TA VAL - Sentencia 76001-33-33-012-2021-00058-02 (14-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA Nº 027

Aprobada en Acta Nº 002

Santiago de Cali, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN 76001333301220210005802

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL

ACCIONANTE LUIS FERNANDO MARTÍNEZ AGUDELO

Apoderado: Julio César Sánchez Lozano

demandas@sanchezabogados.com.co demandassanchezabogados@gmail.com

ACCIONADO NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

TEMA PRIMA ESPECIAL

DECISIÓN SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Magistrado ponente: DIEGO LEÓN GÓMEZ MARTÍNEZ

Procede la Sala Transitoria de este Tribunal, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia No. 352 del veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali.Demandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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I. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderad o judicial, el ciudadano Luis Fernando Martínez ,

Radicado: 76001333301220210005802

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I. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderad o judicial, el ciudadano Luis Fernando Martínez , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), demandó a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En dicha de manda planteó sus pretensiones con el fin de obtener las siguientes,

I.1. Declaraciones y condenas

“PRIMERA: Se declare probada la figura del silencio administrativo negativo y la nulidad del acto ficto o presunto, producto de la reclamación administrativa presentada ante la Fiscalía General de la Nación el día 16 de abril de 2015 por el demandante, y que, a la fecha de hoy 12 de mayo de 2021, no ha recibido respuesta alguna. SEGUNDA. Que como consecuencia de la declaración de nulidad del anterior acto y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la Fiscalía General de la Nación, que reconozca y pague a mi mandante la Prima especial de servicios como un incremento adicional del salario básico y/ò asignación mensual, en un porcentaje n o inferior al 30% ni superior al 60% prevista en la ley 476 de 1998.

TERCERA. Que, como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación le reliquide y pague a mi mandante, las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la

TERCERA. Que, como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación le reliquide y pague a mi mandante, las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial. Lo anterior teniendo en cuenta los periodos causados desde la fecha de vinculación a la Entidad hasta la fecha de su desvinculación. TambiénDemandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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que se cancele el retroactivo que con todo ello se cause. Todo lo anterior debidamente indexado. (…)”

Planteadas de esa forma las pretensiones de la demanda, la parte actora por conducto de su apoderado, planteó las siguientes proposiciones fácticas como fundamentos de su petitum, las cuales se sintetizan en la siguiente forma:

I.2. Hechos de la demanda

Que la parte demandante ha ocupado el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito en la Dirección Seccional de Cali, desde el 17 de junio de 1994 y vinculado al momento de presentar la demanda.

Que desde e l demandante se ha desempeñado como Fiscal Delegado, no ha recibido el pago de la prima especial de servicios sin carácter salarial ordenada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por el contrario, se le ha descontado el 30% de su asignación básica mensual, teniéndose esta como prima de servicios, restando de esta forma significado de agregado o plus de esta prestación.

descontado el 30% de su asignación básica mensual, teniéndose esta como prima de servicios, restando de esta forma significado de agregado o plus de esta prestación.

Por lo anterior, presentó reclamación administrativa ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios consag rada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una adición a su salario mensual correspondiente al 30% de la asignación básica y la correspondiente reliquidación de la asignación básica y de las prestaciones sociales.

Sin embargo, la demandada , Fiscalía General, no dio respuesta a la reclamación administrativa por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.

No se agotó el requisito de procedibilidad, como la etapa de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Ge neral de la Nación, por tratarse de un asunto laboral y por ende, facultativo, conforme el párrafo 2 del numeral 1 del artículo 161 de la Ley 2080 de 2021 que reformó el CPACA.Demandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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I.3. Normas violadas y concepto de violación según la parte actora

En el escrito de demanda, se señaló como concepto de violación que la entidad demandada ha vulnerado el principio de progresividad laboral de l demandante. Esto se debe a que la prima especial de servicios constituye tanto un logro como un derecho consolidado, el cual rep resenta un beneficio adicional que el Estado debe garantizar para evitar su reducción con el paso

demandada ha vulnerado el principio de progresividad laboral de l demandante. Esto se debe a que la prima especial de servicios constituye tanto un logro como un derecho consolidado, el cual rep resenta un beneficio adicional que el Estado debe garantizar para evitar su reducción con el paso del tiempo.

