TA COR - Sentencia 23001333300620260030301-(07-09-2026)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente Pedro Olivella Solano

Montería, siete (7) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Radicación: 23001333300620260030301

Accionante (s): Cindy Tatiana Vargas Tapias Accionada (s): Fiscalía General de la Nación - Dirección Ejecutiva y Subdirección de Talento Humano.

Vinculado: Mónica Amparo Quiñones Meneses

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se decide la impugnación presentada por la parte accionada contra la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Montería el 3 de agosto de 2026 que declaró amparó los derechos invocados. El Tribunal confirmará la decisión de primera instancia.

ANTECEDENTES

Derechos fundamentales invocados • Mínimo vital. • Vida digna. • Salud en conexidad con la vida. • Trabajo. • Debido proceso administrativo. • Estabilidad laboral reforzada.

• Igualdad.

Solicitud de amparo

El accionante solicita se despachen de forma favorable las siguientes pretensiones de amparo1:

1. PROTEGER Y TUTELAR DE MANERA DEFINITIVA los derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA, A LA SALUD EN CONEXIDAD CON LA VIDA, AL TRABAJO, AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, A LA IGUALDAD Y A LA

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA PREPENS IONADA de la

AL TRABAJO, AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, A LA IGUALDAD Y A LA

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA PREPENS IONADA de la

ciudadana CINDY TATIANA VARGAS TAPIAS.

2. DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO E INAPLICAR respecto de la accionante el Artículo Tercero de la Resolución N° 30000 -03796 del 15 de julio de 2026, proferida por la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se dio por terminado su nombramiento en provisionalidad en el cargo de Fiscal Delegada ante Jueces Penales de Circuito Especializados (ID Cargo 2555).

3. ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO) que, en el término pere ntorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, proceda a REINTEGRAR Y/O REUBICAR a la señora CINDY TATIANA VARGAS TAPIAS en el empleo de Fiscal Delegada ante Jueces Penales de Circuito Especializados o en un

1 Para una mayor comprensión se trascriben en su integridad.Página 2 de 22 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

cargo equivalente de la misma categoría y remuneración dentro de la planta global y flexible de la entidad a nivel nacional.

4. ORDENAR a la entidad accionada que mantenga la vinculación laboral y la correspondiente afiliación al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensiones) de la

flexible de la entidad a nivel nacional.

4. ORDENAR a la entidad accionada que mantenga la vinculación laboral y la correspondiente afiliación al Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensiones) de la accionante, de manera ininterrumpida, HASTA TANTO CUMPLA CON EL REQUISITO DE EDAD PENSIONAL (57 AÑOS) Y LE SEA RECONOCIDA Y PAGADA EFECTIVAMENTE SU MESADA DE PENSIÓN DE VEJEZ por parte de

Colpensiones.

5. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social dejados de percibir por la accionante desde la fecha de su desvinculación efectiva hasta la fecha de su reintegro real y material.

Síntesis de los hechos que originan la tutela.

La accionante indicó que ha prestado sus servicios al Estado de manera continua desde el 1.º de enero de 2003 y que cuenta con más de veintidós años de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social. Señaló que se desempeñaba en provisionalidad en el cargo de Fiscal delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados, identificado con el ID 2555, adscrito a la planta global de la Fiscalía General de la Nación.

Manifestó que nació el 1.º de diciembre de 1971 y que, para la fecha de su desvinculación, ocurrida el 15 de julio de 2026, tenía 54 años de edad. Agregó que registra 1.422 semanas cotizadas ante Colpensiones, por lo que ya satisfizo el requisito de semanas exigido para la pensión de vejez y únicamente le restaban dos años y cuatro meses para alcanz ar la

cotizadas ante Colpensiones, por lo que ya satisfizo el requisito de semanas exigido para la pensión de vejez y únicamente le restaban dos años y cuatro meses para alcanz ar la edad requerida. Con fundamento en ello, afirmó ostentar la condición de prepensionada y ser sujeto de especial protección constitucional.

Expuso que la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución No. 30000-03796 del 15 de julio de 2026, medi ante la cual dio por terminado su nombramiento en provisionalidad. Sostuvo que dicha decisión vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad y a la estabilidad laboral reforzada.

