TA COR - Sentencia 23001-33-33-005-2024-00113-01 (10-11-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación 23001333300520240011301

Demandante EUSTORGIO MANUEL SÁNCHEZ SOLAR

Demandado NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FOMAG Y

OTRO Tipo de providencia SENTENCIA Tema SANCIÓN MORATORIA LEY 244 DE 1995 – RESPONSABILIDAD CONJUNTA – LEY 1955 DE 2019

Decisión MODIFICA

1. ASUNTO

El tribunal decide los recursos de apelación formulados por el departamento de Córdoba y el FOMAG contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2024, emitida por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería1.

2. LA DEMANDA

2.1. Hechos

2.1.1. La parte actora aduce que, por laborar como docente en los servicios educativos estatales en el departamento de Córdoba, el día 28 de septiembre de 2020 le solicitó al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de la cesantía a que tenía derecho.

2.1.2. Manifiesta que mediante la Resolución No. 3229 del 18 de diciembre de 2020, expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba le fue reconocida la cesantía solicitada.

2.1.2. Manifiesta que mediante la Resolución No. 3229 del 18 de diciembre de 2020, expedida por la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba le fue reconocida la cesantía solicitada.

2.1.3. Expone que la prestación no fue pagada a tiempo, es decir, ni la entidad territorial expidió el acto administrativo dentro de los 15 días que exige la ley, ni el Fomag pagó la cesantía dentro de los 45 días hábiles otorgados por el ordenamiento jurídico.

2.1.4. El valor reconocido por cesantías se puso a disposición en la entidad bancaria el 19 de mayo de 2021.

1La presente sentencia se profiere alterando el orden de los expedientes que se encuentra para fallo, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 115 de las Leyes 446 de 1998 y 1395 de 2010, toda vez que el tema debatido ha sido decantado por esta Corporación.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300520240011301

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CO-SC5780-99 2.1.5. Finalmente, comenta que, el día 27 de abril de 2021 presentó petición de reconocimiento de sanción mora de conformidad con los parámetros fijados en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019 ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y con copia ante el departamento de Córdoba. La petición se contestó negativamente según acto fico negativo configurado el 27 de julio de 2021.

2.2. Pretensiones

de Prestaciones Sociales del Magisterio y con copia ante el departamento de Córdoba. La petición se contestó negativamente según acto fico negativo configurado el 27 de julio de 2021.

2.2. Pretensiones

2.2.1. Que se declare la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio administrativo configurado frente a la petición realizada por el demandante el 27 de abril de 2021, a través del cual se niega el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas, de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019.

2.2.2. A título de restablecimiento del derecho, se declare que tiene derecho a la sanción pecuniaria solicitada establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de su salario por cada día de retardo, por el pago tardío de sus cesantías. En consecuencia, se ordene a las entidades demandadas reconocer y pagar la sanción moratoria fijada en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y según el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

2.2.3. Asimismo, solicita que las sumas reconocidas se indexen tomando como base la variación del índice de precios al consumidor, que se ordene cumplir la sentencia según los artículos 187 y 192 del CPACA respectivamente y, se condene en costas a su contra parte.

2.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

La parte actora estima vulneradas las siguientes disposiciones: ar tículos 2, 25 y 58 de la

artículos 187 y 192 del CPACA respectivamente y, se condene en costas a su contra parte.

2.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

La parte actora estima vulneradas las siguientes disposiciones: ar tículos 2, 25 y 58 de la Constitución Política, artículos 3 y 5 de la Ley 91 de 1989, artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.

3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia anticipada de fecha 30 de septiembre de 2024, se resolvió declarar probada la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por pasiva” propuesta por la Fiduprevisora S.A. De igual forma, se declararon no probadas las demás excepciones propuestas por el FOMAG, la Fiduprevisora S.A. y el departamento de Córdoba. El a quo declaró la nulidad del acto administrativo ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo debido a la falta de respuesta a la petición presentada el 27 de abril de 2021.

Así mismo, condenó al departamento de Córdoba y a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG a reconocer y pagar un día de salario por cada día de retardo por concepto de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006 de sde el 14 de enero de 2021 hasta el 18 de mayo de 2021, -125 días - en una proporción de 76 y 49 días, respectivamente. Y, ordenó que las sumas reconocidas fueran ajustadas tomando como base el IPC según lo señalado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 a partir del día

respectivamente. Y, ordenó que las sumas reconocidas fueran ajustadas tomando como base el IPC según lo señalado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 a partir del día siguiente en que cesó la causación de la sanción moratoria ( 20 de mayo de 2021 por ser este el día en que se realizó el pago de las cesantías ) (sic) y hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia.