Que, la parte actora tiene derecho, desde 1998, a recibir este pago como un monto adicional a su remuneración total mensual, en un porcentaje que no sea inferior al 30 % ni superior al 60 % de la misma. Asimismo, tiene derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, lo que implica la inclusión del 30 % que había sido excluido bajo el concepto de prima especial.

I.4. Contestación de la demanda

La entidad demandada, por intermedio de su apoderada judicial, contestó la demanda dentro del plazo legal, oponiéndose a las pretensiones de la parte actora.

En su respuesta, argumentó que lo solicitado no se ajusta a la Sentencia de Unificación SUJ -023-CE-S2-2020 del 15 de diciembre de 2020, en la cual el Honorable Consejo de Estado abordó el reconocimiento de la prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. D icha sentencia precisó que este beneficio aplica únicamente a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o a quienes se vincularon con posterioridad.

Como excepciones propuso, “Prescripción” en la que señaló que al haber presentado reclamación administrativa el 16 de abril de 2015, por lo que están

1993 o a quienes se vincularon con posterioridad.

Como excepciones propuso, “Prescripción” en la que señaló que al haber presentado reclamación administrativa el 16 de abril de 2015, por lo que están prescritas las diferencias anteriores al 16 de abril de 2012; “carencia de objeto”, “inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingres o base de liquidación de la pensión de jubilación” e “improcedencia de extralimitar el límite previste en el artículo 4° de la Ley 4ª de 1992”

I.5. La sentencia apeladaDemandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción trienal de los derechos laborales, propuesta por la entidad demandada, pero por los argumentos expuestos por el despacho y en los términos explicados en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto por la ausencia de respuesta a la reclamación administrativa, el cual negó la solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , en el equivalente al 30% de la remuneración mensual y su carácter salarial.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada, consignar al señor LUIS FERNANDO

4ª de 1992 , en el equivalente al 30% de la remuneración mensual y su carácter salarial.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada, consignar al señor LUIS FERNANDO MARTÍNEZ AGUDELO , identificado con CC No. 16.607.263, la prima especial de servicios establecida en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992, correspondiente al 30% del salario y/o asignación básica, debidamente indexada, a partir de la fecha en que sean exigibles, atendiendo los periodos estrictamente laborados como Fi scal Delegado ante jueces, y hasta el 31 de diciembre de 2020, por cuanto a partir del 01 de enero de 2021 entró en vigencia el Decreto 272 del 11 de marzo de 2021, que reconoció y ordenó el pago de dicha prestación; y teniendo en cuenta que solo constituy e factor salarial para aportes a pensión de jubilación.

CUARTO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 14 de mayo de 2018 (3 años antes de la radicación de la demanda, fecha tomada como punto de referencia para el análisis de este fenómeno en los términos antes indicados) atendiendo los periodos estrictamente laborados como Fiscal Delegado ante jueces, y hasta que se acredite su retiro del servicio, conforme se expuso en las consideraciones de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el

efecto la siguiente formula:

QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el

efecto la siguiente formula:

𝑅 = 𝑅ℎ ×𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Se faculta a la entidad demandada para realizar los respectivosDemandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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descuentos de ley.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de los gastos del proceso si los hubiere, excepto los causados.

Realizada la liquidación y las anotaciones de ley, ARCHÍV ESE el expediente.

I.6. Recurso de apelación

La apoderada de la demandada, Fiscalía General de la Nación, interpuso recurso de apelación donde solicitó que se revoque la sentencia apelada. Para ello, argumentó que:

1. La Fiscalía General ha estado pagando y reconociendo, desde el 1 de enero de 2021, la prima especial a l demandante , en cumplimiento del

ello, argumentó que:

1. La Fiscalía General ha estado pagando y reconociendo, desde el 1 de enero de 2021, la prima especial a l demandante , en cumplimiento del Decreto 272 de 2021. Por lo que el reparo se encamina en cuanto al periodo de pago de la prima especial, ya que en el resuelve de la sentencia se señaló que se reconoce “…atendiendo los periodos estrictamente laborados como Fiscal delegado ante Jueces, y hasta que se acredite su retiro del servicio, conforme se expuso en las consideraciones de esta providencia (…)”.

