TA VAL - Sentencia 76001-23-33-000-2025-00096-00 (28-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO No. 76001-23-33-000-2025-00096-00

DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

njudiciales@valledelcauca.gov.co dfpalacios@valledelcauca.gov.co gapalacios@valledelcauca.gov.co

DEMANDADO: MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE (V)

contactenos@bugalagrande-valle.gov.co ventanillaunica@bugalagrande-valle.gov.co juridico@bugalagrande-valle.gov.co NORMA: Acuerdo No. 15 del 19 de diciembre de 2024

MINISTERIO PÚBLICO: soguzman@procuraduria.gov.co

MEDIO DE CONTROL: REVISIÓN DE ACUERDO

Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO

Santiago de Cali (V), veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Procede la Sala a resolver sobre la validez del acuerdo No. 15 del 19 de diciembre de 2024, expedido por el concejo de Bugalagrande (V), “ por medio del cual se hacen ajustes al plan de desarrollo 2024 -2027” “trabajemos por Bugalagrande y se dictan otras disposiciones ”, cuya revisión fue solicitada por el Departamento del Valle del Cauca de conformidad con el Decreto 1333 de 1986.

ANTECEDENTES

LA SOLICITUD

El Departamento del Valle del Cauca de conformidad con el Decreto 1333 de 1986, solicitó la revisión del

ANTECEDENTES

LA SOLICITUD

El Departamento del Valle del Cauca de conformidad con el Decreto 1333 de 1986, solicitó la revisión del acuerdo No. 15 del 19 de diciembre de 2024 , expedido por el concejo de Bugalagrande (V), “por medio del cual se hacen ajustes al plan de desarrollo 2024 -2027” “trabajemos por Bugalagrande y se dictan otras disposiciones”, con fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. Que el Concejo municipal del municipio de Bugalagrande (V), profirió el acuerdo No. 15 del 19 de diciembre de 2024, expedido por el concejo de Bugalagrande (V), “por medio del cual se hacenajustes al plan de desarrollo 2024 -2027” “trabajemos por Bugalagrande y se dictan otras disposiciones”.

2. Que revisado el Acto Administrativo y sus documentos soporte, de conformidad con la facultad constitucional y legal que le asiste a la Gobernadora contenida en el artículo 305 numeral 10 de la Constitución Política y el artículo 119 del Decreto 1333 de 1986, se encontraron razones jurídicas que lo hacen contrario a disposiciones constitucionales y legales, así:

CARGOS

 VULNERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO, EL CUAL APLICA PARA SUS MODIFICACIONES.

Sostuvo que el Acuerdo No. 15 del 19 de diciembre de 2024, realizó modificaciones a la parte estratégica del plan de desarrollo originalmente adoptado por el Concejo Municipal de Bugalagrandé, modificando metas de producto, por lo que el trámite que debió surtirse para la aprobación de las modificaciones es

del plan de desarrollo originalmente adoptado por el Concejo Municipal de Bugalagrandé, modificando metas de producto, por lo que el trámite que debió surtirse para la aprobación de las modificaciones es el trámite inicial de aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, el cual no se surtió, a saber; el Consejo de Gobierno, el Consejo Territorial de Planeación, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, y la consulta a la ciudadanía.

 FALTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO, EL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN Y LA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA.

Señaló que los numerales 3º 4º, 5º y 6º del articulo 39 de la Ley 52 de 1992, consagran el procedimiento para la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo el cual se debe realizar para las modificaciones, sin que se haya surtido el tramite de la remisión integra del proyecto de modificación del plan de desarrollo ante el Consejo de Gobierno, el Consejo Territorial de Planeación y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC, así como tampoco se emitió ningún concepto por parte de la entidad, tal y como lo indica el artículo 3º del Decreto 1865 de 1994.

 AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE MODIFICACIÓN DEL

PLAN DE DESARROLLO.