Asimismo, afirmó que la entidad había adoptado directrices relacionadas con la provisión de empleos ofertados dentro del concurso de méritos FGN 2024 y con la preservación de la antigüedad de determinados servidores. No obstante, señaló que tales criterios no fueron observados en su caso al momento de disponer su retiro del servicio.

Finalmente, sostuvo que la desvinculación afecta su mínimo vital debido a las obligaciones financieras que tiene a cargo y que compromete su acceso a los servicios de salud. Añadió que padece hipertensión arterial e hipercolesterolemia, patologías que requieren seguimiento y tratamiento médico permanente.

Pronunciamiento de la parte accionada y vinculada.

❖ Fiscalía General de la Nación.Página 3 de 22 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

La Fiscalía General de la Nación, por conducto del Subdirector de Talento Humano (E),

Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

La Fiscalía General de la Nación, por conducto del Subdirector de Talento Humano (E), solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones. Sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Como cuestión preliminar, informó que dio cumplimiento a la orden de vincular al trámite a la señora Mónica Amparo Quiñones Meneses, quien fue nombrada en período de prueba en el cargo objeto de controversia tras superar el Concurso de Méritos FGN 2024. Asimismo, indicó que acató la medida provisional decretada por el juez de primera instancia mediante la expedición del acto administrativo correspondiente.

Frente a la procedencia de la acción, alegó que la controversia recae sobre la legalidad de la Resolución No. 30000 -03796 del 15 de julio de 2026, mediante la cual se dispuso la terminación del nombramiento provisional de la accionante. Por ello, afirmó que la interesada cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro del cual también puede solicitar medidas cautelares. Añadió que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la intervención excepcional del juez constitucional.

En cuanto a l fondo del asunto, señaló que la terminación del nombramiento en provisionalidad obedeció exclusivamente al nombramiento en período de prueba de la elegible que ocupó un lugar de mérito en el Concurso FGN 2024. Explicó que la accionante

En cuanto a l fondo del asunto, señaló que la terminación del nombramiento en provisionalidad obedeció exclusivamente al nombramiento en período de prueba de la elegible que ocupó un lugar de mérito en el Concurso FGN 2024. Explicó que la accionante desempeñaba en pro visionalidad el cargo de Fiscal Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados, identificado con el ID 2555, y que la provisión definitiva del empleo constituyó una obligación derivada del artículo 125 de la Constitución y de las decisiones judiciales que ordenaron adelantar los concursos de méritos en la entidad.

Precisó que el empleo ocupado por la accionante fue incluido dentro de la oferta pública de empleos con fundamento en el criterio de antigüedad establecido por la entidad para la conformación de la convocatoria. Indicó igualmente que la accionante participó en el Concurso FGN 2024, presentó la prueba escrita y no alcanzó el puntaje mínimo requerido para continuar en las etapas subsiguientes del proceso de selección.

Respecto de la condición de prepensionada, sostuvo que esta circunstancia no otorga un derecho absoluto a permanecer en un empleo provisto en provisionalidad ni puede desplazar el principio constitucional del mérito. Agregó que la accionante ya cumplió el requisito de semanas de cotización y que únicamente le resta alcanzar la edad legal para acceder a la pensión de vejez. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, afirmó que en tales eventos no existe riesgo de frustración del derecho pensional, pues el requisito etario puede cumplirse aun sin vínculo laboral vigente. La entidad también manifestó que la accionante no acreditó oportunamente ante la administración una condición especial que permitiera evaluar la adopción de medidas

etario puede cumplirse aun sin vínculo laboral vigente. La entidad también manifestó que la accionante no acreditó oportunamente ante la administración una condición especial que permitiera evaluar la adopción de medidas afirmativas dentro del proceso de conf ormación de la oferta pública de empleos. EnPágina 4 de 22 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

consecuencia, indicó que la inclusión del cargo en la convocatoria obedeció a la aplicación de reglas generales y objetivas aplicables a todos los servidores que se encontraban en situación similar.

Finalmente, sostuvo que no existe afectación demostrada al mínimo vital, a la igualdad ni a la prohibición de discriminación. Señaló que la accionante cuenta con formación profesional, experiencia laboral y prestaciones sociales derivadas de su desvinculación. Además, afirmó que la decisión cuestionada respondió únicamente a la provisión definitiva del empleo con quien superó el concurso de méritos y no a un trato diferenciado o arbitrario por parte de la entidad.

