TA VAL - Sentencia 76001-33-33-004-2018-00104-01 (13-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Procede esta Corporación en Sala Fija Jurisdiccional de Decisión Oral No. 4, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 3 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

Los señores JOHN WAILNER ZAPATA TORRES y BEIMA LUCÍA BANGUERO HURTADO, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores JOHN WAINER ZAPATA BAN GUERO, BALERI LIZETH ZAPATA BANGUER O, YULIANA ANDREA ZAPA TA BANGUERO y MERLIN YARIDSA SÁNCHEZ BANGUERO; GILMA TORRES VIDAL; OSCAR IVÁN MUÑOZ TORRES, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor ANDERSON IVÁN MUÑOZ ALEGRÍA; ADRIANA MARÍA MUÑOZ VIDA, actuando en nombre propio y representación de sus hijos menores ABIGAÍL MOSQUERA MUÑO Z y CARLOS ANDRÉS MOSQUERA MUÑOZ, por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA

en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, pidiendo se declare administrativamente responsables a dichas entidades por todos los perjuicios que les fueron causados como consecuencia de la privación de la libertad, presuntamente injusta a la que fue sometido el señor JOHN WAILNER ZAPATA

TORRES.

2. HECHOS

La Sala se permite sintetizar los hechos de la demanda, así:

Que el señor John Wailner Zapata Torres fue capturado el día 09 de septiembre de 2011, por el delito de extorsión , respecto del cual posteriormente fue absuelto por parte del Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Florida, quien mediante providencia del 19 de mayo de 2014, ordenó su libertad inmediata; no obstante,

MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN DIRECTA EXPEDIENTE: 76001-33-33-004-2018-00104-01

DEMANDANTE: JOHN WAILNER ZAPATA TORRES Y OTROS

notificaciones@legalgroup.com.co; legalgroupespecialistas@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓNRAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co ASUNTO SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIATribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 2 de 17 Proceso No 76001-33-33-004-2018-00104-01 Reparación Directa John Wailner Zapata Torres y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

Proceso No 76001-33-33-004-2018-00104-01 Reparación Directa John Wailner Zapata Torres y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

continuó privado de la libertad en virtud de la medida de aseguramiento decretada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento el 29 de septiembre de 2011, por el delito de homicidio y porte ilegal de armas.

Que en el presente asunto s e solicita la reparación de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Zapata Torres durante el periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2014 y el 09 de marzo de 2016, por el delito de homicidio y porte ilegal de armas.

Que el 29 de septiembre de 2011, la Fiscalía 152 Seccional de Pradera, solicitó audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra el señor Zapata Torres por la presunta comisión de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, dejando de lado que no tenía antecedentes y no constituía un peligro para la sociedad.

Que los hechos por los cuales se dio inicio a la investigación por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, acaecieron el día 07 de junio de 2009 a las 19:00 horas, en el establecimiento de comercio denominado “Don César”, ubicado en el sector de la Cruz, barrio Manuel José Ramírez del municipio de Pradera, cuando fue ultimado con arma de fuego el señor Jhon Ale xander Jaramillo Pernía, quien se encontraba departiendo con amigos y pareja cuando llegó un sujeto que vestía buzo azul y blanco y le disparó en varias

fuego el señor Jhon Ale xander Jaramillo Pernía, quien se encontraba departiendo con amigos y pareja cuando llegó un sujeto que vestía buzo azul y blanco y le disparó en varias ocasiones sin mediar palabra.

Que el señor Jhon Alexander Jaramillo Pernía fue llevado al Hospital San Roque de Pradera donde llegó sin signos vitales, por lo que la Policía Judicial procedió a realizar la inspección técnica a cadáver.

Que conforme a la declaración rendida por el denunciante Julio César Arboleda Clavijo, residente en el municipio de Pradera y testigo directo de la conducta delictiva, el presunto autor del homicidio fue una persona conocida como “Anduy”, quien se apellidaba Cándelo Núñez y tenía una edad aproximada de 19 años, de género masculino y tez negra, es decir, hacía referencia a una persona completamente diferente a la aquí demandante que para la fecha en que acontecieron los hechos tenía 23 años de edad, es de piel morena y no tiene ningún apodo.

