TA COR - Sentencia 23001333300520260029401-(14-09-2026)

SIGCMA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA TERCERA DE DECISIÓN

Magistrada Ponente: María Virginia Lorduy Villarreal

Montería, catorce (14) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Acción de Tutela Radicación: 23001333300520260029401

Accionante: Roberto Manuel Nerio Castro Accionado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) Tema: debido proceso administrativo, mínimo vital, seguridad social y petición

I. ASUNTO

Se pronuncia la Sala frente a la impugnación presentada por la parte acciona nte contra el fallo del 1 0 de agosto de 2026, proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería, dentro de la acción de tutela en referencia.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos1

El accionante manifestó que es padre de Luis Ferney Nerio Rojas, quien prestó el servicio militar como soldado campesino del Ejército Nacional y falleció el 26 de marzo de 2006 mientras cumplía funciones de centinela. Señaló que su hijo tuvo una hija, Adri ana Lucía Nerio Martínez.

Indicó que el 3 de abril de 2025 solicitó ante la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo. La petición fue resuelta mediante la Resolución No. 2592 del 19 de noviembre de 2025, en la que la entidad negó el

sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo. La petición fue resuelta mediante la Resolución No. 2592 del 19 de noviembre de 2025, en la que la entidad negó el reconocimiento al considerar que Adriana Lucía Nerio Martínez ostentaba mejor derecho en su condición de hija del causante.

Afirmó que, con posterioridad a esa decisión, se presentaron nuevas circunstancias que ameritaban un nuevo estudio de su situación. En particular, señaló que Adriana Lucía Nerio Martínez cumplió 25 años de edad el 15 de febrero de 2026 y que no existía prueba de que continuara ostentando la condición de beneficiaria por razón de estudios o discapacidad. Asimismo, sostuvo que su situación económica se agravó a causa de las inundaciones ocurridas en Tierralta durante febrero de 2026 y que padece una enfermedad hepática que, según indicó, limita su capacidad para procurarse su sustento.

Con fundamento en esas circunstancias, el 12 de junio de 2026, bajo el radicado No. SP20260612SP002185, presentó una nueva solicitud ante la entidad accionada, con el propósito de que se efectuara un estudio de fondo y se determinara si, en su condición de padre que afirma haber dependido económicamente del causante, reúne los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta los hechos y elementos probatorios que consideró sobrevinientes.

Expuso que, mediante comunicación del 22 de junio de 2026, la entidad se remitió a lo resuelto en la Resolución No. 2592 de 2025 y se abstuvo de efectuar el nuevo estudio solicitado. A su juicio, dicha respuesta no valoró materialmente el cumplimiento de l os 25

resuelto en la Resolución No. 2592 de 2025 y se abstuvo de efectuar el nuevo estudio solicitado. A su juicio, dicha respuesta no valoró materialmente el cumplimiento de l os 25 años de edad de la hija del causante ni las demás circunstancias expuestas en su nueva

1 PDF No. 01 del C01 del expediente digitalSIGCMA

petición, por lo que consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital y seguridad social.

2.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital y seguridad social. Pidió dejar sin efectos la respuesta emitida el 22 de junio de 2026 y ordenar a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva efectuar un nuevo estudio integral de la solicitud presentada el 12 de junio del mismo año, con valoración de las pruebas y circunstancias expuestas, a fin de determinar si, en su condición de padre que afirma haber dependido económicamente del causante, reúne los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes de su hijo Luis Ferney Nerio Rojas.

2.3. Contestación2

La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Señaló que la controversia no se originaba en una omisión de la administración ni en la falta de respuesta a una petición, sino en la inconformi dad del accionante con la conclusión adoptada respecto del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Expuso que la solicitud inicial del actor fue estudiada mediante la Resolución No. 2592 del 19 de noviembre de 2025 y precisó que dicha decisión no correspondió a una negativa

sobrevivientes.

Expuso que la solicitud inicial del actor fue estudiada mediante la Resolución No. 2592 del 19 de noviembre de 2025 y precisó que dicha decisión no correspondió a una negativa automática, pues en ella se examinaron los antecedentes prestacionales, el orden de beneficiarios y las circunstancias relevantes del caso. Indicó que se concluyó que Adriana Lucía Nerio Martínez, en su condición de hija del causante, ostentaba una posición preferente dentro del orden de beneficiarios, razón por la cual no procedía el reconocimiento solicitado por el accionante.