El a quo se refirió al artículo 1 de la Ley 244 de 1995 subrogado por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, sentencia de unif icación del Consejo de Estado del 18 de julio de 2018 con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) CE-Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300520240011301

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SUJ2-012-18, M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, entre otros. En concreto señaló:

«(…) se observa que los quince días con los que contaba la entidad para expedir el acto de reconocimiento de cesantías parciales tenía como fecha límite el 20 de octubre de 2020, no obstante, este solo se expidió el 18 de diciembre de 2020, después del término contenido en el artículo 4° de la Ley 1071 de 2006. Razón por la cual, los plazos establecidos para el inicio de la causación de la sanción moratoria conforme el caso concreto se debe contabilizar de la siguiente forma: TERMINO FECHA CASO CONCRETO Fecha de la reclamación de

para el inicio de la causación de la sanción moratoria conforme el caso concreto se debe contabilizar de la siguiente forma: TERMINO FECHA CASO CONCRETO Fecha de la reclamación de las cesantías parciales 28 de septiembre de 2020 FECHA DE RECONOCIMIENTO CESANTÍAS 18 de diciembre de 2020

FECHA DE PAGO CESANTÍAS 19 de mayo de 2021

PERIODO DE MORA 14 de enero de 202118 de mayo de 2021

(125 días)

Vencimiento del término para el reconocimiento – 15 días (Art. 4 Ley 1071 de 2006) 20 de octubre de 2020 Vencimiento del término de ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87 del CPACA). 4 de noviembre de 2020 Vencimiento del término para el pago – 45 días (Art. 5 Ley 1071 de 2006). 13 de enero de 2021

De lo anterior se colige que en el asunto bajo estudio se causó a favor del (la) actor(a) un periodo de mora desde el 14 de enero de 2021 a 18 de mayo de 2021, día anterior a aquel en el que La Fiduprevisora S.A. realizó el pago de las cesantías parciales de la parte actora.

Por otro lado, debe precisarse que en cuanto asignación básica a tener en cuenta al momento de liquidar la sanción moratoria causada, se deberá aplicar la regla fijada por el Consejo de Estado en la multicitada sentencia de unificación en relación con el régimen de cesantías parciales, la cual consagra que la asignación básica que se debe tomar es la

Consejo de Estado en la multicitada sentencia de unificación en relación con el régimen de cesantías parciales, la cual consagra que la asignación básica que se debe tomar es la vigente al momento en el que se causó la mora, advirtiendo que la asignación básica será invariable conforme la regla enunciada.

Teniendo claro lo anterior, el Despacho procede a estudiar a cargo de quien sería la responsabilidad del pago por la sanción moratoria. Así, de conformidad con las premisas jurídicas que se desprenden del marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, lo relacionado con la sanción moratoria en el presente asunto se encuentra regido por lo previsto en la Ley 1955 de 2019, le es aplicable dicha normatividad. Atendiendo lo anterior, el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 dispone:

(…)

Así entonces, tenemos que en el presente caso quedó acreditado que se presentó un pago extemporáneo en las cesantías solicitadas al haberse excedido el término dispuesto en la ley para realizar el pago, lo que trajo como resultado que se generó el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria. En ese sentido, en cuanto a la responsabilidad del pago de la sanción moratoria se evidenció que la Secretaría de Educación incumplió los términos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de las cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues desde la solicitud de reconocimiento de las cesantías hasta la fecha de reconocimiento acontecieron 60 días hábiles, por lo cual se encuentra dentro del supuesto estipulado en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, por ello, el pago de la sanción moratoria es responsabilidad de

hábiles, por lo cual se encuentra dentro del supuesto estipulado en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, por ello, el pago de la sanción moratoria es responsabilidad de la entidad territorial, en este caso Departamento de Córdoba.

Asimismo, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio también tardó más de los 45 días previstos legalmente en poner en disposición de la parte demandante el valor por concepto de las cesantías reconocidas, dado que, conforme la hoja de revisión que reposa en el expediente administrativo del demandante, dicho fondo recibió el 25 de eneroMedio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300520240011301

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CO-SC5780-99 de 2021 la resolución para pago, sin embargo, el pago lo realizó el 19 de mayo de 2021, es decir, 76 días hábiles después.

