TA COR - Sentencia 23001-38-83-011-2025-00183-01 (05-08-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, cinco (5) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Acción de Tutela Radicación: 23001388301120250018301

Accionante(s): Gloria del Carmen Lara de Salgado Accionado(s):

Nueva EPS y Clínica Imat Oncomédica SAS-AUNA

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir sobre la impugnación presentada por la parte accionada Oncomedica SAS, en contra de la Sentencia de Primera Instancia, proferida el diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025), por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, por medio del cual s e ampararon los derechos fundamentales de la accionante.

II. ANTECEDENTES

a). Hechos1. En el libelo de tutela, se narran los siguientes hechos:

La señora Gloria del Carmen Lara de Salgado se encuentra afiliada al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la entidad promotora de salud Nueva EPS, y ha sido diagnosticada con un tumor de comportamiento incierto o desconocido del estómago, condición médica que requiere intervención diagnóstica especializada. Indicó que su médico tratante ordenó la realización de una biopsia por punción aspiración guiada por ecoendoscopia, procedimiento necesario para obtener un diagnóstico preciso y determinar el tratamiento adecuado. Señaló que dicho procedimiento fue autorizado por la

Indicó que su médico tratante ordenó la realización de una biopsia por punción aspiración guiada por ecoendoscopia, procedimiento necesario para obtener un diagnóstico preciso y determinar el tratamiento adecuado. Señaló que dicho procedimiento fue autorizado por la Nueva EPS para ser practicado en la Clínica Auna – IMAT Oncomédica, ubicada en la ciudad de Montería. No obstante, a la fecha de presentación de la acción constitucional, la entidad prestadora no ha agendado ni realizado la intervención médica, situ ación que ha generado un menoscabo grave en su estado de salud, expresado en dolor físico persistente, alteraciones del sueño y deterioro progresivo de su calidad de vida. Manifestó que reside en el municipio de Tierralta, Córdoba, y que todas las órdenes médicas relacionadas con su patología han sido asignadas en la ciudad de Montería, sin que se le haya garantizado el suministro del transporte intermunicipal. A pesar de haber puesto en conocimiento de la EPS su imposibilidad económica para asumir dichos gastos, no ha recibido respuesta efectiva, lo que ha impedido el acceso oportuno al servicio médico autorizado. En consecuencia, la señora Gloria del Carmen considera que se configuran vulneraciones a sus derechos fundamentales a la salud, la vida digna y e l diagnóstico oportuno, por lo cual solicitó que se ordene a las entidades accionadas la programación prioritaria del procedimiento médico prescrito, así como el cubrimiento de los gastos de transporte

1 Carpeta nro. 01 (PDF nro. 01) del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301120250018301

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1 Carpeta nro. 01 (PDF nro. 01) del cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301120250018301

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necesarios para su asistencia, incluyendo el traslado de ida y regreso con acompañante, de acuerdo con su condición de salud y situación socioeconómica.

b). Petición. En el escrito de tutela, se hicieron las siguientes peticiones:

• Que se amparen mis derechos fundamentales a la salud, la vida digna y el diagnóstico oportuno.

• Como consecuencia de lo anterior, q ue se ordene a la N ueva EPS que, de manera inmediata, garantice la realización del procedimiento médico (biopsia por punción aspiración guiada por eco-endoscopia).

• Que se ordene a la Clínica AUNA - IMAT Oncomédica la programación inmediata del procedimiento, conforme a la orden médica vigente.

• Que se garantice la realización de todos los tratamientos y cirugías posteriores que requiera mi condición de salud, sin dilaciones injustificadas.

