TA COR - Sentencia 23001-33-33-007-2025-00064-01 (07-05-2025)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: Dra. Diva María Cabrales Solano

Montería, siete (07) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA

Radicación: 23001333300720250006401

Accionante: Jorge Eliécer Benítez Rodríguez

Accionado: Universidad “Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario” Vinculado: Ministerio de Educación Nacional Tema: Derecho debido proceso, educación, intimidad y confidencialidad Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

I. ASUNTO A RESOLVER.

La Sala procede a estudiar la impugnación presentada por la parte demandante contra el fallo de tutela calendado (17) de marzo de (2025), proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería, dentro de la acción de tutela en referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El accionante Jorge Eliecer Benítez Rodríguez actuando en representación de su hijo menor de edad Jorge Miler Benítez Llorente, relata los siguientes presupuestos f ácticos asociados a un proceso disciplinario seguido por la universidad accionada contra su hijo:

Manifestó que la Dra. Angélica Avendaño se presentó como apoderada del director de la carrera sin presentar poder ni delegación o excusa escrita, vulnerando el principio de inmediación y la formalidad exigida en la audiencia disciplinaria. A pesar de lo dispuesto en

carrera sin presentar poder ni delegación o excusa escrita, vulnerando el principio de inmediación y la formalidad exigida en la audiencia disciplinaria. A pesar de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Formativo Disciplinario (Decreto Rectoral 1782/2023), no se entregaron oportunamente los correos de las docentes como prueba decretada, y se introdujo un “acta” del Comité de Salud y Bienestar —no prevista en dicho r eglamento— que contenía extractos de la historia clínica del estudiante, vulnerando su derecho a la intimidad y confidencialidad.SIGCMA

El 23 de septiembre de 2024, el coordinador Pablo Bermúdez citó a Jorge Miler Benítez para firmar un acta antes incluso de contar con los informes docentes, lo que evidencia una actuación previa al análisis de los elementos de convicción y carente de fundamento.

En la audiencia del 28 de febrero de 2025, se leyó y grabó en presencia de seis (6) personas un acta inexistente que incluyó datos de la historia clínica sin autorización, infringiendo su derecho al secreto profesional y a la intimidad. No se presentaron ni verificaron pruebas esenciales (correos originales, testimonios de Mauricio Olmos e Isabella Lázaro), se omitió la constitución formal del Comité de Salud y Bienestar según reglamentos universitarios, y se utilizó indebidamente el Acta de decisión #312 en la audiencia final, mezclando procedimiento disciplinario con aspectos clínicos. Las irregularidades procesales, la revelación no autorizada de datos sensibles y los aplazamientos injustificados han causado daños psicológicos, sociales y académicos graves a Jorge Miler.

procedimiento disciplinario con aspectos clínicos. Las irregularidades procesales, la revelación no autorizada de datos sensibles y los aplazamientos injustificados han causado daños psicológicos, sociales y académicos graves a Jorge Miler.

Que el 7 de enero de 2025 el Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia requirió a la Universidad del Rosario pronunciarse sobre los hechos (Radicado No. 2024 ER 0637306), pero hasta la fecha no se han adoptado medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de estatutos y reglamentos.

Señaló que e n los argumentos finales presentados en la audiencia se demostró que las pruebas presentadas por la Universidad carecen de validez. Se explicó de la siguiente manera: i) la captura de pantalla carecía de autenticidad, ii) la auditoría de accesos ubicó a Jorge Miler en otra pregunta al momento del supuesto fraude y; iii) la diapositiva usada no guardaba relación con el contenido evaluado. Estos hallazgos acreditan la inconsistencia y falta de validez de las pruebas que motivaron la acusación.

2.2. Pretensiones

El accionante solicita la declaración de nulidad de todas las actuaciones realizadas por el coordinador Pablo Bermúdez (citaciones, actas, medidas cautelares o disciplinarias), y en su lugar conceder la restitución integral de derechos de Jorge Miler Benítez incluyendo: i) cancelación definitiva del proceso disciplinario, ii) depuración de antecedentes y; iii) reparación de afectaciones psicológicas, sociales y académicas.

