TA COR - Sentencia 23001-33-33-010-2025-00104-01 (21-05-2025)

SIGCMA

CO-SC578099

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente Nadia Patricia Benítez Vega

Montería, veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinticinco (2025)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Referencia: IMPUGNACION DE TUTELA Radicación: 23001333301020250010401

Demandante: TRD menor de edad representada por Elivio Ramos García

Demandado: DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE

ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 6 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE

CÓRDOBA

Temas: Derecho a la salud – Tratamiento integral – Suministro de Transporte – Devolución de gastos médicos

Decisión: Confirma

La sala decide la impugnación de la sentencia del 10 de abril de 2024, emitida por el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería , dentro de la acción de tutela incoada por el señor Elivio Ramos García en representación del menor TRD, contra la Dirección de Sanidad Policía Nacional, Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 - Unidad Prestadora de Salud de Córdoba.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Hechos

La parte actora manifiesta que la menor TRD es beneficiaria del Subsistema de Salud de la Policía Nacional , puesto que, su padre, el señor Elivio Ramos Ga rcía, sirvió a dicha entidad por más de 20 años.

Relata que a inicios del segundo semestre de 2024 la menor comenzó a tener

Salud de la Policía Nacional , puesto que, su padre, el señor Elivio Ramos Ga rcía, sirvió a dicha entidad por más de 20 años.

Relata que a inicios del segundo semestre de 2024 la menor comenzó a tener manchas en la piel de color blanco, por lo que, sus padres acudieron al Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el municipio de Lorica para que fuera valorada por un médico general y este la remitió a dermatología.

El día 26 de diciembre de 2024 , la especialista en dermatología realizó el siguiente diagnóstico:

«DERMATOLOGIA 26/12/24 PCTE CON MADRE (TATIANA DIAZ) CON

DERMATOSIS DE 3 MESES DE EVOLUCION CONSISTENTE EN MACULA

ACROMICA DE CONTORNOS NETOS LOCALIZADA EN GENITALES

PREDOMINANTEMENTE LADO IZQUIERDO TOMANDO LABIOS MAYORES

ASINTOMATICO, ADEMAS PRESENTA VARIAS MACULAS PEQUEÑAS EN TORAX POSTERIOR CONTORNOS NETOS, ASINTOMATICAS Y ESCAMAS SUELTAS EN PIEL CABELLUDA. NIEGA OTRA SINTOMATOLOGIA. ANTEC:Impugnación de tutela Radicación: 23001333301020250010401

Demandante: TRD menor de edad representada por Elivio Ramos García

Demandado: DISAN, Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 – UPRES de Córdoba

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ESTREÑIMIENTO EN SEGUIMIENTO Y TTO CON GASTROEN TEROLOGIA

ALERGIAS: NIEGA IDG: 1. VITILIGO NO SEGMENTARIO 2. PITIRIASIS

VERSICOLOR EN TORAX POSTERIOR? »

ESTREÑIMIENTO EN SEGUIMIENTO Y TTO CON GASTROEN TEROLOGIA

ALERGIAS: NIEGA IDG: 1. VITILIGO NO SEGMENTARIO 2. PITIRIASIS

VERSICOLOR EN TORAX POSTERIOR? »

Así mismo, ordenó exámenes paraclínicos, remitió a la menor a consulta de psicología y formuló los siguientes medicamentos : Tacrolimus ungüento 0,03% (aplicar en mañanas y tardes en mancha blanca de la piel por 2 meses) , Acido ascórbico tabletas masticables 500 mg #60 (tomar 1 tableta cada día vía oral por 2 meses) y Ketoconazol champú 2% (lavar el cuero cabelludo todos los días) .

Señala que, el trat amiento médico formulado no hacía efecto y las manchas cada vez se volvían más grandes y visibles, por lo que , el 8 de febrero de 2025, en búsqueda de un nuevo concepto médico acudieron de forma particular a cita médica en la IPS Clínica de la piel, la cual tuvo un costo de $300.000, donde se les indicó que el tratamiento formulado a la menor no era el adecuado, y, ordenó la realización de exámenes de laboratorio y un tratamiento médico que consistía en 36 sesiones de Fototerapias distribuidas en 3 paquetes de 12 sesiones con un valor total de $2.400.000 M/cte, Nanopro para vitíligo con un costo de $1.200.000 M/cte.

