TA VAL - Sentencia 76001-33-33-020-2021-00106-02 (14-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA N. º 024

Aprobada en Acta N. º 002 Santiago de Cali, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN 76001-33-33-020-2021-00106-02

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL

ACCIONANTE JANNETH DEL ROSARIO BURGOS PONCE

Apoderado: Paulo Andrés Zarama Benavides

zaramayenriquezabogados@gmail.com

ACCIONADO NACIÓNRAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

TEMA BONIFICACIÓN JUDICIAL – DECRETO 383 DE 2013

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Magistrado ponente: DIEGO LEÓN GÓMEZ MARTÍNEZ

Procede la Sala Transitoria de este Tribunal a resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia No. 354 del veintitrésDemandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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(23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Cali decidió la demanda.

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(23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Cali decidió la demanda.

I. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderaoa judicial, Janneth del Rosario Burgos Ponce en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), demandó a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En dicha demanda planteó sus pretensiones con el fin de obtener las siguientes,

1.1. Declaraciones y condenas

“1.1 Se inaplique por inconstitucionalidad la frase “… y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud…” contenida en el artículo 1° del Decreto # 0383 del 6 de marzo de 2.013 y de los decretos que lo modifican.

1.2 Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJCLR20-3425 de 28 de octubre de 2020, emanada de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, “Por medio del cual resuelve un derecho de petición”, acto administrativo, notificado vía correo electrónico, mediante el cual se NEGÓ la solicitud impetrada, bajo el argumento que dicha entidad ha efectuado los pagos a todos los servidores judiciales de conformidad con los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para el caso en concreto

el argumento que dicha entidad ha efectuado los pagos a todos los servidores judiciales de conformidad con los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para el caso en concreto acatando las escalas establecidas en el Decreto 0383 de 2013.

1.3 Que se declare la nulidad del acto ficto proferido por la Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial, producto de la no resolución del recurso de apelación interpuesto de manera oportuna en contra de la Resolución # DESAJCLR20-3425 de 28 de octubre de 2020, y que fue concedido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, de la Rama Judicial del Poder Público, mediante ResoluciónDemandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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DESAJCLR20-3556 del 11 de noviembre de 2020.

1.4 Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, reconocer que la BONIFICACIÓN JUDICIAL que percibe mi mandante es constitutiva de factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se generen a futuro y en consecuencia se le pague a mi poderdante la reliquidación de todas sus prestaciones sociales. (…)”

liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las que se generen a futuro y en consecuencia se le pague a mi poderdante la reliquidación de todas sus prestaciones sociales. (…)”

Planteadas de esa forma las pretensiones de la demanda, la parte actora por conducto de su apoderado planteó las siguientes proposiciones fácticas como fundamentos de su petitum, las cuales se sintetizan en la siguiente forma:

Hechos de la demanda

La parte demandante sostiene una relación legal y reglamentaria con la Rama Judicial.

Que presentó reclamación administrativa el 5 de octubre de 2020 con el fin de obtener el reconocimiento de la bonificación judicial, contemplada en el Decreto 383 de 2013, como constitutiva de factor salarial para todos los efectos legales y, en consecuen cia, ordenara la liquidación y pago debidamente indexado a la demandante de todas las primas y prestaciones causadas, como las Primas de Navidad, Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Vacaciones, Cesantías e Intereses a las Cesantías, y en fin para la totalidad de las prestaciones.

Que la petición fue negada a través de la Resolución No. DESAJCLR20 -3425 de 28 de octubre de 2020.

Que la parte actora presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue concedido mediant e la Resolución No. DESAJCLR20-3556 del 11 de noviembre de 2020, sin que a la fecha la entidadDemandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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se haya pronunciado sobre el mismo, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.

1.2. Normas violadas y concepto de violación según la parte actora

Invoca como violados los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83, 93, 209 y 228 de la Constitución Política de Colombia; artículos 1, 2, 3 y 14 de la Ley 4 de 1992; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 36, 88, 103, 104, 106, 137 y 206 del CPACA.

