TA COR - Sentencia 23001-33-33-003-2025-00217-01 (20-08-2025)

SIGCMA

CO-SC578099

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, veinte (20) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Medio de control TUTELA (IMPUGNACIÓN) Radicación 23001333300320250021701

Demandante LOLY SOBEIDA OSORIO CUADRADO

Demandado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS (UARIV) Tipo de providencia Sentencia

Decisión: Confirma

La sala decide la impugnación de la sentencia de fecha 9 de julio de 2025, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería, dentro de la acción de tutela incoada por la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado en contra de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas

(UARIV).

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

La señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado manifiesta ser víctima del conflicto armado interno por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Aduce que el 7 de enero de 2001 ocurrieron los hechos victimizantes en la vereda La Ceiba, municipio de Remedios, Antioquia.

Indica que el 4 de marzo de 2013 rindió declaración ante la Unidad para las Víctimas con el fin de ser inscrita en el Registro Único de Víctimas, lo cual se materializó

Remedios, Antioquia.

Indica que el 4 de marzo de 2013 rindió declaración ante la Unidad para las Víctimas con el fin de ser inscrita en el Registro Único de Víctimas, lo cual se materializó mediante Resolución n.º 2013-209365 del 28 de junio de 2013.

Señala que dentro de su núcleo familiar se encuentran los señores Daniel Enrique Romero Contreras y Daniel Ángel Romero Osorio. Agrega que en el año 2014 recibió, por parte de la Unidad para las Víctimas, la última ayuda humanitaria de subsistencia económica.

Posteriormente, en el año 2016, le fue notificada la suspensión de las ayudas humanitarias mediante Resolución n.º 0600120160869222, en la cual se indicó que en su hogar no se evidenciaba situación de vulnerabilidad. En dicha resolución se le

1 Ver archivo 02Demanda.pdf del expediente digital.Medio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

Demandado: UARIV

2

CO-SC5780-99 informó, además, que debía esperar la reparación integral a través del mecanismo de indemnización administrativa.

Aduce que actualmente se encuentra en una precaria situación económica, pues carece de vivienda propia; adicionalmente, el alto costo de los servicios públicos domiciliarios, sumado a la responsabilidad de cuidar a su madre —adulto mayor en condición de discapacidad—, le genera elevados gastos de subsistencia.

Reitera que han transcurrido más de diez años desde que recibió la última ayuda

domiciliarios, sumado a la responsabilidad de cuidar a su madre —adulto mayor en condición de discapacidad—, le genera elevados gastos de subsistencia.

Reitera que han transcurrido más de diez años desde que recibió la última ayuda humanitaria y que la Unidad para las Víctimas le ha reiterado que debe esperar la indemnización administrativa.

En atención a lo anterior, el 19 de septiembre de 2024 interpuso derecho de petición ante la Unidad para las Víctimas solicitando el pago de la indemnización, frente al cual la entidad respondió que su caso aún se encuentra en etapa favorable dentro del estudio de priorización adelantado por la institución.

1.2. Petición

Solicita se amparen sus derechos fundamentales a la reparación integral, a la dignidad humana y al mínimo vital.

En consecuencia, pide que se ordene el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa en su calidad de víctima de desplazamiento forzado. Asimismo, solicita que se le informe de manera precisa y explícita el trámite correspondiente para garantizar el cumplimiento efectivo de su derecho a la indemnización administrativa, especificando de forma clara y de fondo la fecha en que se efectuará el pago de dicha indemnización a su núcleo familiar.

1.3. Contestación Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV)2

Informa que la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, con radicado NE000133146, de conformidad con lo establecido en la Ley

Registro Único de Víctimas (RUV) por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, con radicado NE000133146, de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011. Precisa que el 23 de septiembre de 2024 la entidad profirió comunicado identificado con el código LEX 8209492.

Aduce que no se ha vulnerado el derecho fundamental de petición, toda vez que la solicitud fue atendida oportunamente mediante el comunicado con código LEX 8209492, enviado al correo electrónico danielaangel.223@gmail.com.

Sostiene, en relación con los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2024, que se trata de un hecho superado, en tanto la solicitud de derecho de petición fue respondida el 23 de septiembre de 2024.

2 Ver archivo 08ContestaciónTutela.pdf del expediente digital.Medio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

Demandado: UARIV

3

CO-SC5780-99

Finalmente, solicita que se declare la carencia actual de objeto en la presente acción constitucional y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones formuladas por la parte tutelante.

1.4. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 9 de julio de 2025, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería resolvió amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital y, de oficio, el derecho de petición de la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado.