❖ Mónica Amparo Quiñones Meneses -VinculadaLa señora Mónica Amparo Quiñones Meneses, vinculada al trámite en calidad de tercera con interés legítimo, solicitó negar cualquier pretensión que afectara su nombramiento en período de prueba dentro de la Fiscalía General de la Nación. Sostuvo que adquiri ó un mejor derecho sobre el empleo al haber superado el Concurso de Méritos FGN 2024 y formar parte de la correspondiente lista de elegibles.

Manifestó que la suspensión de su posesión comprometía sus derechos al trabajo, al

mejor derecho sobre el empleo al haber superado el Concurso de Méritos FGN 2024 y formar parte de la correspondiente lista de elegibles.

Manifestó que la suspensión de su posesión comprometía sus derechos al trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral, pues para asumir el cargo obtenido por mérito solicitó la vacancia temporal del empleo de carrera que desempeñaba en la Contraloría General de la República, la cual fue concedida por un término de seis meses a partir del 31 de julio de 2026.

Indicó que cualquier medida de protección que eventualmente pudiera reconocerse a favor de la accionante debía armonizarse con los derechos derivados del concurso de méritos y materializarse, de ser procedente, mediante mecanismos distintos a la afectación d el empleo que obtuvo por concurso. En ese sentido, señaló que una eventual reubicación de la accionante constituía una alternativa compatible con la garantía de los derechos de ambas servidoras.

Finalmente, allegó como soportes documentales la Resolución No. 30000-04112 del 27 de julio de 2026, expedida en cumplimiento de la medida provisional decretada dentro del presente trámite constitucional, así como la Resolución Ordinaria ORD-81117-03297-2026 del 21 de julio de 2026, relacionada con su situación administrativa.

Fallo de primera instancia.

Corresponde al dictado por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Montería el 3 de agosto de 2026 y en el cual se ampararon los derechos fundamentales invocados.

El Juzgado de inicio declaró procedente la acción de tutela de manera parcial. Consideró que, aunque la accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento delPágina 5 de 22

El Juzgado de inicio declaró procedente la acción de tutela de manera parcial. Consideró que, aunque la accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento delPágina 5 de 22 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

derecho para controvertir la legalidad del acto de retiro, la tutela resultaba procedente para examinar una presunta omisión de la Fiscalía relacionada con el estudio individualizado de su situación y con la aplicación de los criterios institucionales adoptados para la provisión de cargos dentro del Concurso FGN 2024.

En el análisis de fondo, el A quo precisó que la terminación del nombramiento provisional de la accionante obedeció a una causa constitucionalmente legítima, esto es, la provisión definitiva del cargo con una persona qu e superó el concurso de méritos. Por tal razón, descartó cualquier posibilidad de desconocer el nombramiento de la señora Mónica Amparo Quiñones Meneses o de ordenar el reintegro de la accionante al empleo que venía ocupando.

No obstante, estimó que la Fiscalía vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad de la accionante. Señaló que la entidad no explicó de manera suficiente la aplicación del criterio de antigüedad previsto en la Circular No. 003 de 2025 y en la Reso lución No. 01566 de 2025, pese a que había reconocido previamente que la servidora contaba con una vinculación continua a la Rama Judicial desde el año 2003.

A juicio del despacho, la administración no expuso de forma verificable la metodología utilizada para determinar que la accionante no satisfacía los parámetros institucionales

servidora contaba con una vinculación continua a la Rama Judicial desde el año 2003.

A juicio del despacho, la administración no expuso de forma verificable la metodología utilizada para determinar que la accionante no satisfacía los parámetros institucionales adoptados para la exclusión de vacantes, ni documentó la evaluación de posibles alternativas de protección dentro de la planta global de la entidad.

El juez también examinó la condición de prepensionada invocada por la accionante. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, concluyó que no era posible reconocer un fuero autónomo derivado únicamente de la proximidad al cumplimiento de la edad pensional, pues la interesada ya había consolidado el requisito de semanas cotizadas. Sin embargo, consideró que dicha circunstancia debía analizarse conjuntamente con otros factores acreditados en el expediente, tales como la larga trayectoria de servicio, las condiciones de salud r eportadas y el impacto que la desvinculación podía generar sobre sus ingresos.

