TA COR - Sentencia 23001-33-33-002-2018-00487-01 (10-10-2025)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación 23001333300220180048701

Demandante: VISIÓN AGENCIA COMERCIAL LTDA (VISIÓN INMOBILIARIA M LTDA) Demandado: MUNICIPIO DE MONTERÍA Temas: Responsabilidad extracontractual del Estado – Enriquecimiento sin causa – Ocupación o uso de inmueble por entidad pública sin contrato o con contrato vencido

Decisión: Confirma Tipo de providencia: Sentencia

Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por l a apoderada del Municipio de Montería, contra la sentencia de 13 de mayo de dos mil veinte (2020) 1, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería.

II. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

1.1.1. La sociedad Visión Agencia Comercial Ltda. (Hoy Visión Inmobiliaria M Ltda.) , a través de su representante legal, celebró el contrato de arrendamiento N.º 248 de 2016 con el Municipio de Montería el 27 de mayo de ese año. El objeto del contrato fue el uso de un inmueble ubicado en la Cra. 14 Nº. 36 -30 del barrio La Floresta, desti nado a alojar a los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Metropolitana que

inmueble ubicado en la Cra. 14 Nº. 36 -30 del barrio La Floresta, desti nado a alojar a los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Metropolitana que prestan servicios en la ciudad. El contrato tuvo una duración pactada de siete meses, desde el 27 de mayo hasta el 27 de diciembre de 2016, con un canon mensual de $41.719.990, incluido IVA. Durante ese tiempo, la sociedad cumplió cabalmente con sus obligaciones contractuales.

1.1.2. Sin embargo, al finalizar el contrato, el Municipio de Montería continuó ocupando el inmueble sin prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo, incurriendo en una omisión administrativa. Esta ocupación irregular se extendió desde el 1 de enero hasta el 27 d e

1 Se deja constancia que a través de los Acuerdos PCSJA20 -11517, 11521, 11526, 11529 de marzo de 2020, 11532, 11546 de abril de 2020, 11549 y 11556 de mayo de 2020, y el 11567 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo el país por motivos de salubridad pública. Y mediante Acuerdos Nos. CSJCOA20 -49 del 12 de julio de 2020, CSJCOA20 -51 del 15 de julio de 2020 y CSJCOA20-58 de 22 de julio de 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba dispuso el cierre

extraordinario del Tribunal Administrativo de Córdoba desde el 13 de julio hasta el 31 de julio de 2020. Luego, a través del Acuerdo CSJCOA20-60 de 24 de julio de 2020, revocó los artículos 2 al 9 del Acuerdo CSJCO2058 relativos a las excepciones a la suspensión de términos.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300220180048701

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CO-SC5780-99 marzo de 2017, sin que se cancelaran los cánones de arrendamiento correspondientes a ese periodo. La sociedad arrendadora, por su parte, debió asumir el pago al propietario del inmueble con recursos propios, generando un daño patrimonial directo. El valor total de los cánones no pagados asciende a $130.667.008, discriminados en $45.057.589 por cada uno de los meses de enero y febrero, y $40.551.830 por la fracción del mes de marzo.

1.1.3 El 22 de marzo de 2017, el municipio suscribió un nuevo contrato de arrendamiento (N.º 224 de 2017), con inicio el 28 de marzo, lo que dejó sin cobertura contractual los meses anteriores. A pesar de los reiterados intentos de la sociedad para legalizar el contrato correspondiente al periodo omitido, el municipio se negó a pagar los valores adeudados, argumentando que debía resolverse mediante conciliación ante la Procuraduría o por vía judicial. En consecuencia, se presentaron dos solicitudes de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativos, en mayo y noviembre de 2017,

judicial. En consecuencia, se presentaron dos solicitudes de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Administrativos, en mayo y noviembre de 2017, ambas con el objetivo de obtener el reconocimiento de los cánones de arrendamiento no cancelados.

