TA COR - Sentencia 23001-33-33-005-2025-00253-01 (23-09-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISION MAGISTRADA: Dra. MARÍA BERNARDA MARTÍNEZ CRUZ Montería, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Acción Tutela Expediente 23001333300520250025301 Accionante Sol Maira Ramos Zúñiga en representación de su hija SVR Accionado Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Colombia Vinculados Jefatura Unidad Prestadora de Salud Córdoba y a la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba Decisión Confirma parcialmente

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el accionado Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Colombia , contra el fallo de tutela de 13 de agosto de 2025, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito de Montería.

I. ANTECEDENTES. a) Hechos.1

La señora Sol Maira Ramos Zúñiga, indicó que, su menor hija cuenta con 4 meses de edad que se encuentra afiliada a la EPS de la Policía Nacional (Sanidad) como beneficiaria. Expone que, la recién nacida fue recientemente intervenida quir úrgicamente realizándole una piloroplastia , y en razón a ello, se encuentra en tratamiento médico por ref lujo gastroesofágico severo, circunstancia que demanda una intervención nutricional específica y la administración de medicamentos. La tutelante relató que el profesional médico tratante prescribió la entrega periódica de los siguientes insumos y medicamentos, considerados esenciales para garantizar la

y la administración de medicamentos. La tutelante relató que el profesional médico tratante prescribió la entrega periódica de los siguientes insumos y medicamentos, considerados esenciales para garantizar la continuidad del tratamiento y la adecuada recuperación del paciente: Biogaia 10 ml o, en su defecto, dos fras cos de 5 ml, con una frecuencia mensual; y leche de fórmula Similac Rice de 400 gramos, en una cantidad de quince unidades mensuales. Señaló que, a pesar de las múltiples solicitudes formuladas, la EPS Sanidad de la Policía ha incumplido con el deber de g arantizar el suministro oportuno del medicamento y de la

1 Ver 01Demanda. cuaderno de primera instancia del expediente digital.Impugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301 fórmula láctea prescritos, lo cual constituye una vulneración grave de los derechos fundamentales de la menor, particularmente los relativos a la salud y a una vida digna. Finalmente, aduce que la falta de entrega al tratamiento prescrito ocasiona de manera grave en la integridad física y el adecuado desarrollo de la menor, quien, dada su edad y condición médica, se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad que exige una protección reforzada por parte del Estado y de las entidades encargadas de garantizar el derecho fundamental a la salud. b) Pretensiones2 Solicitó la parte accionante la protección d e los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna de la menor Scarlett Vergara Ramos, que se ordene a la EPS de la Policía Nacional (Sanidad), o a quien corresponda, la entrega mensual de la prescripción médica, a disponer de las medidas necesarias para que se respete el derecho a la salud y la

vida digna de la menor Scarlett Vergara Ramos, que se ordene a la EPS de la Policía Nacional (Sanidad), o a quien corresponda, la entrega mensual de la prescripción médica, a disponer de las medidas necesarias para que se respete el derecho a la salud y la integridad de la menor , incluyendo la continuidad del tratamiento médico integral . Finalmente solicitó que se vincule al proceso a la Secretearía de Salud Departamental como garante del derecho a la salud de los menores de edad. c) Contestación

• Policía Nacional-Unidad prestadora de salud Córdoba.3

La Unidad Prestadora de Salud se pronunció manifestando la auditoría de la historia clínica presentada por la médico Delia Mendoza Espinosa, mediante el cual expuso que la fórmula láctea antirreflujo y el probiótico Biogaia fueron prescritos como parte del manejo agudo intrahospitalario. No obstante, en el resumen de atenci ón posterior ni en los controles subsecuentes realizados por la red prestadora contratada se evidencia indicación médica que sustente la necesidad de continuar con dichos productos, ni constancia de persistencia del cuadro clínico que motivó su uso inicial. Precisó que, la historia clínica aportada por el pediatra tratante no proviene de un profesional adscrito a la red prestadora contratada por la EPS, circunstancia que impide su reconocimiento como documento habilitante para efectos de transcripción médi ca y, por ende, para la autorización y dispensación de medicamentos. Asimismo, informa que en el sistema de registro y trazabilidad de solicitudes de medicamentos no reposa ninguna solicitud formal, así como la evidencia de tramite posterior a la fecha del egreso hospitalario en relación a la entrega de los medicamentos