Respecto de las condiciones médicas alegadas, indicó que las pruebas aportadas no permitían concluir la existencia de una situación de estabilidad laboral reforzada por razones de salud, dado que no se acreditaron incapacidades, restricciones ocupacionales ni pérdida de capacidad laboral. Con todo, estimó que tales circunstancias constituían elementos relevantes dentro del análisis integral que la entidad debía efectuar antes de materializar el retiro. De manera particular, el despacho abordó el asunto desde un enfoque de género e interseccionalidad. Precisó que no se encontraba demostrada una discriminación directa por razón del sexo. Sin embargo, consideró que el examen constitucional no podía limitarse

De manera particular, el despacho abordó el asunto desde un enfoque de género e interseccionalidad. Precisó que no se encontraba demostrada una discriminación directa por razón del sexo. Sin embargo, consideró que el examen constitucional no podía limitarse a una aplicación estrictamente formal de las reglas del concurso, sino que debía valorar dePágina 6 de 22 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

manera conjunta la edad de la accionante, su situación de salud, su proximidad al reconocimiento pensional y la eventual incidencia de ta les factores sobre sus condiciones de vida. Bajo esa óptica, sostuvo que la respuesta institucional debía evitar la reproducción de situaciones de vulnerabilidad y, a la vez, impedir que la protección de una servidora implicara el sacrificio de los derecho s adquiridos por otra mujer que accedió al empleo mediante el sistema de mérito.

Con fundamento en lo anterior, el juzgado amparó parcialmente los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad. En consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación realizar un estudio integral y documentado de la situación de la accionante, reconstruir y motivar el cómputo de la antigüedad aplicada al caso, valorar de manera conjunta las circunstancias relacionadas con la proximidad pensional, la salud y el riesgo económico, e identificar la existencia de vacantes iguales o equivalentes dentro de la planta global de la entidad. Igualmente, dispuso que, de existir una vacante jurídicamente disponible y libre de restricciones legales o concursos en trámite, esta fuera ofrecida a la accionante mediante nombramiento provisional.

de la planta global de la entidad. Igualmente, dispuso que, de existir una vacante jurídicamente disponible y libre de restricciones legales o concursos en trámite, esta fuera ofrecida a la accionante mediante nombramiento provisional.

Finalmente, negó las pretensiones encaminadas al reintegro al cargo ocupado por la elegible, mantuvo incólumes los derechos derivados del concurso de méritos de la señora Mónica Amparo Quiñones Meneses y levantó la medida provisional que había suspendido temporalmente los efectos de la desvinculación.

Solicitud de aclaración del fallo.

La señora Mónica Amparo Quiñones Meneses, en calidad de vinculada dentro del trámite constitucional, presentó escrito de aclaración respecto del numeral séptimo de la sentencia de primera instancia. En concreto, solicitó precisar el alcance de la expresión según la cual "el lapso de suspensión no se contabilizará en su contra".

Expuso que la providencia levantó la medida provisional que había suspendido su posesión en el cargo obtenido mediante concurso de méritos y autorizó que pudiera posesionarse y ejercer el empleo. No obstante, manifestó que al presentarse ante la Fiscalía General de la Nación para hacer efectiva dicha posesión, funcionarios de talento humano le informaron que esta se produciría únicamente cuando se expidiera el acto administrativo que levantara formalmente la suspensión. Según afirmó, ello podría generar una interrupción en su vinculación laboral y afectar los derechos adquiridos en virtud del concurso.

Por tal razón, solicitó aclarar que los efectos de la sentencia implicaban reconoc er que el período durante el cual permaneció suspendida la posesión no podía generar

vinculación laboral y afectar los derechos adquiridos en virtud del concurso.

Por tal razón, solicitó aclarar que los efectos de la sentencia implicaban reconoc er que el período durante el cual permaneció suspendida la posesión no podía generar consecuencias adversas para ella ni para los derechos derivados de su nombramiento por mérito. Añadió que la suspensión de su posesión incidía en la situación administrati va previamente definida por la Contraloría General de la República, entidad que le había concedido vacancia temporal en el cargo que venía ejerciendo para asumir el período dePágina 7 de 22 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

prueba en la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, sostuvo que la aclaraci ón resultaba necesaria para evitar una eventual afectación de sus derechos laborales y de los efectos jurídicos de su nombramiento, así como para prevenir futuras controversias relacionadas con el tiempo durante el cual estuvo suspendida la posibilidad de tomar posesión del cargo obtenido mediante el sistema de mérito.

