TA COR - Sentencia 23001-33-33-006-2023-00142-01 (30-01-2026)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Dra. María Bernarda Martínez Cruz

Montería, treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026)

APELACIÓN DE SENTENCIA

Medio De Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicación: 23001333300620230014201

Demandante: Lucy Escobar Mendoza Demandado: Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Departamento de Córdoba.

Tema: Sanción Moratoria por no Pago oportuno de Cesantías

Decisión: Modifica Sentencia de Primera Instancia

La Sala decide de los recursos de apelación interpuesto s por el apoderado de la entidad demandada FOMAG, y demandante contra la sentencia proferida el día 30 de noviembre de 2023, por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

a) Fundamentos Fácticos1

El actor , labora como docente en los servicios educativos estatales en el Departamento de Córdoba, motivo por el cual, presentó solicitud ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FNPSM – Departamento de Córdoba, para reconocimiento y pago de cesantías el día 5 de octubre de 2021, la cual fue reconocida por la Secretaría de Educación de Córdoba mediante la resolución No 000752 del 25 de febrero de 2022, y pagada por la entidad correspondiente el día

octubre de 2021, la cual fue reconocida por la Secretaría de Educación de Córdoba mediante la resolución No 000752 del 25 de febrero de 2022, y pagada por la entidad correspondiente el día 18 de abril de 2022, es decir, por fuera del término de 70 días establecidos en la ley.

Se señala que el día 02 de agosto de 2022 solicitó a la entidad demandada , Departamento de Córdoba, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, la cual fue resuelta negativamente a través de oficio sin número del 28 de septiembre de 2022.

b) Pretensiones

Solicita que se declare la nulidad del acto administrativo oficio sin número del 28 de septiembre de 2022, frente a la petición presentada el día 02 de agosto de 2022, en cuanto negó el derecho a pagar la sanción moratoria por pago tardío de sus cesantías definitivas, establecidos en la Ley 244 de 1995 y Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de cesantías ante la entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.

A título de res tablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FNPSM) – Fiduprevisora y al departamento de Córdoba – Secretaría de Educación Departamental, a que le reconozca y pague al demandante la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y 1071

1 C01 primera instancia Pdf01DemandaRadicado: 23001333300620230014201

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reconozca y pague al demandante la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y 1071

1 C01 primera instancia Pdf01DemandaRadicado: 23001333300620230014201

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de 2006, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la cesantía ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma. Asimismo, requirió que se dé cumplimiento al fallo de acuerdo con el artículo 192 y subsiguientes del CPACA, se den los ajustes al valor conforme al IPC, se reconozca el pago de intereses moratorios, y se condene al pago de costas.

c) Contestaciones de la demanda

• Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG2

Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones presentadas; tanto a las declarativas como a las de condena aduciendo que, una vez realizado el estudio legal de cada una de ellas, se observa que la totalidad de la presunta sanción moratoria se causó en el año 2020, por ende, al amparo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, en el evento de declararse la nulidad de los actos administrativos solicitados, el pago de la sanción debe ser asumido por el ente territorial.

Indica que la entidad territorial, sería la llamada asumir las condenas señaladas, en el evento de declararse la nulidad de los actos administrativos solicitados, teniendo presente que fue dicho Ente quien emitió de la Resolución a través de la cual se cancelaron las cesantías parciales a la accionante; y, en consecuencia, le asiste responsabilidad a título individual, tal como se

Ente quien emitió de la Resolución a través de la cual se cancelaron las cesantías parciales a la accionante; y, en consecuencia, le asiste responsabilidad a título individual, tal como se desprende de la interpretación armónica del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

Finalmente propuso las excepciones de falta de integración de litisconsorte necesario, falta de legitimación en la causa por pasiva, ineptitud sustantiva de la demanda, falta de reclamación administrativa, improcedencia de la indexación, cobro de lo no debido, excepción genérica, buena fe, e improcedencia de imposición de costas procesales y culpa de un tercero aplicación ley 1955 de 2019.

• Departamento de Córdoba3

La apoderada del Departamento de Córdoba contestó la demanda y se opone a todas y cada una de las declaraciones y condenas solicitadas por la parte demandante, manifiesta que en el evento que al demandante le asista el derecho, no es responsabilidad del de partamento quien deba reconocer y pagar el derecho a la indemnización moratoria reclamada.

