TA COR - Sentencia 23001-33-33-001-2023-00222-01 (04-07-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrado en turno: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, cuatro (4) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300120230022201

Demandante: Zeus Alfonso Ceballos Ramos

Demandado: NaciónRama Judicial-Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial Tema(s): Bonificación Judicial . Factor salarial. Prescripción. Inaplicación Decreto 0 383 de 2013.

El Tribunal decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia proferida el día 22 de noviembre de 2024, por el Juzgado 403 Administrativo Transitorio de Montería, mediante la cual se resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

a) La demanda1

El demandante pretende que se emitan las siguientes declaraciones y condenas:

Que se inaplique por inconstitucional, parcialmente, el inciso primero del artículo 1.° del Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013.

Que se declare la nulidad de la Resolución nro. DESAJMOR 22-1599 del 27 de octubre de 2022, mediante la cual se negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales; y del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo, producto del recurso de apelación interpuesto contra la resolución en mención.

salarial para la liquidación de las prestaciones sociales; y del acto ficto derivado del silencio administrativo negativo, producto del recurso de apelación interpuesto contra la resolución en mención.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Nación –Rama Judicial–Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –Seccional Córdoba reconocer la bonificación judicial establecida en el Decreto 0383 de 2013 como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales. En consecuencia, se disponga la reliquidación, reajuste y pago a l señor Zeus Alfonso Ceballos Ramos de las prestaciones devengadas, y así como las que se causen en el futuro, incl uyendo la diferencia entre lo efectivamente percibido y lo que debió ser reconocido, con la correspondiente indexación. Finalmente, pide que la condena sea debidamente actualizada, y se disponga el cumplimiento de la sentencia dentro de los plazos establecidos en los artículos 192, y 195 del CPACA. Como fundamentos fácticos, se afirmó en la demanda que: El actor ha desempeñado diversos cargos dentro de la Rama Judicial.

En virtud del Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013, se instituyó una bonificación judicial para los servidores públicos de esta jurisdicción, con reconocimiento mensual desde el 1° de enero de dicho año. No obstante, su alcance se limitó exclusivamente a la base de

1 PDF 01 C01. Expediente digital. Las demás referencias a PDF corresponden al mismo exp.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300120230022201

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cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social

Expediente nro. 23001333300120230022201

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cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, omitiéndose su incidencia como factor salarial en la liquidación de otras prestaciones sociales, en desmedro de normas superiores y derechos laborales.

El día 12 de julio de 2022, el señor Zeus Alfonso Ceballos Ramos elevó solicitud ante la entidad demandada, para que se le tuviera la bonificación como factor salarial para todos los efectos. Mediante Resolución nro. DESAJMOR 22-1599 del 27 de octubre de 2022, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial negó las pretensiones formuladas en la solicitud de reclamación administrativa presentada mediante derecho de petición radicado el 12 de julio de 2022. Contra dicha decisión, el 31 de octubre de 2022, interpuso recurso de apelación . Posteriormente, mediant e Resolución nro. DESAJMOR22 -1714 del 5 de diciembre de 2022, se mantuvo la decisión adoptada en la resolución inicialmente recurrida y se concedió el recurso de apelación. No obstante, a la fecha no se ha emitido decisión de fondo sobre dicho recurso, con figurándose así el fenómeno del silencio administrativo negativo. Como normas violadas, invocó el preámbulo y los artículos 2.°, 13, 25,53, 54, 84 y 209 de la Constitución Política de Colombia , la Ley 4ª de 1992 , la Ley 270 de 1996 y los decretos 383 de 2013, 1269 de 09 de junio de 2015, 246 de 12 de febrero de 2016, 1014