Providencia aclaratoria.

Mediante auto del 4 de agosto de 2026, el Juzgado de inicio resolvió la solicitud de aclaración presentada por la señora Mónica Amparo Quiñones Meneses respecto del numeral séptimo de la sentencia de tutela proferida el 3 de agosto de 2026.

La vinculada consideró ambiguo el aparte de la providencia según el cual "los términos suspendidos se reanudarán el día hábil siguiente y el lapso de suspensión no se contabilizará en su contra". Sostuvo que esa expresión debía entenderse en el sentido de

suspendidos se reanudarán el día hábil siguiente y el lapso de suspensión no se contabilizará en su contra". Sostuvo que esa expresión debía entenderse en el sentido de reconocer efectos retroactivos a su posesión en el cargo obtenido por concurso de méritos, concretamente desde el 31 de julio de 2026.

El juzgado estimó que la solicitud era procedente en cuanto revelaba una posible duda sobre el alcance práctico de la orden impartida. No obstante, precisó que la aclaración no podía utilizarse para modificar, adicionar o reformar el contenido sustancial de la sentencia.

Al analizar el asunto, explicó que el numeral séptimo de la sentencia regulaba únicamente los efectos futuros derivados del levantamiento de la medida provisional. En ese sentido, indicó que el término suspendido debía entenderse simplemente como el lapso durante el cual estuvo paralizada la posibilidad de materializar la posesión de la vinculada por virtud de la orden cautelar adoptada dentro del trámite constitucional. Por ello, aclaró que dicho período no podía ser contabilizado en su contra como mora, vencimien to del plazo o incumplimiento atribuible a la propia interesada.

Asimismo, precisó que la expresión utilizada en el fallo significaba que el término correspondiente debía reanudarse desde el día hábil siguiente a la notificación de la sentencia, mas no reiniciarse ni retrotraer sus efectos a una fecha anterior. Agregó que el levantamiento de la medida provisional operó desde la notificación de la sentencia y no estaba condicionado a la expedición de nuevas decisiones judiciales o actos administrativos internos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Con fundamento en lo anterior, el despacho negó la interpretación propuesta por la

estaba condicionado a la expedición de nuevas decisiones judiciales o actos administrativos internos por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Con fundamento en lo anterior, el despacho negó la interpretación propuesta por la vinculada. Consideró que reconocer una posesión con efectos retroactivos desde el 31 de julio de 2026 o derivar consecue ncias salariales, prestacionales o indemnizatorias implicaría modificar el contenido de la sentencia y extender su alcance a aspectos que noPágina 8 de 22 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

fueron objeto de decisión dentro del proceso de tutela.

En consecuencia, el juzgado aclaró de oficio el numeral sé ptimo del fallo en el sentido de precisar que el tiempo durante el cual permaneció suspendida la posesión debía excluirse del cómputo del término respectivo y no podía ser utilizado para afectar los derechos derivados del nombramiento por mérito de la vinc ulada. De igual forma, negó por improcedente la petición encaminada a reconocer efectos retroactivos a la posesión o a disponer consecuencias económicas derivadas de tal pretensión.

Impugnación.

La Fiscalía General de la Nación, por conducto de su Subdi rector de Talento Humano, impugnó la sentencia del 3 de agosto de 2026 y solicitó su revocatoria integral. Como pretensión principal, pidió declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Subsidiariamente, soli citó revocar los numerales que concedieron el amparo y negar las pretensiones de la accionante.

requisito de subsidiariedad. Subsidiariamente, soli citó revocar los numerales que concedieron el amparo y negar las pretensiones de la accionante.

La entidad sostuvo que el juez de primera instancia partió de una premisa equivocada al concluir que no valoró las circunstancias particulares de la señora Cin dy Tatiana Vargas Tapias. Afirmó que durante el trámite administrativo y en la contestación de la tutela explicó de manera suficiente las razones jurídicas, técnicas y administrativas que condujeron a la inclusión del cargo dentro de la Oferta Pública de E mpleos de Carrera Especial y a su posterior provisión mediante nombramiento en período de prueba de la elegible. En tal sentido, indicó que la controversia planteada no corresponde a una omisión administrativa sino a una discrepancia frente a las conclusiones adoptadas por la entidad.

