TA VAL - Sentencia 76001-33-33-016-2021-00166-02 (14-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA N. º 023

Aprobada en Acta N. º 002 Santiago de Cali, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN 76001333301620210016602

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL

ACCIONANTE REDY HUMBERTO NARVÁEZ LEDESMA

Apoderado: Guillermo Marín Ospina

japiehurta@hotmail.com

ACCIONADO NACIÓNRAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

TEMA BONIFICACIÓN JUDICIAL – DECRETO 383 DE 2013

DECISIÓN SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Magistrado ponente: DIEGO LEÓN GÓMEZ MARTÍNEZDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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Procede la Sala Transitoria de este Tribunal a resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, contra la Sentencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Cali decidió la demanda.

I. ANTECEDENTES

de octubre de dos mil veinticuatro (2024) mediante la cual el Juzgado Transitorio Administrativo del Circuito de Cali decidió la demanda.

I. ANTECEDENTES

Por conducto de apoderada judicial, el ciudadano Redy Humberto Narváez en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante CPACA), demandó a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En dicha demanda planteó sus pretensiones con el fin de obtener las siguientes,

1.1. Declaraciones y condenas

Pretende la parte demandante que se inaplique por inconstitucional la frase “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud” registrada en el primer párrafo del artículo 1 del Dcto. No.0383 de 2013.

SEGUNDO: Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución DESAJCLR-18-5700 del 15 de mayo de 2018, notificada el 16 de mayo de 2018, con la cual se le negó al demandante el reconocimiento de la bonificación mensual judicial como factor salarial indefinido y por consiguiente el pago del reajuste de las prestaciones sociales legales y extralegales desde el año 2013, hasta la fecha del pago y de allí en adelante e igualmente la nulidad de la Resolución No. 1995 del 14 de agosto de 2020 y notificada mediante oficio DEAJJRHO20-4533, el 10 deDemandante: Redy Humberto Narváez

allí en adelante e igualmente la nulidad de la Resolución No. 1995 del 14 de agosto de 2020 y notificada mediante oficio DEAJJRHO20-4533, el 10 deDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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noviembre de 2020, por correo electrónico, a través de la cual se desató el recurso de apelación y confirmó la resolu ción DESAJCLR-185700 del 15 de mayo de 2018, quedando agotada la vía gubernativa.

TERCERO: Que como consecuencia de la nulidad decretada de los actos administrativos referidos se restablezca el derecho pleno del demandante consistente en que se le reconozca la bonificación mensual judicial como factor salarial indefinido para la liquidación de sus prestaciones sociales legales y extralegales y demás derechos laborales, por ser un pago habitual que retribuye su trabajo al servicio de la entidad y acrecenta su economía.

Planteadas de esa forma las pretensiones de la demanda, la parte actora por conducto de su apoderado planteó las siguientes proposiciones fácticas como fundamentos de su petitum, las cuales se sintetizan en la siguiente forma:

Hechos de la demanda

La parte demandante sostiene una relación legal y reglamentaria con la Rama Judicial.

Presentó reclamación administrativa el 03 de mayo de 2018, solicitando se reconociera la bonificación judicial, contemplada en el Decreto 383 de 20 13, como constitutiva de factor salarial para todos los efectos legales y, en

Judicial.

Presentó reclamación administrativa el 03 de mayo de 2018, solicitando se reconociera la bonificación judicial, contemplada en el Decreto 383 de 20 13, como constitutiva de factor salarial para todos los efectos legales y, en consecuencia, se reliquidara y reajustara sus prestaciones sociales legales y extralegales y demás derechos laborales desde el 2013 a la fecha.

La petición fue negada a través de la Resolución DESAJCLR -18-5700 del 15 de mayo de 2018.

La parte actora el 28 de junio de 2018 presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 1995 del 14 de agosto de 2020, confirmando la decisión primigenia.Demandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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El día 9 de marzo de 2021 se presentó ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos solicitud de audiencia de conciliación. El día 6 de agosto de 2021 se expidió por parte de la Procuraduría General de la Nación documento a través del cual indica que se podrá dar aplicación a lo previsto por el artículo 52 de la ley 1395 de 2010 y, por tanto, acudir directamente a la Jurisdicción con la sola presentación de la solicitud.