de la Constitución Política de Colombia , la Ley 4ª de 1992 , la Ley 270 de 1996 y los decretos 383 de 2013, 1269 de 09 de junio de 2015, 246 de 12 de febrero de 2016, 1014 de 09 de junio de 2017 y 340 de 19 de febrero del 2018 y subsiguientes. En el concepto de la violación, el demandante adujo que de acuerdo con el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, la definición del salario, de las prestaciones sociales y de su régimen jurídico es una materia reservada a la ley, es decir, constituye una competencia exclusiva e indelegable del Congreso de la República. En esa medida, indicó que resulta inadmisible que mediante actos administrativos, el Gobierno Nacional pretenda modificar el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que regulan el régimen de las relaciones laborales de los servidores públicos, incluyendo el concepto de salario básico allí dispuesto. Seguidamente, expuso que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los elementos que integran el salario, mientras que el artículo 128 establece aquellos que no tienen tal naturaleza. Indicó que estas disposiciones resultan aplicables a los empleados públicos, por cuanto las normas especiales que los rigen no contienen un concepto diverso al previsto en dicho Código. En cumplimiento de es te mandato constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual se establecieron los criterios, objetivos y lineamientos que debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. En su artículo 1º, dicha norma ordena al Ejecutivo fijar el régimen

debía observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. En su artículo 1º, dicha norma ordena al Ejecutivo fijar el régimen salarial y prestacional, entre otros, de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, sin importar su sector, denominación o régimen jurídico. Con base en lo anterior, sostuvo que es claro que el Congreso de la República dispuso la nivelación salarial para todos los servidores de la Rama Judicial, y no únicamente para algunos, como ha venido aplicando de manera caprichosa el Gobierno Nacional al reglamentar la norma que creó la prima especial. En efecto, el artículo 1° de la Ley 4ª de 1992 ordenó la fijación del régimen salarial y prestacional de todos los empleados de la Rama Judicial, entendiendo por tales a quienes se encuentren vinculados a esta, conforme lo dispone la Ley 270 de 1996. En consecuencia, afirmó que los decretos reglamentarios expedidos en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, mediante los cuales se regula, entre otras materias, el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, deben respetar los parámetros establecidos en las normas superiores, garantizando la coherencia con el orden jurídico y el principio de legalidad. Solo así se materializan los postulados que obligan a la administración a actuar conforme a la Constitución y la ley.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300120230022201

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De otro lado, trajo a colación el Convenio sobre la protección del salario (Convenio núm. 95 de 1949), adoptado en la 328ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y

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De otro lado, trajo a colación el Convenio sobre la protección del salario (Convenio núm. 95 de 1949), adoptado en la 328ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo y ratificado por Colombia el 7 de junio de 1963. Señaló que di cho instrumento, con fuerza vinculante en virtud de su incorporación al bloque de constitucionalidad, define el salario como toda remuneración que perciba el trabajador por causa directa del contrato de trabajo, por el servicio que preste o deba prestar. Finalmente concluyó que la bonificación judicial no puede tener una doble connotación jurídica, como lo establece el Decreto 383 de 2013, pues dicha disposición la reconoce como salario únicamente para efectos de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero no para la liquidación de prestaciones sociales. Afirmó que esta restricción resulta abiertamente ilegal, por cuanto desnaturaliza el carácter retributivo y permanente de la bonificación judicial y vul nera el ordenamiento jurídico superior. b) Contestación de la demanda2

Al contestar la demanda, l a Rama Judicial, mediante apoderada, se pronunció sobre los hechos de la demanda y se opuso a todas y cada una de las pretensiones.

En sustento de su posición , manifestó que en ejercicio de sus funciones constitucionales, el Congreso de la Republica expidió la Ley 4a de 1992, mediante la cual faculta al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.

Así, por expreso mandato de los decretos 383 y 384 de 2013, expedidos por el Gobierno en virtud de esa facultad asignada por el legislador, los cuales están vigentes y gozan de

Así, por expreso mandato de los decretos 383 y 384 de 2013, expedidos por el Gobierno en virtud de esa facultad asignada por el legislador, los cuales están vigentes y gozan de presunción de legalidad, en los decretos que año a año expide el ejecutivo fijando el monto de la bonificación judicial, se ha dispuesto que esta constituirá factor salarial únicamente para la base de la cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En virtud de lo anterior , manifestó que con respecto al carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación laboral legal y reglamentaria de los servidores judiciales, en diferentes sentencias, los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo han plasmado su posición, que se circunscribe a ratificar la potestad que tiene el legislador, por m andato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes. En tal sentido, destacó la Sentencia C-279 de 24 de junio de 1996 y la Sentencia SU 395 de 2017.