• Que se o rdene a la N ueva EPS el reconocimiento de los gastos de transporte necesarios para el acceso a los servicios médicos que requiera, desde su domicilio ida y vuelta con su acompañante.

c). Informes de las entidades accionadas

• Oncomédica SAS2

La ONCOMEDICA SAS, a través de su coordinadora Legal, informó que al revisar el caso clínico de la señora Gloria del Carmen Lara de Salgado, constató que la paciente fue direccionada para la realización de una biopsia por punción y aspiración guiada por ec oLa ONCOMEDICA SAS, a través de su coordinadora Legal, informó que al revisar el caso clínico de la señora Gloria del Carmen Lara de Salgado, constató que la paciente fue direccionada para la realización de una biopsia por punción y aspiración guiada por ec oendoscopia. Sin embargo, aclaró que dicho procedimiento no es prestado por ONCOMEDICA SAS., sino por el Instituto Médico de Alta Tecnología IMAT S.A.S., entidad jurídica y operativamente independiente, aunque ambas hacen parte del grupo empresarial AUNA Colombia. En ese sentido, señaló que se dispuso una programación tentativa para la realización del procedimiento el día 25 de junio de 2025 a las 10:00 a.m., en la Clínica IMAT, ubicada en Montería, bajo el entendido de que la paciente debía contar para esa fecha con la respectiva autorización emitida por la EPS y debidamente direccionada a IMAT S.A.S. Indicó que, en caso de no contar con dicha autorización, el servicio no podría ser prestado por razones ajenas a la voluntad de la institución. Adicionalmente, precisó que ONCOMEDICA S.A.S. no tiene injerencia en el trámite administrativo que debe realizar la paciente ante su EPS, por encontrarse dicho proceso fuera de sus competencias. En consecuencia, enfatizó que la imposibilidad de prestar directamente el servicio no constituye una barrera administrativa atribuible a ONCOMEDICA S.A.S., sino que responde a lo dispuesto en el marco legal que regula el Sistema General de Seguridad Social en Salud, siendo la EPS la responsable de garantizar la atención a través de las IPS con las que tiene convenios vigentes. En cuanto a los argumentos jurídicos, la entidad sostuvo que no ha vulnerado los derechos

Sistema General de Seguridad Social en Salud, siendo la EPS la responsable de garantizar la atención a través de las IPS con las que tiene convenios vigentes. En cuanto a los argumentos jurídicos, la entidad sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, por lo que solicitó ser desvinculada de la acción de tutela. Alegó la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el procedimiento ya fue

2 PDF nro. 06 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301120250018301

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programado, y la falta de legitimación en la causa por pasiva, al no ser responsable de autorizar los servicios de salud requeridos por la paciente. Por último, solicitó se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que el procedimiento médico fue agendado y Ordenar a NUEVA EPS emitir la correspondiente autorización para que el servicio sea redireccionado a IMAT S.A.S. • Nueva E.P.S La entidad guardó silencio en esta oportunidad procesal.

d). Fallo impugnado3

El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Montería, mediante fallo del día diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2025), resolvió lo siguiente: PRIMERO: AMPARENSE los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y al diagnóstico oportuno de la señora Gloría del Carmen Lara de Salgado, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDÉNESE a Oncomedica S.A.S., a través de su gerente Pablo José Cervera Escobar o quien haga sus veces, que adelante todos los trámites

lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDÉNESE a Oncomedica S.A.S., a través de su gerente Pablo José Cervera Escobar o quien haga sus veces, que adelante todos los trámites administrativos necesarios para que el día 25 de junio de 2025 a las 10:00 a.m., se le practique a la señora Gloría del Carmen Lara De Salgado, la Biopsia por Punción y Aspiración Guiada por Ecoendoscopia, que le fue ordenada por el médico tratante.

TERCERO: ORDÉNESE a la Nueva E.P.S, a través del Representante Legal para Asuntos Judiciales y de Tutela Luis Fernando Bernal Jaramillo, o quien haga sus veces y de la Gerente Regional (e) Noroccidente Marcela Uribe Pérez, o quien haga sus veces; brindar y garantizar a la señora Gloría del Carmen Lara de Salgado, toda la atención en salud - tratamiento integralen la medida de las necesidades médicas y recomendaciones de los médicos tr atantes para el manejo adecuado de la patología que padece - "Tumor de Comportamiento Incierto o Desconocido del Estomago", es decir autorizando sin dilaciones cualquier consulta médica, cita, examen médico, tratamiento, medicamentos PBS y NO PBS, procedim ientos quirúrgicos, terapias, prótesis, remisiones con todos los gastos de transporte (pasajes vía aérea ida y regreso), alimentación y estadía (alojamiento) para ella y un (1) acompañante desde la ciudad de Montería a cualquier ciudad y transporte interno en la ciudad a la que sea remitida