1.2. Normas violadas y concepto de violación según la parte actora

Considera que los actos administrativos acusados vulneran los artículos 1, 2,

directamente a la Jurisdicción con la sola presentación de la solicitud.

1.2. Normas violadas y concepto de violación según la parte actora

Considera que los actos administrativos acusados vulneran los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 55, 83, 93, 150, 209 y 228 de la Constitución Política de Colombia; artículos 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 65, 127, modificado por la Ley 50 de 1990 Art. 14, 143, 186, 249 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; Ley 54 de 1962; Ley 16 de 1972; Ley 21 de 1982; Ley 50 de 1990; Ley 4 de 1992; Ley 270 de 1996; Ley 319 de 1996; Ley 411 de 1997 y Ley 1496 de 2011; Decreto 2663 de 1950; Decreto 1042 de 1978, Decreto 717 de 1978, Decreto 53 de 1993; Decreto 875 de 2012, Decreto 1092 de 2012 y Acuerdo 06 de 2012, al igual que varios tratados internacionales.

En su concepto de violación manifestó que, el Decreto 383 de 2013 en su artículo 1 desconoce lo ordenado en la Ley 4 de 1992 y el Acta de acuerdo de noviembre de 2012 firmada entre el Gobierno Nacional y Asonal Judicial, por cuanto materializó el reconocimiento de la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la demandada por medio de la creación de una bonificación –no constitutiva de salario-, salvo para la base

Judicial, por cuanto materializó el reconocimiento de la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la demandada por medio de la creación de una bonificación –no constitutiva de salario-, salvo para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Dicho artículo despoja a la bonificación de su carácter salarial, impidiendo que se tenga en cuenta para la liquidación de todos los derechos salariales y prestacionales de los funcionarios y empleados destinatarios de la misma y desnaturaliza el mandato contenido en la Ley 4 de 1992 en cuanto ordena al Gobierno Nacional nivelar la remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Dice que, con base en los fundamentos legales y jurisprudenciales la bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 reviste d e carácter salarial y por lo tanto tiene incidencia prestacional, puesto que se trata indiscutiblemente de una remuneración permanente, es decir habitual y la cual es además periódica en la medida que se paga de formaDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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mensual y por tanto el demandante la p ercibe por causa o con ocasión de la labor encomendada, es decir que es una retribución por los servicios prestados al ente demandado.

Finalmente arguye que, la bonificación judicial que percibe el demandante es un pago habitual que retribuye el servicio que presta al interior de la entidad demandada y atiende sus necesidades personales y familiares por lo que constituye factor salarial.

1.3. Contestación de la demanda

es un pago habitual que retribuye el servicio que presta al interior de la entidad demandada y atiende sus necesidades personales y familiares por lo que constituye factor salarial.

1.3. Contestación de la demanda

La entidad demandada, a través de apoderado judicial1, contestó la demanda oportunamente oponiéndose a las pretensiones de la misma. En resumen, indicó que el legislador, facultado por la propia Constitución, para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos, tiene libertad para disponer qu e determinados emolumentos se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor judicial, es decir, que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunos conceptos salariales, resultando en consecuencia, que bajo ese presupuesto el ordenamiento que instituyó la Bonificación Judicial de ninguna manera podría considerarse como inconstitucional, ilegal o violatorio de pactos internacionales.

Señaló que, la única posibilidad que tiene la administración de apartarse de las nor mas es cuando no son claras y abiertamente inconstitucionales, situación que no ocurre en el presente caso, como quiera que los Decretos 383 y 384 de 2013, que crearon la Bonificación Judicial y regulan su liquidación están vigentes, y es en virtud del pri ncipio de legalidad contemplado en el artículo 6 de la Carta Política, que como autoridad debe acatarlos y cumplirlos, hasta tanto no haya sido anulada o suspendida estas normas en sus efectos por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, máxime cuando de su lectura no se genera duda con respecto a la interpretación y alcance del mismo.

Propuso las excepciones denominadas “ caducidad del medio de control ” y

sus efectos por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, máxime cuando de su lectura no se genera duda con respecto a la interpretación y alcance del mismo.

Propuso las excepciones denominadas “ caducidad del medio de control ” y “Prescripción Trienal de Derechos Laborales” en la que indicó que se debeDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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tener en cuenta la fecha a partir de la cual se hizo exigible la pretensión reclamada, la fecha de radicación de la reclamación administrativa, esto es el 03 de mayo de 2018 (tres años atrás) ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial.

