TA COR - Sentencia 23001333300520260027301-(07-09-2026)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Jorge Luis Quijano Pérez

Montería, siete (07) de septiembre del año dos mil veintiséis (2026)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Tutela Radicación: 23-001-33-33-005-2026-00273-01

Accionante: Yonnys Manuel Padilla Acosta Accionado: Gustavo Adolfo Marín en calidad de R epresentante Legal de

Distrebol del Sinú SA S; Salud Total EPS ; Administradora Colombiana de Pensiones Vinculados Gestar Salud de Colombia I PS SAS; Clínica Zayma, Clínica Imat Oncomédica y Clínica Montería Tema: Derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida digna Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por parte del accionado, contra el fallo de tutela de fecha veintidós (22) de julio de dos mil veintiséis (2026), proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, mediante el cual se ampararon los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna del señor Yonnys Manuel Padilla Acosta.

I. Antecedentes 1) La solicitud de tutela

1.1 Pretensiones

Con la presente acción, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud, seguridad social, dignidad humana y trabajo, y en consecuencia, que se ordene al señor Gustavo Adolfo Marín Rincón, que proceda a realizar el pago inmediato

Con la presente acción, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud, seguridad social, dignidad humana y trabajo, y en consecuencia, que se ordene al señor Gustavo Adolfo Marín Rincón, que proceda a realizar el pago inmediato de los salarios y prestaciones sociales adeudadas o adopte las medidas necesarias para garantizar el mínimo vital, mientras se resuelve de fondo la situación laboral, y se abstenga de desconocer sus derechos derivados de su situación de debilidad manifiesta. Igualmente, se ordene a Salud Total EPS S.A. que realice valoración médica integral inmediata, continúe con el trámite y expedición de incapacidades médicas cuando sean procedentes, y adelante todos los procedimientos administrativos requeridos para garantizar el reconocimiento económico derivado de las incapacidades. Finalmente, solicita se ordene a las entidades accionadas que coordinen las actuaciones necesarias para evitar interrupciones en los ingresos requeridos para su subsistencia, así como la realización de la valoración de la p érdida de capacidad laboral a través de junta médica, y se ordene la continuidad de los tratamientos de recuperación inte gral o lo requerido para una pronta rehabilitación. 1.2 Hechos Relata el accionante que se encuentra laborando en la empresa Distrébol del Sinú SAS. Durante el desarrollo de la relación laboral empezó a presentar serias afectaciones en su estado de salud que progresivamente limitaron su capacidad funcional y laboral, según el concepto de rehabilitación integral del 17 de enero de 2026 registra los diagnósticos de trastornos de discos interverteb rales, artritis reumatoide, coxartrosis y EPOC, con no posibilidad de recuperación negativa y pronóstico desfavorable a largo plazo; el concepto

trastornos de discos interverteb rales, artritis reumatoide, coxartrosis y EPOC, con no posibilidad de recuperación negativa y pronóstico desfavorable a largo plazo; el concepto médico describe importantes limitaciones funcionales, necesidad de apoyo con muletas, dolor progresivo y afectaciones osteomusculares severas.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-005-2026-00273-01 2

Expone que desde que se agravó su estado de salud se encuentra imposibilitado para continuar desarrollando sus funciones habituales, pese a ello, su empleador dejó de cancelarle salarios y prestaciones sociales; y que paralelamente Salud Total EPS ha dejado de continuar con la generación y trámite de incapacidades médicas que le permitan acceder al reconocimiento económico correspondiente, por lo que no esta percibiendo ingreso alguno para su subsistencia y de su núcleo familiar. Finalmente, manifiesta que su situación económica se ha visto gravemente deteriorada, le ha generado una afectación directa a su mínimo vital y la imposibilidad de adquirir alimentos, medicamentos, transporte y cubrir sus necesidades básicas. 1.3 Derechos fundamentales invocados como vulnerados En los hechos y pretensiones de la solicitud de tutela se invoca n como vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital, vida digna, salud, seguridad social , trabajo en condiciones dignas y dignidad humana. 1.4 Informe rendido por la entidad accionada Gestar Salud de Colombia I.P.S S.A.S Rindió informe solicitando su desvinculación del trámite constitucional al señalar que su función se limita a la prestación de servicios de medicina general y especializada, de