(transporte terrestre). así como el transporte terrestre desde su sitio de

estadía (alojamiento) para ella y un (1) acompañante desde la ciudad de Montería a cualquier ciudad y transporte interno en la ciudad a la que sea remitida (transporte terrestre). así como el transporte terrestre desde su sitio de residencia, hasta el aeropuerto de la ciudad de Montería y viceversa, y demás necesarios para propender por la recuperación o el mejoramiento de su calidad de vida, siempre que se den las mismas condiciones que se estudiaron en la presente acción de tutela.

El a quo fundamentó la anterior decisión, indicando que una vez analizadas las pruebas obrantes en el plenario, observó que la señora Gloria del Carmen Lara de Salgado manifestó que sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y al diagnóstico oportuno estaban siendo vulnerados, al no habérsele practicado el procedimiento médico de biopsia por punción y aspiración guiada por eco -endoscopia, ordenado por su médico tratante ante el diagnóstico de tumor de comportamiento incierto o desconocido en el estómago. En ese sentido, el A quo consideró que, a pesar de que la paciente contaba con la autorización emitida por la Nueva EPS, el procedimiento no fue agendado oportunamente. Por su parte, la entidad ONCOMEDICA S.A.S. indicó que no presta directamente dicho

3 PDF nro. 07 del cuaderno de segunda instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301120250018301

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servicio, ya que corresponde al Instituto Médico de Alta Tecnología IMAT S.A.S., aunque reconoció que ambas entidades hacen parte del mismo grupo empresarial AUNA. No obstante, el Despacho evidenció que fue precisamente un médico adscrito a

servicio, ya que corresponde al Instituto Médico de Alta Tecnología IMAT S.A.S., aunque reconoció que ambas entidades hacen parte del mismo grupo empresarial AUNA. No obstante, el Despacho evidenció que fue precisamente un médico adscrito a ONCOMEDICA quien emitió la orden médica, y que la autorización también fue dirigida a esa entidad. Además, señaló que ONCOMEDICA solo procedió a programar el procedimiento después de ser notificada de la acción de tutela, y de forma condicionada, lo cual fue interpretado como una barrera administrativa injustificada. Finalmente, el a quo concluyó que, si bien ONCOMEDICA e IMAT son jurídicamente distintas, comparten administración y pueden gestionar internamente los trámites necesarios sin trasladar la carga al paciente. En consecuencia, determinó que la accionante, en condición de especial vulnerabilidad por su diagnóstico y situación económica, es sujeto de especial protección constitucional, razón por la cual ordenó la realización inmediata del procedimiento médico, el tra tamiento integral respectivo, y el acceso a los servicios médicos necesarios, incluyendo el cubrimiento de transporte y alojamiento.

e). La impugnación4

Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad ONCOMEDICA S.A.S. presentó impugnación, solicitando que se revoque la decisión adoptada por el juez constitucional, en lo que respecta a las órdenes impartidas en su contra. En ese sentido, argumentó que la afirmación dada por el A quo no es válida, puesto que le atribuye de forma e rrónea la responsabilidad por la no realización del procedimiento médico ordenado, sin considerar que dicha institución no presta directamente el servicio requerido, sino que este

