TA COR - Sentencia 23001333301120260030801-(14-09-2026)

SIGCMA

CO-SC5780-99

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA PRIMERA DE DECISIÓN

Magistrado ponente Pedro Olivella Solano

Montería, catorce (14) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Radicación: 23001333301120260030801

Accionante (s): Ferley Gilberto Sepúlveda Carreño Accionada (s): Ejército Nacional - Dirección de Personal y Dirección de Familia y Bienestar

OBJETO DE LA PROVIDENCIA

Se decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Montería el 6 de agosto de 2026 que declaró la improcedencia del amparo tutelar. El Tribunal revocará la decisión de primera instancia.

ANTECEDENTES

Derechos fundamentales invocados

• Unidad Familiar. • Salud. • Vida digna. • Debido proceso administrativo. • Interés superior del menor.

Solicitud de amparo

El accionante solicita se despachen de forma favorable las siguientes pretensiones de amparo1:

1. AMPARAR los derechos fundamentales a la unidad familiar, la salud, la vida digna, el debido proceso administrativo y el interés superior del menor de mi poderdante y de su hijo, SAMUEL

FELIPE SEPÚLVEDA PÁEZ.

2. ORDENAR al Ejército Nacional — Dirección de Personal que, como consecuencia del amparo, suspenda los efectos y la ejecución material de la Orden Administrativa de Personal No. 1611

FELIPE SEPÚLVEDA PÁEZ.

2. ORDENAR al Ejército Nacional — Dirección de Personal que, como consecuencia del amparo, suspenda los efectos y la ejecución material de la Orden Administrativa de Personal No. 1611 del 1 de junio de 2026, absteniéndose de exigir la incorporación del accionante el señor FERLEY GILBERTO SEPÚLVEDA CARREÑO, al Batallón de Selva No. 53 BASGO CR. Francisco José González, hasta tanto se surta y decida de fondo, con la debida ponderación constitucional, el trámite de traslado por situación familiar especial ante el CEFAM radicada en fecha 6 DE JULIO

DE 2026.

3. ORDENAR a la Dirección de Familia y Bienestar del Ejército Nacional que, dentro de un término perentorio no superior a quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación del fallo, dé trámite prioritario a la solicitud de traslado por situación familiar especial radicada EN 06

DE JULIO DE 2026, garantizando la práctica de la visita domiciliaria y la valoración

1 Para una mayor comprensión se trascriben en su integridad.Página 2 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

interdisciplinaria correspondiente, y ponderando expresamente, dentro de dicho estudio, la condición médico-laboral del accionante el señor FERLEY GILBERTO SEPÚLVEDA CARREÑO de '”No Apto” para actividades operativas y la condición de salud y el tratamiento activo de su hijo el niño SAMUEL FELIPE SEPÚLVEDA PÁEZ en el Programa Madre Canguro.

de '”No Apto” para actividades operativas y la condición de salud y el tratamiento activo de su hijo el niño SAMUEL FELIPE SEPÚLVEDA PÁEZ en el Programa Madre Canguro.

4. ORDENAR que, en caso de que el resultado del trámite CEFAM no resulte favorable a la permanencia de mi poderdante en su unidad actual, se le asigne, en todo caso, a una unidad compatible con su condición médico -laboral (área logística, administrativa o de instruc ción), ubicada en un lugar que permita razonablemente la continuidad de los controles médicos de su hijo y el acompañamiento familiar que demanda el Programa Madre Canguro.

Síntesis de los hechos que originan la tutela.

El accionante, Ferley Gilberto Sepúlveda Carreño, Sargento Segundo del Ejército Nacional adscrito al Gaula Militar Sinú, manifestó que su núcleo familiar reside en el municipio de Hato Corozal Casanare donde viven su esposa y sus dos hijos.

Indicó que su hijo menor Samuel Felipe Sepúlveda Páez, nació el 22 de octubre de 2025 con 32 semanas de gestación y bajo peso al nacer. Por esa razón, se encuentra vinculado al Programa Madre Canguro del Hospital Regional de la Orinoquía y sometido a controles médicos especializados por distintas condiciones asociadas a su nacimiento prematuro.