En cuanto a la nueva solicitud presentada en junio de 2026, sostuvo que la entidad revisó los antecedentes administrativos y emitió respuesta el 22 de junio del mismo año, en la que, según afirmó, explicó las razones por las cuales la circunstancia invocad a por el actor no permitía modificar automáticamente la situación prestacional previamente definida. Por ello, negó que hubiese existido silencio, omisión o ausencia de pronunciamiento y afirmó que el accionante recibió una respuesta expresa y de fondo.

Añadió que el derecho de petición no comporta el derecho a obtener una decisión favorable y que la sola inconformidad del interesado con la conclusión administrativa no permite predicar la vulneración del debido proceso. A su juicio, lo pretendido mediante la tutela era provocar un nuevo análisis jurídico y probatorio sobre la eventual procedencia de la pensión, discusión que corresponde a los mecanismos ordinarios previstos para controvertir las decisiones administrativas.

Finalmente, alegó que la acción no satisface el requisito de subsidiariedad, porque el actor dispone de medios de defensa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para

las decisiones administrativas.

Finalmente, alegó que la acción no satisface el requisito de subsidiariedad, porque el actor dispone de medios de defensa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controvertir la situación prestacional y no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención excepcional del juez constitucional.

2.5 Sentencia Impugnada3

El Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad.

Consideró que la entidad accionada había emitido un pronunciamiento de fondo frente a las solicitudes del actor, tanto mediante la Resolución No. 2592 del 19 de noviembre de 2025,

2 PDF No. 08 del C01 del expediente digital 3 PDF No. 11 del C01 del expediente digitalSIGCMA

que negó el reconocimiento pensional por existir una beneficiaria con mejor derecho, como a través de la respuesta del 22 de junio de 2026, en la que reiteró esa decisión y sostuvo que no existían hechos nuevos ni elementos probatorios sobrevinientes que justificaran un nuevo estudio administrativo. Por ello, estimó que la controversia no recaía sobre la ausencia de respuesta, sino sobre el contenido y alcance de las decisiones adoptadas y la valoración de las circunstancias invocadas por el accionante.

Señaló que tales cuestionamientos debían ser debatidos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, escenario en el que el actor podía controvertir las decisiones cuestionadas y solicitar medidas cautelares, circunstancia que, a juicio del despac ho, reforzaba la idoneidad y eficacia del medio judicial ordinario.

Contencioso Administrativo, escenario en el que el actor podía controvertir las decisiones cuestionadas y solicitar medidas cautelares, circunstancia que, a juicio del despac ho, reforzaba la idoneidad y eficacia del medio judicial ordinario.

Aunque reconoció que el accionante tiene 77 años, es una persona de la tercera edad y manifestó atravesar dificultades económicas y afecciones de salud, concluyó que esas circunstancias no desplazaban por sí solas los mecanismos ordinarios. Añadió que no obraba prueba que permitiera establecer que careciera absolutamente de medios de subsistencia, estuviera expuesto a un riesgo actual y grave para su vida o integridad, o que la espera de una decisión judicial tornara nugatoria la protección pretendida. En consecuencia, estimó que no se acreditó un perjuicio irremediable y declaró improcedente el amparo.

2.6 Impugnación4

El accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital y seguridad social. Asimismo, pidió dejar sin efectos la respuesta emitida el 22 de junio de 2026 por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y , ordenar a dicha entidad realizar un nuevo estudio integral de la solicitud presentada el 12 de junio de 2026.

Como fundamento, sostuvo que el a quo interpretó erradamente sus pretensiones, pues no solicitó el reconocimiento directo de la pensión por vía de tutela, sino que la administración valorara adecuadamente los hechos y pruebas aportados con la nueva solicitud. Precisó

Como fundamento, sostuvo que el a quo interpretó erradamente sus pretensiones, pues no solicitó el reconocimiento directo de la pensión por vía de tutela, sino que la administración valorara adecuadamente los hechos y pruebas aportados con la nueva solicitud. Precisó que la Resolución No. 2592 de 2025 negó la prestación porque la hija del causante ostentaba mejor derecho, sin analizar su dependencia económica, mientras que la petición de junio de 2026 se fundó en un hecho posterior: aquella había cumplido 25 años.

