TA VAL - Sentencia 76001-33-33-002-2021-00048-01 (06-03-2025)

Santiago de Cali, seis (06) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia nro. 47

RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2021-00048-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ACCIONANTE: HENRY LUCIO MOSQUERA Y OTROS

chrisanvt@hotmail.com colectivodeabogadosgbm@hotmail.com

ACCIONADO:

NACION - RAMA JUDICIAL

disajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co jur.novedades@fiscalia.gov.co luz.huertas@fiscalia.gov.co notificacionesjudiciales@cali.gov.co TEMA: Privación injusta de la libertad DECISIÓN: Confirma / niega pretensiones

MAGISTRADO PONENTE: Víctor Adolfo Hernández Díaz

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirma la sentencia de primera instancia . Los documentos que obran en el proceso no son suficientes, por sí mismos, para acreditar la antijuridicidad del daño alegado.

II. ANTECEDENTES

II.I La demanda y pretensiones

2. Los señores Henry Lucio Mosquera quien actúa a nombre propio y en representación de su hija menor Sammy Gabriela Lucio García, la señora Jennyfer Andrea Rendón, Alicia Mosquera Galindo y Marta Lucía Lucio Mosquera presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación para que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de las

Marta Lucía Lucio Mosquera presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación para que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de las demandadas por los perjuicios derivados de la presunta privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Henry Lucio Mosquera.

3. Como consecuencia, se condene a las entidades al pago de perjuicios morales y materiales a favor de cada uno de los demandantes.

II.II Hechos relevantes

4. El 19 de febrero de 2015 fue aprehendido el señor Henry Lucio Mosquera; el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua llevó a cabo las audiencias concentradas donde se legalizó su captura, formuló imputación por el presunto delito de acceso carnal abusivo con me nor de 14 años y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

5. El 28 de abril de 2015 la Fiscalía 115 Seccional de Dagua radicó escrito de acusación y el 05 de mayo de 2015 asumió conocimiento del proceso el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali.RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2021-00048-01

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6. El 26 de mayo de 2016 el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías revocó la medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata; la decisión fue apelada

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6. El 26 de mayo de 2016 el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías revocó la medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata; la decisión fue apelada por la Fiscalía y el 07 de julio de 2016 fue revocada por el Juzgado Primero Penal del Circuito con

Funciones de Conocimiento de Cali.

7. Luego que se adelantara todo el trámite procesal, el 18 de marzo de 2019 el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali resolvió absolver al señor L ucio Mosquera del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la cual quedó en firme porque no fue apelada.

8. El demandante estuvo privado injustamente de su libertad por el lapso comprendido entre el 19 de febrero de 2015 y el 26 de mayo de 2016, es decir un total de 15 meses y 7 días.

II.III Contestación de la demanda

9. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones.

10. En el expediente penal reposa la versión de la menor con relación a la comisión del punible que se le imputó al demandante, entre ellos el que relató ante el médico y funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien señaló “…la menor bajó la cara y empezó a lagrimear”, manifestando que se encontraba en ese lugar (Medicina Legal), por haber contado lo que pasó”.

11. De conformidad con lo estipulado en la Ley 1098 de 2006 –Código de Infancia y Adolescenciasi se encuentran involucrados los derechos de niños y/o adolescentes, es de obligatorio cumplimiento

11. De conformidad con lo estipulado en la Ley 1098 de 2006 –Código de Infancia y Adolescenciasi se encuentran involucrados los derechos de niños y/o adolescentes, es de obligatorio cumplimiento para el operador jurídico, no solo imponer la medida de aseguramiento sino negar cualquier subrogado penal que reemplace la detención preventiva intramural, por lo que no tiene sustento legal el reproche del demandante.

12. No se encuentra acreditada la antijuridicidad de las actuaciones de la entidad, lo que impide la declaratoria de responsabilidad bajo los lineamientos del artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 68 de la Ley 270 de 1996.

13. La imposición de la medida fue legal, la gravedad del delito que se imputó y los indicios por la denuncia de la menor de edad brindaron elementos al juez de control de garantías que sustentó en debida forma la imposición de la medida que solicitó la Fiscalía. Igualmente, se ajustó a los criterios de proporcionalidad y necesidad, por cuanto el hecho sí existió y las pruebas comprometían al demandante.