Finalmente propuso las excepciones de: i) improcedencia de pago con recursos del departamento de Córdoba, ii) falta de legitimación en la causa por pasiva, iii) cobro de lo no debido frente al departamento de Córdoba iv) y la genérica o innominada.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA4

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, celebrada en conjunto en audiencia inicial emitió sentencia el 30 de noviembre de 2023 , declar ó la nulidad acto administrativo oficio sin número del 28 de septiembre de 2022 a través de l cual se negó el

audiencia inicial emitió sentencia el 30 de noviembre de 2023 , declar ó la nulidad acto administrativo oficio sin número del 28 de septiembre de 2022 a través de l cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, y a título del restablecimiento del derecho , condenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento y pago de dicha sanción, advirtiendo que la asignación básica será invariable conforme la regla enunciada en la sentencia de unificación.

2 C01 Pdf 08contestación de la demanda. 3 C01 Pdf 12contestación. 4 Pdf 16Acta de audienciaRadicado: 23001333300620230014201

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A la anterior decisión llegó luego de encontrarse demostrado que el pag o por parte de la Fiduprevisora se realizó de forma extemporánea, por ende, se causó una mora desde el 22 de enero de 2022 hasta el 17 de abril de 2022, día anterior a la fecha en que la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio realizó el pago de las cesantías parciales de la parte actora.

Así mismo, al encontrarse acreditado el pago extemporáneo de las cesantías, lo que trajo como consecuencia el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, es responsabilidad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por cuanto, incurrió en mora de 86 días, al no realizar el pago oportuno de las cesantías.

III. RECURSO DE APELACIÓN

a) La demandada5

El Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,

días, al no realizar el pago oportuno de las cesantías.

III. RECURSO DE APELACIÓN

a) La demandada5

El Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por conducto apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, aargumentando que en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, establece que las cesantías de los docentes afiliados al régimen del Magisterio son reconocidas y liquidadas por la Secreta ría de Educación de la entidad territorial, mientras que su pago corresponde al FOMAG. Sin embargo, la norma es expresa al señalar que los recursos del Fondo solo pueden destinarse al pago de prestaciones económicas, sociales y asistenciales, y que no es posible decretar indemnizaciones económicas con cargo a dichos recursos, dentro de las cuales se encuentra la sanción moratoria. Así mismo, el parágrafo del citado artículo dispone que la responsabilidad por el pago de la sanción por mora rec ae en la entidad territorial , cuando el retraso sea consecuencia del incumplimiento de los plazos legales en la radicación o entrega de la solicitud de cesantías al Fondo. El parágrafo transitorio aclara, además, que únicamente las sanciones causadas hasta diciembre de 2019 podían ser financiadas con recursos especiales autorizados por el Ministerio de Hacienda, lo que excluye expresamente las sanciones posteriores, como las correspondientes al año 2020. Adicionalmente, trae a colación el Decreto 942 de 2022, el cual reglamenta el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a cargo del FOMAG y reafirma que la sanción moratoria

al año 2020. Adicionalmente, trae a colación el Decreto 942 de 2022, el cual reglamenta el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas a cargo del FOMAG y reafirma que la sanción moratoria

5 C01, Pdf19AgregaMemorialRadicado: 23001333300620230014201

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no puede afectar los recursos del Fondo . En dicho decreto se establece que la sanción deberá ser asumida por la entidad que haya generado la mora, bien sea la entidad territorial certificada en educación o la sociedad fiduciaria administradora de los recursos, según corresponda. Incluso, prevé la posibilidad de una distribución proporcional de la sanción , cuando el retardo sea imputable a ambas entidades. En conclusión, el recurso sostiene que la decisión apelada desconoce el marco normativo vigente, al atribuir al FOMAG la responsabilidad por el pago de una sanción moratoria que, por expresa prohibición legal, no puede ser cubierta con sus recursos, razón por la cual se solicita revocar la condena impuesta en su contra.