1.4. La sentencia apelada

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cali profirió la Sentencia No. 361 del veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) donde resolvió:

PRIMERO: AVOCAR conocimiento en el presente proceso.

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 201 3 y demás Decretos que lo modifiquen y sustituyan, y en su lugar, se aplican el preámbulo y los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio constitucional de equidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

los artículos 1, 25 y 53 de la Constitución Política y el principio constitucional de equidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de “Prescripción”, propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto y en los términos de la parte motiva de esta sentencia. NEGAR las demás excepciones formuladas.

CUARTO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. DESAJCLR-18-5700 del 15 de mayo de 2018 y 1995 del 14 de agosto de 2020, las cuales negaron el reconocimiento con carácter salarial y prestacional de la bonificación judicial contemplada en el Decreto 383 de

2013.

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada, a reliquidar y pagar en favor del señor REDY HUMBERTO NARVÁEZ LEDESMA, identificado con CC. No. 10.529.512, todas sus prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, bonificaciones, a partir d e la fecha en que sean exigibles, atendiendo los periodos estrictamente laborados, así como también las prestaciones que se causen en adelante, incluyendo en su base de liquidación el valorDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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correspondiente de la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, como factor salarial.

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correspondiente de la bonificación judicial, creada mediante el Decreto 383 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, como factor salarial.

SEXTO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 03 de mayo de 2015, conforme se expuso en las consideraciones de esta providencia.

SÉPTIMO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el efecto la siguiente formula: 𝑅 = 𝑅ℎ × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a la parte demandante.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia.

DÉCIMO: RECONOCER PERSONERÍA adjetiva al abogado Dr. CAMILO ERNESTO

VILLEGAS ARRUBLA, identificada con C.C. No. 1.113.669.361 y T.P. No. 407.531 del C.S. de la J., para actuar en condición de apoderado de la entidad demandada, en los términos del mandato conferido.

de la J., para actuar en condición de apoderado de la entidad demandada, en los términos del mandato conferido.

UNDÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el remanente de los gastos del proceso si los hubiere, excepto los causados . Realizada la liquidación y las anotaciones de ley, ARCHÍVESE el expediente.

1.5. Recursos de apelación

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por intermedio de su apoderada, descontenta con la decisión de primera instancia interpuso recurso de apelación contra la sentencia que la contiene, manifestando de su oposición a los argumentos fácticos y jurídicos de la demanda, motivo por el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y como consecuenciaDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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negar las pretensiones de la demanda.

En las razones de la apelación argumentó que: 1) Que, la norma es clara en establecer que la Bonificación Judicial creada mediante decreto 383 de 2013, no constituye factor salarial excepto para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud , y que al respecto la Corte Constitucional ha sido enfática en establecer que el legislador puede disponer que determinados conceptos salariales, se liquiden sin consideración al monto total del s alario que devengue el servidor público. 2) Que en el caso concreto no debió aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, pues esta tiene una naturaleza excepcionalísima,

consideración al monto total del s alario que devengue el servidor público. 2) Que en el caso concreto no debió aplicarse la excepción de inconstitucionalidad, pues esta tiene una naturaleza excepcionalísima, y sobre lo cual citó jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional. 3) Que los actos administrativos demandados se expidieron con fundamento en el Decreto 383 de 2013, el cual no ha sido declarado nulo por el Consejo de Estado. 4) Mencionó que las actuaciones de la demandada se basaron sobre el principio de buena fe, y que sobre la demandada recae la prohibición legal de modificar el régimen salarial diferente al creado mediante la Ley 4ta de 1992. En ese mismo sentido, indicó que la ordenación de un gasto obedece al cumplimiento de los parámetros consagrados en el art. 71 del decreto 111 dé 1996, por ello, ordenar y atribuirle el carácter salarial a la Bonificación Judicial, afectaría el principio de la buena le y la sostenibilidad fiscal pues derivaría en costos no calculados para el pago de los recursos humanos.

Finalmente, solicitó sea revocada la sentencia apelada y se declaren probadas las excepciones planteadas con la contestación de la demanda,

1.6. Trámite procesalDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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El 10 de agosto de 2021, correspondió por reparto conocer del presente proceso al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Cali.

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El 10 de agosto de 2021, correspondió por reparto conocer del presente proceso al Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Cali.