En relación con el debido proceso administrativo, señaló que sí estudió las solicitudes formuladas por la accionante, examinó la condición de prepensionada alegada y explicó por qué esa circunstancia no impedía la provisión d efinitiva del empleo. Agregó que la propia sentencia reconoció que la accionante no ostenta un fuero autónomo de prepensión en los términos de la Sentencia SU -003 de 2018 y que tampoco acreditó una situación de estabilidad laboral reforzada por razones de salud, circunstancia que, en su criterio, desvirtúa la existencia de una vulneración constitucional.

Respecto del criterio de antigüedad, la entidad cuestionó la existencia de la contradicción advertida por el a quo. Explicó que la certificación relacionada con la ausencia de solución de continuidad en la trayectoria laboral de la accionante dentro de la Rama Judicial

Respecto del criterio de antigüedad, la entidad cuestionó la existencia de la contradicción advertida por el a quo. Explicó que la certificación relacionada con la ausencia de solución de continuidad en la trayectoria laboral de la accionante dentro de la Rama Judicial responde a un concepto distinto del utilizado para conformar la oferta pública de empleos. Precisó que este último se construyó a partir de la antigüedad en el cargo específico ocupado en provisionalidad y no con fundamento en toda la trayectoria laboral de la servidora. Por ello, sostuvo que la sentencia confundió dos variables distintas y derivó de esa interpretación una vulneración inexistente del debido proceso.Página 9 de 22 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333300620260030301

La Fiscalía también controvirtió las órdenes impartidas para la realización de un nuevo estudio y para la eventual reubicación de la accionante. Argumentó que la providencia reconoció expresamente que la prov isión definitiva del empleo fue legítima, que no existe fuero de prepensión, que no se acreditó estabilidad laboral reforzada por razones de salud y que el nombramiento de la elegible debía conservarse. En consecuencia, consideró contradictorio que, a pesa r de tales conclusiones, se impartieran órdenes dirigidas a procurar una nueva vinculación provisional o a otorgar un tratamiento preferente frente a futuras vacantes.

De igual forma, afirmó que el fallo excedió las competencias del juez constitucional al ordenar actuaciones relacionadas con la administración de la planta global de personal y la gestión de futuras vacantes. Señaló que tales decisiones corresponden legalmente a la

De igual forma, afirmó que el fallo excedió las competencias del juez constitucional al ordenar actuaciones relacionadas con la administración de la planta global de personal y la gestión de futuras vacantes. Señaló que tales decisiones corresponden legalmente a la administración y no al juez de tutela, por lo que las órdenes contenidas en l os numerales tercero a sexto implican una intromisión en facultades propias de la entidad.

En cuanto a la subsidiariedad, reiteró que la accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto administrativo de retiro, así como de la posibilidad de solicitar medidas cautelares dentro de ese trámite. Añadió que el propio juez de primera instancia reconoció la inexistencia de un perjuicio irremediable, por lo que no existía motivo para desplaz ar la competencia natural de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Finalmente, sostuvo que la sentencia desconoce el alcance constitucional del principio del mérito. Argumentó que la actuación de la entidad tuvo por finalidad materializar el derecho preferente de quien superó el Concurso de Méritos FGN 2024 y garantizar la provisión definitiva de un empleo de carrera. En su criterio, las medidas ordenadas por el juez terminan otorgando una protección que no encuentra sustento en una situación constitucionalmente amparable y generan tensiones innecesarias con los principios de mérito, igualdad, transparencia y seguridad jurídica que gobiernan el sistema de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación.

Por estas razones, solicitó revocar íntegramente la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declarar improcedente la acción de tutela o, en subsidio, negar el amparo

especial de la Fiscalía General de la Nación.

Por estas razones, solicitó revocar íntegramente la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declarar improcedente la acción de tutela o, en subsidio, negar el amparo solicitado por la accionante.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela como mecanismo de protección constitucional

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Del texto de esa norma constitucional y de su desarrollo jurisprudencial se ha in