En consecuencia, ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y

dignidad humana, al mínimo vital y, de oficio, el derecho de petición de la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado.

En consecuencia, ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, amplíe la respuesta emitida el 23 de se ptiembre de 2024 bajo el código LEX 8209492 e informe a la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado el plazo razonable y aproximado, así como el orden en el que podrá acceder a la indemnización administrativa, teniendo en cuenta que no fue priorizada.

Aclara que este amparo no implica una orden de pago ni que el mismo proceda de forma inmediata, sino que, como se ha expuesto en esta providencia y en otras de similar naturaleza, lo que se ordena es suministrar información sobre la fecha aproximada en que se efectuará el pago de la indemnización en caso de no existir priorización.

En sus consideraciones, el a quo expuso que, aunque la Unidad para las Víctimas respondió oportunamente a la solicitud presentada el 19 de septiembre de 2024, cuya contestación data del 23 de septiembre de 2024, dicha respuesta señaló únicamente que, al momento del reconocimiento de la me dida de indemnización administrativa, se aplicó el método técnico de priorización y que, para determinar la entrega de la indemnización, se debían considerar:

1. La medición de variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño y de avance en el proceso de reparación integral; ii) El presupuesto asignado a la entidad en la respectiva vigencia fiscal; y

indemnización, se debían considerar:

1. La medición de variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del daño y de avance en el proceso de reparación integral; ii) El presupuesto asignado a la entidad en la respectiva vigencia fiscal; y iii) El número de víctimas destinatarias de este proceso técnico en la anualidad correspondiente.

Indica que la respuesta de la entidad fue general respecto al procedimiento, sin precisar si el resultado fue favorable o desfavorable, ni detallar los componentes, variables o resultados del proceso. Por ello, infiere que el resultado fue no favorable y que la parte actora deberá esperar la aplicación del método en la siguiente vigencia.

Aduce que, al no indicar de manera clara un plazo aproximado ni el orden en el que podrá acceder a la indemnización al no ser priorizada, la entidad vulneró el derecho de petición de la actora en su calidad de desplazada por la violencia, lo cual impide declarar la configuración de un hecho superado, como alegó la parte accionada.

Reitera que la Unidad no informó sobre las fechas aproximadas para acceder a la indemnización administrativa en caso de no ser priorizada, lo cual constituye una omisión que vulnera derechos constitucionales fundamentales. Manifiesta que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, debeMedio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

Demandado: UARIV

4

CO-SC5780-99 brindarse certeza sobre los plazos y el orden de acceso, puesto que someter a las víctimas a una espera indefinida afecta gravemente sus derechos.

Demandado: UARIV

4

CO-SC5780-99 brindarse certeza sobre los plazos y el orden de acceso, puesto que someter a las víctimas a una espera indefinida afecta gravemente sus derechos.

Finalmente, señala que, aunque la parte actora no fue priorizada por no demostrar urgencia manifiesta ni extrema vulnerabilidad, ni acreditar el cumplimiento de los criterios de priorización, lo relevante del caso consiste en que la Unidad omitió informar de manera clara y precisa un plazo aproximado y el orden de entrega de la indemnización. Además, se comprobó su situación económica vulnerable, toda vez que se encuentra clasificada en el Sisbén IV en condición de pobreza extrema moderada, nivel B2.

1.5. Impugnación3

Dentro del término legal, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) impugnó el fallo de primera instancia, señalando que la entidad se encuentra imposibilitada para informar con certeza el monto, la fec ha, el plazo o el turno estimado para el pago de la indemnización reconocida a favor de la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado, mediante Resolución n.º 04102019 -326886 del 29 de enero de 2020, toda vez que debe respetarse el procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y garantizarse los derechos procesales de las víctimas del conflicto.

Precisa que la entidad no asigna turnos individuales para la indemnización, pues dicha compensación económica se entrega en el marco del sistema de priorización introducido por la Resolución 1049 de 2019, el cual establece que deben priorizarse

Precisa que la entidad no asigna turnos individuales para la indemnización, pues dicha compensación económica se entrega en el marco del sistema de priorización introducido por la Resolución 1049 de 2019, el cual establece que deben priorizarse las persona s que acrediten una condición de urgencia manifiesta, extrema vulnerabilidad, o aquellas que, tras la aplicación del método técnico de priorización, puedan ser indemnizadas conforme al presupuesto asignado en cada vigencia fiscal.

Señala, además, que no existe un listado de solicitudes previamente establecido; en consecuencia, el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa está sujeto a la aplicación anual del método técnico de priorización contenido en la Resolución 1049 de 2019, por lo que no es posible indicar de antemano la vigencia en que se materializará dicha medida. En ese sentido, si la víctima no cumple con alguno de los criterios de priorización previstos en el artículo 4 de la citada resolución, deberá someterse al resultado del método técnico que se aplica cada año.