Sostiene que el precio de los pasajes de ida y regreso tienen un costo de $68.000 M/cte.

Arguye que, en vista de que faltan 23 sesiones de fototerapia, sumado al precio de

Sostiene que el precio de los pasajes de ida y regreso tienen un costo de $68.000 M/cte.

Arguye que, en vista de que faltan 23 sesiones de fototerapia, sumado al precio de los pasajes para realizar la Nanopro tendría un gasto total de $7.040.000 M/cte, la madre de la menor se acercó a las instalaciones de sanidad en la ciudad de Montería para solicitar que le suministraran el medicamento . En ese orden, le indicaron de forma verbal que lo pretendido no era posible, pues, lo requerido no estaba incluido en el Plan Obligatorio de Servicios (POS). En consecuencia, para suplir los gastos del tratamiento se acudió a un préstamo de dinero por la suma de $3.000.000 M/cte.

Aduce que, e l 20 de marzo de 2025 , se acercaron nuevamente a la Dirección de Sanidad de la Policía – UPRES DECOR donde le informaron que aún no podían transcribir los medicamentos debido a que estos estaban por fuera del POS de la Policía Nacional.

1.2. Pretensiones

Solicita que s e tutelen los derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, los derechos de los niños y niñas, a los principios de integralidad, continuidad y confianza legítima, a la integridad física, igualdad de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, al mínimo vital, entre otros.

En consecuencia, se ordene a la entidad tutelada autorizar y cubrir el tratamiento de fototerapias paquete 4 por 12 sesiones cantidad total 36 sesiones, Nanopro cantidad cuatro, una mensual, más el medicamento recibido por la menor en la Clínica de la

En consecuencia, se ordene a la entidad tutelada autorizar y cubrir el tratamiento de fototerapias paquete 4 por 12 sesiones cantidad total 36 sesiones, Nanopro cantidad cuatro, una mensual, más el medicamento recibido por la menor en la Clínica de la Piel del doctor Adolfo Gómez.

Aunado, s e ordene a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional suministro y autorización del tratamiento integral y exámenes no POS, valoraciones por médicos especialistas necesarios a fin de tratar las patologías y todo lo que sea ordenado por los médicos tratantes tanto de la red propia como los médicos particulares, suministroImpugnación de tutela Radicación: 23001333301020250010401

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CO-SC5780-99 de pañales, elementos ortopédicos, terapias físicas, ocupacionales y servicios médicos solicitados, hospitalizaciones, cirugías, citas médicas, medicamentos no POS, exámenes especializados no POS, pasajes en avión en caso de ser remitido a otra ciudad de Colombia, hospedajes, alimentación, tanto para el paciente y su acompañante, pasajes interurbanos municipales y controles médicos especializados.

Y, ordenar a la entidad demandada a hacer la devolución de los gastos económicos por el pago del tratamiento y los pasajes intermunicipales e interurbanos asumidos por un valor de $3.270.000 pesos.

1.3. Trámite impartido e intervenciones

La acción fue presentada el día 27 de marzo de 2025 1, el conocimiento de esta

por un valor de $3.270.000 pesos.

1.3. Trámite impartido e intervenciones

La acción fue presentada el día 27 de marzo de 2025 1, el conocimiento de esta correspondió al Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería. Mediante auto del 2 8 del mismo mes y año se admitió la acción constitucional 2. El juzgado ordenó notificar a las partes y al Agente del Ministerio Publico.

En consideración a los antecedentes clínicos de la tutelante, el tratamiento ordenado y su condición de sujeto de especial protección, e l juzgado concedió la medida provisional solicitada y, en consecuen cia, ordenó a la DISAN, RASES No. 6 y a la UPERS-DECOR a que en un término de 48 horas ordenara el suministro del tratamiento denominado “ fototerapia cantidad 36 sesiones + Nanopro cantidad 3 + medicamentos” prescrito a la paciente, en sus establecimientos de la red interna o, de ser necesarios, en uno de los establecimientos contratados de la red externa.

1.4. Contestaciones

1.4.1. Unidad Prestadora de Salud Córdoba

La mayor Dora Yaneth Riscanevo Espitia, jefe de la Unidad Prestadora de Salud Córdoba contestó la acción de tutela y afirmó que la unidad ha prestado los servicios de salud requeridos por la menor TRD.