Señaló además que mediante Acta de Junta Médico Laboral No. 221813 de 14 de marzo de 2024 la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional lo calificó como “no apto” para el servicio operativo y recomend ó su reubicación en labores logísticas, administrativas o de instrucción.

de 2024 la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional lo calificó como “no apto” para el servicio operativo y recomend ó su reubicación en labores logísticas, administrativas o de instrucción.

Mediante Orden Administrativa de Personal No. 1611 del 1 de junio de 2026, fue dispuesto su traslado al Batallón de Selva No. 53 BASGO “CR. Francisco José González”, ubicado en el corregimiento El Guatal, departamento de Nariño.

El 2 de junio de 2026 solicitó la reconsideración de dicho traslado al Comando del Ejército Nacional y allegó documentación relacionada con su situación médico laboral y con el estado de salud de su hijo. Sin embargo, mediante respuesta emitida el 22 de junio de 2026, la Dirección de Personal decidió mantener la orden de traslado al considerar que no había agotado oportunamente el trámite previsto ante el Centro de Familia del Ejército y que contaba con red de apoyo familiar en Casanare.

Siguiendo las indicaciones suministradas por la entidad, el 6 de julio de 2026 radicó solicitud de traslado por situación familiar especial ante la Dirección de Familia y Bienestar del Ejército Nacional. No obstante, la respuesta emitida el 10 de julio siguiente se limitó a reiterar el procedimiento institucional aplicable sin pronunciarse de fondo sobre las circunstancias particulares expuestas ni sobre los documentos aportados.

Finalmente, sostuvo que la orden de traslado continúa vigente y es de ejecución inminente, circunstancia que, en su criterio, amenaza los derechos fundamentales a la unidad familiar,Página 3 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

circunstancia que, en su criterio, amenaza los derechos fundamentales a la unidad familiar,Página 3 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

a la salud, a la vida digna, al debido proceso administrativo y al interés superior de su hijo menor de edad.

Pronunciamiento de la parte accionada.

❖ Dirección de Familia y Bienestar del Ejercito Nacional.

La Dirección de Familia y Bienestar del Ejército Nacional solicitó negar el amparo al considerar que no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante. Señaló que el señor Ferley Gilberto Sepúlveda Carreño presentó una solicitud de traslado por situación especial de familia, la cual fue atendida mediante respuesta emitida el 22 de junio de 2026. Posteriormente, radicó una nueva petición el 6 de julio de la misma anualidad.

Indicó que la documentación allegada no satisfacía la totalidad de los requisitos previstos en las directivas institucionales para activar el procedimiento de traslado por situación familiar especial, en particular aquellos relacionados con las actuaciones y soportes que debían tramitarse ante el Centro de Familia Militar (CEFAM). Agregó que la solicitud fue presentada por fuera del cronograma fijado para ese tipo de trámites.

Explicó que las respuestas suministradas al accionante no constituyeron una negativa definitiva de su solicitud. Por el contrario, tuvieron como finalidad informarle el procedimiento que debía agotar para que su caso pudiera ser valorado por las instancias competentes. Asimismo, sostuvo que de la información aportada no se evidenciaba una

definitiva de su solicitud. Por el contrario, tuvieron como finalidad informarle el procedimiento que debía agotar para que su caso pudiera ser valorado por las instancias competentes. Asimismo, sostuvo que de la información aportada no se evidenciaba una situación de urgencia manifiesta ni un riesgo inminente que justificara apartarse del procedimiento institucional establecido.

Finalmente, precisó que su participación se limita a realizar valoraciones interdisciplinarias de carácter familiar, psicológico, social y jurídico y a emitir conceptos técnicos para apoyar la toma de decisiones. Señaló que carece de competencia para ordenar, modificar o revocar traslados del personal militar, fa cultad que corresponde a la Dirección de Personal del Ejército Nacional. Por ello, concluyó que actuó dentro del ámbito de sus competencias y solicitó declarar improcedente o negar la acción de tutela.

❖ Dirección de Personal del Ejercito Nacional.

La Dirección de Personal del Ejército Nacional solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, de manera subsidiaria, negar las pretensiones. Sostuvo que la orden de traslado cuestionada fue expedida en ejercicio de las competencias legalmente asignadas pa ra la administración del talento humano y en aplicación de las normas que regulan la carrera militar, particularmente el Decreto Ley 1790 de 2000 y las directivas internas sobre traslados.