b) De la Demandante6

El apoderado de la parte demandante7, inconforme con lo decidido en primera instancia, interpuso recurso de apelación indicando que el A quo, accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda; si bien se comparte la decisión en cuanto a reconocer que el docente es acreedor de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de sus cesantías, la inconformidad se centra en el número de días fijados para la condena y en la entidad a la cual se le atribuyó dicha responsabilidad. Del análisis del expediente se desprende que el mandante se desempeñó como docente al

el número de días fijados para la condena y en la entidad a la cual se le atribuyó dicha responsabilidad. Del análisis del expediente se desprende que el mandante se desempeñó como docente al servicio de la educación oficial y cumplió cabalmente con los requisitos legales para el reconocimiento de sus cesantías. No obstante, dichas prestaciones fueron reconocidas mediante actos administrativos expedidos de forma extemporánea, al superarse el término legal de quince (15) días hábiles previsto para el reconocimiento, expedición y notificación del acto administrativo correspondiente. En consecuencia, se evidencia el incumplimiento del plazo legal para el reconocimiento oportuno de la prestación reclamada. Que el conteo de términos según la Ley 1071 de 2006, en concordancia con la Ley 1955 de 2019 y el nuevo Decreto 942 de 2022, es el siguiente:

Solicitud Radicación de cesantías: 5 de octubre de 2021 Fecha oportuna de elaboración y notificación de acto administrativo: 27 de octubre de 2021

Resolución de reconocimiento: 000752 del 25 de febrero de 2022

Fecha de Notificación: 18 de marzo de 2022

Fecha oportuna para pago de cesantía: 18 de enero de 2022

Fecha pago efectivo de cesantía: 18 de abril de 2022

Manifestando, que desde la fecha oportuna de notificación y expedición del acto administrativo de reconocimiento (27/10/2021) y la fecha en que finalmente fue expedida y notificada la resolución (18/03/2022), transcurrieron 142 días de sanción por mora, cuya responsabilidad está en cabeza del Departamento de Córdoba.

de reconocimiento (27/10/2021) y la fecha en que finalmente fue expedida y notificada la resolución (18/03/2022), transcurrieron 142 días de sanción por mora, cuya responsabilidad está en cabeza del Departamento de Córdoba.

Finalmente indica que otra inconformidad radica en la interpretación de la I ndexación en la condena; y con lo relativo al tema de ajuste de la condena, hace referencia a la sentencia SUJSII-012-2018 del H. Consejo de Estado, donde se trató el problema sobre el ajuste de la sanción reclamada, y que, con fundamento en dicha sentencia se concluye que hay lugar a la aplicación del artículo 187 del C.P.A.C.A. en este este caso en concreto de ajuste de condena.

Por lo anterior, solicita sea revocada parcialmente la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se ordene a conceder el total de las prestaciones de la demanda, teniendo en

6 C01, Pdf20RecepcionRecursoApelacion 7 C01, Pdf17RecepcionRecuersoApelacion.Radicado: 23001333300620230014201

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cuanta que las su mas reconocidas sean ajustadas tomando como base el índice de precio al consumidor según lo señalado por el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, a partir del día siguiente hábil que cesó la causación de la sanción hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. y que en adelante corran los intereses consagrados en los artículos 192 y 195 ibidem.

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda

conforme lo dispuesto en el artículo 187 CPACA, conforme lo solicita el apoderado del demandante

Para solventar el mérito del sub examine, la Sala hará alusión a los siguientes temas a saber: (i) Normatividad aplicable y (ii) Caso concreto.

5.2.- Premisa Normativa y jurisprudencial.

El artículo 1° de la Ley 244 de 1995-subrogado por el artículo 4° de la Ley 1071 de 2006dispone que la entidad empleadora o aquella que tenga a cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir el acto administrativo correspondiente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud del peticionario -sin perjuicio de solicitudes incompletas que deban subsanarse, para que inicie el señalado plazo -. Asimismo, el artículo 2° ídem, dispone que la entidad pagadora tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles, a partir del momento en que quede en firme el acto administrativo de reconocimiento parcial o definitivo de cesantías, para efectuar el pago de la prestación.

8 C02, Pdf12MemorialPruebasRadicado: 23001333300620230014201

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Por su parte, el parágrafo único del artículo 2. ° de la Ley 244 de 1995 -subrogado por el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006-, establece que “...la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas…”. (Se destaca) Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018

IV. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia de la apelación ya identificada.

Mediante auto del día 7 de junio de 2024, se admitió los recursos de apelación interpuestos, por ambas partes en la cual no hubo intervención de las partes en esta instancia.