Aduce que la entidad ya dio respuesta de fondo a la petición de indemnización presentada por la actora, mediante acto administrativo en el que resolvió: i) reconocer la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, y ii) someter su caso al método técnico de priorización.

Reitera que la UARIV aplica dicho método de forma anual y que a las víctimas que obtengan un resultado favorable se les entrega la indemnización en la respectiva vigencia. En el caso de la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado, señala que se aplicó el método técnico el 8 de mayo de 2024 y el resultado fue no favorable.

obtengan un resultado favorable se les entrega la indemnización en la respectiva vigencia. En el caso de la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado, señala que se aplicó el método técnico el 8 de mayo de 2024 y el resultado fue no favorable.

Concluye informando que, de acuerdo con lo anterior, durante el año 2025 se aplicará nuevamente el método técnico de priorización y, una vez efectuado, se dará a conocer el resultado del proceso.

3 Ver archivo 11ImpugnacionFalloTutela.pdf en expediente digital.Medio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

Demandado: UARIV

5

CO-SC5780-99 1.6. Vista fiscal

El señor agente del Ministerio Público no intervino en esta oportunidad.

1.7. Trámite impugnación

Por auto de fecha 22 de julio de 20254, se admitió la impugnación presentada por la parte demandada, contra el fallo de tutela de 9 de julio de 2025.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

El Tribunal Administrativo de Córdoba resuelve el asunto, considerando que es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia emitida en acción de tutela de la referencia, según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

En primer lugar, debe indicarse que en el sub examine la parte demandada presenta impugnación en contra de la sentencia de primera instancia dentro del término establecido para ello. La impugnación fue concedida por el a quo y admitida por el

En primer lugar, debe indicarse que en el sub examine la parte demandada presenta impugnación en contra de la sentencia de primera instancia dentro del término establecido para ello. La impugnación fue concedida por el a quo y admitida por el tribunal, por lo tanto, se procederá con su análisis.

2.2 Problema Jurídico

Determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de primera instancia en virtud de la cual se amparó el derecho fundamental a la dignidad humana, mínimo vital y de oficio el derecho de petición de la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado.

En procura de resolver la Litis, se realizará el estudio de los siguientes aspectos: i) Procedencia de la acción de tutela, ii) Derecho fundamental de petición, iii) Requisitos para que la población en situación de desplazamiento forzado tenga acceso a la indemnización administrativa, y iv) Caso concreto.

2.2.1 Procedencia de la acción de tutela

Según la Corte Constitucional hay cuatro requisitos de procedencia de la acción de tutela. Estos son: (i) legitimación por activa, referente a que puede ser usada por todas las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados, por sí misma o por quien actúe a su nombre; (ii) legitimación por pasiva, ya que procede contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares cuando entre otras existe una relación de subordinación, como sucede entre el trabajador y su empleador; (iii) inmediatez, dado que no puede transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación u omisión y el uso del amparo y (iv) subsidiariedad, pues la tutela resulta procedente cuando no existen

tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación u omisión y el uso del amparo y (iv) subsidiariedad, pues la tutela resulta procedente cuando no existen otros mecanismos d e defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan eficaces para el caso concreto o cuando aun siéndolo se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable y se usa como mecanismo transitorio. A continuación, se revisará el cumplimiento de estos.

4 Ver archivo 04AutoAdmite.pdf en expediente digital.Medio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

Demandado: UARIV

6

CO-SC5780-99 ✓ Legitimación en la causa por activa

Según el artículo 86 de la Constitución Política, artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es titular de la acción de tutela cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le resulten vulnerados o amenazados, de tal forma que pueda presentarla por sí misma o por medio de un tercero que actúe en su nombre.

En el caso sub examine , la señora Loly Sobeida Osorio Cuadrado se encuentra legitimada en la causa por activa para adelantar la acción de tutela, pues es quien aduce vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital y derecho de petición.

✓ Legitimación en la causa por pasiva

Referido a quién va dirigida la acción de tutela el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que: “(…) se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del

✓ Legitimación en la causa por pasiva

Referido a quién va dirigida la acción de tutela el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que: “(…) se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.

La Unidad para las Victimas se encuentra legitimada en la causa por pasiva , en la medida que la actora afirma que esta es la entidad que vulneró los derechos fundamentales al no resolver de fondo la petición formulada.

✓ Examen de inmediatez

La inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela que nace como herramienta para cumplir con el fin de hacer de la acción de tutela un medio de amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.