Pero, ese período debe ser delimitado , teniendo en cuen ta que el demandante presentó su reclamación administrativa el 14 de mayo de 2021, lo que, según el despacho, implica que el derecho estaría prescrito para el tiempo anterior al 14 de mayo de 2018. En consecuencia, no se debe aplicar la interpretación del a quo, que extiende el pago “…hasta que se acredite su retiro del servicio (…)”, ya que es un hecho cierto que, desde el 1° de enero de 2021, la entidad demandada ha venido cancelando la prima especial del 30% a los servidores con derecho a ella. ii) Que, a pesar de que se declaró la prescripción trienal se dejó abierta la posibilidad de reconocimiento de este derecho (prima especial del 30%), cuando determina “… atendiendo los periodos estrictamente laborados como Fiscal Delegado ante Jueces (…), sin indicar cu áles son estos periodos, lo cual es de suma importancia para conocer cuáles son los tiempos a los que tiene derecho el demandante.Demandante: Luis Fernando Martínez Agudelo

Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación

estos periodos, lo cual es de suma importancia para conocer cuáles son los tiempos a los que tiene derecho el demandante.Demandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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1. Por otra parte, reparó el hecho de que, el demandante presentó reclamación administrativa el día 16 de abril de 2015, y en au sencia de una respuesta de la entidad demandada, no acudió ante la jurisdicción administrativa sino hasta el 14 de mayo de 2021 a presentar la demanda, dejando vencer los términos, pues la demanda debió ser presentada con un término máximo de tres (3) años, una vez efectuada la reclamación administrativa, es decir tenía como fecha límite el 16 de abril de 2018, evidenciándose claramente que tan solo hasta el 14 de mayo de 2021 hizo lo que correspondía.

Finalmente, solicitó que se revoque parcialmente el fallo proferido en primera instancia por las razones y motivos expuestos en el presente memorial y precedente jurisprudencial existente para el caso en concreto que solo debe reconocerse es el 30% del salario y/o asignación básica en su ejercicio fiscal por las vigencias establecidas DESDE EL 14 DE MAYO DE 2018 HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2020.

I.7. Trámite procesal

Mediante acta de reparto del 14 de mayo de 2021, correspondió conocer del presente asunto al Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali, pero mediante providencia del 03 de agosto de 2021, la titular del Juzgado Doce

Mediante acta de reparto del 14 de mayo de 2021, correspondió conocer del presente asunto al Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali, pero mediante providencia del 03 de agosto de 2021, la titular del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, se declaró impedida para conocer del presente asunto.

En Auto Interlocutorio del 07 de marzo de 2022, el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – M.P. Dr. Jhon Erick Chaves Bravo, declaró fundado el impedimento.

Mediante Auto Interlocutorio No. 306 del 29 de abril de 2022, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cali, avocó el conocimiento del proceso, admitió la demanda y reconoció personería al abogado Julio Cesar Sánchez Lozano como apoderado judicial de la parte actora.

La entidad demandada contestó la demanda oportunamente.

Mediante Auto No. 1164 del 24 de noviembre de 2022, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali, anunció sentencia anticipada en atención al supuesto contemplado en el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, fijó el litigio, incorporó al expediente las pruebas aportadas, ordenó a las partes la presen tación por escrito de los alegatos de conclusión dentro de los 10 días siguientes y reconoció personería a la abogada Dra. Myriam Stella Rozo Rodríguez, como apoderada judicial de la entidadDemandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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demandada.

Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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demandada.

Dentro del término legal, la parte demandante y la en tidad demandada presentaron escrito de alegaciones finales donde reiteraron lo expuesto en la demanda y en la contestación de la demanda,

El Ministerio Público guardó silencio.

Posteriormente, el 23 de octubre de 2024 , el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali dictó la Sentencia No. 352 de primera instancia.

Sin embargo, inconforme con la decisión, la Fiscalía General de la Nación a través de apoderado presento recurso de apelación.

Mediante Auto de Sustanciación 1444 del 5 de diciembre de 2024, se concedió el recurso de apelación.

Finalmente, correspondió por reparto a este despacho y se admitió el recurso mediante Auto del 7 de marzo de 2025.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Competencia Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado contra la reseñada sentencia, según lo que dispone el artículo 153 del CPACA y el artículo 1, parágrafo tercero, numeral 3 del Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025 “ Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional” del Consejo Superior de la Judicatura.

II.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala Transitoria de este Tribunal, como sala especializada,

administrativos a nivel nacional” del Consejo Superior de la Judicatura.