Que además de la prueba antes relacionada, el Fiscal aportó como elemento material probatorio el acta de reconocimiento fotográfico FPJ-20 en la cual se indica que el día 20 de junio de 2010, el señor Jhon Jairo Díaz Riascos, supuesto testigo de los hechos, reconoció al señor John Wailner Zapata Torres como la persona que atentó contra la humanidad de Jhon Alexander Jaramillo Pernía; no obstante, al apreciar la imagen se observa que no corresponde al aquí demandante, pues la imagen número 4 del álbum de reconocimient o número 1, confrontada con la imagen real del rostro que obra en la tarjeta decadactilar

corresponde al aquí demandante, pues la imagen número 4 del álbum de reconocimient o número 1, confrontada con la imagen real del rostro que obra en la tarjeta decadactilar elaborada por el INPEC de fecha 11 de septiembre de 2011, se puede advertir que se trata de dos personas diferentes, lo cual es completamente reprochable, pues se confundió al homicida con un ciudadano de bien, trabajador y honrado.

Que, para solicitar la medida de aseguramiento, el Fiscal tuvo como fundamento el Informe de Investigador de Campo FPJ -11 del 09 de agosto de 2011, sin que se hubiera realizado ningún estudio socioeconómico o diligencia tendiente a establecer el arraigo del actor, pues el ente investigador se limitó a indicar que el actor residía en la invasión “La Playita”.

Que también se aportó como elemento material probatorio el Informe de Inspección Técnica al Cadáver FPJ -10; Informe Pericial de Necropsia de Jhon Alexander Jaramillo Pernía; fotografías del lugar de los hechos FPJ -6; copia de la cédula de ciudadanía del imputado; tarjeta preparatoria de John Wailner Zapata Torres; y la investigación adelantada contra elTribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 3 de 17 Proceso No 76001-33-33-004-2018-00104-01 Reparación Directa John Wailner Zapata Torres y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

imputado por el delito d e extorsión, elementos que resultaban insuficientes para inferir razonablemente que podía ser autor o participe de la conducta investigada.

Que la falla del Juez de Control de Garantías radica en haber aceptado la solicitud realizada

imputado por el delito d e extorsión, elementos que resultaban insuficientes para inferir razonablemente que podía ser autor o participe de la conducta investigada.

Que la falla del Juez de Control de Garantías radica en haber aceptado la solicitud realizada por la Fiscalía de privar de la libertad en establecimiento carcelario al señor Zapata Torres sin que la medida resulta necesaria ni se cumplieran los requisitos de Ley para tal fin.

Que el 28 de noviembre de 2011, la Fiscalía 152 Seccional de Pradera, presentó escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de Palmira, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira; el 23 de enero de 2012 se celebró la audiencia acusación; el 13 de febrero de 2012 la audiencia preparatoria y apenas el 21 de junio de 2012, se dio inicio a la audiencia de juicio oral, es decir, habiendo transcurrido 128 días después de la última audiencia.

Que la audiencia de juicio oral perduró por más de 4 años debido a la improvisación por parte de la Fiscalía quien no logró la comparecencia de sus testigos de forma oportuna, dilatando el enjuiciamiento de forma irraciona l e indolente con el entonces procesado que se encontraba privado de la libertad; y los testimonios practicados daban cuenta de que el homicida no era la misma persona que estaba siendo investigada.

Que en la audiencia de juicio oral celebrada el día 07 d e marzo de 2016, al momento de proferirse el sentido del fallo, la Fiscalía solicitó éste fuera de carácter absolutorio debido al débil material probatorio aportado al proceso, el cual resultaba insuficiente para desvirtuar

proferirse el sentido del fallo, la Fiscalía solicitó éste fuera de carácter absolutorio debido al débil material probatorio aportado al proceso, el cual resultaba insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, solicitud que fue coadyuvada por la apoderada de la defensa.