Y por auto del 19 de noviembre de 2025 decretó pruebas solicitando al ente territorial fecha en la que se envió la Fiduprevisora el acto administrativo debidamente ejecutoriados para su pago. Prueba que fue allegada por el Departamento de Córdoba8.

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

5.1. Problema jurídico

Conforme los antecedentes y examinado los recursos de apelación interpuestos por la entidad demandada y el demandante, el problema jurídico consiste en establecer si en el presente asunto le asiste o no responsabilidad en el pago de la sanción moratoria al FOMAG , o en su defecto, determinar la entidad responsable de dicho pago.

Determinar las fechas desde cuando ha de iniciarse el conteo del término de la mora, conforme a lo alegado por la parte actora, o de acuerdo con los criterios señalados en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 18 de julio de 2018.

De igual form a, se deberá establecer si en el presente asunto procede el ajuste a la condena conforme lo dispuesto en el artículo 187 CPACA, conforme lo solicita el apoderado del demandante

Para solventar el mérito del sub examine, la Sala hará alusión a los siguientes temas a saber: (i)

propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas…”. (Se destaca) Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 (exp. 4961-15, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), precisó a partir de qué fecha se causa la sanción moratoria cuando no se dio respuesta a la petición de cesantías, o la expedición del acto fue extemporánea. Es así, como el aludido cuerpo colegiado adujo que: La Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social - cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrati vo - Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia referida, sentó jurisprudencia

de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia referida, sentó jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere, la sanción moratoria se causa 65 o 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento de las cesantías, dependiendo si en ese momento se encontraba rigiendo el Decreto 01 de 1984 o la Ley 1437 de 2011, por efectos del plazo para interponer los recursos. Adicionalmente, en esa providencia, se revisaron otras situaciones que dan lugar a la mora penalizada pecuniariamente, las cuales, por efectos prácticos, se describen en el siguiente cuadro: Hipótesis Notificación Ejecutoria Término pago cesantía Causación sanción moratoria PETICIÓN SIN RESPUESTA No aplica 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

ACTO ESCRITO

EXTEMPORANEO

(después de 15 días) Aplica, pero no se tiene en cuenta para el cómputo del término de pago 10 días, después de cumplidos 15 para expedir el acto 45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

Acto escrito en tiempo Personal 10 días siguientes a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación

45 días posteriores a la ejecutoria 70 días posteriores a la petición

Acto escrito en tiempo Personal 10 días siguientes a la notificación 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación Acto escrito en tiempo Electrónica 10 días después de la certificación de acceso al acto. 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la notificación. Acto escrito en tiempo Aviso 10 días posteriores al siguiente de entrega del aviso 45 días posteriores a la ejecutoria 55 días posteriores a la entrega del aviso Acto escrito en tiempo Sin notificar o notificado fuera de término 10 días posteriores al intento de notificación personal 45 días posteriores a la ejecutoria 67 días posteriores a la expedición del acto administrativo Acto escrito en tiempo Renunció Renunció 45 días después de la renuncia 45 días desde la renuncia Acto escrito en tiempo Interpuso recurso Después de notificado el acto que decide el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 46 días desde la notificación del acto que resuelve el recurso Acto escrito, recurso sin resolver Interpuso recurso Después de 15 días de interpuesto el recurso 45 días a partir del siguiente a la ejecutoria 61 días desde la interposición del recursoRadicado: 23001333300620230014201

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Ahora bien, con la expedición de la Ley 1955 de 2019 9, se modificó el trámite previsto para el

12 La Sección Segunda de esta Corporación fija la regla jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social - cesantías parciales o definitivas - o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006. (Se resalta). 13 C02, Pdf11MemorialPrubeas, folio35Radicado: 23001333300620230014201

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Así las cosas, como el demandante radicó solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas el 5 de octubre de 2021 , los 70 días fenecieron el 18 de enero de 2022 ; por consiguiente, al ser puestas a disposición de la parte demandante las cesantías el 18 de abril de 2022 se efectuó por fuera del término, habiéndose en consecuencia generado una mora de 89 días, las cuales le son atribuibles al Departamento de Córdoba, y a que este es quien debe responder conforme el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.