Explicó que los traslados obedecen principalmente a las necesidade s del servicio y a los planes institucionales de rotación del personal. Indicó que para la definición de los destinosPágina 4 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

planes institucionales de rotación del personal. Indicó que para la definición de los destinosPágina 4 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

se tienen en cuenta factores como la permanencia en las unidades, la especialidad militar, el escalafón, las necesidades operacionales y l os requerimientos de personal de las diferentes guarniciones del país.

Señaló que el Ejército dispone de un procedimiento específico para el análisis de solicitudes de traslado por circunstancias familiares especiales. Precisó que dicho trámite debe adelantarse a través del Centro de Familia Militar (CEFAM), con el acompañamiento del equipo interdisciplinario correspondiente y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las directivas institucionales . Afirmó que el accionante no agotó oportuname nte ese procedimiento ni presentó la información dentro de los plazos previstos para el correspondiente plan de traslados.

Añadió que las solicitudes presentadas por el actor fueron atendidas y que las respuestas emitidas tuvieron por finalidad informarle el trámite que debía adelantar para que su situación pudiera ser estudiada por las instancias competentes. En ese sentido, sostuvo que no existió actuación arbitraria ni desconocimiento de sus derechos fundamentales.

La entidad reconoció que el accionante registra una condición de “no apto con reubicación laboral”, pero precisó que dicha circunstancia no implica la imposibilidad de ordenar traslados ni el derecho a permanecer en una determinada unidad. Indicó que la reubicación laboral debe armonizarse con las necesidades institucionales y con los cargos disponibles acordes con las restricciones médicas existentes.

traslados ni el derecho a permanecer en una determinada unidad. Indicó que la reubicación laboral debe armonizarse con las necesidades institucionales y con los cargos disponibles acordes con las restricciones médicas existentes.

Asimismo, manifestó que la decisión de traslado obedeció a requerimientos institucionales relacionados con el fortalecimiento del pie de fuerza y el cumplimiento de los objetivos operacionales del Ejército Nacional. Agregó que los miembros de la Fuerza Pública están sometidos a un régimen especial de carrera y que, por la naturaleza del servicio, deben cumplir funciones en los lugares donde las necesidades institucionales lo demanden.

Finalmente, sostuvo que el accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de la orden administrativa de traslado y solicitar las medidas cautel ares correspondientes. Por ello, concluyó que la acción de tutela incumple el requisito de subsidiariedad y solicitó que fuera declarada improcedente.

Fallo de primera instancia.

Corresponde al dictado por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Montería el 6 de agosto de 2026 y en el cual se declaró la improcedencia del amparo constitucional.

El juzgado de inicio señaló que la inconformidad del accionante recaía realmente sobre la legalidad y los efectos de la Orden Administrativa de Personal No. 1611 de 2026, mediante la cual se dispuso su traslado, asunto cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción dePágina 5 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

lo contencioso administrativo.

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lo contencioso administrativo. Explicó que el ordenamiento jurídico prevé el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir ese acto administrativo y que, dentro de dicho proceso, el interesado puede solicitar la adopción de medidas cautelares encaminadas a suspender sus efectos. En consecuencia, estimó que existe un mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos invocados.

Asimismo, indicó que las entidades accionadas demostraron haber dado respuesta a las solicitudes formuladas por el actor y haberle informado el procedimiento institucional previsto para el estudio de las situaciones familiares especiales. Por ello, concluyó que la controversia surgía de la inconformidad del accionante con el contenido de las decisiones adoptadas y no de la ausencia de respuesta o de una actuación abiertamente arbitraria de la administración.

De igual manera, consideró que las pruebas allegadas no permitían acreditar la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez de tutela. En particular, señaló que no se demostró que el menor estuviera privado de atención médica, que el traslado implicara la interrupción inminente de tratamientos indispensables ni que existiera un riesgo actual, grave e inminente para sus derechos fundamentales. Tampoco encontró acreditado que la condición médi co laboral del accionante imposibilitara objetivamente el cumplimiento de la orden de traslado.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que el actor dispone de un mecanismo judicial ordinario para controvertir la decisión administrativa y que no concurrían circunstancias

objetivamente el cumplimiento de la orden de traslado.

