TA COR - Sentencia 23001-33-33-005-2025-00196-01 (05-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete Montería, cinco (5) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Acción de Tutela Radicación: 23001333300520250019601

Accionante(s): YYYY quien actúa como agente oficioso del señor XXXX Accionado(s): Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Centro de Detención Transitoria de Montería y Alcaldía Municipal de Montería Vinculada(s): Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S., Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Montería, Asociación Mutual Ser Entidad Promotora de Salud - EPS y Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala procede a decidir sobre la impugnación presentada por el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, y la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S., en contra de la sentencia de primera Instancia, proferida el día veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025), por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales a la vida y al debido proceso del accionante.

II. ANTECEDENTES

a). Hechos1. En el libelo de tutela, se narran los siguientes hechos:

Montería, mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales a la vida y al debido proceso del accionante.

II. ANTECEDENTES

a). Hechos1. En el libelo de tutela, se narran los siguientes hechos:

El señor YYYY en calidad de agente oficioso del señor XXXX manifestó que mediante decisión proferida el día 15 de mayo de 2025, el Juez Primero Penal Municipal de control de garantías de Montería impuso al señor XXXX una medida de aseguramiento privativa de la libertad, bajo la modalidad sustitutiva, consistente en su internación en una clínica de rehabilitación.

1 PDF No. 01 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.

1Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 2

Adicionalmente, precisó que el señor XXXX padece de esquizofrenia de larga data, enfermedad que requiere tratamiento permanente para poder llevar una vida estable o digna. En tal sentido, indicó que su condición médica exige la administración continua de medicamentos como ácido valproico, risperidona, paroxetina, biperideno y lorazepam. Sin embargo, expuso que en la actualidad el señor XXXX se encuentra privado de la libertad en el centro de detención transitorio ubicado al frente de la Universidad de Córdoba.

Del mismo modo, agregó que desde la fecha en que se profirió la medida esto es, el 15 de mayo de 2025, la Cárcel Nacional las Mercedes tiene conocimiento de la orden de trasladar al señor XXXX al centro de rehabilitación donde pueda recibir las atenciones médicas especializadas que necesita para su salud.

mayo de 2025, la Cárcel Nacional las Mercedes tiene conocimiento de la orden de trasladar al señor XXXX al centro de rehabilitación donde pueda recibir las atenciones médicas especializadas que necesita para su salud.

Finalmente, señaló que el señor XXXX no cuenta con recursos materiales para presentar la acción de tutela, dado que la enfermedad que padece no le permite ejercer sus propios derechos. b). Petición. En el escrito de tutela, se hicieron las siguientes peticiones:

• Que se tutelen sus derechos constitucionales fundamentales a la vida y al debido proceso.

• Que se ordene a la Cárcel Nacional las Mercedes de Montería, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC y al Centro de Detención Transitorio en el término improrrogable de 48 horas a partir de la notificación, procedan a dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez Primero Penal Municipal de Control de Garantías en el sentido de trasladar a la Clínica de rehabilitación. c). Informes de las entidades accionadas

• Instituto Nacional Penitenciario y CarcelarioINPEC2

La coordinadora grupo de tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC manifestó que la Dirección General del INPEC no está vulnerando ni amenazando los derechos fundamentales del accionante, debido a que conforme a lo señalado en el escrito de tutela, el accionante no se encuentra recluido en ningún establecimiento a cargo del INPEC, sino en un Centro de Detención Transitoria, los cuales se encuentran a cargo de las entidades territoriales.

Finalmente, señaló que le corresponde al Sistema General de Seguridad Social en Salud disponer de la asignación del cupo del accionante en el caso de ser declarado inimputable

las entidades territoriales.

Finalmente, señaló que le corresponde al Sistema General de Seguridad Social en Salud disponer de la asignación del cupo del accionante en el caso de ser declarado inimputable y una vez le sea asignado dicho cupo, indicó que el traslado le corresponde al ente que tiene en su custodia al accionante, que para el presente caso es el centro de detención transitoria (CDT) de Montería.