Gestar Salud de Colombia I.P.S S.A.S Rindió informe solicitando su desvinculación del trámite constitucional al señalar que su función se limita a la prestación de servicios de medicina general y especializada, de conformidad con la habilitación otorgada mediante la Resolución 3100 de 2019. Sostuvo, que conforme al artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012, el trámite para el reconocimiento de las incapacidades por enfermedad general debe ser adelan tado directamente por el empleador ante la EPS, sin que dicha carga pueda trasladarse al afiliado. Asimismo, precisó la distribución de la responsabilidad económica de las incapacidades según el periodo de incapacidad, indicando que los primeros dos días corresponden al empleador, del día 3 al 180 a la EPS, a partir del día 181, al fondo de pensiones, siempre que se cumplan los requisitos legales. En ese sentido, sostuvo que no es la entidad responsable del reconocimiento o pago de las incapacidades reclama das, por lo que solicitó al despacho su exclusión del trámite constitucional y que la responsabilidad fuera atribuida, según corresponda, a la EPS o a la ARL. Oncomédica S.A.S Rindió informe manifestando que no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales del accionante, toda vez que en la acción de tutela no se atribuye conducta alguna a dicha institución y las pretensiones se encuentran dirigidas principalmente contra el empleador y Salud Total EPS. Alega que el asunto planteado tiene origen en una controversia relacionada con la situación laboral del accionante, como el reconocimiento y pago de incapacidades, materias frente a las cuales carece de competencia. En ese sentido, alegó falta de legi timación en la causa

Alega que el asunto planteado tiene origen en una controversia relacionada con la situación laboral del accionante, como el reconocimiento y pago de incapacidades, materias frente a las cuales carece de competencia. En ese sentido, alegó falta de legi timación en la causa por pasiva al señalar que su objeto se limita a la prestación de servicios de salud y no comprende la gestión o reconocimiento de prestaciones económicas derivadas de incapacidades. Asimismo, explicó que las IPS y las EPS tienen funcio nes y responsabilidades diferentes dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, correspondiendo a las EPS, entre otras obligaciones, el reconocimiento de las incapacidades conforme al artículo 206 de la Ley 100 de 1993, por lo que indicó que Oncomédica no está llamada a asumir el pago de las incapacidades reclamadas por el accionante. Finalmente, informó que atendió el requerimiento del despacho y aportó la historia clínica del señor Yonnys Manuel Padilla Acosta.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-005-2026-00273-01 3

Clínica Montería Manifestó que conforme a la historia clínica y los conceptos médicos aportados, el accionante presenta patologías con pronóstico desfavorable para su recuperación, situación que, a su juicio, amerita iniciar el trámite de calificación de pérdida de capacid ad laboral ante el fondo de pensiones al que se encuentra afiliado. Explicó que sus médicos especialistas únicamente pueden expedir certificados de incapacidad cuando realizan la respectiva valoración médica, señalando que en las atenciones efectuadas en d iciembre de 2025 y abril de 2026 fueron expedidas las

Explicó que sus médicos especialistas únicamente pueden expedir certificados de incapacidad cuando realizan la respectiva valoración médica, señalando que en las atenciones efectuadas en d iciembre de 2025 y abril de 2026 fueron expedidas las incapacidades correspondientes. No obstante, precisó que la liquidación y pago de las incapacidades corresponde a la EPS, mientras que el trámite relacionado con la calificación de pérdida de capacidad laboral y el eventual reconocimiento pensional corresponde a la administradora de pensiones. Asimismo, indicó que, atendiendo al estado de salud del accionante y al concepto de rehabilitación desfavorable, resulta procedente adelantar la calificación de pé rdida de capacidad laboral y garantizar la expedición y reconocimiento de las incapacidades que correspondan, señalando que, después del día 181, la responsabilidad económica recaería en Colpensiones. Finalmente, planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que como IPS no tiene competencia para reconocer y pagar incapacidades ni para adelantar el trámite de pérdida de capacidad laboral o el reconocimiento pensional. Gustavo Adolfo Marín Rincón en Calidad de Representante Legal de Distrebol del Sinú, Salud Total EPS SA y Colpensiones no rindieron informe dentro del presente trámite constitucional. 1.4 Sentencia de primera instancia Mediante sentencia de fecha 22 de julio de 2026 , proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería se ampararon los derechos fundamentales alegados por el accionante y se emitieron sendas órdenes constitucionales. El Despacho determinó que el accionante presenta múltiples patologías de origen común,

Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería se ampararon los derechos fundamentales alegados por el accionante y se emitieron sendas órdenes constitucionales. El Despacho determinó que el accionante presenta múltiples patologías de origen común, entre ellas trastornos de los discos intervertebrales, artritis reumatoide, coxartrosis y EPOC, que han generado incapacidades médicas recurrentes durante los años 2025 y 2026. Asimismo, sostuvo que mediante el Concepto de Rehabilitación Integral del 17 de enero de 2026, se estableció una posibilidad de recuperación negativa y un pronóstico a largo plazo desfavorable, documento que fue remitido por Salud Total EPS a Colpensiones. En ese sentido, el Juzgado concluyó que la falta de pago de determinadas incapacidades comprometía los derechos fundamentales al mínimo vital, la seguridad social y la vida digna del accionante. En particular, advirtió que la incapacidad P16895127, correspondiente al período comprendido entre el 23 de abril y el 21 de mayo de 2026, no había sido pagado y se encontraba dentro del período cuya responsabilidad correspondía a la EPS. Por lo anterior, el Despacho amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y vida digna del señor Yonnys Manuel Padilla Acosta. En consecuencia, ordenó a Salud Total EPS adelantar las actuaciones necesarias para reconocer y pagar la incapacidad P16895127 o, en caso de existir impedimento legal, emitir una decisión de fondo, clara y debidamente motivada. Asimismo, ordenó a Distrébol del Sinú SAS adelantar las actuaciones necesarias para reconocer y pagar las incapacidades identificadas con los números P15909334, P16120629, P16142865 y P16216045, correspondientes a los primeros dos días de

Asimismo, ordenó a Distrébol del Sinú SAS adelantar las actuaciones necesarias para reconocer y pagar las incapacidades identificadas con los números P15909334, P16120629, P16142865 y P16216045, correspondientes a los primeros dos días de incapacidad, o emitir una decisión de fondo que explicara las razones para no efectuar su reconocimiento.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-005-2026-00273-01 4

De igual manera, ordenó a Colpensiones adelantar las actuaciones legalmente correspondientes para definir la situación del accionante fre nte al procedimiento de calificación de pérdida de capacidad laboral, o informar el estado y las actuaciones pendientes en caso de existir un trámite en curso. Finalmente, el Juzgado declaró improcedente la pretensión relacionada con el pago de salarios, negó las demás pretensiones y consideró que no se encontraba acreditada una vulneración del derecho a la salud atribuible a Salud Total EPS, ni resultaba procedente ordenar la expedición indefinida de futuras incapacidades, por corresponder dicha determinación al criterio del médico tratante.

1.6 Impugnación Salud Total EPS impugnó el fallo de tutela de primera instancia al considerar que no vulneró los derechos fundamentales del señor Yonnys Manuel Padilla Acosta, pues sus actuaciones se ajustaron a la normativa que regula el reconocimiento y pago de incapacidades de origen común. Señaló que, una vez notificada de la acción de tutela, verificó el estado de afiliación del accionante y las inca pacidades registradas encontrando que no existían incapacidades pendientes por transcribir. En particular, respecto de la incapacidad identificada con

Señaló que, una vez notificada de la acción de tutela, verificó el estado de afiliación del accionante y las inca pacidades registradas encontrando que no existían incapacidades pendientes por transcribir. En particular, respecto de la incapacidad identificada con autorización P16895127, correspondiente al período comprendido entre el 23 de abril y el 21 de mayo de 20 26, sostuvo que no era procedente su reconocimiento económico, por cuanto fue expedida con fecha de inicio posterior y, por tanto, tenía carácter prospectivo, sin que se cumplieran las condiciones legales para su expedición. En consecuencia, solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones formuladas frente a Salud Total EPS-S S.A., especialmente el reconocimiento y pago de la incapacidad P16895127, o declarar la improcedencia de la acción de tutela.

II. Trámite de segunda instancia 2.1 Admisión Mediante auto de fecha 10 de agosto del 2026 se admitió la presente impugnación ordenándose la notificación a las partes.

