo de 2025.

1.3. Derechos fundamentales invocados como vulnerados. La parte accionante invoca como vulnerados los der echos al debido proceso y a la propiedad privada.

1.4. Informe rendido por la entidad accionada.

Agencia Nacional de Tierras (ANT)

La parte accionante invoca como vulnerados los der echos al debido proceso y a la propiedad privada.

1.4. Informe rendido por la entidad accionada.

Agencia Nacional de Tierras (ANT) La Agencia Nacional de Tierras, solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela. Fundamenta su defensa en el cumplimiento de un deber constitucional y legal de recuperar los terrenos que conforman la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, los cuales fueron declarados como bienes de uso público mediante la Resolución No. 010 del 11 de febrero de 1982. Esta resolución, que delimitó los terrenos baldíos de la Ciénaga con base en el plano topográfico No. 274-603 de 1979, se encuentra ejecutoriada, registrada desde 1984 y surtiendo plenos efectos jurídicos, por lo que su ejecución es obligatoria para la ANT.

En desarrollo de este mandato, y ante la pérdida del expediente original, la ANT adelantó un proceso de reconstrucción parcial del mismo entre 2018 y 2019, mediante los Autos 649 y 710, respectivamente. Posteriormente, se realizaron visitas técnicas a terreno en octubre de 2022, con el acompañamiento de la Universidad de Córdoba, y se emitió el Concepto Técnico Definitivo de Reconstrucción del Polígono el 30 de junio de 2023. Este proceso permitió identificar con precisión los predios que se encuentran superpuestos con el polígono de la Ciénaga, entre ellos el predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 146-45414, correspondiente a “La Juliana”, el cual presenta un 51.17% de superposición con el área delimitada. Reconstrucción, que además de apoyarse en elementos técnicos contemporáneos

correspondiente a “La Juliana”, el cual presenta un 51.17% de superposición con el área delimitada. Reconstrucción, que además de apoyarse en elementos técnicos contemporáneos como imágenes satelitales, se basó finalmente en el hallazgo del plano topográfico original, lo que otorgó mayor rigor al proceso de delimitación.

La ANT sostiene que la señora Simanca Fernández no puede acreditar un derecho legítimo de propiedad sobre dicho predio, ya que no existe título originario expedido por el Estado que respalde su adquisición. En virtud del artículo 65 de la Ley 160 de 1994, los terrenos baldíos solo pueden ser adjudicados mediante acto administrativo expreso, y cualquier negocio jurídico posterior sobre estos terrenos carece de validez jurídica. La escritura pública de compraventa de 2006, en la que la accionante basa su dere cho, no tiene la capacidad de desvirtuar el carácter baldío del terreno ni de consolidar un derecho de propiedad sobre un bien de uso público. En este sentido, la ANT aclara que, conforme a la jurisprudencia reciente y la normativa vigente, solo un título originario válidamente expedido por el Estado podría acreditar dominio privado, situación que no se configura en el presente caso.

En cuanto al Auto No. 202532000018009 del 28 de marzo de 2025, mediante el cual se ordenó la aprehensión material del predio “La Juliana”, la ANT argumenta que se trata de un acto de ejecución que no requiere agotar la vía gubernativa ni admite recursos, conforme al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ese auto no crea, modifica ni extingue derechos, sino que materializa una decisión previamente

ejecución que no requiere agotar la vía gubernativa ni admite recursos, conforme al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ese auto no crea, modifica ni extingue derechos, sino que materializa una decisión previamente adoptada en la Resolución 010 de 1982. Además, la entidad a segura que se garantizó la debida comunicación a través de la Personería Municipal y se invitó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría para acompañar la diligencia, en cumplimiento de los principios de transparencia y legalidad. Así mismo, se recalc a que este procedimiento fue adelantado conforme a decisiones judiciales previas, incluyendo la Sentencia T-194 de 1999 de la CorteAsunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00136-01

3

Constitucional y varios autos del Tribunal Superior de Montería que ordenan continuar con la recuperación material de la Ciénaga.