2 PDF nro. 10 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 3

• Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Montería3

El Juez Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Montería expuso que efectivamente ante esta judicatura el día 14 de mayo de 2025, fue asignada solicitud de audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento bajo el radicado nro. 23001 -60-99102-202500249.

De esta manera, relató que la audiencia fue instalada de manera inmediata y se desarrolló los días 14 y 15 de mayo del mismo año, culminando con la decisión de imponer en contra del señor XXXX una medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, conforme al artículo 307, literal A, numeral 1º del Código de Procedimiento Penal, la cual fue sustituida de conformidad con el artículo 314, numeral 4º ibidem, por la internación en la Clínica Laureles - Psiquiatras Asociados I.P.S. S.A.S., en atención a su condición médica.

el artículo 314, numeral 4º ibidem, por la internación en la Clínica Laureles - Psiquiatras Asociados I.P.S. S.A.S., en atención a su condición médica.

Para tal fin, indicó que a través de la Secretaría del despacho, fue remitida dicha orden a la Cárcel Nacional de esta ciudad para la reseña del procesado y su posterior traslado al mencionado centro asistencial, en razón a la conducta punible por la cual fue vinculado al proceso: acto sexual violento, decisión no fue objeto de recurso alguno y quedó ejecutoriada.

Asimismo, expresó que el día 15 de mayo de 2025 a las 3:30 p.m., remitió un oficio mediante correo electrónico informando lo ordenado al director del centro penitenciario Las Mercedes, al director del Centro de Detención Transitorio de Montería y al director de la Clínica Psiquiátrica Laureles, dando cumplimiento a lo dispuesto en sede judicial, actuación que marcó el cierre de la intervención de este despacho en el expediente de referencia. Finalmente, solicitó que se desvincule de la presente acción constitucional, en virtud que no se encuentra incurso en alguna conducta que implique vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

• Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Montería4

El director de la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de Montería (CPMS) indicó que conforme a los registros institucionales y en atención a la orden judicial emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Montería el 15 de mayo de 2025, procedió a dar trámite al traslado del señor XXXX hacia el centro médico asistencial

que conforme a los registros institucionales y en atención a la orden judicial emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Montería el 15 de mayo de 2025, procedió a dar trámite al traslado del señor XXXX hacia el centro médico asistencial correspondiente, en cumplimiento de la medida de aseguramiento sustitutiva de la prisión domiciliaria (sic).

Además, señaló que una vez verificado el convenio existente entre la EPS Mutual Ser y la IPS Clínica Psiquiatras Asociados, constató que dicha institución confirmó mediante comunicación enviada por correo electrónico el día 14 de junio de 2025, lo siguiente: «Se

3 PDF nro. 11 del cuaderno principal. Expediente digital. 4 PDF nro. 14 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 4

acepta usuario para ingreso al servicio de internación en salud mental en Clínica Laureles

• Psiquiatras Asociados IPS sede centro, dirección: carrera 2 nro. 21 -19, MonteríaCórdoba».

En virtud de lo anterior, indicó que el día 16 de junio de 2025, presentó solicitud al Centro de Detención Transitoria de Montería que en cumplimiento de la mentada providencia judicial procedieran a surtir el traslado de la persona privada de la libertad (PPL) al Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Montería, a fin de realizar la reseña correspondiente y, posteriormente, movilizarlo al centro de rehabilitación Clínica Laureles, señalando las fechas y horas en las cuales el establecimiento se encontraba habilitado para recibir al accionante con la finalidad de realizar su reseña, dando así cumplimiento a lo

correspondiente y, posteriormente, movilizarlo al centro de rehabilitación Clínica Laureles, señalando las fechas y horas en las cuales el establecimiento se encontraba habilitado para recibir al accionante con la finalidad de realizar su reseña, dando así cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de Control de Garantías de Montería.