1.1.4. La primera audiencia de conciliación se celebró el 17 de julio de 2017, y aunque el municipio manifestó su voluntad de conciliar por un valor de $148.857.257 (incluyendo servicios públicos), el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería improbó el acuerdo, alegando ambigüedad en las cláusulas contractuales sobre el pago de servicios públicos. Ante ello, la sociedad renunció expresamente a esa pretensión y presentó una segunda solicitud de conciliación, esta vez limitada exclusivamen te al cobro de los cánones de arrendamiento. La audiencia se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2017, y el municipio aceptó conciliar por $135.172.767. No obstante, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería también improbó el acuerdo, señalando que el canon aplicable debía ser el pactado en el contrato anterior ($41.719.990) y no el nuevo valor.

1.1.5. Frente a la imposibilidad de resolver el conflicto por vía conciliatoria, la sociedad considera agotado el requisito de procedibilidad y presenta demanda de reparación directa, invocando la responsabilidad objetiva del Estado por omisión administrativa. Al ega que el municipio continuó ocupando el inmueble sin contrato vigente, sin pagar los valores correspondientes, y sin atender las gestiones de legalización promovidas por la sociedad.

1.2 Pretensiones

municipio continuó ocupando el inmueble sin contrato vigente, sin pagar los valores correspondientes, y sin atender las gestiones de legalización promovidas por la sociedad.

1.2 Pretensiones

1.2.1. Que se declare administrativamente responsable al Municipio de Montería por los daños materiales ocasionados a la sociedad Visión Agencia Comercial Ltda., como consecuencia de las omisiones y acciones administrativas derivadas de la no elaboración de un contrato de arrendamiento para el inmueble ubicado en la Cra. 14 Nº. 36-30 del barrio La Floresta, ocupado por el ESMAD entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2017.

1.2.2. Se solicita que se condene al Municipio de Montería a pagar los cánones de arrendamiento correspondientes entre 1 de enero y el 27 de marzo de 2017, con sus respectivos intereses, como reparación de los daños materiales sufridos por la sociedad demandante, distribuidos de la siguiente manera:Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300220180048701

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CO-SC5780-99 - Perjuicios materiales

• Daño emergente: Por valor de $130.667.008, correspondiente a los pagos realizados por la sociedad al propietario del inmueble durante el periodo no cubierto por contrato.

• Lucro cesante consolidado: Por valor de $65.442.197, correspondiente a los intereses dejados de percibir por la sociedad, calculados a una tasa del 2.5% mensual.

por contrato.

• Lucro cesante consolidado: Por valor de $65.442.197, correspondiente a los intereses dejados de percibir por la sociedad, calculados a una tasa del 2.5% mensual.

1.2.3. Que se ordene la reparación integral de los perjuicios sufridos, conforme al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y la jurisprudencia contenciosa administrativa vigente.

1.2.4. Finalmente, solicita se ordene al Municipio de Montería cumplir integralmente la sentencia favorable, actualizando el valor de las condenas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, y que se le imponga además el pago de las costas procesales y agencias en derecho, en los términos previstos por el artículo 299 del mismo código.

1.3. Sentencia de primera instancia2

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Montería declaró que el Municipio de Montería se enriqueció sin justa causa, a expensas del empobrecimiento patrimonial de la sociedad Visión Agencia Comercial Ltda. En consecuencia, condenó a la entidad territorial a restituir el valor del perjuicio causado, suma que deberá ser actualizada conforme a lo indicado en la parte motiva de la sentencia, sin que genere intereses comerciales ni moratorios.

Del análisis probatorio, el a quo estableció que Visión Agencia Comercial Ltda. se dedica a actividades inmobiliarias y actuó como administradora del inmueble arrendado al Municipio de Montería para alojar al ESMAD, según contrato de arrendamiento No. 248 de 2016, con un canon mensual de $41.719.990 y vigencia hasta el 31 de diciembr e de 2016. Dicho

de Montería para alojar al ESMAD, según contrato de arrendamiento No. 248 de 2016, con un canon mensual de $41.719.990 y vigencia hasta el 31 de diciembr e de 2016. Dicho contrato fue liquidado el 27 de diciembre de ese año, quedando pendiente un pago final. Posteriormente, se suscribió el contrato No. 224 de 2017, con vigencia desde el 28 de marzo de 2017, dejando sin cobe rtura contractual el periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 27 de marzo de 2017.