Asimismo, informa que en el sistema de registro y trazabilidad de solicitudes de medicamentos no reposa ninguna solicitud formal, así como la evidencia de tramite posterior a la fecha del egreso hospitalario en relación a la entrega de los medicamentos que la parte invoca le sean suministrados, por lo anterior, establece que los medicamentos fueron prescritos únicamente durante el tratamiento hospitalario. Señaló que la madre de la menor no elevó solicitud previa ante la Unidad de Prestación de Servicios de Salud (UPRES) para la entrega de los medicamentos requeridos. En

2 Ver 01Demanda.Pdf cuaderno de primera instancia del expediente digital. 3 Ver 10ContestacionTutela.Pdf cuaderno de primera instancia del expediente digital.Impugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301 consecuencia, optó por acudir directamente a la jurisdicción constitucional mediante acción de tutela, sin agotar los mecanismos administrativos disponibles. Esta circunstancia impide al juez constitucional pronunciarse de fondo sobre las pretensiones formuladas, en tanto no se satisface el requisito de subsidiariedad que rige este tipo de trámite. Finalmente, aduce que no se evidencia conducta negligente atribuible a la Unidad Prestadora de Salud. Por el contrario, se constata que la atención médica ha sido brindada de manera integral y continua desde el nacimiento de la menor, incluyendo el manejo correspondiente de su condición clínica. En ese sentido, la afirmación según la cual ‘la EPS Sanidad de la Policía no ha garantizado la entrega del medicamento ni la fórmula láctea, vulnerando gravemente los derechos fundamentales de la menor a la salud y a la vida digna carece de respaldo probatorio suficiente.

Sanidad de la Policía no ha garantizado la entrega del medicamento ni la fórmula láctea, vulnerando gravemente los derechos fundamentales de la menor a la salud y a la vida digna carece de respaldo probatorio suficiente. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, como quiera que no se cumple el requisito de subsidiariedad necesario. • Departamento de Córdoba 4 La Gobernación de Córdoba por medio del jefe de la Oficina Asesora Jurídica se pronunció manifestando que las empresas promotoras de salud (EPS) tienen la obligación de presentar de manera integral los servicios de salud a los usuarios , precisando el cumplimiento de la terminación de las distinciones de tratamientos enlistados en PBS y no PBS, para brindar por medio de las EPS el tratamiento integral. Manifestó que, la ley estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 en su artículo 14 establece que; para poder acceder a los servicios de salud no debería existir ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia. Precisa que, en virtud a la jurisprudencia citada, las EPS son las responsables del cuidado de sus pacientes, por lo cual están en la obligación de atender todos los requerimientos de estos mismos y satisfacer sus necesidades en salud, atención integral y todo l o necesario en la prestación de un servicio eficiente y óptimo. A su vez, indicó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es la encargada de administrar el capital de salud destinado para los servicios y tecnologías No PBS en el régimen contributivo y subsidiado, en virtud de

A su vez, indicó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es la encargada de administrar el capital de salud destinado para los servicios y tecnologías No PBS en el régimen contributivo y subsidiado, en virtud de que, es la entidad que debe girar a las EPS los recursos y no a la Secretearía de Desarrollo de la salud de Córdoba. Señala que la acción de tutela no cumple con los requisitos para su procedencia, indicando la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto que, la autoridad accionada no estará legitimada en causa por pasiva cuando no le resulte atribuible la ame naza o la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante, considerando así, la

