TA VAL - Sentencia 76001-23-33-000-2025-00008-00 (19-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO No. 76001-23-33-000-2025-00008-00

DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

njudiciales@valledelcauca.gov.co dfpalacios@valledelcauca.gov.co gapalacios@valledelcauca.gov.co

DEMANDADO: MUNICIPIO DE PRADERA (V)

oficinajuridica@pradera-valle.gov.co concejo@praderavalle-valle.gov.co personeria@pradera-valle.gov.co NORMA: Acuerdo No. 10 del mes de noviembre de 2024

MINISTERIO PÚBLICO: soguzman@procuraduria.gov.co

MEDIO DE CONTROL: REVISIÓN DE ACUERDO

Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V), diecinueve (19) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Procede la Sala a resolver sobre la validez de los artículos 4º y 6º del acuerdo No. 10 del mes de noviembre de 2024, expedido por el municipio de Pradera (V), “por medio del cual se establecen los porcentajes de los subsidios y aportes solidarios tarifarios para alcanzar el equilibrio financiero entre los subsidios y las contribuciones en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para l a vigencia 2025”, cuya revisión fue solicitada por el Departamento del Va lle del Cauca de conformidad con el Decreto 1333 de 1986.

ANTECEDENTES

2025”, cuya revisión fue solicitada por el Departamento del Va lle del Cauca de conformidad con el Decreto 1333 de 1986.

ANTECEDENTES

LA SOLICITUDEl Departamento del Valle del Cauca de conformidad con el Decreto 1333 de 1986, solicitó la revisión de los artículos 4º y 6º del acuerdo No. 10 del mes de noviembre de 2024, expedido por el municipio de Pradera (V), “por medio del cual se establecen los porcentajes de los subsidios y aportes solidarios tarifarios para alcanzar el equilibrio financiero entre los subsidios y las contribuciones en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2025”, con fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. Que el Concejo municipal del municipio d e Pradera (V), profirió el acuerdo No. 10 del mes de noviembre de 2024, expedido por el municipio de Pradera (V), “por medio del cual se establecen los porcentajes de los subsidios y aportes solidarios tarifarios para alcanzar el equilibrio financiero entre los subs idios y las contribuciones en los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia 2025”

2. Que el Acuerdo No. 010 del mes de noviembre de 2024, fue sancionado el 20 de noviembre y publicado por el alcalde municipal el 25 de noviembre de 2024.

3. Que revisado el Acto Administrativo y sus documentos soporte , de conformidad a la facultad constitucional y legal que le asiste a la Gobernadora contenida en el artículo 305 numeral 10 de la Constitución Política y el artículo 119 del Decreto 1333 de 1986, se encontraron razones

constitucional y legal que le asiste a la Gobernadora contenida en el artículo 305 numeral 10 de la Constitución Política y el artículo 119 del Decreto 1333 de 1986, se encontraron razones jurídicas que lo hacen contrario a disposiciones constitucionales y legales.

CARGOS

 FALTA DE COMPETENCIA DEL CONCEJO PARA CONFERIR AUTORIZACIÓN EN MATERIA

CONTRACTUAL COMPETENCIA DEL ALCALDE.

Sostuvo, que el acto administrativo sometido a revisión de inconstitucionalidad e ilegalidad adolece de falta de competencia por parte de la corporación de elección popular, al conferirse autorizaciones en materia contractual (celebrar contratos de comodato) que son p ropias del mandatario local y si bien es cierto el artículo 313 numeral 3º de la constitución, establece que corresponde al Concejo autorizar al alcalde para celebrar contratos, el legislador preciso que la autorización recae sobre determinados contratos, como en efecto lo establece el parágrafo 4º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, en estos términos, por lo que no en todos los casos el Alcalde necesita autorización, ya que la ley contempla cuales s on los casos excepcionales en los que debe hacerse. VIOLACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORPORACION ALUSIVO A FALTA DE

TEMPORALIDAD EN LAS FACULTADES CONFERIDAS.