Por lo expuesto, señaló que los pagos efectuados por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería a todos los funcionarios y empleados del Distrito Judicial de Cór doba, por concepto de salarios y prestaciones legales, se encuentran ajustados a la normatividad legal vigente en cada anualidad.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones : «inexistencia de l demandado », y «prescripción trienal».

c) La sentencia apelada3

ajustados a la normatividad legal vigente en cada anualidad.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones : «inexistencia de l demandado », y «prescripción trienal».

c) La sentencia apelada3

El Juzgado 403 Administrativo Transitorio de Montería emitió sentencia de primera instancia el día 22 de noviembre de 2024, en la cual decidió:

(...) Primero: Inaplicar por inconstitucional la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud ” contenida en el Decreto N° 383 de 2013 y los Decretos subsiguie ntes que lo

2 PDF 07 C01 3 PDF 13 C01.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300120230022201

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modifiquen, siempre y cuando permanezca vigente el vínculo laboral y continúe percibiendo tal bonificación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Declarar la nulidad de los actos administrativos conteni dos en la resolución No.

DESAJMOR22-1599 de fecha 27 de octubre de 2022, suscrita por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería - Córdoba, y la nulidad parcial de la resolución No. 5099 de fecha 6 de junio de 2023, en cuanto a l pronunciamiento frente a la negativa del derecho del doctor Zeus Alfonso Ceballos Ramos Tercero: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción como pasa a decirse.

Cuarto: Como restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Rama Judicial para

negativa del derecho del doctor Zeus Alfonso Ceballos Ramos Tercero: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción como pasa a decirse.

Cuarto: Como restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Rama Judicial para que reconozca, reliquide y pague al doctor Zeus Alfonso Ceballos Ramos, todas las prestaciones sociales reconocidas, pagadas y causadas, a partir del 12 de julio de 2019, por prescripción, con inclusión de la bonificación judicial como factor sal arial, mientras siga vinculado a la Nación – Rama Judicial y continúe percibiendo la bonificación judicial.

Quinto: Condenar a la entidad demandada que sobre las sumas de dinero resultantes de la presente condena efectúe los correspondientes ajustes de ley, conforme al porcentaje ordenado para cada año por el Gobierno Nacional.

Sexto: Condenar a la demandada a ajustar el valor de la condena aquí impuesta conforme al índice de prec ios al consumidor certificado por el DANE, empleando para ello la formula universal adoptada por el H. Consejo de Estado, y que fue señalada en la parte motiva de esta providencia.

Séptimo: Condenar a la entidad demandada cumplir la sentencia en los precis os términos contenidos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Octavo: Negar las demás pretensiones de la demanda.

(...)

Para ello, estableció que el actor se encuentra vinculado a la Rama Judicial desde el 9 de abril de 2018, desempeñándose en el último cargo, como secretario del circuito del Juzgado Administrativo de Montería . En contraprestación, percibe la bonificación judicial creada

abril de 2018, desempeñándose en el último cargo, como secretario del circuito del Juzgado Administrativo de Montería . En contraprestación, percibe la bonificación judicial creada mediante el Decreto nro. 0383 de 2013, sin que ésta haya sido considerada como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales.

Que la parte demandante presentó petición el 12 de julio de 2022, a través de la cual se solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial establecida en De creto 0383 de 2013, como factor salarial

Que mediante la Resolución nro. DESAJMOR22-1599 del 27 de octubre de 2022, se negó la solicitud de reconocimiento y pago de reliquidación de prestaciones sociales y salariales con la inclusión de la bonificación judicial del Decreto 383 de 2013 como factor de liquidación. Contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido mediante Resolución nro. DESAJMOR22 -1714 del 5 de diciembre de 2022, y finalmente resuelto mediante Resolución nro. 5099 del 6 de junio de 2023.