4 Ver 09ContestacionTutela.Pdf cuaderno de primera instancia del expediente digital.Impugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301 improcedencia de la acción de tutela frente a la Gobernación de Córdoba - Secretaría de Desarrollo de la salud. d) Sentencia de primera instancia.5 El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, resolvió tutelar los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana, en consecuencia, ordenó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, que en el término de 48 horas, p rocediera a autorizar y programar “a la menor cita con especialista en Pediatría conforme a los diagnósticos de enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis y colitis y gastroenteritis alergias y dietéticas” y con ocasión a ello, ordenó autorizar y suministrar en caso de ordenarlo el médico tratante, el medicamento “Biogaia gotas y leche a base de

gastroenteritis alergias y dietéticas” y con ocasión a ello, ordenó autorizar y suministrar en caso de ordenarlo el médico tratante, el medicamento “Biogaia gotas y leche a base de arroz hidrolizado, en los términos, cantidad y perio dicidad en que el citado profesional lo prescriba” Así mismo, ordenó la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional que suministre de forma completa un tratamiento integral a la menor, el cual incluye la autorización de todos los medicamentos, tratamientos, procedimientos y demás servicios PBS o NO PBS que prescriban sus médicos tratantes, concernientes a l diagnóstico que padece “enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis” y “colitis y gastroenteritis alergias y dietéticas” Para llegar a la anterior decisión, el A-quo precisó que conforme a lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-161 de 2023, los niños con condiciones médicas complejas requieren que el Estado y las entidades responsables adopten medidas inmediatas para garantizarles un acceso efectivo y oportuno a los servicios de salud, eliminando cualquier tipo de barreras . Determinando que cuando se trata de menores con diagnósticos que requieren atención especializada, la integralidad del servicio incluye no solo la prestación del tratamiento, sino también los elementos necesarios para garantizar su acceso. Por lo anterior, consideró que, de acuerdo con las pruebas allegadas , la menor hija de la accionante padece de un diagnóstico que conforme a la valoración del cirujano pediatra y el pediatra particular , necesita que le sean suministrado varios medicamentos para su patología, indicados por el médico pediatra Biogaia gotas y Leche a base de arroz hidrolizado, sin indicar los términos, cantidad y periodicidad con la cual debe ser

el pediatra particular , necesita que le sean suministrado varios medicamentos para su patología, indicados por el médico pediatra Biogaia gotas y Leche a base de arroz hidrolizado, sin indicar los términos, cantidad y periodicidad con la cual debe ser suministrado. Indicando que, la Dirección de Sanidad de la Policía es quien tiene obligación de autorizar y suministrar a la accionante todos los servicios de salud que requiere la hija de la accionante a través de su red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Saluddebido a que es su afiliada, no obstante, está afectando la garantía del derecho a la salud en su faceta de diagnóstico. Con relación a la orden de un tratamiento integral cuando existe diagnostico emitido por medico ajeno a la red de servicios de la EPS, trajo a colación la Sentencia T-101 de 2023, precisando que el derecho a la salud, en su faceta de diagnóstico, es vulnerado cuando la EPS se niega a autorizar las prescripciones, los medicamentos y/o los procedimientos quirúrgicos ordenados por un médico no adscrito a la misma, al no haber sido emitidas por

5 Ver 12fallo tutela.pdf del cuaderno de primera instancia del expediente digital.Impugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301 personal médico propio. Que en dicho caso la EPS no puede desestimar dicho concepto sin ninguna argumentación médica” . Así consideró que se daban los supuestos para ordenar la concesión de un tratamiento integral, debido a que la entidad accionada no tomó las me didas administrativas necesarias para suministrarle de manera diligente el tratamiento que le fue ordenado por el médico tratante al accionante. Afirma que, que la menor hija de la accionante se encuentra como beneficiaria en salud,