61 días desde la interposición del recursoRadicado: 23001333300620230014201

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Ahora bien, con la expedición de la Ley 1955 de 2019 9, se modificó el trámite previsto para el reconocimiento de cesantías, pues de una actuación conjunta entre la entidad territorial y la Fiduciaria, se redujo a un solo partícipe en la expedición del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías. También, se dispuso: (i) la prohibición expresa de decretar el pago de indemnizaciones económicas por vía judicial o administrativa con cargo a los recursos del FOMAG, lo que incluye a la sanción morator ia por pago tardío de cesantías; (ii ) la obligación legal de que las entidades territoriales asuman con sus propios recursos el pago de las sanciones por mora en el pago de cesantías, cuando la mora se cause por cuenta del retraso imputable a estas.

Obsérvese entonces que además de la modificación al procedimiento para reconocer las cesantías, en el sentido de que a partir de la entrada en vigor de dicha ley, la entidad territorial sería la encargada de forma exclusiva en la expedición del acto administrativo de reconocimiento de dicha prestación, se estableció una responsabilidad directa del pago de la sanción moratoria que se llegase a generar por el retardo en el pago de las cesantías, asignando ahora a las entidades territoriales la obligación de acudir a saldar la mora que por cuenta del incumplimiento de sus obligaciones en el trámite de reconocimiento se hubiera generado.

Con la expedición del Decreto 942 de 2022 que se aplica a situaciones jurídicas surtidas a partir de su vigencia, esto es desde el 1° de junio del año 2022 se estableció lo siguiente:

Con la expedición del Decreto 942 de 2022 que se aplica a situaciones jurídicas surtidas a partir de su vigencia, esto es desde el 1° de junio del año 2022 se estableció lo siguiente: “Decreto 942 de 2022:

ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. La Entidad Territorial Certificada en Educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán las responsables del pago de la sanción por mora en el pago tardío de las cesantías, en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los términos previstos para cada una de ellas en los artículos 2.4.4.2.3.2.22 y 2.4.4.2.3.2.27 del presente decreto, así como de los términos aplicables para la notificación y la resolución de recursos de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas, sociales y asistenciales a s us afiliados docentes, pensionados y beneficiarios. La sanción moratoria no afectará los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en caso de presentarse, su pago será responsabilidad de la entidad que la genere.

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable de pagar la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo de la prestación se generó

pago será responsabilidad de la entidad que la genere.

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable de pagar la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo de la prestación se generó como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En caso de que se presenten demoras en el pago de las cesantías imputables a la sociedad fiduciaria encargada de la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que ocasionen sanción moratoria, deberá ser cubierta con el patrimonio de la sociedad fiduciaria.

En el evento en que la sanción por mora resulte imputable a las dos entidades antes enunciadas, ésta deberá calcularse y pagarse de forma proporcional según los días de retraso en el reconocimiento o el pago que corresponda para cada entidad .

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala procederá a revisar fuentes normativas y jurisprudenciales sobre la indexación y ajuste de valor de condena en la sanción moratoria.

Así, mediante el numeral 4 del artículo 187 del C.P.A.C.A se indica lo siguiente:

ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas

9 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.Radicado: 23001333300620230014201

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9 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.Radicado: 23001333300620230014201

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y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con breve dad y precisión y citando los textos legales que se apliquen. (...) Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas. Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor. PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 61 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando la sentencia sea declaratoria de responsabilidad en los medios de control de reparación directa y controversias contractuales y el daño haya sido causa do por un acto de corrupción, el juez deberá imponer, adicional al daño probado en el proceso, multa al responsable hasta de mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual atenderá a la gravedad de la conducta, el grado de participación d el demandado y su capacidad económica. El pago de la multa impuesta deberá dirigirse al Fondo de Reparación de las Víctimas de Actos de Corrupción. En la sentencia se deberán decretar las medidas cautelares que garanticen el pago de la sanción. (Negrillas fuera del texto original) Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio del 2018, precisó respecto a la indexación:

(Negrillas fuera del texto original) Sobre el particular, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 18 de julio del 2018, precisó respecto a la indexación: La indexación se constituye en uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias, es decir, aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda determinada entre las que se cuentan, por supuesto, las de índole laboral, en la medida que el fenómeno inflacionario produce una p