El Juzgado de primera instancia estableció que, conforme a la Ley 80 de 1993, los contratos estatales son de naturaleza solemne, de modo que su perfeccionamiento requiere la forma escrita. Por tanto, la ocupación del inmueble durante los primeros meses de 2017 no podía entenderse como prórroga tácita ni como arrendamiento verbal, pues estas figuras carecen de validez en el ámbito de la contratación pública. En consecuencia, la controversia debía resolverse bajo la figura del enriquecimiento sin causa, confo rme a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado (sentencia del 19 de noviembre de 2012, exp. 24897), que fija los requisitos para su procedencia.

2 Ver 04Sentencia.pdf 01Primera Instancia, Expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300220180048701

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Al analizar las pruebas, el despacho concluyó que el Municipio de Montería obtuvo un

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Al analizar las pruebas, el despacho concluyó que el Municipio de Montería obtuvo un beneficio patrimonial injustificado, al mantener la ocupación del inmueble sin pagar los cánones correspondientes, mientras la sociedad demandante sufrió un detrimento económico al no poder disponer del bien ni percibir renta alguna. A juicio del juez, la falta de formalización contractual no fue imputable a la actora, sino a la falta de facultades contractuales del alcalde municipal, derivada de restricciones impuestas por el Concejo de Montería, lo que no eximía al ente territorial del deber de reparar el perjuicio causado.

En ese contexto, el juzgado consideró demostrados los elementos de la actio in rem verso y declaró la responsabilidad patrimonial del municipio, al haber incurrido en un enriquecimiento sin justa causa. En consecuencia, condenó a la entidad demandada al pago de los perjuicios materiales ocasionados, reconocidos en la modalidad de lucro cesante, equivalentes a los cánones dejados de percib ir entre el 1.º de enero y el 27 de marzo de 2017. El valor fue determinado en $120.987.971, actualizado a octubre de 2019 en $130.371.027,8, sin intereses moratorios, al tratarse de una restitución compensatoria y no de una sanción pecuniaria.

1.4. Recurso de apelación3

La apoderada judicial del Municipio de Montería impugnó la sentencia que declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad por el enriquecimiento sin causa derivado de la ocupación del inmueble arrendado sin contrato durante los meses de enero a marzo d e

La apoderada judicial del Municipio de Montería impugnó la sentencia que declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad por el enriquecimiento sin causa derivado de la ocupación del inmueble arrendado sin contrato durante los meses de enero a marzo d e

2017. En su recurso, la demandada manifestó que el juez erró al considerar configurados los elementos de dicha figura, pues no analizó debidamente la causa determinante del daño ni valoró la existencia de una causal eximente de responsabilidad, concretamente el hecho de un tercero, que —a juicio del apelante — rompía el nexo causal entre la conducta del municipio y el perjuicio alegado.

El municipio alegó que la falta de facultades del alcalde para contratar, atribuible al Concejo de Montería, fue la verdadera causa de la ausencia de contrato durante el periodo en litigio. Según la apelante, esta situación constituye un hecho exclusivo, impre visible e irresistible de un tercero, pues el alcalde dependía de la autorización del concejo para celebrar contratos, conforme al artículo 313 de la Constitución Política. Solo cuando el Tribunal Administrativo de Córdoba resolvió las objeciones y restitu yó las facultades, se pudo suscribir el nuevo contrato de arrendamiento No. 224 de 2017. Por ello, sostuvo que la omisión contractual no fue imputable al municipio, sino una consecuencia inevitable de una decisión ajena a su voluntad.