las me didas administrativas necesarias para suministrarle de manera diligente el tratamiento que le fue ordenado por el médico tratante al accionante. Afirma que, que la menor hija de la accionante se encuentra como beneficiaria en salud, tiene pocos meses de v ida, y cuenta con varias patologías tales como enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis, colitis y gastroenteritis alergias y dietéticas, lo cual ocasionó que se le realizara una cirugía , determinó que deben ser amparados los de derechos fundamentales, por su condición médica y al ser un sujeto de especial protección. (Negrillas para destacar) e) Impugnación6 La Dirección de Sanidad de la Policía Naciona l, presento recurso de apelación alegando que el juez de primera instancia conoció de fondo la pretensión respecto de la entrega de los suplementos alimentarios, sin tener en cuenta que la parte accionante no presentó solicitud alguna para que la EPS le suministrara dicha fórmula, y que no aportó prueba alguna que acredite que con posterioridad fue solicitado, como consecuencia de ello, la entidad no tuvo conocimiento previo de lo que hoy solicitó, mencionando que por medio de la acción de tutela presentada tienen conocimiento de ello. Insiste en que el análisis del requisito de subsidiariedad fue flexible, omitiendo la importancia de una reclamación directa de los medicamentos, dando lugar a que la entidad no realizara gestiones previas a los requerimientos de la madre de la menor, mencionando que el juez no debió intervenir por medio de la acción de tutela en la gestión de salud que cada EPS realiza de manera previa, ocasionando con ello un engranaje en el sistema de salud.

que el juez no debió intervenir por medio de la acción de tutela en la gestión de salud que cada EPS realiza de manera previa, ocasionando con ello un engranaje en el sistema de salud. Indica que el a-quo no tuvo en cuenta el concepto médico emitido por la médica auditora de medicamentos al momento de las consideraciones, dejando a un lado que la formula médica que la accionante pretendía le fuese suministrada, solo fue prescrita como parte del manejo agudo intrahospitalario, y no como tratamiento posterior y de control, expresando que, para llevar a cabo la continuidad debía tener un soporte actualizado sobre la continuidad del tratamiento, la duración del tratamiento en la fórmula, para poder corroborar que es necesario el seguimiento del tratamiento para el bienestar y la calidad de vida del menor. Asimismo, alega que no se cumplen los requisitos para ordenar el tratamiento integral, debido a que aducen no haber actuado negligentemente , suministrando a la menor todos los servicios médicos pertinentes y ordenados por el médico tratante , adicionalmente, menciona que las decisiones se toman con base en un concepto médico y a través de una

6 Ver 14ImpugancionTutela.Pdf cuaderno de primera instancia del expediente digital.Impugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301 orden médica de los medicamentos. Y en el presente caso, no existe orden médica al igual que una solicitud por parte de la accionante. Finalmente, en lo que respecta a las circunstancias que representen un peligro para la integridad de la menor, mencionan no configurar circunstancia alguna, adelantando todas las acciones emprendidas por la Unidad Prestadora de Salud Córdoba encaminadas a

Finalmente, en lo que respecta a las circunstancias que representen un peligro para la integridad de la menor, mencionan no configurar circunstancia alguna, adelantando todas las acciones emprendidas por la Unidad Prestadora de Salud Córdoba encaminadas a garantizar su bienestar y anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera afectar su estado de salud, siendo así, garantes de su salud, evitando se suministren medicamentos que, según el juicio profesional, hayan dejado de ser pertinentes o beneficiosos para el paciente. En ese orden de ideas, refiere que para el caso sub examine no se advierte que las circunstancias que llevaron a el juez de primera instancia a ordenar de fondo un tratamiento integral rodean una situación fáctica que no da cumplimiento a los requisitos jurisprudenciales necesarios , contradiciendo la norma que da exclusión de servicios puntuales. En consecuencia, solicita de revoque de forma integral el fallo emitido en primera instancia.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA. a) Admisión.

Por auto de 28 de agosto de 2025, se admitió la impugnación presentada por la parte vinculada Jefatura Unidad Prestadora de Salud de Córdoba contra el fallo de tutela de fecha 12 de agosto de 2025 proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