Bajo ese contexto, afirmó que el procedimiento descrito se realizó dentro de los márgenes legales, en coordinación con las autoridades administrativas y sanitarias competentes, asegurando así el cumplimiento íntegro de la medida sustitutiva impuesta por la autoridad judicial. En consecuencia, señaló que la finalidad de la presente acción de tutela ha sido plenamente satisfecha, en tanto se ejecutó de forma diligente la orden judicial de sustitución de medida y posterior traslado del privado de la libertad hacia el centro especializado dispuesto para su tratamiento. Finalmente, expuso que con dicha actuación se cumplió lo solicitado por el accionante, lo cual evidenció la actuación diligente, incluyendo el respeto por los derechos del interno, en particular aquellos relacionados con el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Por lo anterior, consideró que se configura hecho superado, razón por la que la acción de tutela carece de objeto, por tanto, debe ser declarada improcedente. Así mismo, resaltó que no persiste la vulneración alegada ni existe una situación fáctica que demande intervención del juez constitucional.

• Memoriales presentados por la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS

S.A.S5

La coordinadora de la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S dio a conocer que aceptó el ingreso del accionante en sus instalaciones solicitado por INPEC, sin embargo,

S.A.S5

La coordinadora de la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S dio a conocer que aceptó el ingreso del accionante en sus instalaciones solicitado por INPEC, sin embargo, manifestó que la EPS Mutual Ser no dio el aval para proceder con la reclusión del accionante. Adicionalmente, señaló que a través de correo electrónico la EPS Mutual Ser informó que en los archivos adjuntos no evidenciaron ningún documento que soportara la solicitud, y que posteriormente evaluaron la solicitud con el área jurídica de dicha EPS e indicó que la solicitud de referencia está a cargo del INPEC, por lo que expusieron que ésta última entidad la que debe construir o contratar los establecimientos de reclusión pertinentes, según los dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 y el artículo 16 de la Ley 1709 de 2014.

5 PDF nro. 13 y 16 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 5

• Alcaldía Municipal de Montería6

El secretario de Gobierno del Municipio de Montería expresó que la Alcaldía de Montería no está legitimada en causa por pasiva, por cuanto no ejerce ningún tipo de competencia funcional, operativa, ni jurídica sobre la custodia, vigilancia, remisión o tratamiento penitenciario de las personas privadas de la libertad que permanecen en el Centro de Detención Transitoria de Montería. Finalmente, indicó que los Centros de Detención Transitoria fueron creados como espacios de detención provisional para atender el hacinamiento carcelario, especialmente en casos de medida de aseguramiento previa a condena. Sin embargo, expone que la administración y responsabilidad de las personas privadas de la libertad en estos lugares corresponde al

de detención provisional para atender el hacinamiento carcelario, especialmente en casos de medida de aseguramiento previa a condena. Sin embargo, expone que la administración y responsabilidad de las personas privadas de la libertad en estos lugares corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - IMPEC y a las autoridades judiciales que imponen medidas y quien ejerce custodia. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite constitucional.

• Memorial presentado por el Establecimiento Penitenciario de Mediana

Seguridad y Carcelario de Montería7 El día 17 de junio de 2025, el director de la CPMS Montería presentó memorial de cumplimiento, en el cual informó que en atención a la respuesta emitida el 16 de junio del 2025, por la señora Vanessa Barrera Castrillón en calidad de gestor de calidad y concurrencia de Mutual Ser, y notificada al INPEC por medio de la coordinadora administrativa de Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS, evidenció que dicha EPS no otorgó el aval para la internación del usuario XXXX. En ese sentido, manifestó que este establecimiento tiene la disposición de cumplir con la providencia judicial correspondiente, dado que ha realizado las gestiones necesarias para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, expresó que se enfrenta con una barrera de acceso a la salud impuesta por la EPS Mutual Ser, circunstancia que impide llevar a cabo el traslado de la persona privada de la libertad.

• Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC8

El jefe de la oficina asesora jurídica inicialmente aclaró que la USPEC no equivale al INPEC ni es una dependencia de ese Instituto. Del mismo modo, afirmó que si bien ambas entidades hacen parte del Sistema Penitenciario y Carcelario y trabajan por el bienestar de

ni es una dependencia de ese Instituto. Del mismo modo, afirmó que si bien ambas entidades hacen parte del Sistema Penitenciario y Carcelario y trabajan por el bienestar de los colombianos privados de la libertad, son dos entidades públicas del orden nacional diferentes y autónomas, con funciones y competencias específicamente distinguidas en los Decretos 4150 y 4151 de 2011, respectivamente.

Seguidamente, manifestó que la competencia para la atención en salud de las personas privadas de la libertad recluidas en las estaciones de policía, URI y/o Centros transitorios, se encuentra en cabeza de los Entes Territoriales. En tal sentido, señaló que en la sentencia

6 PDF nro. 15 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 7 PDF nro. 17 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 8 PDF nro. 22 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 6

de unificación SU -122 de 2022, la Corte Constitucional encontró que las entidades territoriales han omitido de manera reiterada el cumplimiento de sus obligaciones legales en relación con la población procesada, definidas en el Código Nacional Penitenciario.

Bajo ese contexto, indicó que las entidades del orden nacional como el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, han asumido obligaciones en relación con dichas personas en calidad de procesadas, pese a que la ley establece que ellas están bajo responsabilidad inicial de las entidades territoriales. Por ello, precisó que en el caso en concreto las autoridades locales y el departamento, deben destinar presupuesto para atender a la

calidad de procesadas, pese a que la ley establece que ellas están bajo responsabilidad inicial de las entidades territoriales. Por ello, precisó que en el caso en concreto las autoridades locales y el departamento, deben destinar presupuesto para atender a la población sindicada de ese departamento.

Adicionalmente, manifestó que el accionante, al encontrarse temporalmente bajo la custodia de las estaciones de policía, y pretender que sea el Fondo de Atención en Salud PPL, quien garantice la cobertura de salud a poblaciones diferentes a las privadas de la libertad en centros penitenciarios, sería una prestación que no está incluida dentro del objeto contractual y representaría un rubro adicional que no se tiene previsto para su cumplimiento. Por tanto, ello desbordaría la misionalidad de la USPEC de acuerdo con la arquitectura institucional vigente, la cual circunscribe su ámbito de competencias a la población privada de la libertad a cargo del INPEC, es decir, condenada.

Con base en lo anterior, advirtió que la USPEC carece de competencia para tramitar actos administrativos tendientes al traslado o asignación de cupos carcelarios para personas sindicadas o condenadas que se encuentren en estaciones de policía. De este modo, subrayó que dicha función es competencia exclusiva del INPEC, entidad que cuenta con la facultad legal de autorizar el ingreso de estas personas a los establecimientos penitenciarios.

Finalmente, solicitó que se desvincule de la presente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, toda vez que no ha vulnerado derecho alguno al accionante.

• Asociación Mutual Ser Entidad Promotora de Salud - EPS9

El gerente regional Córdoba de Mutual Ser EPS informó que la internación en

Penitenciarios y Carcelarios, toda vez que no ha vulnerado derecho alguno al accionante.

• Asociación Mutual Ser Entidad Promotora de Salud - EPS9

El gerente regional Córdoba de Mutual Ser EPS informó que la internación en establecimientos destinados a la reclusión y rehabilitación de personas inimputables por trastornos mentales no les corresponde a las entidades promotoras de salud, sino que debe dirigirse a los entes territoriales, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, por ser éstas entidades las que reciben los recursos del presupuesto General de la Nación, trabajando dentro del Modelo con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad.