14. Propuso las excepciones de i) causales eximentes de responsabilidad, ii) inexistencia de nexo de causalidad entre actuaciones realizadas por la Rama Judicial y la producción del daño, iii) culpa exclusiva de la víctima, iv) inexistencia de perjuicios o indebida acreditación de perjuicios materiales y la v) innominada.

15. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

16. La entidad obró con diligencia en todo el trámite procesal de la investigación penal que se adelantó por el delito acceso carnal abusivo con menor de 14 años en contra del demandante, No puede

16. La entidad obró con diligencia en todo el trámite procesal de la investigación penal que se adelantó por el delito acceso carnal abusivo con menor de 14 años en contra del demandante, No puede afirmarse que la detención fue injusta, pues se denunciaron unos hechos reprochables contra un menor de edad, sujeto de especial protección por su condición de vulnerabilidad.

17. La Ley 1098 de 2006 en su artículo 192 dispuso la prohibición de otorgar beneficios a los imputados por delitos contra menores de edad, los entes investigadores y los encargados de ejercer la función de control de garantías se ven obligados a ponderar la protección de los intereses del menor y a la vez procurar las garantías del procesado.RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2021-00048-01

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18. La medida privativa de la libertad no fue injusta, estaba fundada en pruebas que fueron legalmente aportadas a la investigación y con ella no se vulneró ninguno derecho fundamental, pues la providencia que la declaró se ajustó a las exigencias de forma y fondo que prevé la ley penal, como quiera que se encontraba plenamente acreditaba la materialización del hecho.

19. El Juzgado Veinte Penal d el Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali no declaró que el hecho no existió o que el señor Lucio Mosquera no lo cometió, sino que las pruebas no alcanzaron a dar el conocimiento más allá de toda duda razonable a cerca del delito y de la responsabi lidad del

hecho no existió o que el señor Lucio Mosquera no lo cometió, sino que las pruebas no alcanzaron a dar el conocimiento más allá de toda duda razonable a cerca del delito y de la responsabi lidad del procesado.

20. Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) ausencia del daño antijurídico e imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación, iii) inexistencia de falla del servicio, iv) inexistencia del nexo de causalidad y v) genérica.

II.IV Sentencia de primera instancia

21. El juzgado negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

“(…) En este punto se debe precisar que en el expediente no obra copia de la providencia que decretó la medida de aseguramiento en contra de HENRY LUCIO MOSQUERA. También es importante aclarar que se demandó dicho acto, como la causa efectiva de la privación injusta de la libertad de HENRY LUCIO MOSQUERA, pues no podría ser de otra manera. Se debe aclarar que conforme lo establecido en el Auto Interlocutorio No. 1452 del 24/11/2022 proferido en audiencia inicial , se decidió no decretar prueba de manera oficiosa, al Centro de Servicios para que enviase copia de las diligencias (audio y video) de imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión que fue proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Dagua, puesto que la presente demanda fue radicada en el año 2021, es decir, ya no estando en vigencia el estado del arte ante rior, sino, el régimen de responsabilidad subjetivo, establecido en la Sentencia proferida por el Consejo de Estado No. 46.947

radicada en el año 2021, es decir, ya no estando en vigencia el estado del arte ante rior, sino, el régimen de responsabilidad subjetivo, establecido en la Sentencia proferida por el Consejo de Estado No. 46.947 del 2018, con la cual se modificaron los fundamentos para declarar la responsabilidad de la Fiscalía General y la Rama Judicial p or eventos de privaciones de la libertad; ya que en la demanda, además de no haberse aportado estas pruebas, sólo se solicitó decretar prueba testimonial del señor HENRY LUCIO MOSQUERA (CC. 94.421.940), MARTHA LUCIO MOSQUERA (CC. 66.887.792), CARLOS ANDRÉS BUSTAMANTE (CC. 1.088.291.974), misma que fue negada. En ese orden de ideas, y ante la carencia del medio de prueba, no se puede asegurar sí en efecto la providencia en cuestión estuvo inmersa en un error judicial.

En definitiva, no resulta procedente qu e este Despacho estudie, en este proceso contencioso administrativo, la medida de aseguramiento que se le impuso al demandante pues (i) no se aportó la providencia en cuestión, o los audios librados dentro del proceso penal. En conclusión, no habiendo probado quien tenía la carga (arts. 167, ley 1564 y 103, inciso final, ley 1437) que la imposición de la medida cautelar fue inapropiada, irrazonable, no conforme a derecho y abiertamente arbitraria (C-037 de 1996), negaré las pretensiones de la demanda.”