III. CONSIDERACIONES.

a. Competencia. El Tribunal Administrativo de Córdoba es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. b. Problema Jurídico

impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. b. Problema Jurídico Corresponde a este Despacho en esta oportunidad, determinar si la decisión emitida por el juez de primera instancia de ordenar el tratamiento integral y la cita médica con especialista a la menor se encuentra ajustada a derecho, o si, por el contrario, no deben ampararse los derechos, al no aportarse pruebas donde la actora solicitara directamente a la accionada los medicamentos, y ante la inexistencia de negativa de la entidad en seguir su tratamiento que le viene brindando a la menor. c. Procedencia de la Acción de Tutela. En el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, desarrollado por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, establece que toda persona puede interponer acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública,Impugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301 y que es procedente cuando el afectado no dispone de otro medio judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De acuerdo con lo anterior, para la procedencia de la tutela , la Corte ha determinado que debe estudiarse i) la legitimación de la causa por activa y por pasiva, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad. Frente al requisito de la legitimación en la causa por activa este se encuentra plenamente

debe estudiarse i) la legitimación de la causa por activa y por pasiva, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad. Frente al requisito de la legitimación en la causa por activa este se encuentra plenamente acreditado, pues la señora Sol Maira Ramos Zúñiga en representación de su hija menor pretende obtener el amparo de los derechos fundamentales ya que presuntamente fueron transgredidos por la entidad accionada, al no brindarle un tratamiento oportuno y eficaz posterior a la cirugía y en garantía de mejorar el estado de salud luego del diagnóstico de DX enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagiti s, así como la solicitud del tratamiento integral para el manejo de la patología que padece. De igual forma, se encuentra legitimada en la causa por pasiva la Dirección de Sanidad de la Policial Nacional ya que es la entidad competente para la prestación de los servicios de salud requeridos por la accionada al estar afiliada al sistema de salud de la Policía Nacional para beneficiarios, y, por tanto, debe autorizar, de ser el caso los medicamentos y el tratamiento integral, por lo que tendría interés en lo que se resuelva en la acción de tutela. En cuanto al requisito de inmediatez, exige que la tutela se presente en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o amenaza. De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente. En estos términos, quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y moderado, en cuanto es un instrumento constitucional de protección inmediata de derechos fundamentales. En el presente caso, se interpuso la acción de tutela el 28 de julio de 2025, por lo que al ser

moderado, en cuanto es un instrumento constitucional de protección inmediata de derechos fundamentales. En el presente caso, se interpuso la acción de tutela el 28 de julio de 2025, por lo que al ser emitida la última historia clínica el 16 de mayo del mismo año, considerándose que la acción fue interpuesta dentro de un lazo razonable, esto es, poco más de 2 meses , p or consiguiente, se cumple con este presupuesto. Finalmente, en cuanto al requisito de subsidiariedad, ha de entenderse que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha entendido que el requisito de subsidiariedad exige que el peticionario despliegue de manera diligente las acciones judiciales que están a su disposición, siempre y cuando ellas se an idóneas y efectivas para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados. Ha sostenido también que una acción judicial es idónea cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y en e fectiva cuando está diseñada para brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados. En el presente caso la tutela cumple con el requisito de procedibilidad en la medida en que se propende por la protección de un derecho fundamental a la salud y vida digna, en la queImpugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301 está involucrado un menor de menos de 1 año de edad, lo que aunado a sus diagnósticos (reflujo gastroesofágico sin esofagitis y colitis y gastroenteritis alergias y dietéticas), lo

Expediente: 23001333300520250025301 está involucrado un menor de menos de 1 año de edad, lo que aunado a sus diagnósticos

(reflujo gastroesofágico sin esofagitis y colitis y gastroenteritis alergias y dietéticas), lo hacen sujeto de especial protección constitucional, y hacen viable el presente mecanismo como mecanismo directo de protección constitucional. d. Marco Normativo y Jurisprudencial

• Derecho a la salud y vida digna.