Mediante auto interlocutorio del 06 de septiembre de 2021, la titular del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali, se declaró impedida para conocer del presente asunto.

El Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali, por medio de correo electrónico del 01 de octubre de 2021, envió el proceso al H. Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca.

El 01 de octubre de 2021, correspondió por reparto el conocimiento del asunto al despacho del H. Magistrado Dr. Fernando Augusto García.

En Auto del 22 de junio de 2022, el H. Magistrado Dr. Fernando Augusto García, en atención al acuerdo el Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, envió el proceso al Juzgado Administrativo Transitorio de Cali.

En Auto interlocutorio No. 816 del 29 de agosto de 2022, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judi cial de Cali avocó el conocimiento del proceso y admitió la demanda, reconociendo personería jurídica al abogado de la parte demandante Dr. Guillermo Marín Ospina.

La entidad demandada contestó la demanda oportunamente.

Durante el término de traslado de las excepciones propuestas, la parte actora se pronunció sobre las mismas, oponiéndose y fundamentando su posición contradictora.

Mediante Auto Interlocutorio No. 58 del 06 de marzo de 2024, el Juzgado

se pronunció sobre las mismas, oponiéndose y fundamentando su posición contradictora.

Mediante Auto Interlocutorio No. 58 del 06 de marzo de 2024, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cali avocó conocimiento del proceso; tuvo por contestada la demanda; difirió el estudio de las excepciones propuestas al momento de emitir el fallo; dispuso sentencia anticipada en atención a que se cumple con lo contemplado en el artículo 1° del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 deDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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2021; fijó el litigio; decretó pruebas; incorporó al expediente las pruebas aportadas con la demanda y, reconoció personería a la abogada Nancy Magali Moreno Cabezas como apoderado de la entidad demandada.

Mediante correo electrónico del 22 de abril de 2024, la entidad demandada aportó las pruebas decretadas al proceso.

Mediante Auto de Sustanciación No. 227 del 24 de abril de 2024, el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cal i incorporó al expediente las pruebas decretadas y allegadas; así mismo, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

Dentro de dicho término, la entidad demandada, presentó escrito de alegaciones finales reiterando lo expuesto en la contestación de la demanda y allegó poder. La parte demandante guardó silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

alegaciones finales reiterando lo expuesto en la contestación de la demanda y allegó poder. La parte demandante guardó silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

Seguidamente, el Jugado Administrativo Transitorio de Cali profirió la Sentencia No. 361 del veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) la cual fue de carácter condenatorio.

El 5 de noviembre de 2024, la entidad demandada, Rama Judicial, inconforme con la decisión de primera instancia, interpuso recurso de apelación.

Mediante Auto No. 1448 del 5 de diciembre de 2024 se concedió el recurso interpuesto por a la parte demandada.

Finalmente, en virtud de la competencia otorgada por el acuerdo PCSJA2512255 del 24 de enero de 2025 “ Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional” del Consejo Superior de la Judicatura, se rem itió el proceso a la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Por reparto correspondió a este despacho y se admitió el recurso de apelación.

II. CONSIDERACIONESDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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2.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado contra la reseñada sentencia, según lo que disponen lo artículo 153 del CPACA y el artículo 1,

2.1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado contra la reseñada sentencia, según lo que disponen lo artículo 153 del CPACA y el artículo 1, parágrafo tercero, numeral 3 del Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025 “ Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en tribunales y juzgados administrativos a nivel nacional” del Consejo Superior de la Judicatura.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala Transitoria de este Tribunal, como sala especializada, determinar en el caso concreto si la bonificación judicial creada en favor de los servidores públicos de la Rama Judicial , mediante el artículo 1º del Decreto 38 3 de 2013, constituye factor salarial para liquidar prestaciones sociales, al margen de que la propia disposición restrinja su aplicación solamente para los aportes en salud y pensión y, consecuencia, confirmar o revocar el fallo de primera instancia que de claró la nulidad de la actos administrativos demandados con su correspondiente restablecimiento del derecho.