Indicó que tampoco no obra como prueba la existencia de ningún mecanismo de participación ciudadana en el cual se le diera a conocer a la comunidad del municipio de Bugalagrande, la presentación de las modificaciones al plan de desarrollo municipal por lo que se estaría vulnerando el principio general de

Indicó que tampoco no obra como prueba la existencia de ningún mecanismo de participación ciudadana en el cual se le diera a conocer a la comunidad del municipio de Bugalagrande, la presentación de las modificaciones al plan de desarrollo municipal por lo que se estaría vulnerando el principio general de participación contenido en el literal g del artículo 3º de la Ley 152 de 1994 en concordancia con el articulo 30 de la Ley 2056 de 2020, por lo que debió realizarse un cabildo abierto.CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 Municipio de Bugalagrande (V.) Guardó silencio.  Ministerio Público1

Solicitó que se declare la invalidez del acuerdo, ya que el Concejo municipal lo profirió sin previo concepto del Consejo Territorial de Planeación, como se requiere formalmente para este tipo de trámites, así como tampoco se surtió el proceso de democratización con la participación ciudadana como se debiere realizar con la adopción del plan de desarrollo de conformidad con la Ley 152 de 1994.

ACUERDO ACUSADO

El Acuerdo sometido a revisión es del siguiente tenor:

1 Ver índice 12 de samaiCONSIDERACIONES

Tramitado en debida forma el proceso, se proferirá la decisión que en Derecho corresponda, conforme al siguiente,

PROBLEMA JURÍDICO

Se contrae a establecer si el Acuerdo No. 15 del 19 de diciembre de 2024 que modificó el plan de desarrollo del municipio de Bugalagrande (V) es i nvalido por expedición irregular pues requería el concepto previo del Consejo de Gobierno, el Consejo Territorial de Planeación y la comunidad de

desarrollo del municipio de Bugalagrande (V) es i nvalido por expedición irregular pues requería el concepto previo del Consejo de Gobierno, el Consejo Territorial de Planeación y la comunidad de Bugalagrande conforme a los artículos 3 literal G y 39 numerales 5 y 6 de la Ley 152 de 1 994, y la intervención la Corporación Autónoma Regional (CVC) conforme al artículo 3 del Decreto 1865 de 1994.

Para resolver el anterior planteamiento, se desarrollarán los siguientes aspectos:

 DEL CONTROL DE VALIDEZ RESPECTO DE LOS ACUERDOS MUNICIPALESConstitucionalmente se ha otorgado a los Gobernadores Departamentales la facultad para revisar los Acuerdos Municipales y provocar el control judicial sobre su validez, cuando quiera que los considere inconstitucionales o ilegales, constituyendo ésta, una función propia de su investidura, consignada en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política.

Este tipo de control tiene un objeto similar al de la acción de nulidad simple; no obstante, se diferencian por las distintas fuentes normativas, en la medida que la primera, se define como un mecanismo de control de constitucionalidad y legalidad, y la segunda como una acción ordinaria jurisdiccional de tipo popular, que vela por el mantenimiento del orden jurídico en abstracto.

Frente a esta atribución en cabeza de los Gobernadores, la Corte Constitucional2 ha señalado:

“La facultad que le atribuyó el Constituyente a los Gobernadores, a través del numeral 10 del artículo 305 de la C.P., se traduce en un especial control de constitucionalidad y legalidad, que se radica en cabeza de esos funcionarios, facultad que se encuentra desarrollada de manera concreta

artículo 305 de la C.P., se traduce en un especial control de constitucionalidad y legalidad, que se radica en cabeza de esos funcionarios, facultad que se encuentra desarrollada de manera concreta en el artículo 119 del Decreto Ley 1333 de 1986, demandado por el actor, que establece que se ejerza por parte del Gobernador, en un término no superior a veinte días, sobre los actos que producen los Concejos Municipales, en ejercicio de las competencias que la Carta Política les reconoce a las autoridades de esas entidades territoriales, de las cuales se predica la autonomía para manejar sus propios asuntos.

