TA VAL - Sentencia 76001-23-33-000-2025-00077-00 (12-02-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA

Santiago de Cali, doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

ANTECEDENTES:

El señor Carlos Giraldo Ospina, actuando en representación de los condueños del predio denominado Parque de los Giraldo ubicado en el municipio de Jamundí, Valle, en ejercicio de la acción de tutela, demanda1 al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali, en orden a la protección de su s derechos fundamentales al “debido proceso y acceso a la justicia”.

En consecuencia, solicita que se ordene: “…Revocar los Autos 0011 y 23 de 2025 del J10 Administrativo por estar soportados en falsa motivación, falsa motivación verificable con el escrito de demanda y con el acervo probatorio. 2. En consecuencia, ordenar a la señora jueza accionada admitir la acción impetrada y darle el curso de ley…(sic)”.

Los HECHOS, expuestos por la parte actora dada su particularidad se extraen textualmente del libelo petitorio:

1 Registro SAMAI del 31/01/2025 índice No. 0003. https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600123330002 02500077007600123

Expediente: 76001-23-33-000-2025-00077-00

Acción: TUTELA

Tutelante CARLOS GIRALDO OSPINA

carlosgiraldo26@hotmail.com Tutelado Juzgado 21 Administrativo de Cali

Expediente: 76001-23-33-000-2025-00077-00

Acción: TUTELA

Tutelante CARLOS GIRALDO OSPINA

carlosgiraldo26@hotmail.com Tutelado Juzgado 21 Administrativo de Cali Adm21cali@cendoj.ramajudicial.gov.co Asunto: Derechos fundamentales al “debido proceso y acceso a la justicia”2 Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-00

2

HECHOS, AUTO 029

1. El accionado, en auto 029, dice: " ... Teniendo en cuenta lo anterior, se revisaron los documentos aportados con la demanda sin encontrar la solicitud o pedimento que constituya la renuencia al cumplimiento de los artículos 732 y 734 del Estatuto Tributario Nacional, por parte de la entidad accionada.

La imagen visible en la página 2 del archivo No. 0004 del expediente digital, se encuentra petición formulada ante la accionada en el siguiente sentido: REFERENCIA: Norma con fuerza material de ley; Articulo 732, 734 ETN Acto Ficto: Recurso de reconsideración: Radicado el 18/10/2023 contra Resolución 40 - 1079 CARLOS GIRALDO OSPINA, ( ... ), me permito REITERAR solicitud a su despacho a fin de que den cumplimiento al deber referido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo relativo a DECLARAR LA CONFIGURACIÓN DEL

SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE LA

REFERENCIA.

Peticiono proceder a expedir los actos administrativos congruentes con el recurso de reconsideración radicado el 18/10/2023 (ACTO FICTO) en materia tributaria, deber consagrado en el artículo 734 del ETN. La presente solicitud se realiza dado que su oficina no dio respuesta dentro del plazo estipulado en el articulo 732 del ETN y tampoco se ha dignado expedir de oficio los actos administrativos congruentes. 1.1. A la autoridad administrativa NO se le hace solicitud de renuencia, se le pide que declare la configuración del SAP y proceda en consecuencia. 1.2. Ahora bien, la solicitud inicial de declarar la configuración del silencio administrativo positivo data del 21/10/2024 sin que la demandada haya dado respuesta alguna al respecto, HA TRANSCURRIDO UNA ETERNIDAD, la ley dispone que pasados 10 días de silencio entonces se configura la renuencia de la autoridad. carlos giraldo Para Mi6 18/10/2023 9:08 AM secretaria.hacienda@jamundi.g ... carlos giraldo

RECURSO DE RECONSIDERA. 208 KB Para Lun 21/10/2024 8:00 AM

secretaria.hacienda@jamundi.g ...

PETITORIO ESAP.pdf

175 KB V 2 1.3. A la demandada, SIN AMENAZA DE CONSTITUIRLA EN RENUENCIA, se le reitero solicitud de cumplir con lo ordenado en el artículo 734 del ETN, ha guardado silencio por otra eternidad; por lo visto el juez accionado desconoce lo

ordenado en la Ley 393 de 1997 acerca de los diez días de silencio para constituir a la demandada en renuencia. En otras palabras, el accionado debió revisar los documentos aportados con la demanda y las normas que es su deber conocer para proceder a emitir autos que cumplan con los hechos y con las normas al mismo tiempo: NO LO HIZO Y EMITIÓ DOS AUTOS IMPROCEDENTES carlos giraldo

Para: Jue 19/12/2024 8:00 AM

secretaria.hacienda@jamundi.g. contactenos@jamundi.gov.co Alcaldia de Jamundi

Para: Usted Vie 20/12/2024 1:49 PM

ACTO FICTO, PETICIÓN DE D ..