afirmación dada por el A quo no es válida, puesto que le atribuye de forma e rrónea la responsabilidad por la no realización del procedimiento médico ordenado, sin considerar que dicha institución no presta directamente el servicio requerido, sino que este corresponde a la IPS IMAT S.A.S., entidad distinta, aunque del mismo grupo empresarial. Manifestó que la autorización fue emitida a nombre de ONCOMEDICA de forma equivocada por parte de la Nueva EPS, lo cual generó confusión en el trámite, y que en ningún momento incurrió en negligencia. Explicó que, una vez notificada la acción de tutela, brindó una fecha tentativa para la realización del procedimiento, aclarando que se requiere que la EPS corrija la redirección de la autorización para que pueda llevarse a cabo. Por otro lado, expresó que el juez de primera instancia desconoció que ambas instituciones tienen personería jurídica y roles funcionales distintos dentro del sistema de salud, y que no puede exigirse a ONCOMEDICA el cumplimiento de una prestación médica que no está dentro de sus servicios habilitados. A su juicio, la entid ad accionada ha actuado conforme a sus competencias y no ha incurrido en omisión alguna que justifique la decisión adoptada. Aunado a lo anterior, adujo que no debe ser obligada a ejecutar un procedimiento que no le corresponde, y que la responsabilidad recae en la EPS, quien debe garantizar la atención integral del usuario, incluyendo la correcta asignación de la IPS prestadora del servicio. Finalmente, solicitó que se tenga en cuenta que la programación del procedimiento fue gestionada en cuanto se tuvo c onocimiento del proceso judicial, y que no existe una conducta dilatoria ni desinterés por parte de la entidad. Por lo tanto, pidió que se revoque

Finalmente, solicitó que se tenga en cuenta que la programación del procedimiento fue gestionada en cuanto se tuvo c onocimiento del proceso judicial, y que no existe una conducta dilatoria ni desinterés por parte de la entidad. Por lo tanto, pidió que se revoque el fallo de primera instancia en lo que respecta a ONCOMEDICA S.A.S., y se declare que no tiene competencia funcional para ejecutar el procedimiento médico ordenado.

4 PDF nro. 09 Cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301120250018301

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f). Trámite de segunda instancia

Por auto de fecha diecinueve (18) de julio del año dos mil veinti cinco (2025)5, se admitió impugnación presentada por la entidad Oncomedica S.A.S, contra el fallo de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinti cinco (2025), proferido en primera instancia por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Montería.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

a). De la competencia

Este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la impugnación presentada por la entidad Oncomedica S.A.S, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser el superior funcional, al haber sido proferida la providencia impugnada por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Montería.

b). Problema jurídico

Para resolver la presente acción constitucional, deberá la Sala determinar, si en el sub examine, la Nueva EPS , Oncomedica SAS y Instituto Médico de Alta Tecnología SASMontería.

b). Problema jurídico

Para resolver la presente acción constitucional, deberá la Sala determinar, si en el sub examine, la Nueva EPS , Oncomedica SAS y Instituto Médico de Alta Tecnología SASIMAT se encuentran vulnerando los derechos fundamentales a la salud, vida digna , diagnostico oportuno a la señora Gloria del Carmen Lara de Salgado. Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a estudiar los siguientes aspectos: i). Generalidades de la acción de tutela; ii). De los derechos fundamen tales invocados como vulnerados ; iii) Suministro de transporte; y iv) Tratamiento integral.

i). Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, en tanto ella sólo procede en el evento en el que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea presentada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, art. 86 de la Constitución Política. La Corte Constitucional 6 ha indicado que la acción de tutela es un verdadero instrumento a través del cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales, los cuales, sin ella, comprometerían su eficacia, la cual se caracteriza por ser un instrumento i) subsidiario; ii) inmediato; iii) sencillo; iv) específico; y v) eficaz; y se

fundamentales, los cuales, sin ella, comprometerían su eficacia, la cual se caracteriza por ser un instrumento i) subsidiario; ii) inmediato; iii) sencillo; iv) específico; y v) eficaz; y se rige por los principios de informalidad y de oficiosidad.

ii). De los derechos fundamentales invocados como vulnerados

El derecho a la salud ha tenido un importante desarrollo en la jurisprudencia constitucional, de modo que en su reconocimiento vía tutela, se pueden destacar tres momentos: al principio, se amparaba si se encontraba en conexidad con los derechos a la vida digna e integridad personal; luego, fue reconocido como derecho fundamental, para el caso de personas que por sus condiciones eran consideradas de especial protección constitucional y, posteriormente, en Sentencia T-760 de 20087 se ha considerado un derecho fundamental autónomo.