Sostuvo, que el artículo 4º del Acuerdo No. 10 de noviembre de 2024 desconoce la facultad general del Alcalde para contratar en calidad de jefe de la acción administrativa del municipio, pues, las

Sostuvo, que el artículo 4º del Acuerdo No. 10 de noviembre de 2024 desconoce la facultad general del Alcalde para contratar en calidad de jefe de la acción administrativa del municipio, pues, las autorizaciones, para suscribir los convenios y contratos con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo no hacen parte del listado establecido por el legislador en el parágrafo 4º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012.

Agregó, que el artículo 6º del Acuerdo No. 10 de noviembre de 2024, no sólo desconoce la obligación general de circunscribir temporalmente las facultades otorgadas, sino adicionalmente la regla que establece que las facultades pro tempore se deben otorgar por una sola vez, sin prorroga y por un tiempo determinado de máximo 6 meses, por lo que el acto administrativo objeto de revisión contraría el marco jurídico y jurisprudencial en el cual debería fundarse, irregularidad que se constituye en una causal que vicia la validez del acto administrativo objeto de revisión

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 Municipio de Pradera (V.)

Guardó silencio.

 Ministerio Público1

Rindió concepto y solicitó que se declare la invalidez de los artículos 4º y 6º del del Acuerdo No. 10 de noviembre de 2024, pues el Concejo municipal otorgó facultades con las que no cuenta y además desconoció la obligación general de circunscribir temporalmente las facultades otorgadasACUERDO ACUSADO

El Acuerdo sometido a revisión es del siguiente tenor:

(...)”

desconoció la obligación general de circunscribir temporalmente las facultades otorgadasACUERDO ACUSADO

El Acuerdo sometido a revisión es del siguiente tenor:

(...)”

1 Ver índice 12 de samai(…)

(…)

(…)”

CONSIDERACIONES

Tramitado en debida forma el proceso, se proferirá la decisión que en Derecho corresponda, conforme al siguiente,

PROBLEMA JURÍDICO

Se contrae a establecer lo siguiente:

 Los artículos 4º y 6º del acuerdo No. 10 del mes de noviembre de 2024, carecen de legalidad al conferir autorizaciones en materia contractual que son propias del Alcalde y al conceder facultades pro tempore por más de 6 meses de manera indeterminada.

Para resolver el anterior planteamiento, se desarrollarán los siguientes aspectos: DEL CONTROL DE VALIDEZ RESPECTO DE LOS ACUERDOS MUNICIPALES

Constitucionalmente se ha otorgado a los Gobernadores Departamentales la facultad para revisar los Acuerdos Municipales y provocar el control judicial sobre su validez, cuando quiera que los considere inconstitucionales o ilegales, constituyendo ésta, una función propia de su investidura, consignada en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política.

Este tipo de control tiene un objeto similar al de la acción de nulidad simple; no obstante, se diferencian por las distintas fuentes normativas, en la medida que la primera, se define como un mecanismo de control de constitucionalidad y legalidad, y la segu nda como una acción ordinaria jurisdiccional de tipo popular,

por las distintas fuentes normativas, en la medida que la primera, se define como un mecanismo de control de constitucionalidad y legalidad, y la segu nda como una acción ordinaria jurisdiccional de tipo popular, que vela por el mantenimiento del orden jurídico en abstracto.

Frente a esta atribución en cabeza de los Gobernadores, la Corte Constitucional2 ha señalado:

“La facultad que le atribuyó el Constituyente a los Gobernadores, a través del numeral 10 del artículo 305 de la C.P., se traduce en un especial control de constitucionalidad y legalidad, que se radica en cabeza de esos funcionarios, facultad que se encuentra desarrollada de manera concreta en el artículo 119 del Decreto Ley 1333 de 1986, demandado por el actor, que establece que se ejerza por parte del Gobernador, en un término no superior a veinte días, sobre los actos que producen los Concejos Municipales, en ejercicio de las competenc ias que la Carta Política les reconoce a las autoridades de esas entidades territoriales, de las cuales se predica la autonomía para manejar sus propios asuntos.