Lo anterior por cuanto el control lo ejerce el Gobernador, el cual tiene funciones propias que emanan del ejercicio de la autonomía que a las entidades territoriales les reconoce expresamente la Carta de 1991. También porque dicho control se efectúa para garantizar el respeto a la Constitución y a la ley, lo cual desde luego repercute en beneficio de la persona descentralizada y evita excesos de la misma que afecten los intereses de los individuos, cuyo fundamento preciso está en el artículo 4º de la C. P.…

Se trata de un control excepcional, que se activa cuando el funcionario responsable del mismo, evidencia que el contenido del respectivo acto es contrario a la Constitución o a la ley, que como tal está expresamente consagrado en la mis ma Carta Política, en la cual se designa a los Gobernadores para efectuarlo, dejándole al legislador, tal como lo establece el numeral 23 del artículo 150 superior, la responsabilidad de expedir las normas que regirán el ejercicio de esa función pública. (…)

2 Sentencia C-869 de 1999.En efecto, el control de constitucionalidad del artículo 305 de la Carta Política, presenta las características

artículo 150 superior, la responsabilidad de expedir las normas que regirán el ejercicio de esa función pública. (…)

2 Sentencia C-869 de 1999.En efecto, el control de constitucionalidad del artículo 305 de la Carta Política, presenta las características de un ejercicio preventivo, que procede antes de entrar en vigencia el respectivo acto, precisamente para evitar que si es contrario a la Constitución y a la ley produzca efectos, aunque sea por un corto tiempo. Este mecanismo, prevé un agente intermedio, el Gobernador, entre el productor del acto, en el caso que nos ocupa el Concejo Distrital y el ente judicial al que le corresponde definir sobre su validez.

 LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

El Título XII de la Constitución, "Del régimen económico y de la hacienda pública", incluye el Capítulo II, "De los planes de desarrollo", el cual contiene el preciso mandato a la Nación y a las entidades territoriales de contar con planes de desarrollo que deberán elaborarse de manera concertada entre estas entidades, y con la participación de todos los órganos, organismos y entidades estatales y de la ciudadanía y sus organizaciones.

Tratándose del Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución fija las competencias de las autoridades nacionales; esboza el procedimiento de elaboración, discusión y aprobación; establece el Sistema Nacional de Planeación; se refiere a la s autoridades nacionales y territoriales responsables de la ejecución y evaluación; y ordena que mediante ley orgánica se reglamenten el procedimiento, los mecanismos de armonización y sujeción de los presupuestos oficiales a los planes de desarrollo, y la efectiva participación ciudadana en su discusión.

evaluación; y ordena que mediante ley orgánica se reglamenten el procedimiento, los mecanismos de armonización y sujeción de los presupuestos oficiales a los planes de desarrollo, y la efectiva participación ciudadana en su discusión.

El artículo 341 de la Carta asigna al Gobierno Nacional las funciones de (i) elaborar el proyecto, con la participación de autoridades y ciudadanos; (ii)someterlo al concepto del Consejo Nacional de Planeación y definir cuáles de sus recomendaciones incorpora al proyecto; (iii) presentarlo al Congreso de la República y dar visto bueno a las modificaciones que en los debates de esa Corporación sean propuest os; (iv) poner en vigencia el plan mediante decreto con fuerza de ley, si el Congreso no lo aprueba en el término improrrogable de tres meses.

Respecto de los planes de desarrollo territoriales, el inciso segundo del artículo 339 de la Carta contiene el mandato para las entidades territoriales de elaborar y adoptar sus planes de desarrollo, y hace explícito que el objeto de estos planes es "... asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley".

La norma en cita ordena que la elaboración y adopción de los planes territoriales se haga "de manera concertada" entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional; e incorpora la participación ciudadana a través de los consejos territoriales de planeación a los que se refiere el inciso tercero del artículo 340 superior.La Constitución también asigna a los gobernadores y alcaldes la iniciativa para la presentación de los proyectos de planes de desarrollo; y a las asamb leas departamentales y concejos, su adopción. En la Carta no se hallan otras menciones explícitas en torno a los planes de desarrollo territoriales, pero, el conjunto de

proyectos de planes de desarrollo; y a las asamb leas departamentales y concejos, su adopción. En la Carta no se hallan otras menciones explícitas en torno a los planes de desarrollo territoriales, pero, el conjunto de disposiciones sobre las entidades territoriales, define que su planeación se regula po r leyes orgánicas y estatutarias.

Por lo anterior, por expreso mandato de los artículos 151 y 342 de la Constitución, la elaboración y la aprobación o adopción de los planes de desarrollo territoriales son materia de reserva de una ley orgánica y siguiendo el mandato del artículo 342 constitucional, fue expedida la Ley 152 de 1994, "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo". Cuyo propósito se encuentra descrito en el artículo 1° así, "establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, e jecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo" y demás aspectos constitucionales sobre la planificación; y es aplicable a la Nación, a las entidades territoriales y a los organismos públicos de todo orden.