Siendo así, de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el pago de la sanción moratoria en el presente caso es responsabilidad del Departamento de Córdoba y de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entidades a las que les correspondiente reconocer y pagar la sanción moratoria a favor del demandante de forma proporcional.

En síntesis, de conformidad a las fechas previamente precisadas y los lineamientos señalados en la sentencia de unificación (18) de julio de 2018, a la parte actora le asiste el derecho a que le sea reconocida y pagada la sanción moratoria por pago tardío de cesantías correspondiente a 125 días de mora, de los cuales 76 – que corresponden al periodo entre

derecho a que le sea reconocida y pagada la sanción moratoria por pago tardío de cesantías correspondiente a 125 días de mora, de los cuales 76 – que corresponden al periodo entre el 14 de enero de 2021 (fecha en que se causó la mora) y el 30 de marzo de 2021 (fecha en que se vencieron los 45 días con los que contaba el Fomag para pagar) le corresponde reconocer y pagar al Departamento de Córdoba, y 49 – contados desde el 31 de marzo de 2021 (día siguiente al vencimiento de los 45 días con los que contaba el Fomag para pagar) hasta el 18 de mayo de 2021 (fecha anterior al pago) – deben ser reconocidos y pagados por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dado que este último término fue el número de días que tardó dicho fondo en pagar las cesantías luego de vencidos los 45 días contados a partir de la fecha en que recibió el acto administrativo para el respectivo pago.

(…)

Así, la citada sanción moratoria se liquidará con base en la asignación básica devengada por el(la) demandante vigente al momento en que se causó la mora – enero de 2021 –, advirtiendo que la asignación básica será invariable conforme la regla enunciada en la sentencia de unificación.

De igual forma, se ordenará que las sumas sean ajustadas tomando como base el índice de precios al consumidor conforme el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria (por ser este el día en que se realizó el pago de las cesantías) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia y en adelante correrán

siguiente que cesó la causación de la sanción moratoria (por ser este el día en que se realizó el pago de las cesantías) hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia y en adelante correrán los intereses consagrados en los artículos 192 y 195. Lo anterior por cuanto si bien la providencia citada negó la indexación de las sumas causadas, no excluyó expresamente la posibilidad de actualizarlas conforme el IPC, orden que fue interpretada en sentencia del 26 de agosto de 2019 con radicado 68001-23-33000-2016-00406-01(1728-2018). De igual forma, se ordenará dar cumplimiento a la sentencia conforme el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. (…)»

4. DEL RECURSO DE APELACIÓN

Mediante memoriales allegados el día 9 de octubre de 2024, el departamento de Córdoba y la Nación, Ministerio de Educación, FOMAG interpusieron recurso de apelación contra la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería2.

El departamento de Córdoba sostiene que la actuación administrativa se inició con el escrito radicado bajo el número 2020 -CES-065274 del 18 de noviembre de 2020, y no el 28 de septiembre de 2020, como lo indicó el a quo , circunstancia que —según afirma — se encuentra expresamente consignada en la Resolución No. 3229 del 18 de diciembre de

2020. Señala, además, que contra dicho acto administrativo no se interpusieron los recursos de ley, motivo por el cual quedó en firme una vez fue debidamente notificado.

2 Ver archivos 28RecursoApelacionSentenciaDepartamento.pdf y

2020. Señala, además, que contra dicho acto administrativo no se interpusieron los recursos de ley, motivo por el cual quedó en firme una vez fue debidamente notificado.

2 Ver archivos 28RecursoApelacionSentenciaDepartamento.pdf y 29RecursoApelacionSentenciaFiduprevisora.pdf del expediente.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300520240011301

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De igual manera, aduce que el acto administrativo mediante el cual se reconocieron las cesantías al docente no ha sido anulado por autoridad judicial alguna dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que goza de legalidad.

Finalmente, argumenta que, en el evento de haberse configurado mora en el reconocimiento y pago de las cesantías, la obligación de asumir dicha carga corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, conforme a lo previsto en la Ley 1955 de 2019.

Por su parte, la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) expone que la solicitud de reconocimiento de cesantías fue presentada el 28 de septiembre de 2020, y que la Resolución No. 3229 del 18 de diciembre de 2020 fue remitida a la Fiduprevisora S.A. para su trámite de pago el 25 de enero de 2021. En consecuencia, al haberse puesto a disposición del actor el valor correspondiente a las cesantías el 13 de febrero de 2021, considera que el pago se efectuó dentro del término legal de cuarenta y cinco (45) días establecido para tal efecto.

correspondiente a las cesantías el 13 de febrero de 2021, considera que el pago se efectuó dentro del término legal de cuarenta y cinco (45) días establecido para tal efecto.