II.V Recurso de apelación

22. La parte demandante apeló.

23. El juez de instancia vulneró el principio de congruencia porque no resolvió el problema jurídico

1996), negaré las pretensiones de la demanda.”

II.V Recurso de apelación

22. La parte demandante apeló.

23. El juez de instancia vulneró el principio de congruencia porque no resolvió el problema jurídico que se fijó en audiencia inicial, el cual no ponía en duda la existencia o no de una privación injusta de la libertad, por el contrario, daba por sentado que e xistió y centró la Litis en establecer si como consecuencia de la misma había responsabilidad de las demandadas para el pago de los perjuicios.

24. El argumento bajo el cual niega las pretensiones de la demanda se aleja de los principios rectores de la administración de justicia e incluso de los fines esenciales del estado, pues el legislador le otorgó en el Código General del Proceso el deber de emplear los poderes en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes.

25. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia.RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2021-00048-01

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Pág. 4 de 10 II.VI Actuaciones en segunda instancia

26. A través de auto nro. 237 del 06 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación.

27. La Fiscalía General de la Nación allegó escrito donde solicitó mantener incólume la sentencia proferida en primera instancia, toda vez que la entidad surtió la actuación penal de conformidad con la constitución y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales vigentes para la época de

27. La Fiscalía General de la Nación allegó escrito donde solicitó mantener incólume la sentencia proferida en primera instancia, toda vez que la entidad surtió la actuación penal de conformidad con la constitución y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales vigentes para la época de los hechos, máxime que se trata de un delito contra una menor de edad.

28. La Nación – Rama Judicial presentó escrito de alegatos en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. No se logró probar la antijuridicidad del daño alegado porque dicha carga probatoria fue omitida por la parte actora.

29. El hecho de que la Fiscalía General de la Nación, no haya probado su teoría del caso y haya solicitado la preclusión no da cuenta de la existencia de responsabilidad administrativo y patrimonial a cargo de esta entidad, para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento, no se exige ningún nivel de certeza, el que sí se exige para proferir sentencia condenatoria, por eso para esa etapa inicial se trata de elementos materiales de prueba o de conocimiento, posteriormente son pruebas.

30. El Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

III.I Presupuestos Procesales

31. Competencia y cuantía. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación debido a su cuantía y naturaleza porque el trámite del asunto correspondía en primera instancia a los Jueces

Administrativos del Circuito Judicial de Cali.

III.II Problema Jurídico a resolver

32. ¿La privación de la libertad que soportó el demandante configuró un daño antijurídico?

III.III Tesis de la Sala

Administrativos del Circuito Judicial de Cali.

III.II Problema Jurídico a resolver

32. ¿La privación de la libertad que soportó el demandante configuró un daño antijurídico?

III.III Tesis de la Sala

33. Se confirmará la sentencia de primera instancia. Los documentos que obran en el proceso no son suficientes, por sí mismos, para acreditar la antijuridicidad del daño alegado por los demandantes.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

IV.I Régimen de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad

34. La libertad se cuenta entre los bienes más preciados sobre los que se funda toda organización política contemporánea, cuya vigencia y ejercicio pleno posibilita el despliegue de los demás derechos reconocidos por el orden jurídico.

35. En una primera etapa, el Consejo de Estado consideró que en la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la Libertad debía aplicarse el régimen de falla del servicio, esto es, que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, constitutiva de un error judicial.

36. Posteriormente, consideró que la carga probatoria del actor, relativa a demostrar el carácter “injusto” de la detención o el “error de la autoridad judicial” debía restringirse a casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 donde e l propio legislador calificaba como injusta la detención.RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2021-00048-01

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como injusta la detención.RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2021-00048-01

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37. Una tercera postura sostuvo que se puede configurar la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria pese a que en la restricción de la libertad se hayan cumplido con todas las exigencias legales.

38. Lo anterior porque según esa postura se entendía que la privación era un acto desproporcionado, inequitativo y rompía con las cargas públicas que una persona debía sop ortar especialmente por comprometer el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.

39. La Corte Constitucional expresó en Sentencia SU - 072 de 2018 que el régimen objetivo de responsabilidad del Estado es de carácter residual y por tanto sólo se aplica en aquellos eventos donde el régimen subjetivo no es suficiente para resolver la controversia y agregó que en los casos de privación injusta de la libertad el estudio implica profundizar en un análisis que permita precisamente determinar si la privación de la libertad fue injusta o no

1 .