El artículo 39 ibidem contiene el procedimiento para la elaboración de estos instrumentos por parte de las entidades territoriales, que se sintetiza así:

• El Alcalde o Gobernador elegido debe impartir instrucciones para la elaboración del Plan de Desarrollo con base en su programa de gobierno, para lo cual todas las dependencias de la entidad, especialmente los organismos de planeación, deberán prestar todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario.

• El alcalde o Gobernador, directamente o a través de su secretario de Planeación o quien haga sus veces, presentará al Consejo de Gobierno el proyecto de plan, que a su vez, deberá consolidar dentro de

sea necesario.

• El alcalde o Gobernador, directamente o a través de su secretario de Planeación o quien haga sus veces, presentará al Consejo de Gobierno el proyecto de plan, que a su vez, deberá consolidar dentro de los 2 meses siguientes a la posesión del mandatario.

• De forma simultánea, la Administración Territorial deberá convocar a la constitución del CTP3, al que se presentará el proyecto consolidado a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la posesión del mandatario, para efectos de que rinda concepto en el plazo m áximo de 1 mes. Lo anterior deberá informarse concomitantemente a la corporación pública territorial.

• Dentro de los primeros 4 meses del respectivo periodo del Gobernador o Alcalde deberá enviar copia del proyecto a la respectiva corporación de elección popular, que debe decidir sobre la aprobación del Plan dentro del mes siguiente a su presentación.

Por lo anterior debe señalarse que las entidades territoriales en cabeza de los gobernadores o alcaldes tienen la obligación de elaborar los planes de des arrollo, así como las asambleas departamentales y concejos

3 Consejo Nacional de Planeaciónmunicipales deben adoptarlo y aprobarlo, con el fin garantizar que la administración territorial cuente con un plan que oriente, ordene y determine el gasto y la gestión pública , norma que prevé los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.

Dicha norma es clara en señalar en su artículo 40 que, toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo debe contar con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso,

desarrollo.

Dicha norma es clara en señalar en su artículo 40 que, toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo debe contar con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso, previsión que fue objeto de control constitucional en sentencia C-538 de 1998 siendo declarada exequible.

Los artículos 5 y 6 de la ley 152 de 1994 establece el contenido de los planes de desarrollo así:

Artículo 5. Contenido de la parte general del Plan. La parte general del plan contendrá lo siguiente:

a. Los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y grupos sociales;

b. Las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismo generales para lograrlos;

c. Las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido;

d. El señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas; y de aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas constitucionales vigentes.

Artículo 6.- Contenido del plan de inversiones. El plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional incluirá principalmente:

• La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con los planes de gasto público;

• La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de sus objetivos y

del orden nacional incluirá principalmente:

• La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con los planes de gasto público;

• La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de inversión;

• Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los co stos de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general;

• La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.

Parágrafo. - Adicionado por el art. 10. Ley 1473 de 2011

Artículo 7. Presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuestos plurianuales la proyección de los costos y fuent es de financiación de los principales programas y proyectos de inversión pública, cuando éstos requieran para su ejecución más de una vigencia fiscal.

Cuando en un sector o sectores de inversión pública se hubiere iniciado la ejecución de proyectos de la rgo plazo, antes de iniciarse otros, se procurará que los primeros tengan garantizada la financiación hasta su culminación.

Esta ley en su artículo 2° literal g) señala que la participación es uno de los principios que rige los procesos de planeación en el país.En el artículo 3o . señala como principio s generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación son: (...) g) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley.

Ahora bien, acorde con el principio de sustentabilidad ambiental, el artículo 3 del Decreto 1865 de 1994

efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley.