III. Consideraciones de la Sala

a) La competencia Este Tribunal es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. b) Problema jurídico Atendiendo a la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia , corresponde a la Sala determinar el siguiente problema jurídico: - Determinar si Salud Total EPS vulneró los derechos fundamentales del señor Yonnys Manuel Padilla Acosta al negar el pago de la incapacidad P16895127, por haber sido expedida con carácter prospectivo, o si, por el contrario, dicha actuación

• Determinar si Salud Total EPS vulneró los derechos fundamentales del señor Yonnys Manuel Padilla Acosta al negar el pago de la incapacidad P16895127, por haber sido expedida con carácter prospectivo, o si, por el contrario, dicha actuación se ajustó a derecho.

Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a estudiar los siguientes aspectos: i) Generalidades d e la acción de tutela; ii) De los derechos fundamentales invocados. i) Generalidades de la acción de tutela De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá reclamar ante los jueces, a través de un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados po r la acciónAsunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-005-2026-00273-01 5

o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso en los eventos en que su vulneración provenga de los particulares. Dispone la misma norma constitucional, que la procedencia de esta acción está condicionada a que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De acuerdo con la norma constitucional la jurisprudencia de la Corte Constitucional 1, ha definido el carácter residual y subsidiario de dicha acción, sosteniendo que su procedencia se da sólo en aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces ordinarios la protección de los derechos fundamentales o cuando existién dolo, no resulte eficaz e idóneo, o se requiera acudir al

diferente que permita solicitar ante los jueces ordinarios la protección de los derechos fundamentales o cuando existién dolo, no resulte eficaz e idóneo, o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual dicho perjuicio debe aparecer acreditado en el proceso. ii) Procedencia de la acción de tutela ante falta de reconocimiento y pago de incapacidades médicas Sobre este asunto, la Corte Constitucional en sentencia T-421/23 indicó: “31. Sobre la procedencia de la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de incapacidades, la Corte ha establecido que el amparo es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la salud cuando el accionante se ve desprovisto de su pago. Si bien existe el proceso ordinario ante la jurisdicción laboral y de la seguridad social, [52] dicho medio, aunque en principio idóneo, resulta ineficaz en los casos en los que se acredita sumariamente una amenaza inminente y grave sobre el mínimo vital del accionante. (…)

47. Asuntos generales. El Sistema General de Seguridad Social ha determinado que los trabajadores tienen derecho a ser protegidos en su vida digna, mínimo vital y salud cuando con ocasión de un accidente laboral o por enfermedad de origen común, no se encuentren en condiciones de continuar sus actividades laborales y, en consecuen cia, de generar un ingreso para su sostenimiento y el de su familia [69]. Lo anterior debido a que, el sistema pretende «(…) garantizar que la persona afect ada no interrumpa sus tratamientos médicos o que pueda percibir un sustento económico a título de incapacidad o de pensión de

ingreso para su sostenimiento y el de su familia [69]. Lo anterior debido a que, el sistema pretende «(…) garantizar que la persona afect ada no interrumpa sus tratamientos médicos o que pueda percibir un sustento económico a título de incapacidad o de pensión de invalidez, cuando sea el caso. Tal hecho permite concluir que el Sistema de Seguridad Social está concebido como un engranaje en e l cual se establece que ante una eventual contingencia exista una respuesta apropiada»[70].

48. En este sentido, la Corte definió unas reglas en materia de incapacidades médicas que fueron recogidas en la Sentencia T-490 de 2015 y reiteradas en la Sentencia T-265 de 2022, así: «i) el pago de las incapacidades sustituye el salario del trabajador, durante el tiempo que por razones médicas está impedido para de sempeñar sus labores, cuando las incapacidades laborales son presumiblemente la única fuente de ingreso con que cuenta el trabajador para garantizarse su mínimo vital y el de su núcleo familiar; ii) el pago de las incapacidades médicas constituye también u na garantía del derecho a la salud del trabajador, pues coadyuva a que se recupere satisfactoriamente, sin tener que preocuparse por la reincorporación anticipada a sus actividades laborales, con el fin de obtener recursos para su sostenimiento y el de su familia; iii) Además, los principios de dignidad humana e igualdad exigen que se brinde un tratamiento especial al trabajador, quien debido a su enfermedad se encuentra en estado de debilidad manifiesta»[71].

49. Tipos de incapacidades. Esta corporación ha distinguido 3 tipos de incapacidades producto de enfermedades laborales o de origen común: «(i) temporal, cuando se presenta

estado de debilidad manifiesta»[71].