La recurrente apoyó su postura en la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual las causales eximentes —como el hecho de un tercero — excluyen la responsabilidad cuando son exteriores al ente demandado y constituyen la causa determinante del daño. Afirmó que en este caso se cumplen los requisitos de exclusividad, imprevisibilidad e

las causales eximentes —como el hecho de un tercero — excluyen la responsabilidad cuando son exteriores al ente demandado y constituyen la causa determinante del daño. Afirmó que en este caso se cumplen los requisitos de exclusividad, imprevisibilidad e irresistibilidad, ya que el concejo municipal era el único órgano competente para autorizar la contratación y su decisión escapaba totalmente al control del ejecutivo local. Además, argumentó que no se acreditó constreñimiento alguno por parte del municipio hacia la demandante para continuar el uso del inmueble, por lo cual no podía configurarse un enriquecimiento injustificado.

3 Ver 06RecursoApelacion.pdf 01Primera Instancia, Expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300220180048701

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Finalmente, la apoderada cuestionó que el juzgado hubiera tenido por demostrado el nexo causal sin un análisis riguroso de la relación entre la omisión administrativa y el daño económico alegado. Sostuvo que el vínculo no podía limitarse a la simple ocupación del inmueble sin pago, sino que debía e xaminarse la causa eficiente del daño, que en su concepto fue el actuar del concejo municipal y no de la administración ejecutiva. En consecuencia, pidió al Tribunal Administrativo de Córdoba revocar la sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda, al no haberse acreditado los elementos estructurales de la responsabilidad estatal ni la procedencia de la actio in rem verso.

1.5. Trámite de segunda instancia

instancia y negar las pretensiones de la demanda, al no haberse acreditado los elementos estructurales de la responsabilidad estatal ni la procedencia de la actio in rem verso.

1.5. Trámite de segunda instancia

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de fecha 4 de marzo de 2022. Mediante providencia adiada 15 de febrero de 2023, se ordenó correr traslado a las partes a fin de que estas presentaran sus alegatos de conclusión y el Ministerio Público emitiera concepto de fondo.

• El apoderado judicial informó al Tribunal que, mediante acta de junta extraordinaria de

socios No. 5 del 21 de septiembre de 2020, la sociedad Visión Agencia Comercial Ltda. cambió su razón social a Visión Inmobiliaria M Ltda., conservando el mismo NIT 9002463550 y, por tanto, su identidad jurídica. Este cambio, inscrito en la Cámara de Comercio de Montería, no implica una modificación en la persona jurídica demandante, sino únicamente una actualización de su denominación, raz ón por la cual solicitó que dicho aspecto sea tenido en cuenta al momento de proferirse el fallo de segunda instancia4.

El apoderado del demandante destacó que el fallo de primera instancia fue acertado, pues demostró que el Municipio de Montería mantuvo la ocupación del inmueble sin contrato ni causa legal, configurando un claro caso de enriquecimiento sin causa. Señaló qu e la administración incurrió en una omisión al no gestionar oportunamente ante el concejo municipal las facultades necesarias para suscribir un nuevo contrato, pese a que el bien seguía siendo usado por el ESMAD. Por ello, calificó la apelación como temera ria, dado

administración incurrió en una omisión al no gestionar oportunamente ante el concejo municipal las facultades necesarias para suscribir un nuevo contrato, pese a que el bien seguía siendo usado por el ESMAD. Por ello, calificó la apelación como temera ria, dado que la propia entidad reconoce haber ocupado el inmueble, pero pretende evadir el pago de los cánones adeudados bajo excusas infundadas.

Asimismo, rechazó la tesis de la apelante sobre la existencia de una causal eximente de responsabilidad por hecho de un tercero, argumentando que dicha circunstancia fue analizada y descartada por el a quo. A su juicio, la falta de diligencia del municipio y la ocupación prolongada del inmueble sin contraprestación evidencian una omisión estatal injustificada, razón por la cual solicitó confirmar en su integridad la sentencia recurrida y condenar en costas a la entidad demandada.

• La demandad no presentó alegatos. El agente del Ministerio Público delegado ante la Sala tampoco emitió concepto de fondo.