2.2.1. Metodología de la decisión

Para resolver este problema jurídico, la Sala, hará lo siguiente: i) Analizará los requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad . ii) Estudiará la competencia para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la Rama Judicial y las facultades del legislador para determinar factores salariales. iii) Recordará los principios constituc ionales protectores del salario. iv) Ahondará en el concepto de sa lario en la

empleados públicos de la Rama Judicial y las facultades del legislador para determinar factores salariales. iii) Recordará los principios constituc ionales protectores del salario. iv) Ahondará en el concepto de sa lario en la legislación interna. v) Estudiará la jurisprudencia el Consejo de Estado sobre el concepto de salario. vi) Revisará las normas internacionales – bloque de constitucionalidad– sobre la protección especi al del salario. vii) Auscultará acerca de la creación de la bonificación judicial . viii) Se aterrizará en el casoDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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en concreto, teniendo en cuenta las proposiciones fácticas y probatorias planteadas en el proceso, así como las pruebas aportadas, las normas jurídicas y el precedente judicial aplicables al caso subexamine. ix) Con base en los medios de prueba, definirá si la bonificación judicial que percibe el actor es un factor salarial que debe computarse al momento de liquidar prestaciones sociales. x) Finalmente, se dispondrá sobre la condena en costas.

2.3. Marco normativo

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de septiembre de 202 3, expediente radicado bajo el No. 17001-33-33-003-201900024-01, con ponencia del Magistrado Diego León Gómez Martínez, ya tuvo la oportunidad de resolver el problema jurídico aquí descrito. Por lo que, en respeto a es e precedente horizontal, esta Sala Transitoria , reproducirá las

00024-01, con ponencia del Magistrado Diego León Gómez Martínez, ya tuvo la oportunidad de resolver el problema jurídico aquí descrito. Por lo que, en respeto a es e precedente horizontal, esta Sala Transitoria , reproducirá las reglas jurisprudenciales más relevantes fijadas en su momento por esta Corporación Judicial.

2.3.1. Requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad

La citada excepción está previst a en el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, así: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacion ales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Sobre la supremacía de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde sus inicios estableció que debe prevalecer sobre cualquier norma de inferior rango, puesto que: “…La función de la Constitución como determinante del contenido de la s leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptosDemandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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constitucionales, pues la defensa de la Constitución resul ta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría…”1.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Alta Corporación, ha dicho que en

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constitucionales, pues la defensa de la Constitución resul ta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría…”1.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Alta Corporación, ha dicho que en atención al postulado superior consignado en el artículo 4 ibídem, nuestro sistema de control constitucional es de carácter mixto, es decir que, por una parte la Corte Constitucional ejerce un control concentrado o abstracto de constitucionalidad respecto de las leyes que se someten a su estudio, en este caso produciendo efectos erga omnes en su decisión, y por otra, se encuentra el control difuso que puede ejercer cualquier autoridad administrativa o judicial en determinado caso concreto, cuando advierta que una ley u otra norma jurídica de inferior rango es contraria a la Constitución, siendo excepcional su aplicación.

De igual forma, enfatizó la Corte Constitucional en sentencia C - 122 de 2011, con M.P. Juan Carlos Henao, que conforme a las competencias atribuidas en el numeral 2 del artículo 237 ejusdem, al Consejo de Estado le corresponde ejercer el control concentrado de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional , cuya competencia no est á atribuida a la Corte Constitucional.

En ese orden, el control por vía de excepción, cuya aplicación puede ser de oficio o a solicitud de parte, tiene como característica, que sus efectos son inter partes, por tanto, la norma legal o reglamentaria exceptuada por inconstitucional continua vigente en el ordenamiento jurídico y se predica su validez.

En el campo de la acción de tutela, la Corte Constitucional también ha

partes, por tanto, la norma legal o reglamentaria exceptuada por inconstitucional continua vigente en el ordenamiento jurídico y se predica su validez.

En el campo de la acción de tutela, la Corte Constitucional también ha desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad, reflexionando que en virtud de l artículo 4º de la Constitución, dicha figura constituye una “herramienta jurídica -política de protección al principio de supremacía constitucional”, que garantiza en cada caso concreto, “su jerarquía y materialidad dentro del sistema de fuentes del derecho”, y la cual puede ser

1 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995.Demandante: Redy Humberto Narváez Demandado: Nación – Rama Judicial – DEAJ Radicado expediente: 76001333301620210016602

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aplicada de manera oficiosa o a solicitud de parte, cuando se configure alguno de los siguientes requisitos:

…(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad.

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción públic a de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iu s fundamental. En otras

caso; o,

(iii) En virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iu s fundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resul