49. Tipos de incapacidades. Esta corporación ha distinguido 3 tipos de incapacidades producto de enfermedades laborales o de origen común: «(i) temporal, cuando se presenta una imposibilidad transitoria de trabajar y aún no se han definido las consecuencias definitivas de una determinada patología; (ii) permanente parcial, cuando se presenta un disminución parcial pero definitiva de la capacidad laboral, en un porcentaje igual o superior

1 Sentencias T-378 de 2018, T-043 de 2019 y T-330-2021.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-005-2026-00273-01 6

al 5%, pero infe rior al 50%, y (iii) permanente (o invalidez), cuando el afiliado padece una disminución definitiva de su capacidad laboral superior al 50%» [72].

50. Regla s sobre los responsables del reconocimiento y pago de incapacidades. La normativa en materia de seguridad social ha determinado cuáles son los actores dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSSa los que les corresponde el reconocimiento y pago de incapacidades médicas de los trabajadores, en función del tiempo de la incapacidad. En virtud de lo contenido en el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social [73], el artículo 1° del Decreto 2943 de 2013 [74] y el inciso 5° del artículo 41 de la Ley 100 de 1993[75] se ha establecido que:

(i) Si la incapacidad médica tiene una duración de 2 días, el empleador será el encargado de asumir el pago; (ii) Si tiene una duració n superior a dos días y se extiende hasta 180 días, la EPS

(i) Si la incapacidad médica tiene una duración de 2 días, el empleador será el encargado de asumir el pago; (ii) Si tiene una duració n superior a dos días y se extiende hasta 180 días, la EPS será la responsable del pago del auxilio económico a su afiliado correspondiente; (iii) Si aquella supera el día 180 y se extiende hasta el día 540, la administradora de fondo de pensiones a que esté afiliado el trabajador será la responsable del pago del subsidio de incapacidad; A las incapacidades con una duración de hasta 180 días contados a partir del hecho generador de esta, se les reconoce el pago de un auxilio económico. Ahora bien, a aquellas que superan el día 181 se les aplica la figura del subsidio de incapacidad. (…)

52. De acuerdo con el Comunicado de Prensa No. 23 del 9 de julio de 2023, la Sala Plena decidió: «[d]eclarar EXEQUIBLE la expresión “para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud […] la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador”, contenida en el inciso quinto del artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 , en el entendido de que respecto de los trabajadores con concepto de rehabilitación desfavorable, la AFP deberá iniciar de inmediato el proceso de calificación de invalidez y asumir el pago del subsidio de incapacidad sin que exceda del día 540 de incapacidad»[77] (subrayado fuera de texto original).

53. Así, la Sala Plena de esta Corporación determinó que el requisito de la existencia de un

del subsidio de incapacidad sin que exceda del día 540 de incapacidad»[77] (subrayado fuera de texto original).

53. Así, la Sala Plena de esta Corporación determinó que el requisito de la existencia de un concepto favorable para el reconocimiento de incapacidades entre el día 181 y 540 es contrario a la Constit ución, razón por la cual se debe garantizar el pago de incapacidades tanto al trabajador con concepto favorable como aquel con concepto desfavorable.” En consecuencia, al evaluar la procedencia de la tutela, el juez debe tener en cuenta, no solamente si existe un mecanismo alternativo para la protección de los derechos afectados, sino también hacer un análisis robusto sobre la idoneidad tal medio respecto a la situación del solicitante, y sobre la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio irremediable. (…) Sin embargo, la evaluación del requisito de subsidiariedad, en los términos en los que lo hemos desarrollado, depende de la idoneidad de los mecanismos ordinarios, en relación con las condiciones objetivas de quien interpone la acción. Estas condiciones ya han sido tratadas por la jurisprudencia constitucional; en su momento, la sentencia T-093 de 2011,[9] al retomar otros precedentes relacionados,[10] señaló que “(…) [el] conjunto de condiciones objetivas en las cuales se encuentra el accionante, por ejemp lo, su edad avanzada, su estado de salud [y/o] su precaria situación económica (…)”, puede ponerlo en circunstancias de debilidad manifiesta que, como se ha dicho, deben impactar la decisión sobre la procedencia de la acción de tutela.