4 Ver 12AlegatosConclusion.pdf 02Segunda Instancia, Expediente digital.Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300220180048701

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II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. Competencia

Según el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), este tribunal es competente para conocer en segunda instancia la

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

2.1. Competencia

Según el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), este tribunal es competente para conocer en segunda instancia la apelación, debido a que la sentencia de primera instancia fue proferida por un Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de Montería.

2.2. Impedimento manifestado por integrante de la Sala

Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala dual integrada con la doctora María Bernarda Martínez Cruz procede al análisis del impedimento manifestado por la magistrada María Virginia Lorduy Villarreal, quien considera estar impedida para conocer del pr esente proceso por las siguientes razones:

Primera causal: La magistrada intervino en una etapa previa del proceso en calidad de Procuradora 190 Judicial I para Asuntos Administrativos, actuando como conciliadora en virtud de lo dispuesto en la Ley 2220 de 2022. Esta causal de impedimento se fundamenta en el art ículo 141, numeral 2º, del Código General del Proceso, el cual consagra como causal de recusación: “ [h]aber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez [...]”.

En cuanto al alcance de esta disposición, la doctrina ha señalado que el término “instancia anterior” comprende tanto la primera como la segunda instancia, y no necesariamente una inferior. Se advierte que su finalidad es salvaguardar la imparcialidad judicial, evitando que quien haya emitido un pronunciamiento previo conozca posteriormente el mismo asunto, lo que podría llevar a la defensa de decisiones anteriores propias o de parientes cercanos5.

Asimismo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 12 de

que podría llevar a la defensa de decisiones anteriores propias o de parientes cercanos5.

Asimismo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 12 de octubre de 2018 (Exp. 11001020300020180117300), precisó que esta causal exige dos condiciones: (i) que el juez haya realizado una actuación previa, identificable de mane ra objetiva, y (ii) que dicha actuación se haya desarrollado en una instancia anterior, conforme al principio de doble instancia.

Revisado el expediente, se constata que la magistrada intervino como conciliadora en sede extrajudicial, sin que dicha participación implicara conocimiento del proceso en instancia formal alguna, ni la emisión de pronunciamiento sobre el fondo del litigio. Su actuación se limitó a facilitar un acercamiento entre las partes, sin ejercer funciones jurisdiccionales ni comprometer su independencia o criterio. En consecuencia, no se configura la causal invocada, por lo cual el impedimento es infundado respecto de esta causal.

Segunda causal: La magistrada manifiesta que su cónyuge, Miguel Rafael Lengua Mejía, ostenta la calidad de representante legal de la empresa Cuántico Ingeniería S.A.S., sociedad que actualmente mantiene contratos de obra pública vigentes con el Municipio de Montería —entidad demandada en este proceso —, a través de unión temporal y/o consorcio.

5 Código General del Proceso, Parte General. López Blanco, Hernán Fabio. Bogotá D.C DUPRE Editores Ltda, pág.270-271Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300220180048701

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pág.270-271Medio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300220180048701

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Esta circunstancia se subsume en la causal prevista en el artículo 130, numeral 4º, de la Ley 1437 de 2011, que establece como causal de impedimento: “ Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de u na de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados.”

Verificada la información, la Sala constata que el cónyuge de la magistrada efectivamente mantiene vínculos contractuales vigentes con la entidad demandada, configurándose así de manera objetiva la causal invocada. Por tanto, se acepta el impedimento manif estado por la magistrada María Virginia Lorduy Villarreal y se dispone su separación del conocimiento del presente asunto.

2.3. Problema jurídico

Según el artículo 328 del CGP, el superior debe revisar los argumentos presentados en el recurso de apelación. No puede modificar la decisión apelada en aspectos que no fueron objeto de impugnación, de manera que, solo puede pronunciarse sobre los puntos específicos que las partes han cuestionado.

En este caso, corresponde determinar si debe confirmarse o revocarse la sentencia de

objeto de impugnación, de manera que, solo puede pronunciarse sobre los puntos específicos que las partes han cuestionado.