No obstante, indica que de forma independiente sin seguir las indicaciones médicas y a pesar de que se le estaba garantizando el servicio , los padres de la menor acudieron con otro especialista el cual no hace parte de la red contratada por la Regional de Aseguramiento No. 6.

y a pesar de que se le estaba garantizando el servicio , los padres de la menor acudieron con otro especialista el cual no hace parte de la red contratada por la Regional de Aseguramiento No. 6.

Refiere que los padres de la menor interrumpieron el tratamiento a la mitad de este, por lo que , era evidente que no se verían resultados , ya que, no se siguieron las indicaciones del médico tratante. Además, en dado caso de que el tratamiento no hubiera dado efecto, lo correcto sería acudi r nuevamente al médico tratante encargado de suspender, cambiar, aumentar o disminuir y realizar el tratamiento a seguir y no los padres de la menor.

Expresa que, en pro de cumplir con los servicios de salud de la menor, se sometió a una auditoria médica a la doctora Estela Inés Mercado Negrete quien concluyó lo siguiente:

1 Ver archivo 04ActaReparto.pdf del expediente digital. 2 Ver archivo 05AutoAdmitetutela.pdf del expediente digital.Impugnación de tutela Radicación: 23001333301020250010401

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«Buenos días cordial saludo ante auditoria realizadas a historias clínicas aportadas autorizo consulta de control con dermatología para nuestro prestador actualmente contratado ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA, toda vez que la paciente viene en contro les con esta especialidad y la última consulta en el mes de diciembre solicitaron control en 2 meses, de acuerdo a esta nueva valoración con dermatología se sugiere que el especialista del prestador contratado evalué la

paciente viene en contro les con esta especialidad y la última consulta en el mes de diciembre solicitaron control en 2 meses, de acuerdo a esta nueva valoración con dermatología se sugiere que el especialista del prestador contratado evalué la pertinencia del ordenamiento de las fototerapias emitida por el especialista particular. Así mismo este como médico tratante es quien debe responder las preguntas correspondientes como:

a) ¿puede generar alguna lesión grave en la paciente en dado caso no se realice de forma inmediata el tratamiento?

b) ¿El tratamiento configura una urgencia?

c) ¿La patología que tiene la paciente es grave? Es decir, ¿existe un riesgo a la vida?

d) ¿La patología es dolorosa?

Ahora desde mi concepto como medico auditor se trata de una patología que no genera lesiones graves ni representa riesgos para la vida del paciente en caso dado que no se realice un tratamiento de forma inmediata ya que no afecta órganos vitales tal vez genera mas una preocupación desde el puto de vista estético y psicológico. Sin embargo sugiero que estas preguntas sean resueltas por el especialista tratante.» (Concepto adjunto como evidencia)»

Conforme el anterior criterio médico, mediante autorización de servicios de salud 9643102, se autorizó una consulta de control o de seguimiento por especialista en dermatología en la ESE Hospital San Jerónimo de Montería.

Dice que, la calidad de sujeto de especial protección de la menor no es suficiente para brindar el tratamiento integral, ya que no existió negligencia por parte de la entidad, pues todos los servicios y medicamente fueron debidamente autorizados y entregados, así, no existe prueba dentro del expediente que permita deducir que se impusieron trabas administrativas contra el tratamiento de la menor.

pues todos los servicios y medicamente fueron debidamente autorizados y entregados, así, no existe prueba dentro del expediente que permita deducir que se impusieron trabas administrativas contra el tratamiento de la menor.

Respecto del servicio de transporte intermunicipal reconoce que es un servicio incluido dentro del Plan de Beneficios de Salud y que una vez el paciente sea remitido a un lugar distinto al de su residencia procederá a brindar los tiquetes necesarios para su traslado, pero, como el mencionado servicio no ha sido ordenado, no puede ser otorgado. Sin embargo, aleg a que verificados los hechos y pruebas se tiene que el padre de la paciente es un veterano de la Policía Nacional y cuenta con recursos económicos, aunado, la patología no genera un riesgo grave ni pone en peligro la vida y la salud de la menor, por el contrario, es una cuestión meramente estética.

En lo atinente a la alimentación con hospedaje, predica que son servicios excepcionales ya que no son servicios de salud y este debe ser garantizado en los términos de la sentencia T – 407 de 2024.