La defensa también enfatiza que la acción de tutela resulta improcedente, por cuanto existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir los actos administrativos, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci ón contenciosoadministrativa. A juicio de la ANT, no se configura un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional, y la entidad ha actuado conforme al debido proceso, con base en actos administrativos firmes y en cumplimiento de mandatos judiciales. Advierte que el uso de la acción de tutela en este caso persigue entorpecer un procedimiento legítimo de recuperación de tierras que fueron ocupadas indebidamente por particulares durante décadas

base en actos administrativos firmes y en cumplimiento de mandatos judiciales. Advierte que el uso de la acción de tutela en este caso persigue entorpecer un procedimiento legítimo de recuperación de tierras que fueron ocupadas indebidamente por particulares durante décadas y explotadas con fines económicos, contrariando su vocación ecológica y de interés público.

Adicionalmente, la ANT destaca que para el año en que se expidió la Resolución No. 010 de 1982, no existía actualización ni relación entre el registro y el catastro, situación que aún persiste, por lo que se hace necesario realizar actualizaciones permanentes. También se resalta que el área en cuestión forma parte de un ecosistema estratégicamente protegido. La Ciénaga Grande del Bajo Sinú posee una alta función ambiental e hidrológica, y la ocupación privada no solo contradice su naturaleza jurídica, sino que también vulnera principios ambientales constitucionales. En este marco, el uso de la tierra para actividades ganaderas privadas representa una afectación indebida a un bien de dominio público, inalienable e imprescriptible, como lo dispone el artículo 63 de la Constitución Política.

Finalmente, se señala que de los 1116 folios de matrícula inmobiliaria que presentan superposición con el polígono deslindado por la Resolución 010 de 1982, al menos 715 no cuentan con título originario o resolución de adjudicación válida. El folio 146 -45414 se encuentra entre ellos y, por tanto, su inclusión en la aprehensión material es procedente. A ello se suma que, conforme al principio de tracto sucesivo y especialidad del registro, no puede legitimarse un derecho de propiedad derivado de una cadena jurídica sin respaldo estatal válido.

ello se suma que, conforme al principio de tracto sucesivo y especialidad del registro, no puede legitimarse un derecho de propiedad derivado de una cadena jurídica sin respaldo estatal válido.

En consecuencia, la Agencia Nacional de Tierras solicita se deniegue la acción de tutela por configurarse las excepciones de inexistencia de vulneración y subsidiariedad, y se ordene el archivo de las diligencias, al demostrarse que la entidad ha actuado conforme a derecho y en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales.

1.5 Sentencia de primera instancia. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería en sentencia del 19 de mayo de 2025 declaró la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que, al revisar las pruebas obrantes en el expediente, concluye que la acción de tutela se dirige contra un acto administrativo —el Auto No. 202532000018009— que, aunque catalogado por la ANT como un acto de ejecución, en realidad podría tener efectos definitivos. No obstante, el juez considera que la accionante cuenta con mecanismos judiciales ordinarios idóneos, como la acción de nulidad o de nulidad con restablecimiento del derecho, para controve rtir no solo el auto mencionado, sino también los actos administrativos que le anteceden, entre ellos la Resolución No. 010 de 1982, la Resolución No. 202332008470566 de 2023 y la Resolución No. 202443006591346 de 2024. El A quo resalta que estos medios d e control permiten incluso solicitar la suspensión provisional de los actos administrativos como medida cautelar, lo cual desvirtúa la necesidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio. Además, señala que, si bien la

provisional de los actos administrativos como medida cautelar, lo cual desvirtúa la necesidad de acudir a la tutela como mecanismo transitorio. Además, señala que, si bien la accionante alega la inminencia de un perjuicio irremediable, este no se configura por cuanto su situación actual es consecuencia de su inacción al no haber ejercido oportunamente los medios judiciales disponibles. Finalmente, el despacho concluye que la acción de tutela es improcedent e, al existir mecanismos judiciales principales e idóneos para la protección de los derechos invocados, y que la ANT no ha incurrido en una actuación arbitraria o desproporcionada que justifique la intervención del juez constitucional.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00136-01