En consecuencia, una orden de abstención para la Universidad de usar o divulgar datos sensibles (historia clínica u otra información confidencial) sin autorización expresa,

reparación de afectaciones psicológicas, sociales y académicas.

En consecuencia, una orden de abstención para la Universidad de usar o divulgar datos sensibles (historia clínica u otra información confidencial) sin autorización expresa, garantizando el cumplimiento de normas de privacidad y secreto profesional. Instar a la Universidad a abrir un procedimiento investigativo contra Pablo Bermúdez, la Secretaría Académica y demás funcionarios implicados, con el fin de determinar responsabilidades y evitar la repetición de conductas contrarias a derecho. Además, exigir la implementación deSIGCMA

programas formales de formación para el personal universitario en materia de garantías procesales, derechos del estudiante y manejo adecuado de procedimientos disciplinarios.

Finalmente solicitar la intervención de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, a fin de supervisar el cumplimiento de estatutos y reglamentos internos, y asegurar la efectividad de las medidas correctivas.

2.3 Informe de la entidad accionada

2.3.1 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

Mediante escrito del 7 de marzo de 2025, la Universidad del Rosario, por intermedio de su apoderada Dra. Ángela Gisell Parra Patiño, se refirió al asunto concreto y precisa que corresponde a las medidas formativas e inicio de proceso disciplinario que se está desplegando al interior de la Universidad del Rosario en contra del estudiante Jorge Mil er Benítez Llorente, estudiante del programa de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y entrega un resumen en los siguientes términos:

“(1) El 20 de septiembre se realizó el examen final Actividad Integradora de Aprendizaje por Sistemas (AIAS) correspondiente al módulo Musculoesquelético

y entrega un resumen en los siguientes términos:

“(1) El 20 de septiembre se realizó el examen final Actividad Integradora de Aprendizaje por Sistemas (AIAS) correspondiente al módulo Musculoesquelético programado, tal y como le fue dado a conocer a todos los estudiantes de la asignatura desde el inicio del curso (en la guía de asignatura o programa académico).

1. El examen final se realizó en el salón 206, la presentación de la prueba fue a través de la plataforma Mutis, en el curso 2024 -2S_20220016_98538_190824: Distribución MRC | e-Mutis(urosario.edu.co), cada estudiante hizo uso de uno de los equipos asignados para la presentación de la prueba.

1. En la presentación del examen se identificó la presunta comisión de una falta disciplinaria por parte del estudiante JORGE MILER BENITEZ LLORENTE (hoy accionante), a raíz de que las docentes encargadas de la evaluación se percataron que posiblemente en el desarrollo del examen el estudiante estaba consultando, utilizando o accediendo a información no autorizada para ser consultada durante la presentación del examen, práctica prohibida en dicha evaluación.

4). Los hechos en mención generaron las siguientes acciones de los funcionarios, docentes de la Universidad:

4.1.) Los hechos que fueron puestos en conocimiento a la Secretaría Académica, el día 26 de septiembre de 2024, esto de conformidad con el artículo 16 delSIGCMA

Reglamento Formativo y Disciplinario que indica: "Artículo 16. Queja. Quien considere que algún estudiante ha incurrido en alguna falta leve, grave o gravísima,

Reglamento Formativo y Disciplinario que indica: "Artículo 16. Queja. Quien considere que algún estudiante ha incurrido en alguna falta leve, grave o gravísima, deberá informar por escrito los hechos a la secretaría académica de la Facultad y/o Escuela, de forma clara, expresa y sintética, identificando a la persona que presuntamente cometió la falta, adjuntando las pruebas o soportes correspondientes, si los hubiere, dentro de los 90 días hábiles laborales siguientes al momento en que hayan ocurrido o se h aya tenido conocimiento de la ocurrencia de los mismos. Lo anterior para efectos del procedimiento formativo o disciplinario que proceda según el tipo de falta y conforme se dispone en este reglamento".