En ese sentido, sostiene que la única responsable del pago de la sanción moratoria reclamada es la entidad territorial, conforme a lo previsto en la Ley 1955 de 2019. No obstante, solicita que, en caso de emitirse una sentencia condenatoria en su contra, s e precise que el pago deberá efectuarse con cargo a los títulos de tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la citada norma.

5. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Admisión

Los recursos de apelación interpuesto s por el departamento de Córdoba y la Nación , Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) fueron admitidos mediante auto de fecha 5 de mayo del 2025, sin que previo a ingresar al despacho para fallo las partes y el Ministerio Público intervinieran en esta instancia.

A través de auto del 26 de junio de 20253, se ofició al Banco BBVA para que con destino al proceso de la referencia remitiera certificación en la que se indicara la fecha desde la cual quedó a disposición del actor, el pago o reprogramación de la suma de $17.070.807 girada por el FOMAG por concepto de cesantías parciales y la fecha en que fue cobrada dicha suma por el docente.

De igual manera, se ofició a la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba y al FOMAG para que remitieran copia íntegra del expediente administrativo correspondiente al

suma por el docente.

De igual manera, se ofició a la Secretaría de Educación del departamento de Córdoba y al FOMAG para que remitieran copia íntegra del expediente administrativo correspondiente al demandante el cual debía tener lo relacionado con el trámite realizado frente a la petición que dio origen al acto demandado, así como lo referente al reconocimiento y pago de las cesantías solicitadas por el docente reconocidas a través de la Resolución 3229 del 18 de diciembre de 2020.

Mediante memoriales allegados los días 21 de julio y 15 de agosto de 2025, el Banco BBVA y el FOMAG dieron respuesta a los requerimientos efectuados4. De las documentales allegadas se corrió traslado a las partes en virtud de auto adiado 19 de septiembre de 20255.

3 Ver 08AutoMejorProveer.pdf dentro de la carpeta C02SegundaInstancia del expediente. 4 Ver archivo s 11MemorialRespuestaBBVA.pdf y 12MemorialRespuestaFiduprevisora.pdf de la carpeta C02SegundaInstancia del expediente. 5 Ver archivo 14AutoCorreTraslado.pdf de la carpeta C02SegundaInstancia del expediente.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300520240011301

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6. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

6.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

6.2. Problema jurídico

y de lo Contencioso Administrativo, este tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

6.2. Problema jurídico

Establecer si en el presente asunto el a quo contabilizó adecuadamente el monto de la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 en favor de la parte actora. Adicional, determinar si es procedente condenar a su pago a la Nación, Ministerio de Educación, FOMAG y al departamento de Córdoba de manera conjunta según la Ley 1955 de 2019.

6.2.1. Marco normativo

El Consejo de Estado en sentencia de unificación6 estableció a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la sanción moratoria:

“95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social -cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006 5), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles

decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006”

La citada sentencia sostiene que si bien el trámite de reconocimiento y pago de prestaciones sociales contiene una regulación particular en el Decreto 2831 de 2005 que difiere del establecido en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, prevalece el procedimiento indicado en estas últimas por cuanto gozan de mayor jerarquía normativa que el citado decreto, por consiguiente, debe aplicarse la disposición legal en lo concerniente a términos para el reconocimiento de las cesantías parciales o def initivas de docentes en atención a su naturaleza jurídica de servidores públicos, al igual que en el caso de la sanción moratoria.

En la aludida sentencia de unificación se establecieron las reglas que deben tenerse en cuenta para contabilizar el inicio de la causación de la sanción moratoria, teniendo en cuenta el procedimiento que debe llevarse a cabo en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas. Las referidas reglas se discriminan en el siguiente cuadro7:

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Sandra

cesantías parciales o definitivas. Las referidas reglas se discriminan en el siguiente cuadro7:

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C. dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), Rad. No.: 73001-23-33000-2014-00580-01(4961-15). 7 Ibídem.Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300520240011301

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El 23 de julio de 2018, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1272 de 20188 y ajustó el plazo -no el procedimiento - para atender las solicitudes de reconocimiento de cesantías a los docentes afiliados al Fomag a máximo 15 días hábiles, contados desde la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario (artículo 2.4.4.2.3.2.22.).