40. Finalmente, en sentencia SU-363 de 2021 la Corte Constitucional se pronunció nuevamente sobre el tema. Reiteró que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida

2 .

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el tema. Reiteró que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida 2 .

1 “(…) el artículo 90 de la Constitución no establece un título de imputación específico, lo cual es aceptado por la jurisprude ncia constitucional en otras oportunidades y el Consejo de Estado. Por ejemplo, en la sentencia C -043 de 2004 se advierte un punto de inflexión, dadas algunas afirmaciones en relación con la aceptación, en principio, de un sistema de responsabilidad objetivo cuando se juzga al Estado; sin embargo, esa inflexión, no es definitiva porque se conserva la idea de que el Estado genera perjuicios aún por actuaciones irregulares, con lo cual se mantiene abierta la entrada a un sistema de falla del servicio. (…) 100. De otro lado, la sentencia SU-443 de 2016 complementa la idea de que los antecedentes jurisprudenciales sobre la responsabilidad del Estado no han sido restrictivos, esto es, en ellos no se ha establecido de manera imperativa un régimen de responsabilidad del Estad o; por el contrario, han establecido la posibilidad de definir el sistema de responsabilidad que mejor convenga a una determinada situación.

101. Ahora bien, el Consejo de Estado ha acudido a una fórmula en aras de ofrecerle consistencia jurídica a los asuntos que se someten a su consideración cuando su génesis lo es la privación injusta de la libertad y en esa tarea ha señalado que es posible aplicar un sistema de responsabilidad objetivo o uno de

falla del servicio (…). Ha establecido esa alta Corporación que en cuatro eventos de absolución, cuales son a saber: (i) que el hecho no existió; (ii) el sindicado no lo cometió; (iii) la conducta no constituía hecho punible; o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia –principio in dubio pro reodebe acudirse a un título de imputación objetivo que está dado por la figura del daño especial. (…) 102. (…) En el caso d e la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos prem isas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho (…)

121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunc ión de inocencia – aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un

si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996. (…) 124. Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima e s un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa (…) 2

Resolvió: “DEJAR EN FIRME la sentencia de reemplazo proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) (dentro del proceso 2011 -00235 01 (46.947)), en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado en fallo de tutela del quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).” De la síntesis de la mentada providencia se extractan los siguientes apartes relevantes: “F. Síntesis y decisiones por adoptar (…) Respecto del régimen de imputación, la Sala Plena recordó lo señalado en la sentencia SU-072 de 2018 y manifestó que la responsabilidad del Estado se deduce de tres elementos esenciales, a saber: a) el daño; b) la antijuridicidad de éste y; c) su producción a partir de una a ctuación u omisión estatal.

Asimismo, indicó que el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad se desarrolla en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia. Además, manifestó que la SU -072 de 2018 dejó claro que, en relac ión con la privación injusta de la libertad,

105. Esta Corporación [Corte Constitucional] comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica - es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

2

201. En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado, la Sala consideró importante fijar una regla en torno a cómo debe interpretarse ese concepto. Para ello, la Corte señaló, entre otras, las siguientes consideraciones.

202. En primer lugar, indicó que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es n ecesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida. En ese sentido, no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva por el hecho de privar a una persona de su libertad precautelativa mente, y luego ordenar su

libertad, sino que es necesario revisar, si la medida fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada o si, como lo indicó la sentencia SU-072 de 2018, el hecho objeto de la investigación no existió o si la conducta era objetivamente atípica.RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2021-00048-01

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41. En este contexto, para determinar si la privación de la libertad fue injusta o no, debe abordarse cada caso concreto y a partir de los medios probatorios analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño y la conducta procesal de la víctima para descartar su exposición al mismo

3 .

42. Ahora bien, la Ley 906 de 2004 en su artículo 308, exige para imponer una detención preventiva, una inferencia razonable (probabilidad o verosimilitud) sobre la autoría o participación de la conducta delictiva por la que se investiga, mientras que su art. 7 sube el estándar de prueba para condenar, siendo necesario para ello, contar c on convencimiento más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad penal.