4.2) El docente encargado o coordinador en ejercicio de sus atribuciones y facultades, procedió a citar al estudiante a través del sistema de agendamiento de Outlook mediante el correo institucional con el propósito de revisar con el estudiante Jorge Miler Benitez Llorente la situación presentada durante la evaluación en mención, buscando el docente en un espacio de diálogo formativo, en donde se le presentó la información recopilada del presunto fraude en la prueba con el objetivo de esclarecer los hechos que serían puestos en conocimiento.

Esto de conformidad con las facultades concedidas en el numeral 6 artículo 9 del Reglamento Formativo y Disciplinario faculta a la Secretaría Académica, profesores o directores de área a establecer un llamado de atención verbal como medida formativa, con el objetivo de promover una reflexión sobre la conducta inadecuada y fomentar un ajuste en el comportamiento del estudiante: "Llamado de atención verbal, haciendo una reflexión formativa sobre la conducta inadecuada, invitándolo

formativa, con el objetivo de promover una reflexión sobre la conducta inadecuada y fomentar un ajuste en el comportamiento del estudiante: "Llamado de atención verbal, haciendo una reflexión formativa sobre la conducta inadecuada, invitándolo a que ajuste su comportamiento."

4.3) Así mismo, la docente encargada (de acuerdo con el coordinador) impusieron como medida formativa la calificación de 0.0, aun cuando la calificación automática del sistema arrojaba una diferente, actuaciones avaladas en el numeral 2 del artículo 9 del Reglamento Formativo y Disciplinario que señala: " Artículo 9. Medidas Formativas. Las siguientes medidas serán aplicadas a quien incurra en faltas leves como resultado del procedimiento formativo: (...)

2. ANULACIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LA QUE SE HAYA INCURRIDO EN ALGUNA FALTA, EVENTO EN EL CUAL LA NOTA SERÁ DE CERO PUNTO CERO (0.0). ESTA MEDIDA PUEDE SER APLICADA A DISCRECIÓN DEL PROFESOR DE MANERA INMEDIATA A EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN O CUANDO ESTÉ CALIFICÁNDOLA. En caso de que ya se haya calificado con otra nota, no podrá ser anulada la evaluación sin que exista sanción disciplinaria que responsabilice a la persona por falta grave oSIGCMA

gravísima. (...) Resaltado fuera de texto.

1. La Secretaría Académica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, hizo apertura disciplinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento Formativo y Disciplinario y a la fecha ya se surtió la primera audiencia y la de alegatos finales, sin embargo está pendiente la lectura de la decisión.

apertura disciplinaria conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento Formativo y Disciplinario y a la fecha ya se surtió la primera audiencia y la de alegatos finales, sin embargo está pendiente la lectura de la decisión.

1. En cuanto al accionante y su padre Jorge Eliecer Benítez Rodríguez, han sido atendidos por diferentes funcionarios de la Universidad, tanto en las áreas académicas, como en los canales dispuestos por el protocolo de salud y bienestar de la Universidad, se han atendido a la fecha al menos 6 peticiones diferentes

(peticiones interpuestas a los docentes, secretaría académica, comité de salud mental, y dirección jurídica, así como la realizada ante la Defensoría del Pueblo, todas las cuales han sido debidamente respondidas por parte de la Universidad)

1. A la fecha por los hechos expuestos en la presente acción, ya existe decisión de juez de tutela en primera y segunda instancia, con radicado 110014009108 -202400251, decisiones que resolvieron negar el amparo constitucional (se adjuntan)

1. Así mismo se tramitó TUTELA RADICADO No. 23001333300720240053100 ante JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA, por los mismos hechos, pero con una petición diferente, acerca de realizar el remedial del examen anulado, sobre esta tutela ya conoció este despacho y cuenta con la trazabilidad.

1. Con esta sería la cuarta tutela que la Universidad debe atender, debido a que el estudiante se niega a realizar el trámite disciplinario estipulado en la normativa interna de la Universidad, en donde puede ejercer su derecho de contradicción, aún

1. Con esta sería la cuarta tutela que la Universidad debe atender, debido a que el estudiante se niega a realizar el trámite disciplinario estipulado en la normativa interna de la Universidad, en donde puede ejercer su derecho de contradicción, aún más, s e niega a asumir las consecuencias académicas y disciplinarias de sus posibles actos.