Afirmó que la respuesta del 22 de junio de 2026 se limitó a reiterar la decisión anterior, sin pronunciarse materialmente sobre la incidencia de ese hecho, la eventual permanencia de la hija como beneficiaria ni su propia dependencia económica. Por ello, c uestionó que el juzgado la hubiera considerado una respuesta de fondo.

Finalmente, señaló que el juez de primera instancia no examinó de manera concreta la eficacia de los medios judiciales ordinarios frente a sus condiciones de vulnerabilidad como persona de la tercera edad y concluyó, sin la debida motivación que la respuesta administrativa constituía un pronunciamiento de fondo suficiente.

III. CONSIDERACIONES

3.1. De la competencia de la Sala de Decisión

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 5, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, por ser este Tribunal el superior funcional del Juez que profirió la decisión.

4 PDF No. 13 del C01 del expediente digital

del Decreto 2591 de 1991 5, esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, por ser este Tribunal el superior funcional del Juez que profirió la decisión.

4 PDF No. 13 del C01 del expediente digital 5 Artículo 32. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.SIGCMA

3.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la presente acción cumple con los requisitos de procedencia. De ser así, deberá establecerse si la DIVRI vulneró los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, mínimo vital , seguridad social y petición del accionante al resolver la solicitud presentada el 12 de junio de 2026 mediante la respuesta del 22 de junio siguiente, sin pronunciarse, según afirma el impugnante, sobre los hechos y circunstancias sobrevinientes que sustentaban la petición de un nuevo estudio de su situación pensional, con el fin de determinar su eventual condición dentro del orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo.

3.3. Generalidades y procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, constituye un mecanismo judicial de protección inmediata de los derechos fundamentales. Su carácter subsidiario determina que proceda, por regla general, cuando el afectado no d isponga de otro medio de defensa judicial o, existiendo este, no resulte idóneo y eficaz para conjurar la vulneración o amenaza alegada, sin perjuicio de su procedencia transitoria para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

otro medio de defensa judicial o, existiendo este, no resulte idóneo y eficaz para conjurar la vulneración o amenaza alegada, sin perjuicio de su procedencia transitoria para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

En ese contexto, la procedencia del amparo exige verificar los presupuestos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad.

En el presente asunto, tales requisitos se encuentran satisfechos. El accionante promueve directamente la protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados y dirige la solicitud contra la entidad que tiene a cargo el reconocimiento pensional que dio lugar a su petición . Asimismo, se cumple el requisito de inmediatez, dado que la solicitud encaminada a determinar la condición de beneficiario de prestación pensional data del 12 de junio de 2026 y la acción de tutela se interpuso el 17 de julio del mismo año.

Ahora bien, sobre el requisito de subsidiariedad, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 6° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela se torna procedente cuando no exista otro medio de defensa judicial idóneo y capaz de resolver el problema jurídico sometido a decisión . Particularmente, la Corte Constitucional en múltiples oportunidades ha reiterado que, el análisis de procedencia de este mecanismo debe ser menos estricto cuando se trata de sujetos de especial protección.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el examen de subsidiariedad debe efectuarse con menor rigor cuando quien reclama la protección es una persona de la tercera edad, dada su condición de sujeto de especial protección constitucional.6

subsidiariedad debe efectuarse con menor rigor cuando quien reclama la protección es una persona de la tercera edad, dada su condición de sujeto de especial protección constitucional.6

De igual manera, dada la naturaleza informal de la acción de tutela y en aplicación del principio iura novit curia, el juez constitucional no se encuentra limitado por la denominación jurídica de los derechos invocados por el accionante, sino que le corresponde identificar y examinar aquellos cuya eventual vulneración se desprenda de los hechos puestos en su conocimiento. Por ello, aunque el actor sustentó principalmente su reclamación en la presunta afectación del debido proceso administrativo, la Sala también analizará el derecho fundamental de petición, en cuanto el reproche formulado recae precisamente sobre la suficiencia material de la respuesta emitida por la administración.7