Ahora bien, acorde con el principio de sustentabilidad ambiental, el artículo 3 del Decreto 1865 de 1994 (compilado en el artículo 2.2.8.6.1.2 del Decreto 1076 de 2015) prescribe que para la armonización de la planificación en la gestión ambiental de los municipios se debe: (i) adelantar los procesos de preparación de los planes de desarrollo municipales, en lo relacionado con la gestión ambiental (numerales 1, 2 y 3 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994), con la asesoría de las corporaciones; (ii) simultáneamente con la presentación del proyecto del plan de desarrollo al consejo de gobierno o el que haga sus veces, enviar copia del proyecto a la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible con jurisdicción en la respectiva entidad territorial; (iii) realiza r la revisión técnica del plan de desarrollo, por parte de la Corporación, en un término no superior a 15 días, para constatar su armonización con los demás planes de la región y (iv) remitir el plan de desarrollo con el concepto respectivo al consejo de gobierno para que este lo considere y, a su vez, lo envíe al Consejo Territorial de Planeación que, en caso de que no acoja el concepto, lo remita a los concejos municipales para que lo analicen al momento de aprobar el plan.

De igual forma, la Corte Const itucional en sentencia C -015 de 1996, sostuvo que el Plan Nacional de Desarrollo puede ser objeto de modificaciones, ya que las partidas y recursos aprobados e incorporados en ellos pueden resultar inexactos con el transcurso del tiempo, lo que torna en necesaria su adaptación

Desarrollo puede ser objeto de modificaciones, ya que las partidas y recursos aprobados e incorporados en ellos pueden resultar inexactos con el transcurso del tiempo, lo que torna en necesaria su adaptación a las reales circunstancias que surjan en el respectivo período. Por ende, plantea que el Congreso tiene la competencia para introducir los cambios que estime pertinentes a través de una ley que cumpla con los requisitos de la inicial, de conformidad con la CP y la Ley Orgánica (Ley 152 de 1994), siempre que, de conformidad con el último inciso del artículo 341 de la CP, se mantenga el equilibrio financiero, pues «tal como han sido hechas las cosas deben deshacerse o modificarse».

La Corte Constitucional realiz ó el anterior análisis para describir la forma en que se modifica el Plan Nacional de Desarrollo, siguiendo los lineamientos de la CP y de la Ley 152 de 1994, pero se trata de un aspecto que también puede aplicarse a los planes d e desarrollo de las entidades territoriales, ya que, acorde con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica, en materia de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación se pueden aplicar, en cuanto sean compatibles, las mismas reglas previstas en dicha Ley para el Plan Nacional de Desarrollo.

Con respecto al papel de los Consejos Territoriales de Planeación frente al proceso de modificación de un plan de desarrollo, es importante tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C524 de 2003, que destaca que la función consultiva del Consejo Nacional de Planeación y de

los Consejos Territoriales de Planeación no se agota en la fase de discusión del Plan de Desarrollo; seextiende a las etapas subsiguientes en relación con la modificación de ellos. Entonces, ante la necesidad de modificar el Plan de Desarrollo de la entidad territorial, es necesario surtir el trámite de presentación del respectivo proyecto de ordenanza o de acuerdo, según sea el caso, al Consejo Territorial de Planeación y a la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, para que emitan su concepto sobre el particular.

Por lo anterior, de conformidad con lo prescrito por la Corte Constitucional, el Concejo tendrá la facultad de modificar el Plan de Desarrollo Municipal con un nuevo acuerdo que c umpla los requisitos fijados por la CP y la Ley 152 de 1994 para la expedición del acuerdo inicial.

 MODIFICACIONES A LOS PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES.

La modificación de los PDT, están reguladas dos eventos normativos específicos. El primer está previsto en la Ley Orgánica 152 de 1994 y se circunscribe a los supuestos generales de modificación de los PDT. Este a su vez, puede presentarse en dos momentos, a saber: i) modificaciones durante el proceso de aprobación del PDT, y ii) ajustes o modificacio nes del PDT durante su ejecución . En el caso de las modificaciones durante el proceso de aprobación del PDT, de conformidad con el artículo 40 ibidem en este lapso pueden surtirse cambios al proyecto de ordenanza o acuerdo presentado por el respectivo gobernador o alcalde y eso se encuentra supeditado a que las modificaciones que las corporaciones territoriales introduzcan a la iniciativa del PDT solo serán válidas cuando cuenten con la aceptación previa y por escrito del mandatario local o seccional, según el caso.

territoriales introduzcan a la iniciativa del PDT solo serán válidas cuando cuenten con la aceptación previa y por escrito del mandatario local o seccional, según el caso.