1. Desde la última tutela incoada por el accionante se ha llevado a cabo una audiencia del disciplinario, correspondiente a la audiencia de alegatos de conclusión, la cual nos permitimos adjuntar y copio el presente link donde se podrá visualizar: (…)

1. La traza de todo lo actuado se encuentra en este link: (…)

Cada una de las actuaciones realizadas a la fecha, se han desarrollado conforme a la normativa previamente expedida por la Universidad, vigente a la fecha y aplicable a la situación del estudiante.SIGCMA

(…) A continuación, nos referimos a los hechos descritos en la demanda de la tutela, para lo cual, compartimos el así:

Al hecho 1. ES CIERTO PARCIALMENTE.

La secretaría técnica de la audiencia, asesora jurídica de la Universidad, solicitó la presentación de los integrantes para demostrar la existencia de integrantes con voz y con voto para constituirse en audiencia disciplinaria. Es cierto que la Doctora Angélica Avendaño es delegada por el Director de Programa, lo cual no lo impide el reglamento ni tiene ninguna formalidad para dicha delegación, por lo tanto, NO ES CIERTO que haya una violación al principio de inmediación y formalidad del proceso.

Al respecto, es importante resaltar que la Dra. Avendaño estuvo presente desde la

reglamento ni tiene ninguna formalidad para dicha delegación, por lo tanto, NO ES CIERTO que haya una violación al principio de inmediación y formalidad del proceso.

Al respecto, es importante resaltar que la Dra. Avendaño estuvo presente desde la primera audiencia (fecha 26 de noviembre de 2024) del disciplinario del estudiante Jorge Miler Benitez Llorente, por lo que la inmediación no se ha visto afectada, como obra en la grabación en el minuto 4:41 de dicha audiencia, adicional se reitera no existe norma alguna en nuestro reglamento que impida la delegación o contenga alguna formalidad para la misma.

Aunado a lo anterior, se debe dejar constancia que el director de programa el señor John Vergel desde el inicio del proceso se declaró impedido, tanto así que cuando lo citaron para la audiencia de deliberación informó este impedimento por escrito…

(…)

Al hecho 2: SON CIERTOS PARCIALMENTE.

Es cierto que por error involuntario no hubo traslado de la prueba decretada y practicada correspondiente al correo de las docentes al coordinador Pablo Bermúdez, sin embargo, este yerro fue debidamente subsanado en audiencia de fecha 28 de febrero de 2025.

Es fundamental aclarar que la prueba se practicó en tiempo (es decir dentro del término del reglamento), el error ocurrió en su traslado.

El accionante informó en audiencia que no se le había realizado el traslado de los correos electrónicos de las docentes al coordinador (minuto 36:06), sobre lo cual se puede evidenciar que las acciones que se tomaron fueron:SIGCMA

1. remitir inmediatamente la prueba faltante vía correo electrónico (aunque ya se

correos electrónicos de las docentes al coordinador (minuto 36:06), sobre lo cual se puede evidenciar que las acciones que se tomaron fueron:SIGCMA

1. remitir inmediatamente la prueba faltante vía correo electrónico (aunque ya se había adjuntado en las tutelas, se buscó garantizar el traslado),

1. en el minuto 42:18 de la audiencia de alegatos se le informó al estudiante que con ocasión del yerro relacionado con el traslado de la prueba lo procedente era aplazar la audiencia por el lapso de 7 días de que dispone el reglamento para que la analizaran y robustecieran libremente sus alegatos de conclusión.