Afirma que la tutela no tiene naturaleza y no procede ante pretensiones económicas, además, no se configura un perjuicio irremediable, por lo que la devolución de gastos económicos resulta improcedente. Y, que en cumplimiento a la medida provisionalImpugnación de tutela Radicación: 23001333301020250010401

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CO-SC5780-99 ordenada en el auto de fecha 28 de marzo de 2025, se autorizó consulta de control o

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CO-SC5780-99 ordenada en el auto de fecha 28 de marzo de 2025, se autorizó consulta de control o de seguimiento por especialista en dermatología, no obstante, debido a que es un reingreso a la red externa contratada, no es posible autorizar, previa cita con dermatólogo, los servicios «FOTOTERAPIA CANTIDAD 36 SESIONES + NANOPRO CANTIDAD 3 + MEDICAMENTOS», pues, este es quien debe determinar el tratamiento a seguir según su criterio médico.

1.5. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia de fecha 10 de abril del año 2025, el Juzga do Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales deprecados en la demanda y la solicitud de devolución de los gastos médicos.

Dentro del presente asunto, el a quo manifestó que los dos especialistas que atendieron a la menor coincidieron en su diagnóstico (L80X Vitiligo) y difirieron del tratamiento y la formulación de los medicamentos . En los dos criterios médicos se establece una duración de dos y tres meses para su valoración y control, por consiguiente, no se evidencia una transgresión de los derechos fundamentales de la menor, máxime cuando en las historias clínicas y planes de manejo aportados no se conceptúa científicamente a favor o en contra de uno u otro.

Afirmó que, al tener en cuenta la patología de la menor y los dos criterios de los médicos que la trataron, cualquiera de los dos tratamientos prescritos conlleva un

conceptúa científicamente a favor o en contra de uno u otro.

Afirmó que, al tener en cuenta la patología de la menor y los dos criterios de los médicos que la trataron, cualquiera de los dos tratamientos prescritos conlleva un tiempo para mostrar resultados, duración que no fue observada por los padres de la menor quienes interrumpieron abruptamente su tratamiento con la especialista de la red externa contratada y voluntariamente acudieron, acataron y se sometieron al concepto de otro profesional sin una razón suficiente para realizar tal cambio, por lo que, no se evidencia que la UPRES DECOR conociera de la opinión del especialista externo y mucho menos que la descartara sin fundamento. Aseguró que, tampoco se observa una valoración inadecuada de la paciente o que no hubiera sido valorada por especialistas adscritos a UPRES.

Determinó que, la UPRES DECOR tampoco ha negado la posibilidad de prestarles los servicios de “FOTOTERAPIA + NANOPRO + MEDICAMENTOS” , los cuales se encuentran supeditados a la evaluación y pertinencia del dermatólogo adscrito a la red externa de prestadores de servicios. De tal manera, no se evidencia vulneración alguna a los derechos fundamentales de la menor TRD invocados.

En ese orden de ideas, el juez cognoscente negó la solicitud de amparo del mínimo vital, por cuanto evidenció que el señor Elivio Ramos García, padre de la menor es un jubilado de la Policía Nacional que goza de una asignación de retiro y cuenta con los recursos necesarios para su subsistencia (mesada y servicios médicos, entre otros).

En cuanto al reembolso de gastos médicos se ma nifestó que , hay circunstancias

un jubilado de la Policía Nacional que goza de una asignación de retiro y cuenta con los recursos necesarios para su subsistencia (mesada y servicios médicos, entre otros).

En cuanto al reembolso de gastos médicos se ma nifestó que , hay circunstancias especiales que ameritan la intervención del juez constitucional que, de manera excepcional, éste puede aplicar las reglas jurisprudenciales para determinar la procedencia del amparo solicitado y más aún cuando se vulnere el mínimo vital. Rememoró que p ara la Corte Constitucional el reembolso de dineros pagados por servicios de salud no suministrados por las EPS procede en estos casos:Impugnación de tutela Radicación: 23001333301020250010401

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1. Cuando los mecanismos judiciales consagrados para ello no son idóneos. ii) Cuando se n iegue la prestación de un servicio de salud incluido en el Plan Obligatorio de Salud, sin justificación legal. iii) Cuando dicho servicio haya sido ordenado por médico tratante adscrito a la EPS encargada de garantizar su prestación.