La Corte Constitucional en sentencia T – 085 de 2023 sobre este principio h a dispuesto que:

«Aunado a lo anterior, en el desarrollo jurisprudencial del requisito de inmediatez esta Corte ha manifestado que este se entiende satisfecho también cuando a pesar de que el hecho que desató la alegada vulneración o amenaza cuenta con cierta antigüedad, aquella persiste en el tiempo, de manera que aún al momento de fallarse la acción de tutela se encuentra vigente y se hace necesaria la intervención del juez constitucional.»

En el caso bajo examen, la actora solicitó su inclusión en la ruta prioritaria para el desembolso de la indemnización administrativa el 19 de septiembre de 2024 y promovió la acción de tutela el 25 de junio de 2025. La Sala advierte que, si bien ha transcurrido un lapso considerable entre la petición y la interposición del amparo, la

promovió la acción de tutela el 25 de junio de 2025. La Sala advierte que, si bien ha transcurrido un lapso considerable entre la petición y la interposición del amparo, la presunta vulneración alegada se mantiene en el tiempo y persiste de manera continua. En consecuencia, se concluye que la acción de tutela fue presentada en un término razonable y oportuno, cumpliéndose así con el requisito de inmediatez.Medio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

Demandado: UARIV

7

CO-SC5780-99 ✓ Examen del cumplimiento del principio de subsidiariedad

Respecto del requisito de subsidiariedad, se considera que la acción de tutela constituye un mecanismo judicial de naturaleza constitucional orientado a la protección de los derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, e incluso de los particulares.

La tutela tiene un carácter excepcional, de manera que su interposición únicamente resulta procedente cuando, tras examinar el sistema de acciones judiciales, no se encuentre un medio ordinario idóneo y eficaz para la protección de los derechos, o cuando, aun existiendo, este no resulte apto para otorgar una protección oportuna y evitar una afectación grave e irreversible de las garantías constitucionales, tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en su jurisprudencia.

En ese sentido, tratándose de una persona en condición de desplazamiento forzado por la violencia, no puede exigírsele con el mismo rigor el agotamiento de los medios de defensa judicial ordinarios, pues esta población, por ser sujeto de especial

En ese sentido, tratándose de una persona en condición de desplazamiento forzado por la violencia, no puede exigírsele con el mismo rigor el agotamiento de los medios de defensa judicial ordinarios, pues esta población, por ser sujeto de especial protección constitucional, merece acciones afirmativas por parte del Estado que garanticen una igualdad material. En consecuencia, el análisis del requisito de subsidiariedad debe aplicarse con menor rigor.

Además, no existe un mecanismo judicial ordinario específicamente diseñado para atender este tipo de reclamaciones, por lo que la acción de tutela se erige como el medio idóneo para obtener la protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, en particular el derecho de petición, dado que se alega la falta de respuesta de fondo a lo solicitado. Así, la acción de tutela constituye el mecanismo judicial idóneo para exigir su cumplimiento, al no existir otro medio de defensa eficaz.

2.2.2. Derecho fundamental de petición

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra el derecho de petición en su artículo 23, el cual dispone:

“ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

El derecho a la petición permite la efectividad de otros similares de rango constitucional, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia como un derecho de tipo instrumental, por cuanto es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía por ser el principal medio que tiene para exigir a las autoridades y particulares el cumplimiento de sus deberes. Este derecho implica tres

de tipo instrumental, por cuanto es uno de los mecanismos de participación más importantes para la ciudadanía por ser el principal medio que tiene para exigir a las autoridades y particulares el cumplimiento de sus deberes. Este derecho implica tres elementos: (i) la posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal respectivo.

A su vez, la Ley 1755 de 2015, en virtud de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece en el inciso segundo del artículo 13 que en ejercicio del mismo se podrá solicitar: “el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, laMedio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

Demandado: UARIV

8

CO-SC5780-99 prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.”

De lo anterior, se colige que los ciudadanos tienen la facultad de formular solicitudes ante las autoridades respectivas y a obtener una respuesta pronta y completa, así mismo, la Administración tiene la obligación de contestar de manera oportuna, clara, de fondo, precisa y congruente con lo solicitado.

La Corte Constitucional en sentencia T – 044 de 2019 dispuso que, para que se pueda considerar satisfecho el derecho de petición, la respuesta emitida debe cumplir las siguientes características:

de fondo, precisa y congruente con lo solicitado.