Sin embargo el padre del estudiante manifestó que no le era posible desplazarse a la ciudad en 7 días y que solicitaba que se surtiera la audiencia en ese mismo instante, solicitó celeridad y expuso su imposibilidad de viajar constantemente. En atención a la solicitud del señor Benítez, el comité reiteró la importancia de suspender por el tiempo dispuesto en la norma para ello pero ante la insistencia del mencionado señor, se abrió la posibilidad de suspender por unos minutos y reanudar el mismo día: cuesti ón que se dejó a la absoluta voluntad del hoy accionante, explicándole suficientemente que era decisión suya renunciar a aquellos 7 días. Por cuestiones personales el estudiante y su padre solicitaron que la suspensión y posterior reanudación se surtieran ese mismo día, a lo cual el comité accedió,

1. Minuto 46:45 de la audiencia se informó la suspensión por 1 hora y el accionante solicitó expresamente la suspensión solo por 5 minutos alegando que solo requerían

1. Minuto 46:45 de la audiencia se informó la suspensión por 1 hora y el accionante solicitó expresamente la suspensión solo por 5 minutos alegando que solo requerían confirmar "algo que ya sabían”. En virtud de esa petición, la audiencia de alegatos finales se reanudó a los 20 minutos del mismo día y el padre del accionante rindió sus alegatos finales (minuto 47:56 hasta el minuto 1:02:34).

NO ES CIERTO que la lectura del acta de comité de salud y bienestar se haya realizado después del receso, esta se realizó en audiencia inmediatamente después de la presentación de los integrantes, sin que esto sea un descubrimiento o un tema prohibido por el reglamento, es de aclarar que el acta del comité era una prueba solicitada por el accionante y que obraba en el expediente y nada impide que se lea en audiencia, ya que solamente estaban presentes los integrantes del Consejo de Asuntos Disciplinarios (que debían valorar la prueba) y el investigado con su padre (que también tenían acceso a la prueba).

(…)

Al hecho 25: ES CIERTO PARCIALMENTE. El comité se reunió conforme a su agenda y emitió acta, NO EXISTE ninguna norma de la Universidad del Rosario que dicte que a este comité deba asistir el estudiante o hacer parte, ya que no es un integrante del mismo, y en el comité de salud y bienestar se hace un abordaje a losSIGCMA

temas de salud física y mental, mas no se toman decisiones disciplinarias, por lo que no habría razón para hacer parte al estudiante.

De hecho, los estudiantes no intervienen en estas sesiones, sino que mandan su

temas de salud física y mental, mas no se toman decisiones disciplinarias, por lo que no habría razón para hacer parte al estudiante.

De hecho, los estudiantes no intervienen en estas sesiones, sino que mandan su solicitudes y soportes y estás se estudian, como cualquier instancia de la Universidad que no impone sanciones.

Toma por sorpresa a la Universidad las alegaciones del accionante respecto a que el acta contiene extractos de la historia clínica violando su derecho de intimidad y confidencialidad, cuando el mismo estudiante radicó historia clínica y dio a conocer sus circunstancias ante el comité de asuntos disciplinarios, esto se evidencia en los descargos presentados en primera audiencia …

(…)

Al hecho 3: NO ES CIERTO.

No se logra dilucidar la intención del accionante con este alegato, pero se aclara que las docentes informaron desde el primer momento a su coordinador de lo ocurrido, es decir que narraron los hechos de manera verbal y que exista un acta posterior de las docentes no significa que carezca de fundamento, ahora bien, el accionante se ha empeñado en atacar a los docentes y realmente lo que se investiga en el disciplinario es si el accionante cometió o no fraude en la prueba académica, por lo que si un informe tiene una hora posterior no significa que no tenga fundamento, máxime si en todas las actas se narran las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar que se investigan.

Sin embargo, en caso de encontrar alguna inconsistencia, deberá ser alegada y decidida en el proceso disciplinario.

Al hecho 4: SON CIERTOS PARCIALMENTE.

El accionante no solo aportó para estudio de esos 6 integrantes del consejo de

decidida en el proceso disciplinario.

Al hecho 4: SON CIERTOS PARCIALMENTE.

El accionante no solo aportó para estudio de esos 6 integrantes del consejo de asuntos disciplinarios toda su historia clínica, sino que además como se evidencia en audiencia del 26 de noviembre de 2024 solicitó la intervención del comité de salud y bienestar.