II.2. Problema jurídico Corresponde a la Sala Transitoria de este Tribunal, como sala especializada, determinar en el caso concreto si la prima especial consagrada en el artícul o 14 de la Ley 4 de 1992, debe entenderse como una adición al salario de los servidores beneficiarios de dicha prima o si, por el contrario, se considera allí incluida, así como su repercusión frente a la liquidación de las prestaciones sociales y del sala rio. Una vez resuelto lo anterior, corresponde al DespachoDemandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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determinar si la parte demandante, tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios como un valor adicional al salario devengado, así como a la reliquidación de sus salarios y prestaciones sociales, para confirmar o revocar la sentencia de primera instancia.

2.2.1. Metodología de la decisión

Para resolver este problema jurídico, la Sala, hará lo siguiente: i) Analizará los requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad. ii) Estudiará la competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Fiscalía General de la Nación y las facultades del legislador para determinar fa ctores salariales. iii) Recordará los principios constitucionales protectores del salario. iv) Ahondará en el concepto de salario en la legislación interna. v) Estudiará la jurisprudencia el Consejo de Estado sobre el concepto de salario. vi) Revisará las normas internacionales – bloque

constitucionales protectores del salario. iv) Ahondará en el concepto de salario en la legislación interna. v) Estudiará la jurisprudencia el Consejo de Estado sobre el concepto de salario. vi) Revisará las normas internacionales – bloque de constitucionalidad– sobre la protección especial del salario. vii) Auscultará acerca de la creación de la prima especial. viii) Se aterrizará en el caso en concreto, teniendo en cuenta las proposiciones fácticas y probato rias planteadas en el proceso, así como las pruebas aportadas, las normas jurídicas y el precedente judicial aplicables al caso subexamine. ix) Con base en los medios de prueba, definirá si la prima especial que percibe el actor es un factor salarial que debe computarse al momento de liquidar prestaciones sociales. x) Imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión xi) Finalmente, se dispondrá sobre la condena en costas.

2.2.2. Requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad

La citada excepción está prevista en el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, así: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Sobre la supremacía de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde sus inicios e stableció que debe prevalecer sobre cualquier norma de inferior rango, puesto que: “…La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica,

Constitucional desde sus inicios e stableció que debe prevalecer sobre cualquier norma de inferior rango, puesto que: “…La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales,Demandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría…”1.

En ese sentido, la jurisprudenc ia de la Alta Corporación, ha dicho que en atención al postulado superior consignado en el artículo 4 ibídem, nuestro sistema de control constitucional es de carácter mixto, es decir que, por una parte la Corte Constitucional ejerce un control concentrado o abstracto de constitucionalidad respecto de las leyes que se someten a su estudio, en este caso produciendo efectos erga omnes en su decisión, y por otra, se encuentra el control difuso que puede ejercer cualquier autoridad administrativa o judicial en determinado caso concreto, cuando advierta que una ley u otra norma jurídica de inferior rango es contraria a la Constitución, siendo excepcional su aplicación.

De igual forma, enfatizó la Corte Constitucional en sentencia C - 122 de 2011, con M.P. Juan Carlos Henao, que conforme a las competencias atribuidas en el numeral 2 del artículo 237 ejusdem, al Consejo de Estado le corresponde

De igual forma, enfatizó la Corte Constitucional en sentencia C - 122 de 2011, con M.P. Juan Carlos Henao, que conforme a las competencias atribuidas en el numeral 2 del artículo 237 ejusdem, al Consejo de Estado le corresponde ejercer el control concentrado de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no está atribuida a la Corte Constitucional.

En ese orden, el control por vía de excepción, cuya aplicación puede ser de oficio o a solicitud de parte, tiene como característica, que sus efectos son interpartes, por tanto, la norma legal o reglamentaria ex ceptuada por inconstitucional continua vigente en el ordenamiento jurídico y se predica su validez.

En el campo de la acción de tutela, la Corte Constitucional también ha desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad, reflexionando que en virtud del artículo 4º de la Constitución, dicha figura constituye una “herramienta jurídica -política de protección al principio de supremacía constitucional”, que garantiza en cada caso concreto, “su jerarquía y materialidad dentro del sistema de fuentes del derecho”, y la cual puede ser aplicada de manera oficiosa o a solicitud de parte, cuando se configure alguno de los siguientes requisitos:

…(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad.