Por su parte, procedimiento exigía a la autoridad administrativa que, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud de la prestación, elaborara un proyecto de acto administrativo, el cual dentro del mismo plazo debía remitirlo a la Fiduciaria para que esta lo revisara (art. 2.4.4.2.3.2.23.); a su vez, la Fiduciaria, dentro de un término idéntico8 Por el cual se modifica el Decreto número 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación –, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones

8 Por el cual se modifica el Decreto número 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación –, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.

HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE

EJECUTORIA

TÉRMINO

PAGO

CESANTÍA

CORRE

MORATORIA

PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición ACTO ESCRITO EN TIEMPO Personal 10 días, posteriores a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Electrónica 10 días, posteriores a certificación de acceso al acto 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso

ACTO ESCRITO

ACTO ESCRITO EN TIEMPO Aviso 10 días, posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso ACTO ESCRITO EN TIEMPO Sin notificar o notificado fuera de término 10 días, posteriores al intento de notificación personal 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto

ACTO ESCRITO Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia ACTO ESCRITO Interpuso recurso Adquirida, después de notificado el acto que lo resuelve 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve recurso

ACTO ESCRITO,

RECURSO SIN

RESOLVER Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días, a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recursoMedio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación Expediente No. 23001333300520240011301

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CO-SC5780-99 contado desde el recibo del proyecto de acto administrativo - debía impartir su aprobación o desaprobación argumentando de manera precisa el sentido de su decisión y remitir a la entidad territorial lo decidido (art. 2.4.4.2.3.2.24.). Finalmente, los cinco (5) días hábiles

o desaprobación argumentando de manera precisa el sentido de su decisión y remitir a la entidad territorial lo decidido (art. 2.4.4.2.3.2.24.). Finalmente, los cinco (5) días hábiles restantes -de los 15 - debían emplearse por la entidad territorial para expedir el acto administrativo definitivo, contados desde que se recibiera la decisión de la Fiduciaria (art. 2.4.4.2.3.2.25.), el cual, luego de su ejecutoria, debía ser remitido nuevamente a esta última entidad para el pago de la prestación, para lo cual no podía exceder del término de 45 días hábiles, siguientes a la ejecutoria del acto administrativo (arts. 2.4.4.2.3.2.26. y 2.4.4.2.3.2.27.).

La misma norma reglamentaria en su artículo 2.4.4.2.3.2.26. dispuso que el pago de la sanción moratoria por incumplimiento de los términos para el pago de las cesantías previstos en la Ley 1071 de 2006 -aplicados también en el nuevo reglamentose haría con cargo a los recursos del Fomag «sin perjuicio de las acciones legales o judiciales correspondientes que se deban adelantar en contra de quien dé lugar a la configuración de la sanción moratoria, con el fin de que el Fondo recupere las sumas pagadas». Asimismo, estableció el deber a la sociedad fiduciaria de «interponer las acciones legales correspondientes en contra de las entidades territoriales certificadas en educación por el incumplimiento de los términos indicados en la Ley 1071 de 2006 y reintegrar las sumas de dinero canceladas con ocasión del pago de la sanción moratoria que le sea atribuible».

incumplimiento de los términos indicados en la Ley 1071 de 2006 y reintegrar las sumas de dinero canceladas con ocasión del pago de la sanción moratoria que le sea atribuible».

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1955 de 20199, se modificó el trámite previsto para el reconocimiento de cesantías, pues, de una actuación conjunta entre la entidad territorial y la Fiduciaria, se redujo a un solo partícipe la expedición del acto administrativo de reconocimiento de estas. Aunado, se dispuso: (i) a prohibición expresa de decretar el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del Fomag, lo que incluye a la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, (ii) la obligación legal de que las entidades territoriales asuman con sus propios recursos el pago de las sanciones por mora en el pago de cesantías, cuando la mora se cause por cuenta del retraso imputable a estas y (iii) un parágrafo transitorio con el cual se autoriz ó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para expedir títulos de tesorería (TES), para el pago de las sanciones moratorias a cargo de Fomag, causadas a diciembre de 2019, pero esto se extendió a diciembre de 2023 con la Ley 2294 de 2023, de modo que estos recursos integrarían presupuestalmente el Fomag, pero estarían destinados únicamente a cubrir la obligación que se genere a su cargo por la mora en el pago de cesantías.

El artículo 57 de la referida ley dice:

ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO

obligación que se genere a su cargo por la mora en el pago de cesantías.

El artículo 57 de la referida ley dice:

ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaría de Educación de la entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Pre