¿Si el acta fue trasladada y obra como prueba en el expediente, como pretende el accionante que no la conozcan las personas que la deben estudiar y valorar?SIGCMA

Adicionalmente, para participar en el comité, el accionante autorizó a la Universidad para el tratamiento de sus datos.

Sobre la historia clínica solo se habló de las recomendaciones del tratante, no se cita toda la historia clínica, se hace una relación de las recomendaciones del tratante y citas de psicología, que son las circunstancias que dan línea sobre el manejo y acompañamiento que ayuda entender los ajustes razonables que requiere el estudiante.

Al hecho 5. ES CIERTO PARCIALMENTE.

Es cierto que por error involuntario no se trasladó la prueba correspondiente al correo electrónico de las docentes al coordinador, lo cual fue subsanado en audiencia.

Es importante aclarar que la prueba fue practicada en tiempo, en el término de práctica de pruebas.

También se quiere resaltar que el yerro se subsanó garantizando en todo momento el derecho de contradicción y defensa del accionante, informándole que se le otorgaban 7 días para estudiar la prueba y dar sus alegatos, a lo que el estudiante renunció por voluntad propia y decisiones personales.

(…)

el derecho de contradicción y defensa del accionante, informándole que se le otorgaban 7 días para estudiar la prueba y dar sus alegatos, a lo que el estudiante renunció por voluntad propia y decisiones personales.

(…)

El acta hacia parte del acervo probatorio, nada impide su lectura.

El comité de salud y bienestar emitió recomendaciones para que el Consejo de Asuntos Disciplinarios las estudié, no está en ningún reglamento de la Universidad que estas recomendaciones deban ser consensuadas y de hecho perderían la finalidad si dependiéramos de que el padre o el accionante las avalen.

Los testimonios serán objeto de análisis en la decisión el consejo de asuntos disciplinario, no en recomendaciones de comité de salud y bienestar ya que no es la instancia competente para esos fines.

Al hecho 6: NO ES CIERTO.

El proceso se ha apegado al Reglamento Formativo y Disciplinario, el único error cometido fue subsanado, se han garantizado los derechos de contradicción ySIGCMA

defensa, las suspensiones o aplazamientos se han basado en los términos y posibilidades que otorga el reglamento.

El manejo de salud mental del accionante se le ha dado apoyo desde el área de la Universidad y se tomará decisión ajustada a lo que obra en el expediente.

No existe ningún término del reglamento vencido y los tiempos del proceso disciplinario, son tiempos que se deben a la práctica propia de este tipo de procesos, práctica de pruebas, solicitudes de aplazamiento del accionante, agenda del Consejo de Asuntos Disciplinarios y términos del propio reglamento (1 mes calendario) para la toma de decisión.

práctica de pruebas, solicitudes de aplazamiento del accionante, agenda del Consejo de Asuntos Disciplinarios y términos del propio reglamento (1 mes calendario) para la toma de decisión.

El 28 de febrero de 2025 se llevó a cabo la audiencia de alegatos finales y como se había anunciado en la tutela anterior debido a la complejidad del caso se puede por reglamento aplazar hasta por 1 mes, por lo tanto, la decisión debe salir antes del 28 de marzo de 2025 (artículo 28 Reglamento Formativo y Disciplinario).

Al hecho 7: NO NOS CONSTA.

Como se viene señalando el accionante pretende a través de vía de tutelas, requerimientos, peticiones a la Defensoría del Pueblo que se obvie un proceso disciplinario reglado por la Universidad bajo su autonomía universitaria, y el cual a la fecha no ha tenido decisión de primera instancia y de ser necesario tampoco ha surtido etapa de apelación.

El ministerio de educación solicitó información y si no ha tomado medidas es precisamente respetando el proceso disciplinario a cargo de la Universidad.

Al hecho 8: NO NOS CONSTA.

Este es un hecho que tiene que ser objeto de análisis por el consejo de asuntos disciplinarios en la decisión final del disciplinario que hoy se adelanta contra el accionante, este no sería el escenario para debatir una valoración probatoria...”