Así, para que proceda la autorización de un servicio de salud es necesario que este haya sido prescrito por un médico adscrito a la EPS, no obstante, excepcionalmente, es posible su suministro por vía tutela incluso cuando aquel haya sido ordenado por un médico particular cuando su concepto no es controvertido por la EPS con base en criterios científicos o técnicos y el servicio se requiera. De esta forma, se estableció

es posible su suministro por vía tutela incluso cuando aquel haya sido ordenado por un médico particular cuando su concepto no es controvertido por la EPS con base en criterios científicos o técnicos y el servicio se requiera. De esta forma, se estableció que en el presente asunto no se demostró siquiera de forma sumaria la afectación al derecho fundamental al mínimo vital, que haya acudido a la Supersalud (Ley 1122 de 2007), le negaron la prestación del servicio o que haya sido ordenado por el tratante adscrito a la UPRES.

1.6. Impugnación

Dentro del término legal la parte actora impugnó3 el fallo de primera instancia. Solicita que se revoque el fallo de primera instancia, se ordene el tratamiento integral, se garantice el acceso a servicios psicológicos de TRD y se exhorte a las entidades accionadas a garantizar el acceso oportuno y efectivo a los servicios de salud requeridos por la menor.

Alega que, la patología de la menor no solo afecta s u apariencia física , sino que además reflejan una afectación emocional significativa como el rechazo de asistir al colegio, aislamiento social y la negativa de usar ropa adecuada para actividades recreativas como ir a la playa.

Resalta que, los derechos fundamentales de los menores deben ser garantizados de manera prioritaria, ya que, la negativa de las entidades demandadas a suministrar el tratamiento integral solicitado no solo afecta la salud física de la menor sino también su bienestar em ocional, lo que constituye una vulneración directa a sus derechos fundamentales.

1.7. Vista fiscal

El señor agente del Ministerio Público no intervino en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

fundamentales.

1.7. Vista fiscal

El señor agente del Ministerio Público no intervino en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

Procede el Tribunal Administrativo de Córdoba a resolver el asunto, teniendo en cuenta que es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia emitida dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

3 Ver archivo 10Impugnacion.pdf dentro de la carpeta C01PrimeraInstancia del expediente digital.Impugnación de tutela Radicación: 23001333301020250010401

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En primer lugar, debe indicarse que en el sub examine la parte tutelante, presenta impugnación en contra de la sentencia de primera instancia dentro del término establecido para ello. La impugnación fue concedida por el A quo y admitida por el Tribunal, por lo tanto, se procederá con su análisis.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si la sentencia por medio de la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales amerita ser confirmada, revocada o modificada.

En procura de resolver la Litis, se realizará el estudio de los siguientes aspectos: i) procedencia de la acción de tutela, ii) derecho a la salud y tratamiento integral, iii) derecho al diagnóstico como componente integral del derecho a la salud, iv)

modificada.

En procura de resolver la Litis, se realizará el estudio de los siguientes aspectos: i) procedencia de la acción de tutela, ii) derecho a la salud y tratamiento integral, iii) derecho al diagnóstico como componente integral del derecho a la salud, iv) reembolso de gastos médicos, v) suministro de transporte como medio de acceso al servicio de salud , vi) suministro de transporte y viáticos para paciente con un acompañante en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y, vii) Solución del caso.

2.2.1. Procedencia de la acción de tutela

Según la Corte Constitucional hay cuatro requisitos de procedencia de la acción de tutela. Estos son: (i) legitimación por activa, referente a que puede ser usada por todas las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados, por sí misma o por quien actúe a su nombre; (ii) legitimación por pasiva, ya que procede contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y de los particulares cuando entre otras existe una relación de subordinación, como sucede entre el trabajador y su empleador; (iii) inmediatez, dado que no puede transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación u omisión y el uso del amparo y (iv) subsidiariedad, pues la tutela resulta procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa judic ial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan eficaces para el caso concreto o cuando aun siéndolo se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable y se usa como mecanismo transitorio. A continuación, se revisará el cumplimiento de estos.

✓ Legitimación en la causa por activa

requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable y se usa como mecanismo transitorio. A continuación, se revisará el cumplimiento de estos.

✓ Legitimación en la causa por activa

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, cualquier persona es titular de la acción de tutela cuando sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de una autoridad pública, o excepcionalmente, por un particular.