Bajo ese entendido, si bien el ordenamiento prevé mecanismos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controvertir actos relacionados con el reconocimiento de prestaciones pensionales, la Sala advierte que el objeto inmediato de esta acción no consiste en obtener por vía constitucional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ni en controvertir la legalidad de la Resolución No. 2592 de 2025. Lo cues tionado es si la

6 Sentencia T-165 de 2024, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 7 Corte Constitucional, Sentencia SU-201 de 2021, 23 de junio de 2021, M.P. Diana Fajardo Rivera.SIGCMA

respuesta del 22 de junio de 2026 atendió materialmente la nueva solicitud presentada por el actor, fundada en circunstancias que afirma sobrevinientes.

Con esa delimitación, la existencia de medios judiciales para discutir el reconocimiento de

respuesta del 22 de junio de 2026 atendió materialmente la nueva solicitud presentada por el actor, fundada en circunstancias que afirma sobrevinientes.

Con esa delimitación, la existencia de medios judiciales para discutir el reconocimiento de la prestación no torna improcedente el amparo respecto de la alegada falta de una respuesta material y congruente a la nueva petición. A ello se suma que el accionante tiene 77 años de edad , circunstancia que impone valorar con menor rigor la eficacia de los mecanismos ordinarios frente a la protección inmediata de sus derechos.

En consecuencia, la Sala encuentra satisfechos los requisitos de procedencia y abordará el estudio de fondo de la controversia.

3.4. Pautas normativas y Jurisprudenciales

3.4.1. El derecho de petición y debido proceso administrativo

El artículo 23 de la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener pronta resolución. Su ejercicio se encuentra regulado en los artículos 13 y siguientes del CPACA, sustituidos por el artículo 1.º de la Ley 1755 de 2015.

La Corte Constitucional ha precisado que la satisfacción de este derecho no se agota con la emisión formal de una respuesta. Esta debe ser oportuna y resolver materialmente lo solicitado, de manera clara, suficiente y congruente, sin que ello implique que la autoridad esté obligada a acceder a lo pretendido por el interesado.8

En similar sentido, esa Corporación ha reiterado que la respuesta debe guardar correspondencia con lo solicitado y permitir al peticionario conocer de manera cierta la posición de la autoridad frente a los asuntos sometidos a su consideración. Por tanto, e l

En similar sentido, esa Corporación ha reiterado que la respuesta debe guardar correspondencia con lo solicitado y permitir al peticionario conocer de manera cierta la posición de la autoridad frente a los asuntos sometidos a su consideración. Por tanto, e l derecho se vulnera cuando, pese a existir un pronunciamiento, este no atiende de fondo los aspectos planteados en la solicitud.9

Por su parte, el artículo 29 de la Constitución dispone que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esta garantía exige que las autoridades adelanten sus actuaciones con sujeción al ordenamiento jurídico y que las determinaciones adoptadas respondan a los elementos relevantes sometidos a su conocimiento.

De este modo, cuando una solicitud se sustenta en circunstancias posteriores a una decisión administrativa previa, la autoridad debe pronunciarse sobre su incidencia en el asunto planteado. Ello no comporta necesariamente modificar la decisión anterior ni acceder a lo solicitado, pero sí exige una respuesta que permita establecer las razones por las cuales tales circunstancias alteran o no la situación previamente definida.

3.4.2. Seguridad social y mínimo vital

El artículo 48 de la Constitución Política reconoce la seguridad social como un derecho fundamental y, a su vez, como un servicio público obligatorio, cuya garantía se encuentra estrechamente relacionada con la dignidad humana.

A su turno, el mínimo vital protege las condiciones materiales indispensables para garantizar una existencia digna. La Corte Constitucional ha precisado que esta garantía adquiere especial relevancia cuando la persona no se encuentra en condiciones de satisfacer autónomamente sus necesidades básicas y resultan comprometidos los recursos necesarios para su subsistencia.10

adquiere especial relevancia cuando la persona no se encuentra en condiciones de satisfacer autónomamente sus necesidades básicas y resultan comprometidos los recursos necesarios para su subsistencia.10

8 Corte Constitucional, Sentencia T-138 de 2017, 2 de marzo de 2017, expediente T-5.728.800, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 9 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020, 7 de julio de 2020, expediente T-7.040.215, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez 10 Corte Constitucional, Sentencia T-139 de 2025, 24 de abril de 2025, expediente T-10.580.243, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.SIGCMA

En asuntos relacionados con prestaciones pensionales, estos derechos deben ser valorados atendiendo las circunstancias particulares del interesado, sin que ello comporte que el juez de tutela sustituya a la autoridad competente en la definición del reconocimiento prestacional.