En su concepto de violación manifestó que, los actos administrativos demandados, son violatorios a los principios constitucionales tales como el artículo 53, menoscaban los derechos de los trabajadores, cuando aplican abiertamente normas inconstitucionale s. Así mismo vienen vulnerando el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política por cuanto el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial viene siendo reconocido judicialmente, formando antecedente jurisprudencial frente a las mismas pretensiones de esta demanda.

Frente al derecho al trabajo consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política con el no reconocimiento de carácter salarial de la bonificación judicial y las consecuencias salariales y p restacionales que esto conlleva, se vulneraría el derecho que tienen los funcionarios de la rama judicial a

Política con el no reconocimiento de carácter salarial de la bonificación judicial y las consecuencias salariales y p restacionales que esto conlleva, se vulneraría el derecho que tienen los funcionarios de la rama judicial a contar con un trabajo en condiciones justas. Existe además una vulneración por parte de las entidades demandadas respecto al artículo 123 de la Cons titución, por cuanto los servidores públicos “(…) ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución (…)”, lo cual para este caso no cumplieron al vulnerar los principios mínimos fundamentales de los trabajadores como son derechos salariales y prestacionales de los funcionarios judiciales. Respecto al artículo 209 de la Constitución Política, los aquí demandados con la expedición de los actos administrativos sobre los cuales se pretende su nulidad incumplieron la obligación constitucional de co ordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado en los cuales encontramos vulnerados: la finalidad de servir a la comunidad, y promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechosDemandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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y deberes c onsagrados en la Constitución, como son los principios fundamentales de los trabajadores.

Dice que, la bonificación judicial fue concebida, reconocida y pagada a los empleados de la Rama Judicial con ocasión de la expedición del Decreto No. 383 de 2013, el cual fue proferido en desarrollo de la Ley 4ª de 1992; y ha sido cancelada en forma habitual y periódica a partir de enero de 2013,

empleados de la Rama Judicial con ocasión de la expedición del Decreto No. 383 de 2013, el cual fue proferido en desarrollo de la Ley 4ª de 1992; y ha sido cancelada en forma habitual y periódica a partir de enero de 2013, como contraprestación directa del servicio, lo que hace innegable el carácter salarial que representa.

Finalmente arguye que, es válido reseñar la noción de salario establecida por la Organización Internacional del Trabajo, misma que ha sido acogida por la normatividad laboral de nuestro país en el artículo 127 del código Sustantivo del Trabajo, el cual señ ala que: “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sob resueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.”

1.3. Contestación de la demanda

La entidad demandada, a través de apoderada judicial, contestó la demanda oportunamente oponiéndose a las pretensiones de la misma.

En resumen, indicó que el legislador, facultado por la propia Constitución, para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos, tiene libertad para disponer que determinados emolumentos se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor judicial, es decir, que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunos conceptos salariales, resultando en consecuencia, que bajo ese presupuesto el ordenamiento que instituyó la Bonificación Judicial de ninguna manera

liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor judicial, es decir, que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunos conceptos salariales, resultando en consecuencia, que bajo ese presupuesto el ordenamiento que instituyó la Bonificación Judicial de ninguna manera podría considerarse como inconstitucional, ilegal o violatorio de pactos internacionales.Demandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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Señaló que, la única posibilidad que tiene la administraci ón de apartarse de las normas es cuando no son claras y abiertamente inconstitucionales, situación que no ocurre en el asunto que nos ocupa, donde la normatividad aplicada se presume legal y constitucional.

Propuso las excepciones denominadas “Prescripció n trienal de derechos laborales”, la cual sustentó señalando que en el presente caso ha operado, toda vez que la demandante solo radicó la reclamación administrativa el 19 de febrero de 2020, “inexistencia de causa para demandar, ausencia de causa petendi” y “la innominada o genérica”.