Seguidamente, advirtió que la bonificación judicial tiene naturaleza salarial, dado que fue creada con el propósito de nivelar los ingresos de los servidores públicos de la Rama Judicial y, por tanto, constituye un incremento del salario, todo lo cual se refuerza teniendo en cuenta el carácter habitual , en tanto se percibe mensualmente como retribución del trabajo. Así, excluirla como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales representa una disminución injustificada de los montos reconocidos, lo que contraviene el

en cuenta el carácter habitual , en tanto se percibe mensualmente como retribución del trabajo. Así, excluirla como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales representa una disminución injustificada de los montos reconocidos, lo que contraviene el artículo 2° de la Ley 4ª de 1992, que prohíbe la desmejora de los derechos adquiridos de los servidores públicos y la Constitución Política, pues, si bien el Gobierno Nacional está facultado para nivelar el salario de los servidores públicos, la exclusión de un concepto salarial es una competencia exclusiva del Congreso de la República.

Por lo tanto, concluyó que el Decreto nro. 383 de 2013 y sus modificaciones, son contrarios a la Constitución y la Ley, razón por la cual se debía inaplicar. Por ende, los actos demandados resultan ilegales.

En cuanto a la prescripción, precisó que el término aplicable es de tres (3) años contados a partir de la exigibilidad del derecho. En este caso, el demandante se vinculó a la entidad el 9 de abril de 2018. Sin embargo, la petición la presentó el 12 de julio de 2022, por tanto,Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300120230022201

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declaró parcialmente probada esta excepción de las prestaciones causadas con anterioridad al 12 de julio de 2019.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó que se reconozcan y paguen las diferencias salariales y prestacionales al no tenerse en cuenta la bonificación judicial como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, dejadas de percibir por

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó que se reconozcan y paguen las diferencias salariales y prestacionales al no tenerse en cuenta la bonificación judicial como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, dejadas de percibir por la parte demandante desde el 12 de julio de 2019, -por prescripción-, mientras continúe vinculado y percibiendo la bonificación judicial.

d) Recurso de apelación

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la entidad demandada4, por intermedio de su apoderada, cuestionó la decisión adoptada en primera instancia, al considerar que no se tuvo en cuenta la existencia de precedentes jurisprudenciales respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la expresión contenida en el artículo 1° del Decreto 0384 de 2013. En particular, hizo referencia a la Sentencia C -279 de 1996 de la Corte Constitucional, en la cual se reconoce la facultad del legislador para definir los elementos que constituyen salario y se establece que la exclusión de ciertos pagos, como las primas técnicas y especiales, del carácter salarial no transgrede derechos laborales ni desconoce las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano.

Por lo demás, reiteró sus argumentos de la contestación de la demanda, insistiendo en que la Constitución Política faculta al legislador para fijar los salarios de los servidores públicos, delegando al Gobierno Nacional la regulación del régimen salarial de la Rama Judicial, lo que llevó a la exped ición del Decreto 383 de 2013 y normas afines para la nivelación salarial. Por ello, advirtió que acceder a la pretensión de la demandante, implicaría modificar un régimen fijado por la autoridad competente, excediendo las facultades de la entidad

salarial. Por ello, advirtió que acceder a la pretensión de la demandante, implicaría modificar un régimen fijado por la autoridad competente, excediendo las facultades de la entidad demandada, que se ha limitado a aplicar la normatividad vigente.

Finalmente, alegó que a la fecha el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha variado su posición en relación con la inaplicación de la expresión bajo análisis del artículo 1.° del Decreto 0384 de 2013, por lo que la entidad demandada se encuentra ante una imposibilidad material y presupuestal, debido a que no están presupuestados los valores que se generarían en la nómina por el reconocimiento de las acreencias laborales solicitadas, lo que va en contravía de los establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989, y el artículo 2.8.3.2.1 del Decreto 1068 de 2015.

e) El trámite en segunda instancia

Siguiendo el trámite procesal de la segunda instancia, el recurso de apelación fue admitido, mediante auto del 24 de junio de 20255. En la oportunidad procesal para pronunciarse sobre el recurso de apelación, el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

a) La competencia

Este Tribunal es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia dictada en el presente proceso por un juez administrativo transitorio, según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011.

De igual manera, se advierte que no se observa causal de nulidad alguna que pueda invalidar lo actuado, por lo que se procede a decidir el fondo del asunto.