3.5. Análisis del caso

Verificados los supuestos facticos y las pretensiones de la acción de tutela, así como las probanzas allegadas al plenario, se encuentra acreditado que:

Se encuentra acreditado que mediante la Resolución No. 2592 del 19 de noviembre de 2025 la DIVRI negó al señor Roberto Manuel Nerio Castro el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo, al considerar que Adriana Lucía Nerio Martínez, hija del causante, ostentaba mejor derecho dentro del orden de beneficiarios.11

Posteriormente, el 12 de junio de 2026, el señor Roberto Manuel Nerio Castro presentó petición ante la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – MVIRI del Ministerio de

beneficiarios.11

Posteriormente, el 12 de junio de 2026, el señor Roberto Manuel Nerio Castro presentó petición ante la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – MVIRI del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la cual solicitó «efectuar un nuevo estudio administrativo de fondo respecto del señor Roberto Manuel Nerio Castro, en su condición de solicitante de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo el extinto soldado campesino Luis Ferney Nerio Rojas»12 . Para ello alegó, principalmente, que Adriana Lucía había cumplido 25 años el 15 de febrero de 2026 y que no existía prueba de que conservara su condición de beneficiaria por razón de estudios o discapacidad; asimismo, solicitó que se determinara si, en su condición de padre del causante, cumplía el requisito de dependencia económica.

Frente a esa petición, la entidad emitió respuesta el 22 de junio de 2026 ateniéndose a lo decidido en la Resolución No. 002592 del 19 de noviembre de 2025 que negó la extensión de los efectos de la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-010-2018 del 12 de abril de 201813.

Precisados los antecedentes relevantes y conforme a la delimitación efectuada en precedencia, el estudio de la Sala se centrará en determinar si la respuesta del 22 de junio de 2026 satisfizo materialmente las exigencias propias del derecho fundamental de petición. Lo anterior, porque, aunque el actor formuló principalmente su reproche como una afectación del debido proceso administrativo, lo que cuestiona es que la administración no hubiera atendido de fondo las circunstancias expuestas en la nueva solicitud. Este análisis

Lo anterior, porque, aunque el actor formuló principalmente su reproche como una afectación del debido proceso administrativo, lo que cuestiona es que la administración no hubiera atendido de fondo las circunstancias expuestas en la nueva solicitud. Este análisis se efectuará, además, teniendo en cuenta la incidencia que dicha respuesta puede tener en el ejercicio de su derecho a la seguridad social.

Pues bien, de conformidad con la pauta jurisprudencial sobre el derecho de petición, estima la Sala que tiene vocación de prosperidad el reparo de la impugnación relativo al alcance que el a quo atribuyó a la controversia. El accionante no pretende que el juez de tutela le reconozca directamente la pensión de sobrevivientes, sino que cuestiona la suficiencia de la respuesta dada a una solicitud posterior a la Resolución No. 2592 de 2025, sustenta da en circunstancias que, según afirma, no habían sido objeto de la decisión inicial. Al respecto cuestionó que el pronunciamiento no examinó la incidencia de las circunstancias expuestas en su nueva solicitud.

Bajo esa delimitación, la existencia de la Resolución No. 2592 de 2025 no relevaba a la entidad de pronunciarse materialmente sobre la nueva solicitud. En particular, el cumplimiento de los 25 años de edad por parte de la hija del causante constituía una circunstancia posterior directamente relacionada con el fundamento que había sustentado la negativa inicial y, por ello, correspondía a la DIVRI explicar su incidencia en el orden de beneficiarios y, de ser pertinente, en el estudio de la situación del accionante.

11 PDF No. 02 Folio 33 del C01 del expediente digital 12 PDF No. 02 Folio 10 y 11 del C01 del expediente digital

beneficiarios y, de ser pertinente, en el estudio de la situación del accionante.