4

1.6 Impugnación La accionante solicita la revocatoria total del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería, con fundamento en que dicha decisión, aunque reconoce la inminencia de un perjuicio irremediable, niega incoherentemente la protección constitucional solicitada. La impugnación se estructura en cuatro bloques argumentativos principales:

1. Reconocimiento del perjuicio irremediable y contradicción con el fallo adoptado.

El impugnante sostiene que el juez de primera instancia reconoció expresamente la existencia de una inminente afectación al derecho a la propiedad privada de la accionante, lo cual constituye uno de los requisitos esenciales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. A pesar de ello, el fallo concluye que la tutela

existencia de una inminente afectación al derecho a la propiedad privada de la accionante, lo cual constituye uno de los requisitos esenciales para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. A pesar de ello, el fallo concluye que la tutela es improcedente, obligando a la accionante acudir a la jurisdicción contencioso administrativo, lo cual, por su duración, permitiría la consumación del perjuicio que se pretende evitar. Se insiste en que el Auto No. 202532000018009 del 28 de marzo de 2025 fue notificado en un plazo irrazonablemente corto y en días no hábiles, lo que impidió ejercer una defensa efectiva.

2. El acto administrativo cuestionado no es de trámite.

Reitera que el acto administrativo mediante el cual se o rdenó la aprehensión material del predio “La Juliana” no puede ser considerado un acto de trámite ni de mera ejecución, como lo sostiene la ANT , p or el contrario, se trata de un acto definitivo que produce efectos jurídicos sustanciales, al ordenar la privación de la posesión de un bien inmueble adquirido legalmente. El juez de primera instancia reconoció que dicho acto excede el contenido de la Resolución 010 de 1982, al incorporar elementos técnicos y cartográficos posteriores, como el plano SEJUT00112316 82001 de junio de 2023 y el Concepto Técnico Definitivo del 30 de junio de 2023, lo cual desvirtúa su carácter de ejecución, pues tales documentos no existían para la fecha de expedición de la Resolución No. 010 del 11 de febrero de 1982, excediendo así su contenido literal.

3. Vulneración del derecho al debido proceso administrativo.

no existían para la fecha de expedición de la Resolución No. 010 del 11 de febrero de 1982, excediendo así su contenido literal.

3. Vulneración del derecho al debido proceso administrativo.

El apoderado argumenta que la orden de aprehensión fue adoptada sin que mediara un procedimiento administrativo formal en el que la accionante pudiera ejercer su derecho de defensa. La decisión fue tomada en una sesión del Comité Institucional de Seguimiento y Verificación de la ANT, sin agotar las etapas propias de un proceso de deslinde. Esta actuación desconoce los principios de legalidad, publicidad, contradicc ión y defensa que integran el debido proceso administrativo, y que han sido reiteradamente reconocidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

4. Cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Finalmente, sostiene que la acción de tutela es pro cedente como mecanismo transitorio, dado que no existe un medio judicial ordinario eficaz para evitar la consumación del perjuicio. La ANT calificó el acto como de trámite, impidiendo el acceso a recursos en vía gubernativa y a medios de control ante la jurisdicción contenciosa. Esta calificación, según la jurisprudencia constitucional, no puede ser determinante por sí sola, debiendo analizarse la naturaleza, efectos y finalidad del acto. En consecuencia, la accionante se encuentra en una situación de indefensión que justifica la intervención del juez constitucional. En conclusión, la impugnante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se conceda la acción de tutela, protegiendo los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada de la señora Sandy Margarita Simanca Fernández.Asunto: Impugnación Tutela

en su lugar, se conceda la acción de tutela, protegiendo los derechos fundamentales al debido proceso y a la propiedad privada de la señora Sandy Margarita Simanca Fernández.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00136-01

5

II. TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA 2.1 Admisión Mediante auto de fecha 9 de junio de 2025 se admitió la presente impugnación.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA a) La competencia.