Seguidamente, expuso que en el expediente no obraba informe o prueba alguna que demuestre que el accionante actualmente requiera un tratamiento en internación en un centro psiquiátrico, y que la internación obedece exclusivamente al cumplimiento de una

9 PDF nro. 24 del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 7

medida ordenada dentro de un proceso penal, motivo por el cual expresó que la garantía de esta debe ser dado por el sistema penitenciario del país.

De igual manera, señaló que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios tiene entre sus funciones la de contratar, a través de una entidad fiduciaria, la prestación integral y oportuna de los servicios de salud para la población privada de la libertad, utilizando para ello los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. Así

sus funciones la de contratar, a través de una entidad fiduciaria, la prestación integral y oportuna de los servicios de salud para la población privada de la libertad, utilizando para ello los recursos del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. Así mismo, declaró que esta contratación debe efectuarse conforme a las decisiones del Consejo Directivo del Fondo, el Modelo de Atención en Servicios de Salud y los manuales técnicos-administrativos vigentes.

Además, destacó que la motivación de la acción de tutela tiene que ver con una sustitución de la medida privativa de la libertad por una medida privativa de la libertad en Centro Hospitalario; objeto que escapa del área de salud y, no puede financiarse con cargo a los recursos de la salud por el tiempo que determine el juzgado. Lo anterior, por cuanto Mutual Ser EPS solo garantizara las atenciones en salud según criterio del médico tratante. Finalmente, solicitó que Mutual Ser EPS sea desvinculada del presente trámite, por falta de legitimación en la causa por pasiva, como quiera que no es la entidad encargada del cumplimiento del fallo de la referencia.

d). Fallo impugnado10

El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería, mediante fallo proferido el día veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025), resolvió lo siguiente: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la vida y al debido proceso del señor XXXX, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta

XXXX, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a darle cumplimiento a la orden impartida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Montería en la providencia de fecha 15 de mayo de 2025, en la cual se le ordenó al citado instituto penitenciario reseñar y trasladar a la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S. de Montería, al ciudadano XXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. 0000, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR al director del Centro de Detención Transitoria de Montería o quien haga sus veces - lugar en el que se encuentra recluido el accionante -, que permita su traslado de conformidad con la orden impartida al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC contenida en el ordinal anterior.

CUARTO: ORDENAR a la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S. que una vez sea trasladado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, reciba en sus instalaciones al señor XXXX identificado con cédula de ciudadanía No. 0000, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Primero Municipal de Control de Garantías de Montería en la providencia de fecha 15 de mayo de 2025.

[...].

10 PDF nro. 25 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 8

[...].

10 PDF nro. 25 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 8

El A quo fundamentó la anterior decisión, en primer lugar, indicando que el juez de control de garantías está facultado para ordenar en los eventos de existir un trastorno mental, la reclusión en un establecimiento que cuenten con las condiciones de seguridad y de atención especializada en el marco del régimen especial aplicable al sistema de salud de los establecimientos penitenciarios y carcelarios.

Seguidamente, indicó que mediante audiencia celebrada el 15 de mayo de 2025, el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Montería sustituyó la medida de aseguramiento impuesta al accionante, ordenando al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC realizar la remisión o traslado del ciudadano XXXX a la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S., donde se le pueda atender de manera adecuada conforme a la salud mental del accionante.

De acuerdo con ello, señaló que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC el día 14 de junio de 2025, solicitó autorización de traslado del accionante al correo electrónico de la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S., con el fin de garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial. Consecuentemente, destacó que la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S., aprobó para la internación del accionante en sus instalaciones. No obstante, la Asociación Mutual Ser - EPS del accionante -, se abstuvo de proporcionar el aval necesario para su traslado.

Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S., aprobó para la internación del accionante en sus instalaciones. No obstante, la Asociación Mutual Ser - EPS del accionante -, se abstuvo de proporcionar el aval necesario para su traslado.