De igual forma, la Universidad invoca la cosa juzgada constitucional señalando que sus pretensiones se basan en los mismos hechos ya discutidos en cuatro tutelas previas y en el proceso disciplinario interno. Manifestó que la tutela resulta improcedente como

De igual forma, la Universidad invoca la cosa juzgada constitucional señalando que sus pretensiones se basan en los mismos hechos ya discutidos en cuatro tutelas previas y en el proceso disciplinario interno. Manifestó que la tutela resulta improcedente como mecanismo principal y definitivo puesto que es un medio excepcional para la protección de los derechos fundamentales única y exclusivamente para cuando no haya otro medio procesal más idóneo, o existiendo, se pretend a evitar la ocurrencia de un perjuicioSIGCMA

irremediable; y la autonomía universitaria para reglamentar y sancionar, argumentando además temeridad en el uso reiterado de acciones de tutela.

Por tanto, solicita que se niegue la acción de tutela por inexistencia de vulneración a derechos fundamentales y, subsidiariamente, se condene al accionante en costas o multa conforme al artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

2.3.2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2025 con radicado No. 2025-EE-060585, la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional representado por el Dr. William Felipe Hurtado Quintero, informó que en relación al caso de Jorge Miler Benítez Llorente, fue requerido al Rector de la Universidad del Rosario pronunciarse de fondo sobre cada uno de los hechos y pretensiones expuestas en la tutela, aportar el estado académico, administrativo y financiero del estudiante Jorge Miler Benítez, evaluar la procedencia de sus solicitudes conforme al reglamento interno y detallar las medidas administrativas adoptadas, adjuntando para tal fin las normas, acuerdos y documentos aplicables, en

administrativo y financiero del estudiante Jorge Miler Benítez, evaluar la procedencia de sus solicitudes conforme al reglamento interno y detallar las medidas administrativas adoptadas, adjuntando para tal fin las normas, acuerdos y documentos aplicables, en ejercicio de su función de inspección y vigilancia según el artículo 9°, numeral 4° de la Ley 1740 de 2014.

Ante la total omisión de respuesta, el 7 de marzo de 2025 la Cartera Ministerial emitió un segundo requerimiento al Rectorado (Radicado No. 2025-EE-059939 / 2025-ER-0100410), con base en los plazos del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por la Ley 1755 de 2015), para que en un término máximo de dos días señalara su posición, advirtiendo que el incumplimiento de los artículos 17 y 18 de la Ley 1740 de 2014 podría acarrear sanciones administrativas.

Manifestó que el Ministerio de Educación es ajeno a los hechos que suscitan la presente acción de tutela, pues lo relatado en ella recae sobre el ámbito de competencia de la institución de educación superior -en adelante IES -, en virtud del principio de autonomía universitaria. Solicita entonces la declaración de la falta de legitimación por pasiva.

De igual manera, indica que, por parte del Ministerio de Educación Nacional, no ha existido actuación que atente contra los derechos fundamentales invocados por el accionante por lo que solicita se niegue y no se imponga sanción alguna contra el Ministerio de Educación.

2.4 Sentencia Impugnada.

Mediante providencia del 17 de marzo de 2025, el a quo declaró improcedente la acción

lo que solicita se niegue y no se imponga sanción alguna contra el Ministerio de Educación.

2.4 Sentencia Impugnada.

Mediante providencia del 17 de marzo de 2025, el a quo declaró improcedente la acción tutela, toda vez que el procedimiento disciplinario universitario contempla mecanismos de defensa como los recursos de apelación y súplica para controvertir las decisiones, losSIGCMA

cuales no fueron ejercidos, y además no existía una decisión definitiva al momento de presentar la tutela, pues la última actuación reportada fue la audiencia de alegaciones del 28 de febrero de 2025. Adicionalmente, no se acreditó que la acción fuera invo cada como mecanismo transitorio ni que existiera un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional.

Indicó en las consideraciones sobre la posible existencia de temeridad o cosa juzgada:

“Ahora bien, para el caso que ocupa la atención del Despacho, es importante señalar que con la contestación de la tutela no se aportó en debida forma por parte de la entidad accionada el fallo de tutela pro