Lo anterior por cuanto el control lo ejerce el Gobernador, el cual tiene funciones propias qu e emanan del ejercicio de la autonomía que a las entidades territoriales les reconoce expresamente la Carta de 1991. También porque dicho control se efectúa para garantizar el respeto a la Constitución y a la ley, lo cual desde luego repercute en beneficio de la persona descentralizada y evita excesos de la misma que afecten los intereses de los individuos, cuyo fundamento preciso está en el artículo 4º de la C. P.…

Se trata de un control excepcional, que se activa cuando el funcionario responsable del mis mo,

evita excesos de la misma que afecten los intereses de los individuos, cuyo fundamento preciso está en el artículo 4º de la C. P.…

Se trata de un control excepcional, que se activa cuando el funcionario responsable del mis mo, evidencia que el contenido del respectivo acto es contrario a la Constitución o a la ley, que como tal está expresamente consagrado en la misma Carta Política, en la cual se designa a los Gobernadores para efectuarlo, dejándole al legislador, tal como lo establece el numeral 23 del artículo 150 superior, la responsabilidad de expedir las normas que regirán el ejercicio de esa función pública. (…)

2 Sentencia C-869 de 1999.En efecto, el control de constitucionalidad del artículo 305 de la Carta Política, presenta las características de un ejercicio preventivo, que procede antes de entrar en vigencia el respectivo acto, precisamente para evitar que si es contrario a la Constitución y a la ley produzca efectos, aunque sea por un corto tiempo. Este mecanismo, prevé un agente intermedio, el Gobernador, entre el productor del acto, en el caso que nos ocupa el Concejo Distrital y el ente judicial al que le corresponde definir sobre su validez, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 NATURALEZA Y REGIMEN DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA.

En relación con la celebración de contratos o convenios para asegurar la transferencia de los recursos de los subsidios en los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con la Ley 142 de 1994 y la regulación, es deber de los prestadores y los entes territoriales suscribirlos en el marco de la autonomía de las partes contratantes y la falta de celebración de estos contratos o convenios no sirve de justificación

regulación, es deber de los prestadores y los entes territoriales suscribirlos en el marco de la autonomía de las partes contratantes y la falta de celebración de estos contratos o convenios no sirve de justificación ante un eventual incumplimiento de la Ley en relación con dichas transferencias.

El articulo 368 de la Constitución señala que l a Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas pueden conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas.

Respecto de la forma de subsidiar, el artículo 99 de la Ley 142 de 1994, consagra lo siguiente:

“ARTÍCULO 99 FORMA DE SUBSIDIAR. Las entidades señala das en el artículo 368 de la Constitución Política podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos de acuerdo a las siguientes reglas: (…)

99.8. Cuando los Concejos creen los fondos de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos y autoricen el pago de subsidios a través de las empresas, pero con desembolsos de los recursos que manejen las tesorerías municipales, la transferencia de recursos se hará en un plazo de 30 días, contados desde la misma fecha en que se expida la factura a cargo del municipio. Para asegurar la transferencia, las empresas firmarán contratos con el municipio. (…)”

Por lo anterior, la celebración de los contratos o convenios para garantizar la transferencia de recursos destinados al otorgamiento de subsidios, constituye una obligación constitucional y legal, a cargo de las entidades territoriales y los prestadores del servicio público domiciliario.

Por lo anterior, la celebración de los contratos o convenios para garantizar la transferencia de recursos destinados al otorgamiento de subsidios, constituye una obligación constitucional y legal, a cargo de las entidades territoriales y los prestadores del servicio público domiciliario.

Ahora bien, el artículo 2.3.4.1.2.11 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, reiter ó la previsión contenida en el numeral 99.8. del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, que permite inferir que la suscripción de los contratos o convenios -como se denominan algunos en la práctica-, para asegurar la transferencia de recursos con el fin de otorgar subsidios, surge de una obligación legal y tiene por fi nalidad latransferencia de dichos recursos. Este tipo de negocio jurídico es una modalidad especial no tipificada, ni en el derecho público ni en el privado, por lo que su operatividad corresponde a la entera autonomía de las partes.

Sobre la suscripción de los convenios o contratos de esta naturaleza, ni los municipios o distritos ni los prestadores, no pueden excusarse en la inexistencia de tales acuerdos contractuales, para incumplir sus obligaciones constitucionales y legales tendientes a efectuar el giro de recursos presupuestales y el consecuente otorgamiento de subsidios, puesto que tales recursos se encuentran constitucionalmente protegidos y destinados a un fin específico, razón por la cual, si los recursos han sido apropiados por el municipio o el distrito y el prestador a través de una cuenta de cobro o una factura, le solicita el giro de estos recursos, es procedente la entrega de los mismos, aunque no se hubiere suscrito el convenio referido. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.

estos recursos, es procedente la entrega de los mismos, aunque no se hubiere suscrito el convenio referido. Lo anterior, sin perjuicio de las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.

Por lo anterior estos contratos son una modalidad especial que no se encuentra tipificada en el derecho público ni en el derecho privado. Por lo tanto, las reglas aplicables están sujetos a la autonomía de las partes que lo suscriben. En ese sentido, es preciso indicar que al ser un contrato privado que escapa a la regulación de los servicios públicos, la Superservicios no es la autoridad competente para señalar si este tipo de convenios debe o no liquidarse o surtir este procedimiento.

De otro lado, el Decreto 565 de 1996, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos del orden departamental, municipal y distrital para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, señala en su artículo 3º lo siguiente:

“(…) Artículo 3 . Objeto del subsidio. Podrá ser objeto del subsidio, la facturación correspondiente al valor del consumo básico de los beneficiarios del subsidio y los costos económicos para garantizar la disponibilidad permanente del servicio. Igualmente, los cargos por aportes de conexión domiciliaria, incluyendo la acometida y el medidor de los estratos 1, 2 y 3 podrán ser subsidiados (artículo 97 de la Ley 142 de 1994).

(…)

Artículo 6. Criterios de asignación. El Alcalde municipal o distrital o el Gobernador, según sea el caso, definirán los criterios con los cuales deberán asignarse los recursos destinados a

(…)

Artículo 6. Criterios de asignación. El Alcalde municipal o distrital o el Gobernador, según sea el caso, definirán los criterios con los cuales deberán asignarse los recursos destinados a sufragar los subsidios, en concordancia con lo establecido por la Ley 142 de 1994 y por este Decreto. (subraya la Sala)

Por lo anterior, es claro que la Ley le otorga directamente facultades a los alcaldes, por ende no necesitan de autorización del concejo para ejercerlas , pues en lo concerniente a los subsidios en materia de servicios públicos, este cuenta con dicha facultad.

 ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA FACULTAR AL ALCALDE MUNICIPAL.Al respecto el Consejo de Estado hizo el siguiente estudio3:

“MARCO NORMATIVO DE LA FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATOS POR LOS

ALCALDES. AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. LÍMITES.

En relación con el tema contractual a cargo de los alcaldes municipales y la autorización que debe provenir de los respectivos concejos, la Constitución Política en sus artículos 313 y siguientes, establece lo siguiente:

“[…] ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas.

3. AUTORIZAR AL ALCALDE PARA CELEBRAR CONTRATOS y ejercer pro tempore precisas funciones DE LAS QUE CORRESPONDEN al Concejo.

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.

3. AUTORIZAR AL ALCALDE PARA CELEBRAR CONTRATOS y ejercer pro tempore precisas funciones DE LAS QUE CORRESPONDEN al Concejo.

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupue sto de rentas y gastos.

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos p úblicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. […]”

ARTICULO 314. En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio. […]

ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

1ª) […]

3ª) Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo

[…] 9ª. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. […] (Subrayado, mayúsculas y negritas fuera de texto).

En lo que corresponde sobre el tema materia de debate, la Ley 80 de 19936, estatuye lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 11. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR LICITACIONES O CONCURSOS Y PARA CELEBRAR CONTRATOS ESTATALES. En las entidades estatales a

que se refiere el artículo 2°8:

1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos9 y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso.

que se refiere el artículo 2°8:

1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones o concursos9 y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el caso. 2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, el President e de la República. 3o. Tienen competencia para celebrar contratos a nombre de la entidad respectiva:

a. Los ministros del despacho, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, el Presidente de la Cámara de Representantes, los Presidentes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, y el Registrador Nacional del Estado Civil.

b. A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los alcaldes municipales y de los distritos capital y especiales, los contralores departamentales, distritales y municipales, y

3 CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 50001 -23-31-000-2010-00548-01. Actor: JOSE CA MILO CIFUENTES MUÑOZ Demandado: MUNICIPIO DE INÍRIDA – CONCEJO MUNICIPAL Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD.los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, los

territorios indígenas y las asociaciones de municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.

c. Los representantes legales de las entidades descentralizadas en todos los órdenes y niveles.

Por su parte, el artículo 32 de la Ley 136, dispone:

“[…] ARTICULO 32°. ATRIBUCIONES: Además de las funciones que se le señalen en la Constitución y la ley, SON ATRIBUCIONES DE LOS CONCEJOS las siguientes:

1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del gobernador respectivo.

2. Exigir los informes escritos o citar a los secretarios de la alcaldía, directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas municipales, al Contralor al personero, así como cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, para que en sesión ordinaria haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del municipio.

3. REGLAMENTAR LA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA CONTRATAR, SEÑALANDO

LOS CASOS EN QUE REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONCEJO.

4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales algunas funciones administrativas distintas de las que dispone esta Ley.

5. Determinar las áreas urbanas y suburbanas de la cabecera municipal y demás centros poblados de importancia, fijando el respectivo perímetro urbano.

6. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

7. Establecer, reform ar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de

poblados de importancia, fijando el respectivo perímetro urbano.

6. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios.

7. Establecer, reform ar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley.

8. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural.

9. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento.

10. Dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación.

PARÁGRAFO 1: Los concej os municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los municipios pueden otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del artículo 13, 46 y 368 de la Constitución Nacional. PARÁGRAFO 2: Aquéllas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya señalado si a competencia corresponde a los Alcaldes o los Concejos, se entenderá asignada a estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la Ley. PARÁGRAFO 3: A través de las facultades concedidas en el numeral siete, no se autoriza a los municipios para gravar las rentas que el sector exportador haga al exterior […]”. (Subrayado, mayúsculas y negritas fuera de texto).

De las normas transcritas se tiene que la autorización que le confirió la Ley 80 a los Alcaldes, debe interpretarse armónicamente con las atribuciones constitucionales que le fueron conferidas a los concejos y alcaldes, en las que se colige de la posibilidad de autorización por

debe interpretarse armónicamente con las atribuciones constitucionales que le fueron conferidas a los concejos y alcaldes, en las que se colige de la posibilidad de autorización por parte del cabildo para el alcalde en el ejercicio de la contratación; sin embargo, esta no puede entenderse como supeditada a toda la contratación que esté a cargo de los alcaldes.

A tal conclusión se arriba en virtud de las precisiones que sobre el particular realizó la Corte Constitucional en la sentencia C -738 de 200112 al examinar y declarar exequible el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 136, respecto de la función de los concejos de autorizar al Alcalde para contratar, de cara a la atribución const itucional conferida en el numeral 3° del artículo 313 Superior. Sobre el particular se puntualizó:

“[…] Sin embargo, debe advertir esta Corporación que la atribución otorgada en la norma bajo estudio, siendo como es una función administrativa, sólo podrá ser ejercida por los Concejos con el alcance y las limitaciones propias de su naturaleza. Así, cualquier reglamentación efectuada por dichas Corporaciones, debe ser respetuosa del ámbito reservado constitucionalmente al Legislador, por lo cual no puede en trar a establecer procedimientos de selección, normas generales aplicables a los contratos, etc., puesto que ello forma parte del núcleo propio del Estatuto de Contratación. Igualmente, al constituir estafunción una manifestación de la colaboración armónica que, en virtud del artículo 116 Superior, debe existir entre los distintos órganos del Estado -tanto entre los pertenecientes a una misma rama del poder público, como entre las distintas ramas -, a ella es aplicable lo dispuesto por

debe existir entre los distintos órganos del Estado -tanto entre los pertenecientes a una misma rama del poder público, como entre las distintas ramas -, a ella es aplicable lo dispuesto por esta Corte en cuanto al tema de las leyes de autorizaciones, en virtud de las cuales podrá el Congreso autorizar al Ejecutivo para contratar (art. 150-9, C.P.). En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta lo que se estableció en la sentencia C-466/97, en los siguientes términos:

“La introducción del concepto de ley de autorizaciones en la Carta de 1991 corresponde a una tradición constitucional, pues el artículo 76 numeral 11 de la Constitución de 1886 otorgaba al Congreso la facultad para conceder autorizaciones al Gobiern o para la celebración de contratos, como quiera que la creación de vínculos jurídicos individuales siempre se han considerado como asuntos propios de la mecánica de ejecución de programas gubernamentales, por lo cual son asuntos de la naturaleza administra tiva del gobierno. Por consiguiente, la ley de autorizaciones se ha entendido como el beneplácito legislativo para que el Gobierno ejerza una función propia dentro de su ámbito constitucional. Por lo tanto, el ejercicio mismo de la actividad contractual es una actividad privativa del Gobierno, que debe contar con la aprobación del Congreso, como manifestación del ejercicio coordinado y armónico de la función pública.

(...) De lo anteriormente expuesto se colige que, frente a la facultad para celebrar contratos creadores de situaciones jurídicas concretas, la Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule jurídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la Carta no autoriza que el Legislador le impong a al Ejecutivo la

creadores de situaciones jurídicas concretas, la Constitución faculta al Legislador para que permita al Gobierno que se vincule jurídicamente y por ende se obligue en el campo contractual. Sin embargo, la Carta no autoriza que el Legislador le impong a al Ejecutivo la celebración de un contrato específico, pues la autorización del Congreso está sometida a la realización de un acto de naturaleza administrativa. Por lo tanto, los artículos impugnados transgreden la Constitución”.

El anterior razonamiento es aplicable, mutatis mutandi, a las autorizaciones que los concejos municipales otorgan a los alcaldes para contratar, y por lo mismo, a la reglamentación que sobre el particular expidan tales Corporaciones, en ejercicio de lo dispuesto en la norma acusada. Por lo mismo, NO PODRÁN LOS CONCEJOS, SO PRETEXTO DE REGLAMENTAR EL TEMA DE LAS AUTORIZACIONES, EXTRALIMITARSE EN SUS ATRIBUCIONES E INTERVENIR SOBRE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PROPIAMENTE DICHA; dirección que corresponde al alcalde, en tanto jefe de la acción administrativa del municipio, de conformidad con el artículo 315 -3 de la Carta. En otras palabras, la reglamentación que expidan estas corporaciones deberá limitarse a trazar las reglas aplicables al acto concreto y específico mediante el cual el concejo autoriza al alcalde para contratar, señalando los casos en que es necesario, sin entrar a regular aspectos como la selección de los contratistas, los contratos específicos a realizar, etc.

Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipale s que, en tanto función administrativa, la atribución que les confiere la norma que se analiza debe ser ejercida en forma

específicos a realizar, etc.

Asimismo, deberán tener en cuenta los concejos municipale s que, en tanto función administrativa, la atribución que les confiere la norma que se analiza debe ser ejercida en forma razonable y proporcionada, respetando lo dispuesto en el artículo 209 constitucional; Y QUE NO SE PUEDE INTERPRETAR DICHA NORMA EN FOR MA TAL QUE SE OBLIGUE AL ALCALDE A SOLICITAR AUTORIZACIONES DEL CONCEJO EN TODOS LOS CASOS EN QUE VAYA A CONTRATAR, sino únicamente en los que tal corporación disponga, en forma razonable, mediante un reglamento que se atenga a la Carta Política.

Debe resaltarse, por último que, contrario a lo que presupone la argumentación del actor, lejos de ser un límite a la autonomía municipal, el régimen previsto por la Ley 80 de 1993 está construido sobre la base de la autonomía de las entidades estatales en materi a contractual, tanto que otorga a ciertas entidades y dependencias que no cuentan con personería jurídica, una capacidad especial de contratación y puedan gestionar mejor los aspectos que a ellas atañen. Para la Corte, igual sucede con la norm