Este Tribunal es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

b) Problema jurídico. Atendiendo la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:

• Si la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al debido proceso de la accionante, el cual se indica está siendo vulnerado por la Agencia Nacional de Tierras al haber emitido el Auto No. 202532000018009 del 28 de marzo de 2025, mediante el cual se ordena la a prehensión material de un predio, al considerarlo parte de los terrenos que conforman la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, sin permitirle a esta ejercer su derecho a la defensa y contradicción dentro del trámite administrativo.

Superado el anterior problema jurídico se procederá a resolver lo siguiente:

• Determinar si la Agencia Nacional de Tierras vulneró el derecho fundamental al

a esta ejercer su derecho a la defensa y contradicción dentro del trámite administrativo.

Superado el anterior problema jurídico se procederá a resolver lo siguiente:

• Determinar si la Agencia Nacional de Tierras vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la tutelante al emitir el Auto No. 202532000018009 del 28 de marzo de 2025, sin permitirle ejercer su derecho a la defensa y contradicción dentro del trámite administrativo.

Para resolver los problemas jurídicos planteados la Sala abordará los siguientes temas : i) Generalidades de la acción de tutela; ii) De los derechos invocados como vulnerados; iii) Principio de la subsidiariedad de la acción de tutela, iv) Procedimientos agrarios. Una vez realizadas estas consideraciones se examinará el caso concreto.

1. Generalidades de la acción de tutela.

La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autori dad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, en tanto ella sólo procede en el evento en el que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea presentada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, art. 86 de la Constitución Política. La Corte Constitucional 2 ha indicado que la acción de tutela es un verdadero derecho fundamental, a través del cua l se garantiza la protección de los derechos fundamentales, los cuales, sin ella, comprometerían su eficacia, la cual se

de la Constitución Política. La Corte Constitucional 2 ha indicado que la acción de tutela es un verdadero derecho fundamental, a través del cua l se garantiza la protección de los derechos fundamentales, los cuales, sin ella, comprometerían su eficacia, la cual se caracteriza por ser un instrumento i) subsidiario; ii) inmediato; iii) sencillo; iv) específico; y v) eficaz; y se rige por los principios de informalidad y de oficiosidad.

1. De los derechos invocados como vulnerados Con relación al debido proceso, este se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitucional Nacional, en el cual se instituyó que el mismo debe observarse en los procesos judiciales y administrativos, el cual aplicado en estos últimos se denomina debido proceso administrativo, aludiendo a la línea de conducta que deben seguir y respetar las autoridades y l os particulares en ejercicio de las funciones públicas, lo que conlleva la existencia de una serie de garantías propias del administrado que le permiten protegerse de las actuaciones abusivas u omisivas de estas autoridades o particulares.  En ese sentido, el debido proceso administrativo implica una limitación en el ejercicio de las funciones desempeñadas por una autoridad y el respeto por los derechos fundamentales

2 Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008).Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00136-01

6

del administrado, así como la garantía de cumplimiento de las formas procedimentales previamente establecidas por el Legislador, eliminando de tajo el capricho de la

6

del administrado, así como la garantía de cumplimiento de las formas procedimentales previamente establecidas por el Legislador, eliminando de tajo el capricho de la Administración o particular que cumple funciones públicas.

Se debe indicar que la Corte Constitucional ha establecido ciertas garantías que hacen parte del debido proceso administrativo:

“50. El artículo 29 de la Constitución establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y ad ministrativas. La Corte ha definido el debido proceso administrativo como el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, “materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa”.

51. Esta corporación ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la actuación; (ii) la notificación oportuna y de conformidad con la ley; (iii) que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas; (iv) que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación; (v) que la actuación se adelante por la autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; (vi) gozar de la presunción de inocencia; ( vii) el ejercicio del derecho de defensa y contradicción; (viii) solicitar, aportar y controvertir pruebas; (ix) impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido proceso.

(...)

53. Las características de este derecho se concretan en un conjunto de reglas. La primera subregla consiste en que las actuaciones administrativas deben respetar los principios

aquellas obtenidas con violación al debido proceso.

(...)