11 PDF No. 02 Folio 33 del C01 del expediente digital 12 PDF No. 02 Folio 10 y 11 del C01 del expediente digital 13 Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-010-2018, M.P. Sección segunda del Consejo de Estado.SIGCMA

En ese sentido, la previa expedición de la Resolución No. 2592 de 2025 no impedía, por sí sola, un nuevo pronunciamiento de la administración. Si bien no correspondía reabrir lo ya decidido por la simple reiteración de la solicitud, en este caso el actor i nvocó una circunstancia posterior que podía incidir en uno de los presupuestos determinantes de la negativa inicial. Por ello, la DIVRI debía establecer si ese nuevo supuesto modificaba o no la situación previamente definida.

La respuesta cuestionada no satisface esa exigencia. No bastaba remitirse a la decisión anterior o señalar que la situación prestacional ya había sido definida, pues era necesario indicar por qué el hecho invocado modificaba o no las condiciones considerad as en 2025, si Adriana Lucía Nerio Martínez conservaba la condición de beneficiaria y qué incidencia tenía ello respecto de la solicitud formulada por el padre del causante. Esa valoración no comportaba necesariamente acceder al reconocimiento pensional, sino resolver de manera clara, congruente y motivada los asuntos planteados.

Reitera la Sala que la satisfacción del derecho fundamental de petición no se agota con la simple recepción de la solicitud , o con la realización de actuaciones encaminadas a su trámite, pues resulta necesario que el peticionario conozca una respuesta que atienda materialmente los asuntos planteados. De esta manera, la respuesta debe guardar

simple recepción de la solicitud , o con la realización de actuaciones encaminadas a su trámite, pues resulta necesario que el peticionario conozca una respuesta que atienda materialmente los asuntos planteados. De esta manera, la respuesta debe guardar correspondencia con lo solicitado y pe rmitir al interesado conocer de manera cierta la posición de la entidad frente a las cuestiones sometidas a su consideración.

Por consiguiente, la Sala encuentra vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante, toda vez que la respuesta del 22 de junio de 2026 no resolvió materialmente los aspectos planteados en la solicitud presentada el 12 de junio anterior. Esta om isión adquiere especial relevancia porque la petición está dirigida a obtener una definición administrativa sobre una prestación pensional y, por tanto, la ausencia de una respuesta de fondo incide directamente en el ejercicio de su derecho a la seguridad social.

Lo anterior no significa que corresponda al juez constitucional reconocer la pensión de sobrevivientes ni establecer que Adriana Lucía Nerio Martínez perdió su condición de beneficiaria al cumplir 25 años. Tales determinaciones competen a la DIVRI, previa valoración de las circunstancias expuestas por el solicitante y de los presupuestos jurídicos y probatorios aplicables.

Así, el reproche formulado por el accionante no configura, en sí mismo, una vulneración autónoma del debido proceso administrativo, pues la afectación advertida se concreta en la insuficiencia material de la respuesta suministrada por la entidad. Tampoco corresponde en esta sede definir si se encuentran satisfechos los requisitos para el reconocimiento de la prestación, sino garantizar que la solicitud sea resuelta de manera clara, suficiente, congruente y motivada.

esta sede definir si se encuentran satisfechos los requisitos para el reconocimiento de la prestación, sino garantizar que la solicitud sea resuelta de manera clara, suficiente, congruente y motivada.

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se amparará el derecho fundamental de petición del señor Roberto Manuel Nerio Castro, en relación con su derecho a la seguridad social, y se ordenará a la DIVRI emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud presentada el 12 de junio de 2026, en el que valore las circunstancias allí expuestas y determine su incidencia en la situación pensional del accionante, sin que esta decisión implique reconocimiento alguno de la prestación reclamada.

Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Córdoba, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería de fecha 10 de agosto del 2026, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela . E n su lugar , AMPARAR el derecho fundamental deSIGCMA

petición del señor Roberto Manuel Nerio Castro, en relación con su derecho a la seguridad social, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva para que en el término de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta decisión emita un nuevo pronunciamiento de fondo respecto de la solicitud presentada por el señor