Con fundamento en lo anterior, concluyó que el actor dispone de un mecanismo judicial ordinario para controvertir la decisión administrativa y que no concurrían circunstancias excepcionales que habilitaran la procedencia de la acción de tutela. En consecuencia, declaró improcedente la solicitud de amparo.

Impugnación.

La parte accionante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados. Sostuvo que la decisión recurrida partió de una valoración incompleta de los hechos relacionados con el trámite que debía adelantarse ante el Centro de Familia Militar (CEFAM).

Adujo que d esde las solicitudes presentadas ante el Ejército Nacional se informó que el accionante acudió al CEFAM de la Décima Primera Brigada en Montería para activar el procedimiento de traslado por situación familiar especial. Según afirmó, en dicha dependencia le indicaron que no debían adelantar actuación alguna ni expedir constancias sobre las verificaciones efectuadas. Por ello, consideró improcedente atribuirle las consecuencias derivadas de la falta de actuaciones internas que correspondían a la propia administración.

Manifestó que tanto las entidades accionadas como el juez de primera instancia pasaronPágina 6 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

por alto las constancias incorporadas a la solicitud de traslado. A su juicio, de haberse analizado integralmente el material aportado, se habría advertido q ue el actor satisfizo los requisitos exigidos para el estudio de su situación familiar, aun sin el acompañamiento

por alto las constancias incorporadas a la solicitud de traslado. A su juicio, de haberse analizado integralmente el material aportado, se habría advertido q ue el actor satisfizo los requisitos exigidos para el estudio de su situación familiar, aun sin el acompañamiento formal del CEFAM.

Afirmó igualmente que las respuestas emitidas por la administración no resolvieron de fondo la solicitud presentada. Señaló que la entidad se limitó a reiterar exigencias procedimentales que ya habían sido atendidas mediante la documentación allegada por el accionante, entre ella la relacionada con su condición médico laboral, la situación de salud de su hijo menor de edad y la integración de su núcleo familiar.

Finalmente, sostuvo que, en caso de existir dudas sobre las actuaciones adelantadas ante el CEFAM, era necesario vincular a esa dependencia al trámite constitucional para que informara si el accionante acudió a sus ins talaciones y precisara las gestiones realizadas frente a su solicitud de traslado por situación familiar especial. Con fundamento en ello, pidió revocar el fallo impugnado y acceder a las pretensiones de la tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela como mecanismo de protección constitucional

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Del texto de esa norma constitucional y de su desarrollo jurisprudencial se ha interpretado en forma reiterada que la tute la tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no existan otros medios ordinarios de defensa judicial o cuando ese medio judicial es claramente ineficaz para la efectiva protección de los derechos fundamentales; eventos en los cuales la tutela procederá como

carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no existan otros medios ordinarios de defensa judicial o cuando ese medio judicial es claramente ineficaz para la efectiva protección de los derechos fundamentales; eventos en los cuales la tutela procederá como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Asunto a resolver.

Corresponde determinar si la acción de tutela es procedente para controvertir la orden de traslado dispuesta respecto del accionante y, en caso afirma tivo, si el Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales a la unidad familiar, al interés superior del menor, a la salud y al debido proceso administrativo al mantener dicha decisión sin valorar adecuadamente la situación médica del hijo menor del actor y su condición de reubicación laboral.

Análisis de procedencia de la Acción de Tutela.

❖ Legitimación en la causa por activa

La legitimación por activa se encuentra acreditada. La acción fue promovida por el señor Ferley Gilberto Sepúlveda Carreño mediante apoderado judicial y, adicionalmente, enPágina 7 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

representación de su hijo menor de edad Samuel Felipe Sepúlveda Páez, respecto de quien actúa como agente oficioso y titular de la patria potestad. De igual manera, las pretensiones están orientadas a la protección de derechos que el actor considera propios y de su núcleo familiar, especialmente de su hijo menor de edad.

❖ Legitimación en la causa por pasiva

Este presupuesto también se encuentra satisfecho. La acción se dirige contra la Dirección

familiar, especialmente de su hijo menor de edad.