5 PDF nro. 04 Cuaderno de segunda instancia. Expediente digital. 6 Corte Constitucional. Sentencia C-483 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008). 7 Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008, M.P Manuel José Cepeda Espinosa, Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301120250018301

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El carácter fundamental y autónomo del derecho a la salud, fue ratificado por la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015 8, refiriéndose a la salud como un «derecho fundamental», «autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo» , el cual

Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015 8, refiriéndose a la salud como un «derecho fundamental», «autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo» , el cual comprende, entre otros elementos, la prestación del servicio de manera «oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud»:

Artículo 2°. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Es tado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado9.

En cuanto al derecho a la dignidad humana, la Corte en sentenc ia T -291-1610 ha mencionado lo siguiente:

Entendido como derecho fundamental autónomo, la Corte ha determinado que la dignidad humana equivale: (i) al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la facultad q ue tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Por tanto, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado.

los demás un trato acorde con su condición humana. Por tanto, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado.

Así como también, en esa misma sentencia, la Corporación ha establecido tres lineamientos claros y distintivos, los cuales son:

(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; (ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura. Frente a la funcionalidad de la norma, este Tribunal ha puntualizado tres expresiones de la dignidad humana entendida como: (i) principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor; (ii) principio constitucional; y (iii) derecho fundamental autónomo .

1. Suministro de transporte

Conforme los reiterados lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional11, en principio, por considerarse que el servicio de transporte no es una prestación médica, no correspondería a un servicio que debe ser costeado por el paciente y/o su núcleo familiar. No obstante, en desarrollo de la Jurisprudencia Consti tucional se han establecido unas excepciones, en las cuales la EPS está llamada a asumir los gastos derivados de éste, debido a que se ha entendido como un medio que permite el acceso a los servicios de

No obstante, en desarrollo de la Jurisprudencia Consti tucional se han establecido unas excepciones, en las cuales la EPS está llamada a asumir los gastos derivados de éste, debido a que se ha entendido como un medio que permite el acceso a los servicios de salud, ya que, en ciertos eventos, al no ser posible el traslado del respectivo paciente para recibir el tratamiento médico ordenado, se impide la materialización del derecho fundamental12; postura que ha sido reiterada tanto para el transporte intermunicipal como intramunicipal13. De tal suerte que el Juez de tutela debe entrar a analizar la situación particular y verificar el cual es el siguiente:

8 Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015. «Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones». Declarada EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante las providencias C -313 de 2014, Auto 377 del tres (3 ) de diciembre de dos mil catorce (2014) y C -634 de 2015. 9 ibidem 10 Sentencia T de 291 de 2016. M. P: Alberto Rojas Ríos. Bogotá D.C., Dos (2) de junio de dos mil dieciséis (2016). 11 Corte Constitucional, Sentencia T-032 de 2018, M. P. José Fernando Reyes Cuartas, Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

12 Al respecto, ver entre otras, las Sentencias T-760 de 2008, T-550 de 2009, T-352 de 2010, T-526 de 2011, T-464 de 2012 y T-148 de 2016. 13 Corte Constitucional, Sentencia T -464 de 2018, M. P. Diana Fajardo Rivera, Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Expediente T6.567.388.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301120250018301

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servicio ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones y ello ponga en riesgo los derechos fundamentales del paciente. Igualmente, se reconoce cuando (ii) el usuario es un sujeto de especial protección constitucional (como sucede con los menores de edad, adultos mayores, indígenas, desplazados, personas con discapacidad física o que padezcan enfermedades catastróficas); o con aquellas (iii) personas que “ex hiben condiciones de salud extremadamente precarias e indignas.

De tal suerte que el Juez de tutela debe entrar a analizar la situación particular y verificar, si de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario.