43. Además, la detención preventiva como medida cautelar en el proceso penal tiene unas finalidades o requisitos: (i) ser necesaria para evitar que el imputado obstruya la justicia, (ii) proteger a la sociedad o a la víctima cuando aquél constituya un peligro o (iii) garantizar su comparecencia al proceso, cuyo

o requisitos: (i) ser necesaria para evitar que el imputado obstruya la justicia, (ii) proteger a la sociedad o a la víctima cuando aquél constituya un peligro o (iii) garantizar su comparecencia al proceso, cuyo análisis es propio de esa etapa inicial del proceso.

203. Posteriormente, advirtió que cuando se impone el análisis de la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, en un proceso de reparación directa, este debe respetar los principios del debido proceso, particularmente, sus componentes de presunción de inocencia y respeto al juez natural. Esto significa, en términos concretos, que el juez de la responsabilidad del Estado no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal, al ser de reserva del juez ordinario —penal—. Desconocer esa configurac ión implicaría, por una parte, reabrir el debate sobre circunstancias fácticas y elementos probatorios que ya fueron evaluados por dicho juez (el juez natural); y, por otra parte, implicaría tratar de nuevo a quien fue procesado penalmente, ahora en el pro ceso administrativo, como sospechoso, así como la aplicación de un criterio peligrosista que compromete de nuevo la presunción de inocencia, situaciones proscritas a la luz de la Constitución Política de 1991.

204. La Corte Constitucional puntualizó, además, que la determinación de la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 2 . El supuesto fáctico contemplado en dicha norma es la culpa grave o el dolo de la víctima, que no corresponden a los hechos

sumariados en lo penal, sino a una conducta con incidencia procesal directa, necesaria y determinante, que tenga efecto durante la tramitación del proceso, por la cual se reemplaza la decisión del juez como causa material del daño (privación de la libertad), en tendiéndose que esta es la propia conducta de la víctima, que indujo, provocó o determinó la privación de la libertad. Este supuesto se apoya, a su vez, en la interpretación de esta Corporación, según la cual, todo ciudadano tiene el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95 -7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de int erés y compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de la Rama Judicial.

205. A partir de estas consideraciones, la Sala Plena estableció que la culpa exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega dentro de la actuación penal y no por la conducta que origina la investigación que, por lo demás, no termina en una condena. Esto significa que el juez de lo contencioso administrativo deberá comprobar: (i) un comportamiento doloso por parte de la persona, es decir, que despliegue conductas tales como la confesión falsa, la fuga o evasión, la realización de amenazas, la destrucción o el ocultamiento de elementos probatorios o l a realización deliberada de conductas que obstruyen la acción de la justicia o; (ii) un actuar a título de culpa grave, es decir, que corresponde a la negligencia grave o descuido significativo en relación con el deber de colaboración con la administración de justicia, cuando ocurran, por ejemplo, afecta ciones respecto de los elementos probatorios bajo su cuidado.

significativo en relación con el deber de colaboración con la administración de justicia, cuando ocurran, por ejemplo, afecta ciones respecto de los elementos probatorios bajo su cuidado.

206. Una vez fijada esta regla, la Corte Constitucional encontró que la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, prof erida el 15 de agosto de 2018, incurrió en (i) una violación directa de la Constitución y (ii) en un defecto sustantivo.

207. Respecto del primer defecto, la Sala Plena concluyó que el juez de lo contencioso administrativo vulneró los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia, pues valoró una conducta y una situación fáctica que corresponde al resorte exclus ivo de la autoridad penal, de tal forma que, si esta decretó la preclusión de la actuación en contra de la entonces investigada por el carácter atípico de su c onducta, no le correspondía a otro juez consecutivo o posterior reabrir, cuestionar, poner en dud a tal debate o reflejar al menos el sentimiento de que se es culpable. En especial, la sentencia cuestionada reabrió el debate penal y consideró -nuevamentecomo sospechosa a Martha Lucía Ríos Cortés por una conducta que había sido declarada atípica. Además, efectuó una nueva valoración fáctica que había sido revisada y ponderada por la autoridad penal. Estas valoraciones -se reiteraimplican, a su vez, un desconocimiento de los principios del juez natural y presunción de inocencia que han de mantenerse incólumes.

208. En cuanto a la configuración de un defecto sustantivo, la Sala Plena evidenció que la sentencia del 15 de agosto de 2018 interpretó el artículo

208. En cuanto a la configuración de un defecto sustantivo, la Sala Plena evidenció que la sentencia del 15 de agosto de 2018 interpretó el artículo