Se le informa que en nuestro software de correspondencia se ha registrado la siguiente solicitud cuyo asunto es: "PETITORIO DE DECLARACION DEL SAP" El número de radicado es 2024-E-35868, con el cual podrá hacer seguimiento a su trámite. En el auto 029, manifiesta el accionado: "Visto lo anterior, encuentra el Despacho que en el presente asunto i) la parte actora no acreditó a cabalidad el cumplimiento del requisito de procedibilidad de constitución de renuncia de las autoridades respecto de las cuales pretende el cumplimiento de las normas procuradas y (ii) en el libelo demandatorio tampoco se alega la ocurrencia de un perjuicio irremediable que permitiera obviar la acreditación del requisito de procedibilidad." 3.1. Leído lo anterior, encuentra el suscripto en el presente asunto: i) el juez accionado

produjo Auto 029 soportado en falsa motivación, ello porque a la autoridad no se le amenaza, sino que se le solicita cumplir con la ley, el ciudadano de a pie NO EXIGE RENUNCIA, ni pide certificar renuencia, la demandada debe probar que no ha sido renuente y ii) en el libelo de rechazo de la acción de cumplimiento no se cumplieron los requisitos para tal rechazo, ello porque el accionante probó plenamente la renuencia. 3.2. La ocurrencia de un perjuicio irremediable es una opción excepcional para prescindir del requisito de probar la renuencia, visto que el accionante probó la renuencia entonces no es exigible el mentado requisito.

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, AUTO 029

1. La acción de tutela procede por alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-003 Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-00

TRÁMITE:

Mediante Auto de fecha 31 de enero de 20252, se avocó el conocimiento de la presente Acción de Tutela, disponiendo notificar al Despacho accionado, concediéndole un término de dos (2) días hábiles, para que ejercieran su derecho a la defensa y contradicción.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA

2 Índice No. 0005.4

de dos (2) días hábiles, para que ejercieran su derecho a la defensa y contradicción.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA

2 Índice No. 0005.4 Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-00 El Juzgado accionado en su defensa3, se remitió, “a los argumentos expuestos en el auto No. 029 del 17 de enero de 2025, “pues allí quedaron plasmados los elementos y razones de hecho y de derecho que llevaron a este Juzgador a tomar la decisión que hoy motiva esta acción de tutela.” Para lo cual compartió el e nlace digital del proceso radicado bajo la partida # 76001333302120250000700.4

CONSIDERACIONES:

1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer de la acción de tutela en referencia, según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5º del artículo Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2. Problema Jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el presente instrumento constitucional resulta procedente para el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor , habida cuenta de los supuestos fácticos narrados en su escrito tutelar? En caso positivo, se estudiará la viabilidad de las pretensiones perseguidas en el libelo.

2.1. Metodología de la Decisión

Para arribar a la decisión requerida, la Sala, seguirá el siguiente derrotero: i) La jurisprudencia sobre la acción de tutela contra providencias judiciales. ii) Relacionará los

2.1. Metodología de la Decisión

Para arribar a la decisión requerida, la Sala, seguirá el siguiente derrotero: i) La jurisprudencia sobre la acción de tutela contra providencias judiciales. ii) Relacionará los hechos que se encuentren acreditados en el proceso, acorde con los medios de prueba obrantes en el plenario, iii) Estudiará el caso concreto, a efectos de analizar si hay lugar o no a ordenar la protección judicial deprecada.

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso.5

El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado6, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la dignidad humana.

Por su parte, el artículo 229 ibídem determinó que la administración de justicia no es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de naturaleza

3 Índice No. 0009. 4https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333021202500007007600133 5 Cfr. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección B Consejero Ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 24 de abril de 2024. Referencia: Tutela Radicación: 11001 -03-15-000-2024-0122400. 6 Artículo 2 de la Constitución Política5

Enrique Bedoya Escobar, sentencia del 24 de abril de 2024. Referencia: Tutela Radicación: 11001 -03-15-000-2024-0122400. 6 Artículo 2 de la Constitución Política5 Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-00 subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos los habitantes del país.

Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional7:

“… Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.

(…)

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursospara la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de

derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursospara la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso…”.

En tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las partes, como el debido proceso.

En consonancia con lo analizado, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a un debido proceso, el cual es de obligatorio acatamiento en toda actuación judicial y administrativa; por lo que nadie puede ser “juzgado” o afectado en sus intereses sin la “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

actuación judicial y administrativa; por lo que nadie puede ser “juzgado” o afectado en sus intereses sin la “observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Nadie puede ver afectados sus derechos o intereses sin el previo ejercicio de las garantías a la defensa y contradicción, sin importar la calidad del sujeto que le asista de cara a la respectiva actuación, ya sea administrativa o judicial, pues, en definitiva, los estatutos procesales prevén el procedimiento a seguir respecto de cada uno de ellos, ya sea frente a los directamente interesados o aquellos que, sin serlo, puedan ver afectados sus intereses con los efectos de las decisiones que finalmente se adopten.

En tal sentido se refirió la Corte Constitucional en sentencia C-341 de 20148, al señalar:

7 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño 8 MP Mauricio González Cuervo. Sentencia que decide la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 (parcial) de la Ley 1437 de 2011.6 Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-00 “…La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener

de las garantías del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la leal tad de todas las demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas…”.

siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas…”.