1.4. La sentencia apelada

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cali profirió la Sentencia No. 354 del veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) donde resolvió:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de

donde resolvió:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y demás Decretos que lo modifiquen y sustituyan, y en su lugar, se aplican el preámbulo y los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio constitucional de equidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLAR AR probada parcialmente la excepción de “Prescripción trienal de derechos laborales”, propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto y en los términos de la parte motiva de esta sentencia. NEGAR la excepción adicional formulada.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. DESAJCLR20 -3425 del 28 de octubre de 2020 y, del acto administrativo presunto originado del recurso de apelación interpuesto, los cuales negaron el reconocimiento con carácter salarial y prestacional de la bonificación judicial contemplada en los Decretos 383 de 2013.Demandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada, a reliquidar y pagar en favor de la señora JANNETH DEL ROSARIO

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CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada, a reliquidar y pagar en favor de la señora JANNETH DEL ROSARIO BURGOS PONCE, identificada con CC No. 59.830.864, to das sus prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, a partir de la fecha en que sean exigibles, atendiendo los periodos estrictamente laborados, así como también las prestaciones que se causen en adelante, incluyendo en su base de liquidación el valor correspondiente de la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, como factor salarial.

QUINTO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 05 de octubre de 2017, conforme se expuso en las consideraciones de esta providencia.

SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, aj ustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el efecto la siguiente formula:

𝑅 = 𝑅ℎ × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a la parte demandante.

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a la parte demandante.

SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia.

NOVENO: RECONOCER PERS ONERÍA adjetiva al abogado CAMILO

ERNESTO VILLEGAS ARRUBLA, identificado con C.C. No. 1.113.669.361 y T.P. No. 407.531 del C.S. de la J., para actuar en condición de apoderado de la entidad demandada, en los términos del mandato conferido.

DÉCIMO: ACEPTAR la renuncia de poder presentada por el Dr. Paulo Andrés Zarama Benavides identificado con cédula de ciudadanía No. 98.397.248 y tarjeta profesional No. 143.998 del Consejo Superior de la Judicatura, y en consecuencia reconocer personería jurídica a la Dra . Angela María Enríquez Benavides, identificada con la cédula de ciudadanía No. 59.314.661 y Tarjeta Profesional deDemandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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Abogado N° 170.149 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los fines del poder otorgado.

UNDÉCIMO: ACEPTAR la sustitu ción de poder y, en consecuencia,

Abogado N° 170.149 del Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y para los fines del poder otorgado.

UNDÉCIMO: ACEPTAR la sustitu ción de poder y, en consecuencia, RECONOCER personería al abogado ALFONSO HERNANDO ZARAMA SALAZAR, identificado con C.C. No. 12.951.805 y T.P. No. 38.502 del C.S. de la J., para actuar en condición de apoderado sustituto de la parte demandante, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la providencia.

DUODÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de los gastos del proceso si los hubiere, excepto los causados. Realizada la liquidación y las anotaciones de ley, ARCHÍVESE el expediente.

1.5. Recursos de apelación

La Dirección Ejecutiva de Administr ación Judicial, por intermedio de su apoderada, descontenta con la decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación contra la sentencia que la contiene, manifestando de su oposición a los argumentos fácticos y jurídicos de la demanda, motivo por el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y como consecuencia negar las pretensiones de la demanda.

En las razones de la apelación argumentó que 1) Que, la norma es clara en establecer que la Bonificación Judicial creada mediante decreto 383 de 2013, no constituye factor salarial excepto para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud , y que al respecto la Corte Constitucional ha sido enfática en establecer que el legisl ador puede

la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud , y que al respecto la Corte Constitucional ha sido enfática en establecer que el legisl ador puede disponer que determinados conceptos salariales, se liquiden sin consideración al monto total del salario que devengue el servidor público. 2) Que en el caso concreto no debió aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, pues esta tiene una naturaleza excepcionalísima, y sobre lo cual citó jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte

Constitucional.Demandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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1. Que los actos administrativos demandados se expidieron con fundamento en el Decreto 383 de 2013, el cual no ha sido declarado nulo por el Consejo de Estado. 4) Mencionó que las actuaciones de la demandada se basaron sobre el principio de buena fe, y que sobre la demandada recae la prohibición legal de modificar el régimen salarial diferente al creado mediante la Ley 4ta de 1992. En ese mismo sentido, indicó que la ordenación de un gasto obedece al cumplimiento de los parámetros consagrados en el art. 71 del decreto 111 dé 1996, por ello, ordenar y atribuirle el carácter salarial a la Bonificación Judicial, afectaría el principio de la buena le y la sostenibilidad fiscal pues derivaría en costos no calculados para el pago de los recursos humanos.