53. Las características de este derecho se concretan en un conjunto de reglas. La primera subregla consiste en que las actuaciones administrativas deben respetar los principios consagrados en el artículo 209 inciso 1 de la Cons titución, a saber, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

54. La segunda consiste en que ninguna actuación del servidor público puede ser resultado de la arbitrariedad. La actuación se debe sujetar a unos procedim ientos prestablecidos por la ley. Esta corporación ha sostenido en materia administrativa que el debido proceso “es exigente en cuanto a la legalidad”, ya que no solo se pretende que el servidor público cumpla con las funciones asignadas, sino que, además, lo haga en la forma determinada por el ordenamiento jurídico.

55. La tercera regla hace referencia al deber que tiene toda autoridad administrativa de apreciar las pruebas conforme a los principios de legalidad y razonabilidad. Esta apreciación razonable implica la garantía de la primacía de lo sustancial sobre las formas y lograr la efectividad de los derechos. Este tribunal ha indicado que el derecho sustancial no puede ser desconocido so pretexto de la aplicación del derecho instrumental o, en otras palabras, la exigencia de formalidades no puede prevalecer sobre las razones de fondo.

57. En cuanto a la obligación de adelantar el procedimiento con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, la Corte ha señalado que n o cualquier irregularidad en el trámite constituye una vulneración al debido proceso. Para que una irregularidad procesal configure una vulneración al debido proceso debe tener la capacidad de alterar de manera grave el proceso, tornándolo en injusto, o debe resultar en una privación

irregularidad en el trámite constituye una vulneración al debido proceso. Para que una irregularidad procesal configure una vulneración al debido proceso debe tener la capacidad de alterar de manera grave el proceso, tornándolo en injusto, o debe resultar en una privación o limitación del derecho de defensa.

58. Por tanto, las autoridades administrativas deben garantizar en virtud del derecho al debido proceso principios como el de legalidad, contradicción, defensa y que se conozcan las actuaciones de la administración, de cuya aplicación se derivan importantes consecuencias para las partes involucradas en el respectivo proceso administrativo” 3.

Así mismo, en la jurisprudencia antes citada dicha corporación ha expresado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) garantizar la validez de sus propias actuaciones y (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la d efensa de los administrados”. Estas finalidades se satisfacen a la luz de cuatro componentes del debido proceso administrativo: (i) el acceso a la justicia en libertad e igualdad de

3 T-105 del 2023Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-007-2025-00136-01

7

condiciones, (ii) el ejercicio de la legítima defensa, (iii) la determinación de trámites y plazos razonables y, por último, (iv) la imparcialidad en el ejercicio de la función pública administrativa. La Corte ha reconocido que, mediante estos componentes se garantiza el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa.

razonables y, por último, (iv) la imparcialidad en el ejercicio de la función pública administrativa. La Corte ha reconocido que, mediante estos componentes se garantiza el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa.

Se puede concluir, que el debido proceso administrativo consiste en que todas las actuaciones que se ejerzan dentro del trámite deben ir acorde con el procedimiento establecido por la ley, con el fin de que se eviten actuaciones abusivas o ar bitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho4.

En cuanto a la propiedad privada se tiene que está consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política le cual dispone que se garantizan la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados , así mismo, señala que la propiedad es una función social que implica obligaciones. La jurisprudencia constitucional ha establecido que dicho derecho es un pilar del Estado Social de Derecho dado que es un instrumento de realización personal y familiar, así com o un medio para la satisfacción de intereses comunitarios, además la Corte Constitucional en jurisprudencia reciente ha indicado:

“El derecho fundamental a la propiedad privada es el derecho subjetivo que faculta a su titular a usar, gozar, explotar y di sponer de sus bienes y que lo protege de interferencias injustificadas por parte del Estado y terceros. Los “bienes” en sentido amplio comprenden todas las cosas apropiables, los derechos que forman parte del patrimonio de una persona y, en general, todo objeto material o inmaterial “susceptible de valor”. El ámbito de protección

todas las cosas apropiables, los derechos que forman parte del patrimonio de una persona y, en general, todo objeto material o inmaterial “susceptible de valor”. El ámbito de protección de este derecho fundamental está compuesto principalmente