3.2. La procedencia excepcional de la acción tutela contra providencias judiciales

Ha indicado la Corte Constitucional9, que el artículo 86 superior, establece que toda persona puede utilizar la acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción y omisión de cualquier autoridad pública”. Según ello el texto de este artículo no contempla salvedades que limiten la procedencia de la acción de tutela contra dichas autoridades. Por tanto, si los jueces son autoridades públicas 10, puede entenderse que la acción de tutela también procede contra sus decisiones.

De acuerdo con reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corte Constitucional11, por regla general, el recurso de amparo no es procedente contra las decisiones de los jueces. No obstante, ha señalado la misma Corte que la acción d e tutela puede proceder excepcionalmente frente a “ vías de hecho judicial ” o “actuaciones arbitrarias imputables al funcionario judicial que desconozcan o amenacen derechos fundamentales”12.

En esta línea, en la Sentencia C -590 de 2005, la Sala Plena de la Corte Constitucional sistematizó los requisitos de procedencia de la tutela cuando la amenaza o violación de los derechos proviene de una decisión judicial. Este fallo diferenció entre “requisitos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo una vez interpuesto”13. Los requisitos generales son presupuestos

general que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo una vez interpuesto”13. Los requisitos generales son presupuestos

9 Corte Constitucional Sentencia SU128/21 10 Las autoridades públicas son “todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares. Los jueces son autoridades públicas, puesto que ejercen jurisdicción, es decir, administran justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución y de la Ley”. Corte Constitucional, Sentencia T -501 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 11 Corte constitucional Sentencia C -543 de 1992 12 Al respecto, dijo la Corte: “Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (…). Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente

figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tute la (…)”. Corte Constitucional, Sentencia C -543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”( Corte Constitucional Sentencia SU128/21) 13 Corte Constitucional, Sentencia C -590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.7 Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-00 cuyo completo cumplimiento es una condición indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento, mientras que los requisitos específicos corresponden, puntualmente, a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.14

En esa sentencia significó la Corte Constitucional que, “para que una decisión judicial pueda ser revisada en sede de tutela es necesario que previamente cumpla con los siguient es requisitos generales de procedencia:” 15

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. Razón por la cual, constituye un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, al asumirse la acción de tut ela como un mecanismo de protección alternativo, se vaciaría de competencias a las distintas autoridades judiciales y se concentrarían indebidamente en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a estas jurisdicciones.

c. Que se cumpl a el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, al permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, puesto que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en v irtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”16

También señala la jurisprudencia en cita que, una vez verificado el cumplimiento integral de los requisitos generales, la procedencia del amparo contra una decisión judicial depende de que la misma haya incurrido en al menos una de las siguientes causales específicas:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

14 Cfr. Corte Constitucional Sentencia SU128/21

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

14 Cfr. Corte Constitucional Sentencia SU128/21 15 Entre otras, las sentencias, SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU 068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU -184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU -073 de 202 0, M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 16 Corte Constitucional, Sentencia C -590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.8 Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-00 d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado

1. Violación directa de la Constitución.”17

3.3. El requisito de relevancia constitucional. “Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando es utilizada para reabrir un debate legal”

En esa línea, l a Corte Constitucional ha señalado que es indispensable verificar en cada caso concreto que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias 18. En este sentido, ha establecido que la relevancia constitucional tiene tres finalidades primordiales19: i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales; y, por último, iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido tres criterios de análisis para determinar si una acción de tutela tiene relevancia constitucional20: i) la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico21;ii) el caso debe

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido tres criterios de análisis para determinar si una acción de tutela tiene relevancia constitucional20: i) la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal o económico21;ii) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. En ese orden de ideas, la tutela en contra de una providencia judicial exige valorar si la decisión se fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial y que derive la trasgresión de las garantías básicas del derecho al debido proceso. Solo de esta forma se garantiza “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales como de los de las demás jurisdicciones”22.

4.- Caso concreto

En el sub-júdice, el actor pretende la salvaguarda de sus derechos fundamentales al “debido proceso y acceso a la justicia ”, los cuales considera conculcados por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali ; con ocasión a las actuaciones judiciales proferidas

17 Ibidem. 18 Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021. 19 Ver, entre otras, las sentencias SU -387 de 2022, SU-134 de 2022, SU-128 de 2021, SU-573 de 2019 y SU-439 de 2017. 20 Sentencia SU-573 de 2019. 21 Así, la Corte ha considerado que un asunto carece de relevancia constitucional “cuando la discusión se limite a la simple

20 Sentencia SU-573 de 2019. 21 Así, la Corte ha considerado que un asunto carece de relevancia constitucional “cuando la discusión se limite a la simple determinación de aspectos legales de un derecho” (Sentencia SU -128 de 2021). 22 Sentencias T-137 de 2017 y SU-128 de 2021.9 Expediente Radicado No. 76001-23-33-000-2025-00077-00 dent