❖ Legitimación en la causa por pasiva

Este presupuesto también se encuentra satisfecho. La acción se dirige contra la Dirección de Personal del Ejército Nacional y la Dirección de Familia y Bienestar del Ejército Nacional, dependencias que intervinieron en el trámite administrativo cuestionado y que emitieron las respuestas mediante las cuales se mantuvo la decisión de traslado o se indicó el procedimiento que debía seguir el accionante para el estudio de su situación familiar especial. Por tratarse de autoridades públicas a quienes se atribuye la vulneración alegada, están legitimadas en la causa por pasiva.

❖ Inmediatez

La acción de tutela cumple igualmente el requisito de inmediatez. La Orden Administrativa de Personal No. 1611 fue expedida el 1 de junio de 2026. El accionante presentó solicitudes de reconsideración los días 2 de junio y 6 de julio siguientes. Las respuestas definitivas que motivan el amparo fueron emitidas el 22 de junio y el 10 de julio de 2026.

Posteriormente acudió al mecanismo constitucional el 24 de julio de 2026. Entre los hechos que originan la presunta vulneración y la presentación de la acción transcurrió un lapso claramente razonable.

Por lo demás, la situación denunciada tenía vocación de permanencia debido a que el traslado continuaba vigente y su ejecución se proyectaba hacia el futuro. En esas condiciones no se advierte desidia o abandono de la defensa de los derechos invocados.

❖ Subsidiariedad

La Sala estima que, contrario a lo concluido por el juez de primera instancia, este requisito se encuentra acreditado.

condiciones no se advierte desidia o abandono de la defensa de los derechos invocados.

❖ Subsidiariedad

La Sala estima que, contrario a lo concluido por el juez de primera instancia, este requisito se encuentra acreditado.

Es cierto que el accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad de la orden de traslado. Sin embargo, la controversia sometida a consideración del juez constitucional no versa exclusivamente sobre la validez del acto administrativo.

La pretensión principal no consiste en obtener un juicio abstracto de legalidad sobre la Orden Administrativa de Personal No. 1611. Lo que se plantea es que las autoridades militares habrían omitido valorar circunstancias constitucionalmente relevantes relacionadas con la condición de salud de un menor de edad nacido prematuramente,Página 8 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

vinculado al Programa Madre Canguro y sometido a seguimiento médico especializado, así como la condición médico laboral del propio accionante.

La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela resulta procedente de forma excepcional fren te a decisiones de traslado cuando estas pueden traducirse en una afectación grave y directa de derechos fundamentales del funcionario o de su núcleo familiar. Tal examen cobra especial relevancia cuando se encuentran comprometidos los derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes.

En el presente asunto la discusión involucra directamente el interés superior de un menor de edad respecto de quien se afirma la necesidad de acompañamiento familiar durante una

comprometidos los derechos prevalentes de niños, niñas y adolescentes.

En el presente asunto la discusión involucra directamente el interés superior de un menor de edad respecto de quien se afirma la necesidad de acompañamiento familiar durante una etapa crítica de desarrollo y seguimiento mé dico. Se trata de una situación que exige una respuesta judicial oportuna y no una decisión diferida al término de un proceso ordinario de duración incierta.

Además, el debate constitucional trasciende la mera legalidad del traslado. El actor sostiene que agotó las gestiones requeridas para activar la ruta de estudio por situación familiar especial y que las entidades accionadas se limitaron a reiterar requisitos procedimentales sin efectuar un análisis material de los soportes médicos y familiares aportad os. También afirma que acudió al CEFAM y que allí no recibió el acompañamiento institucional previsto en la normatividad interna.

Estas circunstancias obligan al juez constitucional a verificar si, en efecto, existió una respuesta compatible con el deber de protección reforzada que demandan los derechos de los niños y con las garantías mínimas del debido proceso administrativo.

Tampoco resulta suficiente afirmar que el accionante puede solicitar medidas cautelares dentro del medio de control ordinario. La sola existencia formal de ese mecanismo no excluye la procedencia de la tutela cuando la controversia involucra una posible afectación actual de derechos fundamentales y la necesidad de adoptar decisiones inmediatas frente a una situación que compromete a un sujeto de especial protección constitucional.

La Sala advierte que el traslado se encontraba vigente al momento de promoverse la acción y que sus efectos incidían directamente en la dinámica familiar alegada por el actor. En

a una situación que compromete a un sujeto de especial protección constitucional.