Bajo ese contexto, destacó que la omisión de las mentadas órdenes judiciales no solo vulnera derechos constitucionales como la vida y el debido proceso, sino que también refleja un incumplimiento grave de los principios de eficacia y supremacía de las decisiones judiciales, pues la jurisprudencia constitucional ha establecido, de manera reiterada, que el cumplimiento de las órdenes de los jueces constituye un deber ineludible para las autoridades administrativas y penitenciarias, especialmente en contextos que involucran la protección de derechos fundamentales.

Sumado a lo anterior, resaltó que conforme a la sentencia de la Corte Constitucional, los centros de detención transitorios, como el que actualmente alberga al accionante, no están diseñados para la permanencia prolongada de personas privadas de la libertad, debido a su infraestructura limitada y a la ausencia de condiciones que garanticen la dignidad humana.

En ese sentido, afirmó que conforme a sus funciones legales, es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC la entidad competente para garantizar la logística y los medios necesarios para el traslado. Por tanto, indicó que dicha entidad no puede eludir su deber, ni interponer barreras administrativas debido a que tales actuaciones constituyen una vulneración de los derechos fundamentales del accionante y un desacato a la orden judicial.

De igual forma, subrayó que la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS SAS no puede

una vulneración de los derechos fundamentales del accionante y un desacato a la orden judicial.

De igual forma, subrayó que la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS SAS no puede desconocer que la orden judicial dada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Montería está dirigida a que se traslade al accionante a sus instalaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 307 literal A numeral 1 del Código de Procedimiento Penal sustituida por internación en centro de rehabilitación.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300520250019601 9

Por consiguiente, expresó que de ninguna manera puede trasladarse la responsabilidad a la EPS a la que se encuentra afiliado el accionante ni deben establecerse barreras u obstáculos administrativos para desatender la orden judicial impartida, máxime cuando el juez de control de garantías en uso de sus facultades legales puede disponer la reclusión del procesado en el centro de rehabilitación que estime conveniente. En razón a lo anterior, sostuvo que la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S. deberá adelantar todas las gestiones internas que considere necesarias para el cabal cumplimiento de la medida de aseguramiento impuesta, sin que ello sea óbice para no darle cumplimiento a la orden que le fue impartida por el respectivo Juzgado de Control de Garantías.

Finalmente, concluyó que la pretensión del accionante se fundamenta en la necesidad urgente de superar la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida y al debido proceso, agravada por su reclusión prolongada en un centro transitorio que carece de las condiciones mínimas para atender su estado de salud; por tanto, reiteró que resulta

urgente de superar la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida y al debido proceso, agravada por su reclusión prolongada en un centro transitorio que carece de las condiciones mínimas para atender su estado de salud; por tanto, reiteró que resulta imperativo que las autoridades accionadas den cumplimiento efectivo a la orden emitida por el correspondiente juez penal.

e). Las impugnaciones

• Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC11

Inconforme con el fallo de primera instancia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC presenta impugnación, mediante la cual reitera que la garantía de derechos de la población privada de la libertad en calidad de indiciada, sindicada, imputada que se encuentre en estación de policía corresponde a los entes territoriales, como es el caso del accionante.

Asimismo, señala que se le impone a la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC cumplir con una orden que en realidad, hace parte de las competencias del Centro de Detención Transitoria de Montería, lugar en el que se encuentra el accionante, toda vez que este no se encuentra recluido en ningún establecimiento a cargo del INPEC. Por tanto, indica que le corresponde al ente captor la responsabilidad de trasladar al accionante al lugar determinado por el juez.

Aunado a lo anterior, expresa que si bien el juez de primera instancia ordenó al INPEC trasladar al accionante a la Clínica Laureles Psiquiatras Asociados IPS S.A.S., de la lectura del fallo se evidencia que la Asociación Mutual Ser Entidad Promotora de Salud - EPS, a la cual se encuentra afiliado el accionant