En el asunto de marras, al analizar las situaciones fácticas planteadas, así como las pruebas aportadas se advierte que el señor Rildo Vargas Pinto funge como apoderado de la menor TRD , como consta en el poder conferido por el señor Elivio Ramos García, padre de la menor, y aduce la vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, salud, seguridad social, de los n iños y niñas, integridad física, mínimo vital, entre otros.Impugnación de tutela Radicación: 23001333301020250010401

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CO-SC5780-99 ✓ Legitimación en la causa por pasiva

Referido a quién va dirigida la acción de tutela el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que: “(…) se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.

La Dirección de Sanidad Policía Nacional, Regional de Aseguramiento en Salud No.

prescribe que: “(…) se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.

La Dirección de Sanidad Policía Nacional, Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 y la Unidad Prestadora de Salud de Córdoba se encuentran legitimadas en la causa por pasiva en la medida que la menor es beneficiaria del servicio de salud con dependencia de las demandadas al ser hija de un jubilado de la Policía Nacional, esto es, del señor Elivio Ramos García.

✓ Examen de inmediatez

La inmediatez es una condición de procedencia de la acción de tutela que nace como herramienta para cumplir con el fin de hacer de la acción de tutela un medio de amparo de derechos fundamentales que opere de manera rápida, inmediata y eficaz.

En el sub examine se cumple con este requisito por cuanto la consulta médica en la Clínica de la Piel, doctor Adolfo Gómez, se desarrolló el día 28 de febrero de 2025, en ese sentido, el despacho considera que ha transcurrido un tiempo prudencial para la reclamación de los derechos presuntamente vulnerados, dado que, la acción constitucional se presentó el 27 de marzo de 2025 4, esto es, dentro de un término razonable.

✓ Examen del cumplimiento del principio de subsidiariedad

Respecto de la subsidiariedad se considera que la acción de tutela es el medio idóneo de protección al derecho a la salud dada la menor eficacia del mecanismo judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud previsto en la Ley 1122 de 2007, tal y como lo reconoce la jurisprudencia constitucional (ver al respecto la sentencia T-171 de 2018).

ante la Superintendencia Nacional de Salud previsto en la Ley 1122 de 2007, tal y como lo reconoce la jurisprudencia constitucional (ver al respecto la sentencia T-171 de 2018).

Aunado, el presente asunto versa sobre de la presunta vulneración de derechos fundamentales de una menor de edad , y, el artículo 44 de la Constitución Política consagra la prevalencia de los derechos de los menores de edad sobre los demás.

La protección especial de los menores de edad en salud también ha sido reconocida en diversos tratados internacionales ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad como la Convención Sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derech os Civiles y Políticos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

En virtud de las disposiciones mencionadas, la Corte Constitucional estableció que la acción de tutela procede directamente para salvaguardar el derecho fundamental a la

4 Ver archivo 04ActaReparto.pdf del expediente.Impugnación de tutela Radicación: 23001333301020250010401

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CO-SC5780-99 salud de los menores de edad5. Por lo anterior, se encuentra cumplido el requisito de la subsidiariedad.

2.2.2. Derecho a la salud y tratamiento integral

En relación con el derecho fundamental a la salud, la Corte Constitucional mediante

salud de los menores de edad5. Por lo anterior, se encuentra cumplido el requisito de la subsidiariedad.

2.2.2. Derecho a la salud y tratamiento integral

En relación con el derecho fundamental a la salud, la Corte Constitucional mediante sentencia T-017 de 2021, ha señalado lo siguiente:

«El artículo 49 de la Constitución Política dispone que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. En tal sentido, es este quien tiene la responsabilidad de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de dicha garantía bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

(...) la Corte afirmó que la salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable, que protege múltiples ámbitos de la vida humana.

Sobre la base del contenido de la Ley 1751 de 2015 y la jurisprudencia constitucional en la materia, el derecho a la salud es definido como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. Con todo, el derecho a la salud adquiere una doble connotación, como garantía fundamental y como servicio público a cargo del Estado. Esto conlleva la observancia de determinados principios consagrados en la Ley 1751 de 2015 que orientan la prestación de los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y de calidad y que se materializan a través del establecimiento del denominado Sistema de Salud.»

El derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, el cual según el artículo 49 de la Constitución Política se encuentra a cargo del Estado, de igual forma la Carta

través del establecimiento del denominado Sistema de Salud.»

El derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, el cual según el artículo 49 de la Constitu