Tal impacto no recae exclusivamente sobre la decisión de procedencia, sino también sobre el sentido de las decisiones que adopte el juez de tutela. En efecto, si se trata de la falta de

procedencia de la acción de tutela. Tal impacto no recae exclusivamente sobre la decisión de procedencia, sino también sobre el sentido de las decisiones que adopte el juez de tutela. En efecto, si se trata de la falta de idoneidad de un mecanismo alterno como la jurisdicción ordinaria, el juez de tutela entra a sustituir al juez ordinario y toma una decisión definitiva sobre el caso. Por el contrario, si del examen de procedencia se concluye que de lo que se trata es de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el juez de tutela tomará medidas transit orias de protección, mientras el accionante activa la competencia del juez ordinario y este último resuelve de manera definitiva. Esto significa que caso a caso la procedencia puede variar, independientemente de que la causa pueda ser atendida a través de vías ordinarias.Asunto: Impugnación Tutela Expediente nro. 23-001-33-33-005-2026-00273-01 7

En síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha insistido en el carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela para obtener el pago de derechos de carácter económico derivados de relaciones laborales. Tal premisa, conduce a la necesidad de evaluar los casos concretos bajo la perspectiva de las condiciones objetivas de quien interpone la acción, así como la naturaleza y relevancia que cobra la incapacidad en la garantía de derechos fundamentales, al ser un sustituto del salario devengado por quien ha sufrido menoscabo temporal o permanente de su capacidad laboral.” De lo anterior, se desprende que la existencia de un medio judicial ordinario no excluye automáticamente la procedencia del amparo cuando la falta de p ago de una incapacidad

sufrido menoscabo temporal o permanente de su capacidad laboral.” De lo anterior, se desprende que la existencia de un medio judicial ordinario no excluye automáticamente la procedencia del amparo cuando la falta de p ago de una incapacidad priva al trabajador de los recursos que sustituyen su salario. En tales eventos, el análisis de subsidiariedad exige verificar, de manera concreta, si la situación de salud y las condiciones económicas del solicitante tornan ineficaz el mecanismo ordinario y si la ausencia del auxilio compromete efectivamente su mínimo vital. Por ello, cuando la prestación constituye la fuente de subsistencia durante el período en que el afiliado se encuentra imposibilitado para trabajar, la respuesta de la entidad obligada no puede limitarse a una negativa genérica, sino que debe expresar razones fácticas y jurídicas suficientes que permitan establecer si existe una causa válida para negar su reconocimiento. iii) Normatividad que regula reconocimiento y pago de incapacidades médicas Antes de exponer el marco normativo que regula las incapacidades de origen común, es importante distinguir tres conceptos: El certificado de incapacidad temporal, el cual resulta de la existencia de un concepto médico que acredita la falta temporal de capacidad laboral del trabajador, es decir que surge de «un acto médico (...) independiente del trámite administrativo del reconocimiento de la prestación económica» y, por tanto, en su emisión «el criterio médico prevalece para definir el número de días de incapacidad recomendada». Éste genera durante los primeros 180 días un auxilio económico a cargo de la EPS, que desde el día 181 se sustituye por un subsidio de incapacidad equivalente al auxilio, pero asumido por el Fondo d e Pensiones al que se haya afiliado el trabajador.   La Ley 100 de

desde el día 181 se sustituye por un subsidio de incapacidad equivalente al auxilio, pero asumido por el Fondo d e Pensiones al que se haya afiliado el trabajador.   La Ley 100 de 1993 contempló la figura de la incapacidad en su artículo 206, conforme al cual los afiliados al Régimen Contributivo en salud tienen derecho al reconocimiento dinerario por incapacidades generadas por enfermedad común. Por su parte, el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012 dispuso que las AFP, previo concepto favorable de recuperación, tienen la potestad de postergar la calificación de pérdida de la capacidad laboral hasta por 360 días posteriores a los 180 que se encuentran a cargo de las EPS, siempre y cuando se otorgue un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador. Una vez expedido el certificado de incapacidad laboral, sus pagos y los de las respectivas prórrogas, deben ser asumidos por distintos agentes del Sistema General de Seguridad Social, lo cual dependerá de la prolongación de la situación de salud del trabajador de la siguiente manera:

Rango de la incapacidad Responsable del pago Norma aplicable 1 a 2 días Empleador Art. 3.2.1.10 Decreto 780 de 2016 3 a 180 días EPS Art. 3.2.1.10 Decreto 780 de 2016 181 a 540 días Fondo de pensiones Art. 41 Ley 100 de 1993 de 2016 541