En relación con el derecho fundamental a la salud , la Corte Constitucional mediante sentencia T-017 de 2021, ha señalado lo siguiente: “El artículo 49 de la Constitución Política dispone que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estad o. En tal sentido, es este quien tiene la responsabilidad de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de dicha garantía bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. (...) la Corte afirmó que la salud es un derecho fundamental, autó nomo e irrenunciable, que protege múltiples ámbitos de la vida humana. Sobre la base del contenido de la Ley 1751 de 2015 y la jurisprudencia constitucional en la materia, el derecho a la salud es definido como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Con todo, el derecho a la salud adquiere una doble con notación, como garantía fundamental y como servicio público a cargo del Estado. Esto conlleva la observancia de determinados principios consagrados en la Ley 1751 de 2015 que orientan la prestación

garantía fundamental y como servicio público a cargo del Estado. Esto conlleva la observancia de determinados principios consagrados en la Ley 1751 de 2015 que orientan la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y de calidad y que se materializan a través del establecimiento del denominado Sistema de Salud.” El derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, el cual según el artículo 49 de la Constitución Política se encuentra a cargo del Estado, de igual forma la Carta Política en su artículo 13, le impone al Estado la obligación de garantizar una protección reforzada a personas en condición de vulnerabilidad. La Corte Constitucional ha indicado que la salud es el mantenimiento de la vida en general desde la existencia biológica y la materialización del derecho a la existencia en condiciones dignas, y que, por ello, debe entenderse que el ser humano debe contar con las condiciones necesarias para desarrollar sus facultades en la medida de lo posible y, adicionalm ente tiene el derecho a llevar sus padecimientos de tal forma que no se afecte su calidad de vida digna.

Adicional a lo anterior, se extrae del artículo 13 y 49 de la Constitución Política que está a cargo del Estado, le impone al Estado la obligación de garantizar una protección reforzada a personas en condición de discapacidad. Respecto del derecho a la vida digna la Corte Constitucional a indicado que no es un concepto restrictivo que no se limita solamente a la idea reducida de peligro de muerte, sino que es un concepto que se extiende a la posibilidad concreta de recuperación y mejoramiento de las condiciones de salud, en la medida en que ello sea po sible, cuandoImpugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301

sino que es un concepto que se extiende a la posibilidad concreta de recuperación y mejoramiento de las condiciones de salud, en la medida en que ello sea po sible, cuandoImpugnación Acción de Tutela Expediente: 23001333300520250025301 éstas condiciones se encuentran debilitadas o lesionadas y afecten la calidad de vida de las personas o las condiciones necesarias para garantizar a cada quien, una existencia digna.

El derecho fundamental a la vida está contemplado en preámbulo y artículos 1, 2 y 11 de la Constitución Política de Colombia, y se relaciona con la posibilidad que les asiste a todas las personas de desarrollar dignamente todas las facultades inherentes al ser humano en condiciones adecuadas. Así, en tratándose de afectaciones a la salud, la protección de dicho derecho no solo trasciende a los casos de gran afectación a la vida, es decir, que la persona este perdiendo la vida, sino ante afectaciones que afecten la calidad de vida, y que no le permitan llevar a cabo su proyecto de vida de manera normal.

• Tratamiento integral El principio de integralidad establecido en el artículo 8 de la Ley 1751 de 2015 , y desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional es definido como el derecho de los usuarios del sistema a recibir la atención y el tratamiento completo de sus enfermedades, de acuerdo con lo prescrito por el médico tratante . Así, las entidades encargadas de la prestación del servicio deben adoptar todas las medidas necesarias para brindar un tratamiento que efectivamente mejore las condiciones de salud y calidad de vida de las personas.

La Corte Constitucional en sentencia SU-508 de 2020, y recientemente ha establecido que el juez de tutela podrá conceder un tratamiento integral en los casos en los que se acrediten

de las personas.

La Corte Constitucional en sentencia SU-508 de 2020, y recientemente ha establecido que el juez de tutela podrá conceder un tratamiento integral en los casos en los que se acrediten los siguientes requisitos: (i) la negligencia de la EPS en el cumplimiento de sus deberes, por ejemplo, al programar tratamientos fuera de un término razonable o al imponer trabas administrativas; (ii) la existencia de prescripciones del médico tratante que determinen específicamente el diagnóstico del paciente y los servicios y/o insumos que requiere; (iii) la condición del demandante como sujeto de especial protección constitucional, y (iv) que el actuar de la EPS haya puesto en riesgo al paciente y prolongado sus padecimientos7. • Niños y niñas como sujetos de especial protección e intereses superior del menor 8 De conformidad con el artículo 44 de la Constitución son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura