TA VAL - Sentencia 76001-23-33-000-2025-00062-00 (19-03-2025)

República de Colombia Rama Judicial

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

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Santiago de Cali, diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

RADICACIÓN NO. 76001-23-33-000-2025-00062-00

MEDIO DE CONTROL: REVISIÓN ACUERDO MUNICIPAL

DEMANDANTE: GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA1

ACTO DEMANDADO: ACUERDO No. 024 DE 19 DE DICIEMBRE DE 20242,

EXPEDIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE

CANDELARIA.3

TEMA: CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO

CON BIENES DE USO PÚBLICO

DECISIÓN: DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACUERDO.

SENTENCIA No: 40

MAGISTRADO PONENTE: EDUARDO ANTONIO LUBO BARROS

1. OBJETO

Decide la Sala en única instancia la solicitud de invalidez del Acuerdo No. 0 24 del 19 de diciembre de 202 4, “POR MEDIO DEL CUAL SE

AUTORIZA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE PARA

CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, CONSTITUIR UN

PATRIMONIO AUTONOMO Y TRANSFERIR A TITULO GRATUITO AL PATRIMONIO AUTONOMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” , expedido por el Concejo Municipal de Candelaria.

2. ANTECEDENTES

2.1. Demanda. (Anexo 001)

2.1.2. Hechos:

por el Concejo Municipal de Candelaria.

2. ANTECEDENTES

2.1. Demanda. (Anexo 001)

2.1.2. Hechos:

La Gobernación del Valle del Cauca fundamenta la solicitud de revisión de Acuerdo municipal en los siguientes hechos:

1 njudiciales@valledelcauca.gov.co ; garciapatinomarthalucia@yahoo.es; dfpalaciosr@valledelcauca.gov.co; dfpalaciosr@gmail.com 2 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 011 DE AGOSTO 31 DE 2021, QUE MODIFICÓ EL ACUERDO No. 010 DE MAYO 30 DE 2020 QUE ADOPTÓ EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ‘ULLOA CORAZÓN DEL EJE CON IDENTIDAD Y GESTIÓN 2020 -2023’ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 3 buzon_notificaciones_judiciales@candelaria-valle.gov.co; concejo@candelaria-valle.gov.co; personeria@candelaria-valle.gov.co; buzon_notificaciones_judiciales@candelaria-valle.gov.co;Sentencia de Única Instancia. Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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1. El Concejo Municipal de Candelaria, Valle del Cauca, mediante el Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , “POR MEDIO DEL

CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE

CANDELARIA VALLE PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDUCIA

Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , “POR MEDIO DEL

CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE

CANDELARIA VALLE PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDUCIA

MERCANTIL, CONSTITUIR UN PATRIMONIO AUTONOMO Y TRANSFERIR A TITULO GRATUITO AL PATRIMONIO AUTONOMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, el cual le otorgó facultades a la Alcaldesa de Candelaria para celebrar un contrato de fiducia mercantil, constituir un patrimonio autónomo y transferir a ese patrimonio autónomo un conjunto de bienes de titularidad pública, los cuales considera la Gobernación del Valle del Cauca que tienen naturaleza de bienes de uso público . Entre los anexos del acuerdo objeto de revisión obran la constancia de presentación con exposición de motivos, constancia de debates, constancia de sanción por parte de la Alcaldesa Municipal , constancias de publicación del acuerdo, certificado de impacto fiscal, concepto de viabilidad técnica de planeación, y concepto jurídico.

2. El Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , fue debatido , discutido y aprobado en diferentes fechas así: primer debate el 13 de diciembre de 202 4 y segundo debate el 19 de diciembre de 2024, siendo sancionado por la Alcaldesa el mismo día del 19 de diciembre de 2024.

3. El día 19 de diciembre de 2024 , se publicó el Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , en la cartelera de la Personería Municipal y en la página web del municipio, estando publicado

3. El día 19 de diciembre de 2024 , se publicó el Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , en la cartelera de la Personería Municipal y en la página web del municipio, estando publicado en la cartelera hasta el 26 de diciembre de 2024.

4. El día 27 de diciembre de 2024 , se radicó ante la ventanilla única del Departamento del Valle del Cauca el Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024, bajo el radicado No. 2024053778.

5. En uso de sus facultades constitucionales (Art. 305, num. 10, CPN) y legales (Art. 119 Decreto 1333 de 1986) , la Gobernación del Valle del Cauca encontró razones jurídicas que hacen el acuerdo objeto de revisión contrario a preceptos también constitucionales y legales.

2.2.2. Pretensión

La Gobernación del Valle del Cauca pretende a través del actual medio de control, la revisión de la validez integral del Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, CONSTITUIR UN PATRIMONIO AUTONOMO Y TRANSFERIR A TITULO GRATUITO AL PATRIMONIOSentencia de Única Instancia. Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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AUTONOMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” , expedido por el Concejo de Candelaria, dado que se expidió con infracción de las normas en que debe fundarse.

2.3. Normas violadas y concepto de la violación

2.3.1. Normas violadas

Considera la apoderada de la Gobernación del Valle del Cauca que el Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , expedido por el Concejo de Candelaria, vulnera las siguientes normas:

• Constitución Política, artículos 63, 313 y 355 • Ley 8 de 1989 • Decreto 1077 de 2015 • Ley 1537 de 2012 • Decreto 1333 de 1986, artículos 92 y 167.

2.3.2. Concepto de la violación

• VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA POR AUTORIZAR LA ENAJENACIÓN DE BIENES DE USO

PÚBLICO.

La Gobernación del Valle del Cauca inicia por indicar que, según el artículo 2 parcial del Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , se autorizó a la Alcaldesa Municipal para transferir a título gratuito , al patrimonio autónomo que también se le autorizó constituir, los siguientes bienes:

Observándose que con ello se estarían vulnerando disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que clasifican los bienes de

patrimonio autónomo que también se le autorizó constituir, los siguientes bienes:

Observándose que con ello se estarían vulnerando disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que clasifican los bienes de uso público (como lo son las vías, andenes y zonas verdes) y que proscriben su enajenación.

Lo anterior, toda vez que, al autorizar el Co ncejo Municipal a la Alcaldesa para transferir a título gratuito al patrimonio autónomo los inmuebles que hacen parte del proyecto de vivienda “PORTAL DEL INGENIO”, hasta ese punto act uó dentro de un marco legal ; pero, en cambio, en lo que respecta a la autorización para transferir alSentencia de Única Instancia. Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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patrimonio autónomo los derechos de propiedad de inmuebles que corresponden a andenes, vías y zonas verdes, con e llo se desconoció la prohibición expresa del artículo 63 de la Constitución Política, que establece que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Ante ello, considera que el acuerdo sometido a revisión, en la parte que autoriza la transferencia a título gratuito de un listado de bienes correspondientes a vías, andenes y zonas verdes , a un patrimonio

Ante ello, considera que el acuerdo sometido a revisión, en la parte que autoriza la transferencia a título gratuito de un listado de bienes correspondientes a vías, andenes y zonas verdes , a un patrimonio autónomo, viola el mandato constitucional y las normas legales y reglamentarias que regulan la clasificación de los bienes que conforman el espacio público y la prohibición de su enajenación.

2.4. Trámite procesal

La demanda fue presentada el día 28 de enero de 202 5, se admitió mediante Auto No. 026 del 30 de enero de 2025, impartiendo el trámite señalado en el numeral 2 del artículo 151 del CPACA y el Decreto 1333 de 1986.

2.5. Intervención–(Artículo 121 del Decreto 1333 de 1986)-

Durante el término de fijación en lista la ciudadanía no intervino para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del Acuerdo No. No. 024 del 19 de diciembre de 2024 4. En cuanto a los entes territoriales, efectuaron pronunciamiento la Gobernación del Valle y el Municipio de Candelaria; la Agente del Ministerio Público delegada ante esta Corporación no emitió concepto.5

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

Es competente este Tribunal para resolver en única instancia el asunto de la referencia de conformidad con lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 151 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de observaciones formuladas por la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, acerca de

artículo 151 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por tratarse de observaciones formuladas por la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, acerca de

4 Constancia Secretarial, Archivo No. 013 Expediente digital. 5 Constancia secretarial, Archivo No. 013 Expediente digital. 6 “2. De las observaciones que formulen los gobernadores de los departamentos acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones a los proyectos de ordenanzas, por los mismos motivos.” 7 Artículo 151. Competencia de los tribunales administrativos en única instancia . <Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 2080 de 2021. Consultar régimen de vigencia y transición normativa en el artículo 86. Los tribunales administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: (…)Sentencia de Única Instancia. Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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la constitucionalidad y legalidad de un acuerdo municipal, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 119 8 del Decreto 1333 de 19869.

3.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe declarar la invalidez del Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , “POR MEDIO DEL CUAL SE

AUTORIZA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE PARA

CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, CONSTITUIR UN

AUTORIZA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE PARA

CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, CONSTITUIR UN

PATRIMONIO AUTONOMO Y TRANSFERIR A TITULO GRATUITO AL PATRIMONIO AUTONOMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” por vulnerar el acuerdo las normas que regulan la clasificación de los bienes de uso público y la prohibición de su enajenación.

3.3. Tesis

La Sala de Decisión declarará la invalidez parcial del Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , expedido por el Concejo Municipal de Candelaria, toda vez que el mentado acuerdo en una parte de su artículo 2° autoriza a la Alcaldesa para la enajenación de un grupo bienes que el mismo Municipio ha determinado como de uso público , por lo que no es viable su enajenación.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La facultad de objeción de los actos de los Concejos municipales y los alcaldes se encuentra establecida en el numeral 10 del artículo 305 10 de la Constitución Política y los artículos 11811 y 119 12 del Decreto 1333 de 1986.

Ahora bien, a través de este mecanismo procesal se asigna al gobernador, el deber de revisar los acuerdos de los concejos y decreto s de su jurisdicción , y de encontrar que estos vulneran la Constitución

8 Artículo 119. Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya

8 Artículo 119. Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez. 9 Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal 10 Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: (…)

10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez. 11 “Articulo 118. Son atribuciones del Gobernador: 8a. Revisar los actos de los Concejos Municipales y de los alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez (Artículo 194, ordinal 8o., de la Constitución Política).” 12 “Articulo 119. Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.”Sentencia de Única Instancia.

Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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Política, la Ley y las ordenanzas, debe enviarlos al Tribunal Administrativo para que decida sobre su validez, cuya decisión hace tránsito a cosa

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Política, la Ley y las ordenanzas, debe enviarlos al Tribunal Administrativo para que decida sobre su validez, cuya decisión hace tránsito a cosa juzgada, respecto de las disposiciones objeto de estudio en la sentencia.

En ejercicio de dichas facultades la Gobernación del Valle del Cauca, dispuso remitir a esta Corporación el Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 13, expedido por el Concejo del Municipio de Candelaria, para que se decida sobre su validez.

4.1. Oportunidad presentación revisión de Acuerdo

En cuanto a la oportunidad para solicitar a la Jurisdicción Contencios o Administrativa la revisión de Acuerdos encontramos el artículo 119 14 del Decreto 1333 de 1986, por el medio del cual se reguló el término con el que cuenta el Gobernador para realizar la solicitud de revisión , otorgándole a dicha autoridad competente los 20 días siguientes a la fecha en que recibe el acuerdo para que solicite al respectivo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que decida sobre su validez.

En el presente caso tenemos que el Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 , expedido por el Concejo Municipal de Candelaria, se r adicó ante a la Gobernación del Valle del Cauca, el día 27 de diciembre de 202715, es decir, que el término de 20 16 días para enviar al Tribunal el Acuerdo para su revisión legal y constitucional , vencía el 07 de febrero de 2025, por tanto, al haberse radicado la demanda ante la oficina de apoyo judicial el día 28 de enero de 202517, encontramos que la solicitud fue presentada en término.

de febrero de 2025, por tanto, al haberse radicado la demanda ante la oficina de apoyo judicial el día 28 de enero de 202517, encontramos que la solicitud fue presentada en término.

4.2. La autonomía de las entidades territoriales

De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales…”. Este precepto constitucional pone de presente la distribución y articulación de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Por su parte e l artículo 287 superior señala que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, atributo que conforme a esta misma

13 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL, CONSTITUIR UN PATRIMONIO AUTONOMO Y TRANSFERIR A TITULO GRATUITO AL PATRIMONIO AUTONOMO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 14 “Articulo 119. Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez.” 15 Archivo No. 006, Pág. 3, Cuaderno Principal, Expediente digital. 16 Artículo 119 del Decreto 1333 de 1986 17 Archivo No. 001, Cuaderno Tribunal, Expediente digital.Sentencia de Única Instancia.

15 Archivo No. 006, Pág. 3, Cuaderno Principal, Expediente digital. 16 Artículo 119 del Decreto 1333 de 1986 17 Archivo No. 001, Cuaderno Tribunal, Expediente digital.Sentencia de Única Instancia. Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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disposición se concreta en (i) la capacidad de gobernarse por autoridades propias, (ii) la potestad de ejercer las competencias que les correspondan; (iii) la facultad de administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y (iv) el derecho a participar en las rentas nacionales.

4.3. De los bienes de dominio público: bienes de uso público y los bienes fiscales

En cuanto a los bienes que son de titularidad o dominio público, la Corte Constitucional, ya desde el año 2003, en Sentencia C -183 de 2003 , realizó un preciso examen en cuanto a la naturaleza, clases y regulación de los mismos, véase:

“3. Los bienes de dominio público

3.1. La Constitución Política y la ley, reconocen dos clases de dominio sobre los bienes: el dominio privado y el dominio público.

El primero de ellos, esto es, el dominio privado puede ser: individual como lo establece el artículo 58 superior, en el cual se garantiza la propiedad privada, la cual concibe con una función social que implica obligaciones, “y los demás derechos adquiridos” conforme a las leyes

como lo establece el artículo 58 superior, en el cual se garantiza la propiedad privada, la cual concibe con una función social que implica obligaciones, “y los demás derechos adquiridos” conforme a las leyes civiles, que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores ; y, la colectiva, a la que hacen referencia los artículos 329 y 55 transitorio de la Carta, con las limitaciones que establecen los artículos citados en relación con su posibilidad de enajenación. Así, el artículo 329 superior, dispone que “[l]os resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”, y el artículo 55 transitorio ídem, se ocupa de los bienes baldíos de las zonas rurales ribereñas de las Cuencas del Pacífico, y dispone que la propiedad reconocida sobre ellos a las comunidades negras “sólo será enajenable en los términos que señale la ley”. Este dominio privado, se encuentra regulado por el régimen jurídico que rige las relaciones entre particulares.

El dominio público, por el contrario, y sin entrar en las diferentes tesis que origina la formulación de un criterio para determinar lo que es el dominio público, asunto que ha sido esbozado en varias sentencias proferidas por esta Corporación, lo constituye “el conjunto de bienes que la administración afecta al uso directo de la comunidad o que lo utiliza para servir a la sociedad ”. En esta categoría se encuentran los bienes fiscales, definidos en el artículo 674 del Código Civil como “[l]os bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión, o bienes fiscales”, denominados también bienes patrimoniales del Estado o de las entidades territoriales sobre los

de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión, o bienes fiscales”, denominados también bienes patrimoniales del Estado o de las entidades territoriales sobre los cuales se tiene una propiedad ordinaria sometida a las normas generales del derecho común.

Los bienes fiscales o patrimoniales se encuentran destinados a la prestación de servicios públicos que la administración utiliza de formaSentencia de Única Instancia. Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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inmediata, como por ejemplo los edificios en que funcionan las oficinas públicas. Dentro de esta clase de bienes, también se encuentra lo que se denomina bienes fiscales adjudicables, que son aquellos que la Nación puede traspasar a los particulares que cumplan con las exigencias establecidas en la ley, como es el caso de los bienes baldíos.

Ahora, los bienes de uso público propiamente dicho, que pueden ser por naturaleza o por el destino jurídico, se caracterizan por pertenecer al Estado o a otros entes estatales, estar destinados al uso común de todos los habitantes, y por encontrarse fuera del comercio, ser imprescriptibles e inembargables. Están definidos en la ley como aquellos que “su uso pertenece a todos los habitantes de un Territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión o de uso público o bienes públicos del Territorio” (art. 674 C.C.). (…) El artículo 1 de la Constitución Política, establece que Colombia es un

plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión o de uso público o bienes públicos del Territorio” (art. 674 C.C.). (…) El artículo 1 de la Constitución Política, establece que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general. Ello se traduce en la búsqueda de una mejor calidad de vida de las personas, así como en el reconocimiento y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ello, la Constitución en el artículo 82 establece como un deber del Estado velar por la “protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, a fin de asegurar el acceso de todas las personas, el disfrute y utilización de los espacios públicos.

El artículo 5 de la Ley 9 de 1989, ampliando conceptualmente la idea de espacio público concebida en la legislación civil, lo define en los siguientes términos:

“Entiéndese por Espacio Público el conjunto de inmuebles y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Así, constituyen el Espacio Público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva; para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías,

la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva; para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo”.Sentencia de Única Instancia. Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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Este concepto de espacio público que trae el artículo 5 de la Ley 9 de 1999, complementa el contenido en el Decreto Ley 2324 de 1984, artículo 166, que establece como bienes de uso público “Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo

artículo 166, que establece como bienes de uso público “Las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo y el subsuelo”.

La Constitución Política, establece en el artículo 82 como se señalo, el deber del Estado de velar por la integridad del espacio público y su destinación al uso común el cual prevalece sobre el interés particular. Por su parte, el artículo 63 de la Carta, dispone que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardos, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley , son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Inalienables, pues como se dijo se encuentran por fuera del comercio, por lo tanto no pueden ser objeto de actos jurídicos que impliquen tradición o pérdida de la finalidad del bien; inembargables, característica que se desprende de la anterior, como quiera que se trata de bienes que no pueden ser objeto de embargos, secuestros, o en general cualquier medida de ejecución judicial que tienda a restringir el uso directo o indirecto el bien; e, imprescriptibles, esto es, que no son susceptibles de usucapión.

Por otra parte, el artículo 102 de la Constitución dispone que “El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la

susceptibles de usucapión.

Por otra parte, el artículo 102 de la Constitución dispone que “El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación”, y el artículo 101 ídem, en sus incisos tercero y cuarto, establece que forman parte de Colombia “además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

“También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”.

3.3. En relación con lo anterior, cabe advertir que la vocación de los bienes de uso público es su utilización y disfrute colectivo en forma libre, sin perjuicio de las restricciones que en beneficio del grupo social mismo, puedan ser impuestas por parte de las autoridades competentes, de ahí su carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables que les otorga el artículo 63 de la Carta. Con todo, no resulta contrario a la Constitución que sobre los bienes de uso público se permita un uso especial o diferente, por parte de la Administración, a través del otorgamiento de concesiones o permisos de ocupación temporal, sin que por ello se transmute el carácter de público de esa clase de bienes. Es decir, que el otorgamiento de esa concesión o permiso para un usoSentencia de Única Instancia.

otorgamiento de concesiones o permisos de ocupación temporal, sin que por ello se transmute el carácter de público de esa clase de bienes. Es decir, que el otorgamiento de esa concesión o permiso para un usoSentencia de Única Instancia. Radicación No. 76001-23-33-000-2025-00062-00 Revisión de Acuerdo No. 024 del 19 de diciembre de 2024 - Concejo Municipal de Candelaria.

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especial en bienes de uso público por parte de los particulares, no implica la conformación de derechos subjetivos respecto de ellos, por cuanto la situación que se deriva del permiso o de la concesión es precaria, en el sentido de que son esencialmente temporales y por lo tanto revocables o rescindibles en cualquier momento por razones de interés general.

En ese orden de ideas se tiene que cuando bienes de uso público de la Nación, sean puestos en manos de particulares, no puede ser por “cualquier razón”, como lo contempla el numeral 3 del artículo 6 de la Ley 768 de 2002, sino únicamente en virtud de autorización de autoridad competente en la forma establecida en la ley. En efecto, el Decreto 2811 de 1974 o Código de Recursos Naturales, establece los “modos de adquirir derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio público”, a través de permisos y concesiones temporales, como se dispone en el Título V del citado Decreto. Por otra parte, el Decreto 2324 de 1984, establece en el artículo 169 que la Dirección General Marítima y Portuaria podrá otorgar concesiones para uso y goce de las playas marítimas y de los terrenos de bajamar, previo el cumplimiento de los

de 1984, establece en el artículo 169 que la Dirección General Marítima y Portuaria podrá otorgar concesiones para uso y goce de las playas marítimas y de los terrenos de bajamar, previo el cumplimiento de los requisitos que señala esa norma. Así mismo, el artículo 175 consagra dentro de los requisitos exigidos para autorizar el permiso, que al vencimiento del término para el cual se concede, se “reviertan a la Nación las construcciones” y, se obliga al interesado a comprometerse a “reconocer que el permiso no afecta el derecho de dom