La Sala advierte que el traslado se encontraba vigente al momento de promoverse la acción y que sus efectos incidían directamente en la dinámica familiar alegada por el actor. En consecuencia, diferir el a nálisis exclusivamente al escenario contencioso administrativo podría tornar ineficaz la protección constitucional reclamada.

Por estas razones, la acción de tutela supera el requisito de subsidiariedad y resulta procedente para examinar de fondo si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados.

Aspectos jurisprudenciales y convencionales aplicables al asunto sub examine.

La controversia planteada exige examinar el alcance de los derechos fundamentales a laPágina 9 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

unidad familiar, a la salud, al debido proceso administrativo y, especialmente, al interés superior del menor, los cuales se alegan comprometidos con ocasión del traslado dispuesto por el Ejército Nacional respecto del accionante.

Para ello, la Sala abordará e l marco constitucional, convencional y jurisprudencial que regula la protección reforzada de los niños, los límites del ius variandi en la Fuerza Pública, el deber de preservación de la unidad familiar y las exigencias que se imponen a la administración cuando sus decisiones pueden incidir en el bienestar y desarrollo integral de sujetos de especial protección constitucional.

Asimismo, se tendrán en cuenta los estándares desarrollados por la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos referentes de derecho comparado

sujetos de especial protección constitucional.

Asimismo, se tendrán en cuenta los estándares desarrollados por la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos referentes de derecho comparado que permiten precisar el alcance del principio del interés superior del menor y su función prevalente cuando entra en tensión con otros intereses constitucionalmente legítimos.

Protección constitucional reforzada de los niños, niñas y adolescentes.

La Constitución Política consagra un régimen de protección reforzada a favor de los niños. El artículo 44 establece que sus derechos son fundamentales y prevalecen sobre los derechos de los demás. Entre ell os se encuentran la vida, la salud, la integridad física, la seguridad social, el cuidado y amor, tener una familia y no ser separados de ella, así como el desarrollo armónico e integral.

Esta disposición no constituye una declaración simbólica. Por el contrario, impone a todas las autoridades públicas el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el interés superior del menor cuando este entre en tensión con otros intereses o derechos constitucionalmente relevantes.

La Corte Constitucional ha sostenido de manera constante que el interés superior del menor es un principio de naturaleza prevalente que orienta toda actuación administrativa y judicial que pueda afectar a un niño. No se trata de una cláusula abstracta sino de un verdadero criterio decisorio que obliga a las autoridades a identificar cuál alternativa protege de mejor manera los derechos del menor involucrado.

La jurisprudencia ha explicado que el interés superior del niño posee una naturaleza relacional. Esto s ignifica que adquiere especial relevancia cuando existe una colisión de intereses legítimos y corresponde al operador jurídico realizar una ponderación orientada

La jurisprudencia ha explicado que el interés superior del niño posee una naturaleza relacional. Esto s ignifica que adquiere especial relevancia cuando existe una colisión de intereses legítimos y corresponde al operador jurídico realizar una ponderación orientada por la protección efectiva de los derechos del menor.

Por ello, cuando una decisión administrativa afecta simultáneamente el interés institucional de la administración y los derechos de un niño, el análisis constitucional no puede limitarse a verificar la legalidad de la actuación. También debe examinar si la decisión garantiza en la mayor medida posible el bienestar, la salud, el desarrollo integral y el entorno familiar delPágina 10 de 19 Tribunal Administrativo de Córdoba Decide Impugnación Tutela Radicado: 23001333301120260030801

menor.

Bloque de constitucionalidad y protección convencional de la niñez.

El artículo 93 de la Constitución incorporó al orden interno los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Dentro de ese marco adquiere especial relevancia la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo artículo 3 dispone que en todas las medidas concernientes a los niños adoptadas por autoridades administrativas o judiciales una consideración primordial será el interés superior del niño.

Igualmente, el artículo 9 de la Convención establece que los Estados deben velar porque los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de estos, salvo cuando dicha separación resulte necesaria para proteger sus propios derechos.

El artículo 18 reconoce que ambos padres tienen obligaciones comunes en la crianza y desarrollo de los hijos y que las autoridades e