En cuanto a los gastos de alojamiento y alimentación, dispone la Corte Constitucional que esto no constituye servicio médico, pero hay casos en los cuales, el acceso efectivo y real al servicio de salud, depende de que se garantice el desplazamiento al lug ar donde será prestada la atención, por lo que a partir del principio de solidaridad, cuando un usuario es remitido a un lugar diferente a su residencia para recibir la atención, debido a que su EPS

al servicio de salud, depende de que se garantice el desplazamiento al lug ar donde será prestada la atención, por lo que a partir del principio de solidaridad, cuando un usuario es remitido a un lugar diferente a su residencia para recibir la atención, debido a que su EPS no cuenta con disponibilidad de servicios en el lugar de afiliación, en principio, los gastos que se originaran por la estada debían ser asumidos por el paciente o su familia. Sin embargo, ha establecido como excepción a la anterior regla, el caso de los usuarios que son remitidos a un municipio diferente de su domicilio, cuando ni ellos ni su familia cuentan con la capacidad económica para asumir dichos costos.14

Siendo así, es necesario precisar que la Corte Constitucional ante la ausencia de otros medios probatorios; hechos como el desempleo, la afiliación al sistema de seguridad social en salud en calidad de beneficiario y no de cotizante, pertenecer al grupo po blacional de adulto mayor (tercera edad) y tener ingresos mensuales equivalentes a un salario mínimo legal mensual, pueden ser tenidos en cuenta como prueba suficiente de la incapacidad económica de la accionante15. Al respecto, sobre los criterios para establecer la capacidad económica del paciente y su familia, resalta la Corte Constitucional, lo siguiente:

…(i) sin perjuicio de las demás reglas, es aplicable la regla general en materia probatoria, según la cual, incumbe al actor probar el supuesto de hecho que permite obtener la consecuencia jurídica que persigue; (ii) ante la afirmación de ausencia de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo contrario ; (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de

de recursos económicos por parte del actor (negación indefinida), se invierte la carga de la prueba correspondiendo en ese caso a la entidad demandada demostrar lo contrario ; (iii) no existe tarifa legal para demostrar la ausencia de recursos económicos, la misma se puede intentar mediante negaciones indefinidas, certificados de ingresos, formularios de afiliación al sistema, extractos bancarios, declaración de renta, balances contables, testimonios, indicios o cualquier otro medio de prueba; (iv) corresponde al juez de tutela ejercer activamente sus poderes inquisitivos en materia probatoria, con el fin de establecer la verdad real en cada caso, proteger los derechos fundamentales de las personas y garantizar la corrección del manejo de los recursos del sistema de seguridad social en salud, haciendo prevalecer el principio de solidaridad cuando el peticionario cuenta con recursos económicos que le permitan suf ragar el costo de las intervenciones, procedimientos o medicamentos; (v) en el caso de la afirmación indefinida del solicitante respecto de la ausencia de recursos económicos, o de afirmaciones semejantes, se presume su buena fe en los términos del artícul o 83 de la Constitución, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le quepa, si se llega a establecer que tal afirmación es falsa o contraria a la realidad …. (Negrilla fuera de texto)

Así, si bien es el actor, quien debe probar su incapacidad económica, basta su afirmación en ese sentido para abrir el debate al respecto. Con su aseveración, la carga de la prueba se traslada a la EPS, que por la relación que tiene con el usuario, cuenta con elementos suficientes para desvirtuar su aseveración ante el Juez de tutela.

en ese sentido para abrir el debate al respecto. Con su aseveración, la carga de la prueba se traslada a la EPS, que por la relación que tiene con el usuario, cuenta con elementos suficientes para desvirtuar su aseveración ante el Juez de tutela.

14 Corte Constitucional, Sentencia T-405 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo, Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017). 15 Corte Constitucional, Sentencia T - 178 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333301120250018301

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Adicionalmente, el Tribunal Constitucional en la Sentencia T-122 de 202116 recordó que el servicio de transporte intermunicipal para paciente ambulatorio no requiere orden del médico tratante, pues se torna necesario des pués de que el profesional ha ordenado el servicio de salud que necesita el paciente. En caso de que la EPS autorice que el servicio se preste fuera del domicilio del paciente, la entidad se verá obligada a cubrir los gastos de transporte ya que estos son necesarios para que el pacie