Finalmente, solicitó sea revocada la sentencia apelada y se declaren probadas

salarial a la Bonificación Judicial, afectaría el principio de la buena le y la sostenibilidad fiscal pues derivaría en costos no calculados para el pago de los recursos humanos.

Finalmente, solicitó sea revocada la sentencia apelada y se declaren probadas las excepciones planteadas con la contestación de la demanda,

1.6. Trámite procesal

El 20 de mayo de 2021, correspondió por reparto conocer del presente proceso al Juzgado Veinte Administrativo Oral del Cali. Mediante Auto Interlocutorio No. 02-102 del 28 de mayo de 2021, el titular del Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Cali se declaró impedido para conocer del presente asunto. A través del Auto Interlocutorio No. 76 del 9 de marzo de 2022, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca - M.P. Dra. Ana Margoth Chamorro Benavides declaró fundado el impedimento formula do por la titular del Juzgado Veintiuno Administrativo Oral del Circuito de Cali, extensivo a los demás jueces administrativos de Cali y, ordenó designar Conjuez5.Demandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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Por medio del Auto Interlocutorio No. 530 del 28 de junio de 2022, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali avocó conocimiento del proceso; admitió la demanda y reconoció personería al abogado Paulo Andrés Zarama Benavides, como apoderado de la parte actora.

Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali avocó conocimiento del proceso; admitió la demanda y reconoció personería al abogado Paulo Andrés Zarama Benavides, como apoderado de la parte actora.

La entidad demandada contestó la demanda oportunamente.

A través de Auto Interlocutorio No. 631 del 18 de julio de 2023 el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali avocó conocimiento del proceso; dispuso sentencia anticipada en atención a que se cumple con lo contemplado en el artículo 1° d el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021; fijó el litigio; decretó pruebas; incorporó al expediente las pruebas aportadas con la demanda; reconoció personería la abogada Viviana Novoa Vallejo como apoder ada de la entidad demandada.

Mediante Auto de Sustanciación No. 256 del 29 de abril de 2024, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cali avocó conocimiento del proceso; incorporó al expediente las pruebas decretadas y allegadas y, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Dentro de dicho término, la entidad demandada, presentó escrito de alegaciones finales reiterando lo expuesto en la contestación de la demanda y allegó poder. La parte demandante alegó de conclusión r atificándose en los argumentos de la demanda y allegó sustitución de poder. El Ministerio Público no rindió concepto. Posteriormente, el día veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali profirió la Sentencia

Público no rindió concepto. Posteriormente, el día veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali profirió la Sentencia No. 354 la cual accedió a las pretensiones de la demanda. La Rama Judicial apeló la decisión, y el recurso fue concedido mediante auto No. 1446 del 5 de diciembre de 2024.Demandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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Finalmente, por reparto correspondió a este Despacho resolver el recurso de apelación, recurso que fue admitido el día 7 de marzo de 2025.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado contra la reseñada sentencia, según lo que disponen lo artículo 153 del CPACA y el artículo 1, parágrafo tercero, numeral 3 del Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025 “ Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional” del Consejo Superior de la Judicatura.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala Transitoria de este Tribunal, como sala especializada, determinar en el caso concreto si la bonificación judicial creada en favor de los servidores públicos de la Rama Judicial , mediante el artículo 1º del Decreto 38 3 de 2013, constituye factor salarial para liquidar prestaciones

determinar en el caso concreto si la bonificación judicial creada en favor de los servidores públicos de la Rama Judicial , mediante el artículo 1º del Decreto 38 3 de 2013, constituye factor salarial para liquidar prestaciones sociales, al margen de que la propia disposición restrinja su aplicación solamente para los aportes en salud y pensión y, consecuencia, co nfirmar o revocar el fallo de primera instancia que declaró la nulidad de la actos administrativos demandados con su correspondiente restablecimiento del derecho.