Ahora bien, respecto de las modificaciones o ajustes durante la ejecución del PDT, el Artículo 45 de la Ley 152 de 1994 sostiene que si durante este lapso (la vigencia del PDT) se expiden nuevos planes en las entidades territoriales del nivel más amplio, el alcalde o gobernador podrá presentar para la aprobación del concejo o la asamblea los ajustes que estime pertinentes a su plan plurianual con la finalidad de asegurar la consistencia entre los planes de desarrollo de los distintos niveles territoriales.

El segundo evento de modificación de los PDT, está contemplado en la Ley 2056 de 2020 y hace referencia a aquellos ejercicios d e planeación que adelantan las entidades territoriales beneficiarias de los recursos de las asignaciones directas, la asignación para la inversión local y la asignación para la inversión regional del sistema general de regalías.

Ahora bien, el parágrafo primero del artículo 30 de la referenciada ley autorizó la modificación del capítulo independiente de “inversiones con cargo a los recursos del SGR” del respectivo PDT únicamente cuando se cumplan e identifiquen nuevas necesidades con ocasión de eventos de caso fortuito y fuerza mayor, los cuales deberán ser comprobados y declarados. En este caso, resalta la norma, la modificación del PDT se adelantará a instancias de un Decreto del respectivo alcalde o gobernador. Para el presente casofortuito y fuerza mayor deberá ser entendido como aquel “imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”

De otro lado, es importante señalar que los PDT están conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo y además de los requisitos mencionados para modificar el PDT, la Ley Orgánica 152 de 19944 contempla una última limitación para los alcaldes o gobernadores, pues la modificación que pretenda realizar la autoridad administrativa seccional o local ante la asamblea o el concejo, deberá ser únicamente en lo que respecta al plan plurianual de inversiones, es decir, la norma no establece la posibili dad de ajustar la parte estratégica del PDT durante su entrada en vigencia y ejecución.

CASO CONCRETO

En ese orden de ideas, desde este instante se advierte que la revisión de validez del acuerdo No. 15 del 19 de diciembre de 2024 , expedido por el concejo de Bugalagrande (V), “por medio del cual se hacen ajustes al plan de desarrollo 2024-2027” “trabajemos por Bugalagrande y se dictan otras disposiciones”, se efectuará estrictamente respecto de los cargos que fueron propuestos por el Departamento del Valle del Cauca que son la vulneración del procedimiento para estudio y aprobación del plan de desarrollo, la falta de presentación del proyecto de modificación del plan de desarrollo ante el Consejo de Gobierno, el Consejo Territorial de Planeación y la CVC y la ausencia de participación ciudadana.

Ahora bien, el Departamento del Valle del Cauca sustenta la invalidez del acuerdo acusado en las siguientes inconformidades: i) realizó modificaciones a la parte estratégica del Plan de Desarrollo

Ahora bien, el Departamento del Valle del Cauca sustenta la invalidez del acuerdo acusado en las siguientes inconformidades: i) realizó modificaciones a la parte estratégica del Plan de Desarrollo originalmente adoptado por el Concejo Municipal de Bugalagrandé, modificando metas de producto por lo que el trámite que debió surtirse para la aprobación de las modificaciones es el trámite inicial de aprobación del Plan de Desarrollo Municipal : ii) No se tuvo en cuenta que el procedimiento para la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, es el mismo para las modificaciones por lo que tenía que realizarse la remisión del proyecto de modificación del plan de desarrollo ante el Consejo de Gobierno, el Consejo Territorial de Planeación y la Corporación Autónoma Regional del Valle del

4 Artículo 22.-Modificaciones por parte del Congreso. En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir modificaciones al Plan de Inversiones Públicas, siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Para las modificaciones o la inclusión de nuevos programas o proyectos de inversión, se requerirá aprobación por escrito del Gobierno Nacional por conducto del Ministro de Hacienda y Crédito Público. (Subrayado declarado EXEQUIBLE Sentencia C -094 de 1996 M.P. doctor Vladimiro Naranjo Mesa. No se incorpora a la obra). Cuando las modificaciones se produzcan en desarrollo de las sesiones plenarias, no será necesario que el proyecto retorne a las comisiones, pero se requerirá siempre la aprobación de la otra Cámara. En caso de que esta última no las apruebe, o le introduzca modificaciones, se nombra rá una comisión accidental

integrada po