La Corte Constitucional en sentencia T – 044 de 2019 dispuso que, para que se pueda considerar satisfecho el derecho de petición, la respuesta emitida debe cumplir las siguientes características:

«i) Prontitud . Que se traduce en la obligación de la persona a quien se dirige la comunicación de darle contestación en el menor tiempo posible, sin que exceda los términos fijados por la Ley 1755 de 2014. En aras de fortalecer esta garantía el Legislador previó que la ausencia de respuesta puede dar lugar a “falta para el servidor público y (…) a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.”

(ii) Resolver de fondo la solicitud . Ello implica que es necesario que sea clara, es decir, inteligible y de fácil comprensión ciudadana; precisa de modo que atienda lo solicitado y excluya información impertinente, para evitar respuestas evasivas o elusivas; congruente, o que se encuentre conforme a lo solicitado de modo que lo atienda en su totalidad; y consecuente con el trámite que la origina, cuando es el caso en que se enmarca en un proceso administrativo o una actuación en curso, caso en cual no puede concebirse como una petición aislada.

(iii) Notificación. No basta con la emisión de la respuesta, sino que la misma debe ser puesta en conocimiento del interesado y, ante el juez de tutela. Ello debe ser acreditado.»

2.2.3. Requisitos para que la población en situación de desplazamiento forzado tenga acceso a la indemnización administrativa.

La Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia

acreditado.»

2.2.3. Requisitos para que la población en situación de desplazamiento forzado tenga acceso a la indemnización administrativa.

La Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno es la fuente legal del derecho al reconocimiento y reparación integral de las víctimas del conflicto armad o interno. Una de las medidas de reparación de las victimas reconocidas consiste en otorgar una indemnización administrativa que propende por resarcir el daño causado por el hecho victimizante, como es el caso del desplazamiento forzado; sobre esta medida de reparación dicha ley dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO 132. REGLAMENTACIÓN. El Gobierno Nacional, reglamentará dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el trámite, procedimiento, mecanismos, montos y demás lineamientos para otorgar la indemnización individual por la vía administrativa a las víctimas. Este reglamento deberá determinar, mediante el establecimiento de criterios y objetivos y tablas de valoración, los rangos de montos que serán entregados a las víctimas como indemnización administrativa dependiendo del hecho victimizante, así como el procedimiento y los lineamientos necesarios para garantizar que la indemnización contribuya a superar el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la víctima y su núcleo familiar. De igual forma, deberá determinar la manera en que se deben articular las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley.Medio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

las indemnizaciones otorgadas a las víctimas antes de la expedición de la presente ley.Medio de control: Tutela (Impugnación) Radicación: 23001333300320250021701

Demandante: Loly Sobeida Osorio Cuadrado

Demandado: UARIV

9

CO-SC5780-99

Parágrafo 1°. El presente artículo surtirá efectos para las indemnizaciones administrativas que sean entregadas a partir de la fecha de expedición de la presente ley, así la solicitud fuese hecha con anterioridad.

Parágrafo 2º. El Comité Ejecutivo de que trata los artículos 164 y 165 de la presente ley será el encargado de revisar, por solicitud debidamente sustentada del ministro de Defensa, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, las decisiones que conceden la indemnización por vía administrativa. Esta solicitud de revisión procederá por las causales y en el marco del procedimiento que determine el Gobierno Nacional.

En este sentido, el Comité Ejecutivo cumplirá las funciones de una instancia de revisión de las indemnizaciones administrativas que se otorguen y establecerá criterios y lineamientos que deberán seguir las demás autoridades administrativas a la hora de dec idir acerca de una solicitud de indemnización. La decisión que adopte el Comité Ejecutivo será definitiva y mientras ejerce la función de revisión no se suspenderá el acceso por parte de la víctima a las medidas de asistencia, atención y reparación de que trata la presente ley.

Parágrafo 3º. La indemnización administrativa para la población en situación de desplazamiento se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional:

Parágrafo 3º. La indemnización administrativa para la población en situación de desplazamiento se entregará por núcleo familiar, en dinero y a través de uno de los siguientes mecanismos, en los montos que para el efecto defina el Gobierno Nacional:

I. Subsidio integral de tierras;

II. Permuta de predios;

III. Adquisición y adjudicación de tierras;

IV. Adjudicación y titulación de baldíos para población desplazada;

V. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural, en la modalidad de mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda y saneamiento básico, o

VI. Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano en las modalidades de adquisición, mejoramiento o construcción de vivienda nueva.

Parágrafo 4º. El monto de los 40 salarios mínimos legales vigentes del año de ocurrencia del hecho, que hayan sido otorgados en virtud del artículo 15 de la Ley 418 de 1997 por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional con motivo de hechos victimizante que causan muerte o desaparición forzada, o el monto de hasta 40 salarios mínimos legales vigentes otorgados por la incapacidad permanente al afectado por la vio