2.2.1. Metodología de la decisión

Para resolver este problema jurídico, la Sala, hará lo siguiente: i) Analizará los requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad . ii) Estudiará la competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial y las facultades de l legislador para determinar factores salariales. iii) Recordará los principios constituc ionalesDemandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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protectores del salario. iv) Ahondará en el concepto de sa lario en la legislación interna. v) Estudiará la jurisprudencia el Consejo de Estado sobre el concepto de salario. vi) Revisará las normas internacionales – bloque de constitucionalidad– sobre la protección especial del salario. vii) Auscultará acerca de la creación de la bonificación judicial . viii) Se aterrizará en el caso en concreto, teniendo e n cuenta las proposiciones fácticas y probatorias

constitucionalidad– sobre la protección especial del salario. vii) Auscultará acerca de la creación de la bonificación judicial . viii) Se aterrizará en el caso en concreto, teniendo e n cuenta las proposiciones fácticas y probatorias planteadas en el proceso, así como las pruebas aportadas, las normas jurídicas y el precedente judicial aplicables al caso subexamine. ix) Con base en los medios de prueba, definirá si la bonificación judicial que percibe el actor es un factor salarial que debe computarse al momento de liquidar prestaciones sociales. x) Finalmente, se dispondrá sobre la condena en costas.

2.3. Marco normativo

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de septiembre de 202 3, expediente radicado bajo el No. 17001-33-33-003-201900024-01, con ponencia del Magistrado Diego León Gómez Martínez, ya tuvo la oportunidad de resolver el problema jurídico aquí descrito. Por lo que, en respeto a ese precedente horizontal, esta Sala Transitoria , reproducirá las reglas jurisprudenciales más relevantes fijadas en su momento por esta Corporación Judicial.

2.3.1. Requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad

La citada excepción está prevista en el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, así: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y l a ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

entre la Constitución y l a ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Sobre la supremacía de la Constituci ón, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde sus inicios estableció que debe prevalecer sobreDemandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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cualquier norma de inferior rango, puesto que: “…La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría…”1.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Alta Corporación, ha dicho que en atención al postulado superior consignado en el artículo 4 ibídem, nuestro sistema de control constitucional es de carácter mixto, es dec ir que, por una parte la Corte Constitucional ejerce un control concentrado o abstracto de constitucionalidad respecto de las leyes que se someten a su estudio, en este caso produciendo efectos erga omnes en su decisión, y por otra, se encuentra el con trol difuso que puede ejercer cualquier autoridad administrativa o judicial en determinado caso concreto, cuando advierta que una ley u otra

caso produciendo efectos erga omnes en su decisión, y por otra, se encuentra el con trol difuso que puede ejercer cualquier autoridad administrativa o judicial en determinado caso concreto, cuando advierta que una ley u otra norma jurídica de inferior rango es contraria a la Constitución, siendo excepcional su aplicación.

De igual forma, enfatizó la Corte Constitucional en sentencia C - 122 de 2011, con M.P. Juan Carlos Henao, que conforme a las competencias atribuidas en el numeral 2 del artículo 237 ejusdem, al Consejo de Estado le corresponde ejercer el control concentrado de los dec retos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional , cuya competencia no est á atribuida a la Corte Constitucional.

En ese orden, el control por vía de excepción, cuya aplicación puede ser de oficio o a solicitud de parte, tiene como característica, que sus efectos son inter partes, por tanto, la norma legal o reglamentaria exceptuada por inconstitucional continua vigente en el ordenamiento jurídico y se predica su validez.

1 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.Demandante: Janneth del Rosario Burgos Ponce Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado: 76001-33-33-020-2021-00106-02

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En el campo de la acción de tutela, la Corte Constitucional también ha desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad, reflexionando que en virtud del artículo 4º de la Constituc ión, dicha figura constituye una “herramienta jurídica -política de protección al principio de supremacía

desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad, reflexionando que en virtud del artículo 4º de la Constituc ión, dicha figura constituye una “herramienta jurídica -política de protección al principio de supremacía constitucional”, que garantiza en cada caso concreto, “su jerarquía y materialidad dentro del sistema de fuentes del derecho” , y la cual puede ser aplicada de manera ofi