4 PDF 15 C01 5 PDF 10 C02.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300120230022201

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b) Problema jurídico

Para resolver el asunto sometido a consideración judi cial, conforme las competencias del juez de segunda instancia, previstas en los artículos 3206 y 3287 del CGP8, la Sala deberá establecer, si la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013, modificado por el Decreto 1269 de 2015, constituye un factor salarial más allá de su destinación exclusiva para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, deberá analizarse si la parte demandante tiene derecho a que d icha bonificación sea reconocida como un componente salarial con incidencia en otras prestaciones.

Definida esa cuestión, en caso de ser procedente, se revisará lo relativo a la prescripción.

c) Marco normativo y jurisprudencial

Previo a resolver el problema jurídico planteado, y con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a traer a colación el marco legal y jurisprudencial que gobierna la bonificación judicial creada en favor de los servidores de la Rama Judicial.

De la bonificación judicial

En el marco de la Constitución Política de 1991, la competencia para regular el régimen

jurisprudencial que gobierna la bonificación judicial creada en favor de los servidores de la Rama Judicial.

De la bonificación judicial

En el marco de la Constitución Política de 1991, la competencia para regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos quedó establecida de manera concurrente entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. En este sentido, el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), otorga n al Congreso la facultad de expedir las leyes y fijar los lineamientos generales que deberá observar el Gobierno Nacional para: • Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados p úblicos, los miembros del Congreso y la Fuerza Pública -literal e-. • Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficialesliteral f-.

En virtud de esa atribución constitucional, se expidió la Ley 4ª de 1992, a través de la cual se estableció que corresponde al Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, conforme a los criterios definidos por el Congreso de la República en dicha ley marco.

Dicha norma legal establece el marco general d entro del cual el Gobierno Nacional debe ejercer la competencia que le ha sido asignada, para efectos de fijar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial9, con observancia de las normas, objetivos y criterios señalados en aquella.

En lo relativo a la bonificación judicial, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que el Gobierno Nacional establecería una prima especial, sin carácter salarial, con efectos a partir

En lo relativo a la bonificación judicial, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 dispuso que el Gobierno Nacional establecería una prima especial, sin carácter salarial, con efectos a partir

6 Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. 7 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelac ión no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. 8 Norma aplicable por la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 2.°.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

alegarse durante la audiencia. 8 Norma aplicable por la remisión normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011. 9 Artículo 2.°.Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Expediente nro. 23001333300120230022201

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del 1.º de enero de 1993, para algunos servidores públicos. Junto a ese dispositivo, incluyó en el parágrafo la obligación de que revisara el sistema de remun eración tanto de funcionarios como de empleados de la Rama Judicial. Textualmente, la norma en cuestión establece:

ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registr adores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

Para la Sección Segunda del Consejo de Estado, «lo pretendido tanto por el Constituyente como por el Legislador fue “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial” , le estaba vedado al Gobierno Nacional incumplir el mandato legal y exceder el marco y criterios allí fijados, teniendo en cuenta, se reitera, que la Ley no realizó discriminación alguna en ese sentido, además que lo que se dispuso fue la nivelación o reclasificación de la remuneración salarial, lo que en ambos sentidos implica incremento salarial»10.

Ante la falta de nivelación ordenada por el legislador, en el año 2012 se suscitó un conflicto laboral entre el Gobierno Nacional y los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, que llegó a su fin con la suscripción del Acta de Acuerdo del 6 de noviembre de 2012 donde se estableció11:

[C]on el fin de realizar la nivelación de la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, los representantes de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación y el Gobierno Nacional, por intermedio de los Ministerios de Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Seguridad Social, junto con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la

Fiscalía General de la Nación:

ACUERDAN

1.- Reconocer el derecho a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía

y Seguridad Social, junto con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la

Fiscalía General de la Nación:

ACUERDAN

1.- Reconocer el derecho a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, atendiendo criterios de equidad.

(…)

3.- A partir del año 2013, se iniciará el proceso de nivelación de la Rama Judicial, en la cuantía apropiada para el efecto, esto es, CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($120.000.000.000).

El proceso de ajustes en los sistemas de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, iniciará igualmente en la vigencia fiscal del 2013 y se realizará de forma equivalente al proceso que se realice para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con el monto que para ello se requiera.

10 Sentencia del 6 de abril de 2022 (exp. 0470-2020, Conjuez Ponente: Carm