En este caso, corresponde determinar si debe confirmarse o revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad patrimonial del Municipio de Montería, a título de enriquecimiento sin causa, y lo condenó al pago de los perjuicios mater iales ocasionados por la ocupación del inmueble arrendado sin contrato entre el 1.º de enero y el 27 de marzo de 2017.

En ese sentido, corresponde determinar si se configuró el daño antijurídico alegado por la parte actora y si este resulta imputable al Municipio de Montería, a partir de la imposibilidad de percibir los cánones de arrendamiento del inmueble ubicado en la carrera 14 No. 36-30 del barrio La Floresta, ocupado por el ESMAD durante los meses de enero a marzo de 2017 sin contrato vigente.

En particular, debe establecerse si la prolongación de la ocupación del bien sin contraprestación económica, pese a haber finalizado el contrato de arrendamiento anterior y sin que mediara nuevo acuerdo escrito, constituye un hecho generador de un daño antijurídico autónomo, así como si existe relación causal directa entre dicha omisión administrativa y el detrimento patrimonial sufrido por la sociedad demandante, consistente en la pérdida de los ingresos de arrendamiento correspondientes a ese período.

A su vez, la parte demandada sostuvo en su apelación que la sentencia de primera instancia incurrió en errores de hecho y de derecho al declarar configurado el enriquecimiento sin causa. Argumentó que no se demostró plenamente el perjuicio económico alegado, pues la

A su vez, la parte demandada sostuvo en su apelación que la sentencia de primera instancia incurrió en errores de hecho y de derecho al declarar configurado el enriquecimiento sin causa. Argumentó que no se demostró plenamente el perjuicio económico alegado, pues la sociedad demandante no acreditó con documentos idóneos la afectación patrimonial derivada de la ocupación temporal del inmueble. Asimismo, señaló que la falta de contrato de arrendamiento no fue imputable al municipio, sino a la ausencia de facu ltades contractuales del alcalde, situación generada por una decisión del Concejo Municipal de Montería, la cual constituye, a su juicio, un hecho de un tercero que rompe el nexo causal. Finalmente, reprochó que el juez no valorara esta circunstancia como causal exonerativaMedio de Control: Reparación Directa Radicación Expediente No. 23001333300220180048701

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CO-SC5780-99 de responsabilidad, ni la voluntad de la administración de regularizar la ocupación tan pronto se recuperaron dichas facultades.

Así las cosas, de no demostrarse el enriquecimiento sin causa ni su nexo con el perjuicio alegado, deberá revocarse la sentencia apelada por falta de responsabilidad atribuible al Municipio de Montería.

Para resolver el problema jurídico se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) Enriquecimiento sin causa en la contratación estatal: análisis jurisprudencial y aplicación excepcional de la actio in rem verso , (ii) Caso concreto, en este ítem se analizarán si se

Enriquecimiento sin causa en la contratación estatal: análisis jurisprudencial y aplicación excepcional de la actio in rem verso , (ii) Caso concreto, en este ítem se analizarán si se satisfacen los elementos que configuran la responsabilidad del Estado. Luego, de ser el necesario, iii) Lo correspondiente a la liquidación de perjuicios reclamados.

2.3.1. Enriquecimiento sin causa en la contratación estatal: análisis jurisprudencial y aplicación excepcional de la actio in rem verso.

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en ejercicio de su función unificadora de la jurisprudencia en materia contencioso-administrativa, abordó el estudio de la figura del enriquecimiento sin causa y la procedencia excepcional de la actio in rem verso como mecanismo de reparación. En sentencia de unificación proferida el 19 de noviembre de 2012, expediente 24897, la Corporación estableció los criterios bajo los cuales resulta procedente acudir a dicha acción. En esa oportunidad, expuso:

«12.2. Con otras palabras, la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem verso sin que medie contrato alguno, pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos, eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se mencionó.

Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes:

general que antes se mencionó.

Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los siguientes:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado, la que en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia del mismo.

b) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por co nexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de selección de contratistas, así com o de la celebración de los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la pres ente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido realme