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte

1 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.Demandante: Luis Fernando Martínez Agudelo

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte

1 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.Demandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento ius fundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constituc ión, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales2.

Dicho criterio ha sido reiterado por el Máximo Tribunal Constitucional en sentencias T861 de 20163, T4374 del 30 de octubre de 2018 y T – 4245 del 18 de octubre del mismo año.

De conformidad con lo anterior, esta Sala especializada estima que resulta procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad contra los decretos reglamentarios de la prima especial, para efectos de determinar si se configura el segundo presupuesto establecido por la Corte Constitucional, a saber, “La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequ ibilidad por parte de la

configura el segundo presupuesto establecido por la Corte Constitucional, a saber, “La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequ ibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso”, ya que como lo ha sostenido el Consejo de Estado en reciente sentencia de unificación, precedente aplicable en el presente asunto: “frente a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional que reprodujeron el contenido de aquellos declarados nulos mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, l a Sala encuentra procedente acoger la excepción de inconstitucionalidad , […] en cuanto las disposiciones allí contenidas vulneran garantías laborales mínimas de los beneficiarios de la prima especial, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política, relativo a la prevalencia del texto superior frente a las leyes u otras normas jurídicas” 6. Decretos que esta Sala especializada tiene por contrarios a los artículos 13 y 53 de la Constitución Política de 1991.

2 Ver sentencia T-681 de 2016. 3 Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 4 Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 5 Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 6 Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 2 de septiembre de 2019 – SUJ-016-CES2-2019, Rad. 41001-2333-000-2016-00041-02 (2204-18), Sala de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, Conjuez Ponente Carmen Anaya De Castellanos.Demandante: Luis Fernando Martínez Agudelo Demandado: La Nación – Fiscalía General de la Nación Radicado: 76001333301220210005802

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2.2.3. La Fiscalía General de la Nación y su régimen salarial y prestacional

Es importante empezar por advertir como bien lo ha hecho el H. Consejo de Estado7, que la Fiscalía General de la Nación fue una entidad creada por la Constitución de 1991, motivo por el cual tuvo una regulación diferenciada que no solo se ocupó de su parte orgánica, sino también de régimen laboral, a través del cual se regularon los derechos salariales y prestacionales de los servidores públicos que ejercen funciones en dicha entidad.

En ese orden de ideas se expidió el Decreto 2699 de 1991, el cual regula en sus artículos 54 al 64 todo lo relacionado con los niveles salariales que responden a la jerarquía orgánica interna de la entidad, generando un régimen salarial y prestacional diferenciado que distinguió: i ) a quienes se vinculaban por primera vez a la entidad; y, ii) a quienes entraban a pertenecer a la Fiscalía de 1991 y que provenían de cargos y/o entidades creadas y relacionados antes de

1991. Personal al que se le permitió escoger entre quedarse con el régimen salarial y prestacional que tenían antes de 1991 o acogerse al nuevo del Decreto 2699 de 1991, según lo dispuesto por los artículos 54 y 64. Situación

1991. Personal al que se le permitió escoger entre quedarse con el régimen salarial y prestacional que tenían antes de 1991 o acogerse al nuevo del Decreto 2699 de 1991, según lo dispuesto por los artículos 54 y 64. Situación que creo el fenómeno conocido como “fiscales acogidos y no acogidos”.

Posteriormente el legislad or creo la ley 4 de 1992, dando cumplimento al numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991. Dicha ley marco fijó los contornos del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, reconociendo en su artículo 14 la denominada primas especial para empleados públicos de diversas entidades, pero excluyendo expresamente a los acogidos al régimen salarial de la Fiscalía General de la Nación, regulado en al artículo 54 del Decreto 2699 de 1991.

El reconocimiento del derecho a dicha prima tuvo efectos desde el 1 de enero de 1993, aspecto importante para el caso de la Fiscalía General de la Nación, debido al inicio de la regulación de la materia por parte del Gobierno Nacional a través del decretos reglamentarios, como el Decreto 53 de 1993, el cual reglamentó el régimen salarial y prestacional para estos servidores públicos, dándoles la posibilidad de elegir, según lo regulado lo normado en el artículo 2 del citado decreto y creando ahora tres situacione