Que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Palmira, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2016, resolvió absolver al señor John Wailner Zapata Torres por el delito de Homicidio en concurso con Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego, por duda probatoria.

Que el aquí demandante estuvo privado de la libertad de manera injusta por espacio de 4 años, 5 meses y 10 días; no obstante, por el delito de Homicidio en concurso con Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego, que nos ocupa , durante el periodo comprendido entre el 20 de mayo de 2014 y el 09 de marzo de 2016, es decir, por 1 año, 9 meses y 19 días.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. RAMA JUDICIAL1

La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Señaló que la medida de aseguramiento impuesta por el respectivo Juez tuvo su origen en la solicitud elevada por la Fiscalía, quien presentó el caso ante el Juez de Control de Garantías.

3.2. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La entidad demandada no contestó la demanda, tal como se indica en la constancia secretarial vista en la secuencia 01 folio 591 del expediente digital.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

La entidad demandada no contestó la demanda, tal como se indica en la constancia secretarial vista en la secuencia 01 folio 591 del expediente digital.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

1 Secuencia 01 folios 581 a 584 del expediente digital de primera instancia. 2 Secuencia 10 del expediente digital de primera instancia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 4 de 17 Proceso No 76001-33-33-004-2018-00104-01 Reparación Directa John Wailner Zapata Torres y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante Sentencia del 03 de noviembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, bajo la consideración de que la medida de aseguramiento impuesta no desbordó los criterios de proporcionalidad ni razonabilidad, toda vez que, existían indicios serios de responsabilidad y pruebas en su contra que la justificaban, entre las cuales se destaca el señalamiento directo que efectuó uno de los testigos en la entrevista rendida ante la Policía Judicial el día 31 de julio de 2010, en la cual menciona que logró identificar al señor Zapata Torres como el autor homicida del señor Jaramillo Pernía el día 07 de junio de 2009.

Así mismo consideró que, no se demostró que la medida adoptada por el Juez de Control de Garantías haya sido ilegal, desproporcionada, inapropiada, ni abiertamente arbitraria, por lo tanto, no se encuentra probada la antijuridicidad del daño cuya reparación se pretende.

Finalmente, respecto de la prolongación de la medida de aseguramiento, señaló que, no

por lo tanto, no se encuentra probada la antijuridicidad del daño cuya reparación se pretende.

Finalmente, respecto de la prolongación de la medida de aseguramiento, señaló que, no obra prueba en el plenario que dé cuenta de que la defensa haya dado aplicación a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal ejerciendo los mecanismos jurídicos correspondientes en procura de evitar una detención extendida a su def endido, lo que permite concluir que fue la inoperancia de la defensa que conllevó a que el actor estuviera privado de su libertad por un mayor tiempo.

5. RECURSO DE APELACIÓN3

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando sea revocada, para lo cual además de reiterar lo expuesto en el escrito de demanda, señaló que, el A quo no realizó un adecuado análisis de la pruebas obrantes e n el plenario; y desconoció el precedente jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través del cual ha venido desarrollando la tesis de que aun cuando se encuentra que la actuación de las entidades demandadas estuvo ajustada a derecho, la privación de la libertad debe estudiarse bajo el título de imputación de daño especial, toda vez que al haberse configurado una duda probatoria, se entiende que con la privación de la libertad sufrida por el demandante se le ocasionó un daño que no estaba en el deber de soportar.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Concedido el recurso de apelación por parte del a quo mediante Auto del 18 de abril de 2024, fue admitido en esta instancia con Auto de fecha 14 de junio de 2024.

6. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Concedido el recurso de apelación por parte del a quo mediante Auto del 18 de abril de 2024, fue admitido en esta instancia con Auto de fecha 14 de junio de 2024.

7. PRONUNCIAMIENTOS DE LAS PARTES EN ESTA INSTANCIA

Dentro del término de ejecutoria de la providencia antes mencionada, únicamente se pronunció la Fiscalía General de la Nación, solicitando se confirme la sentencia recurrida; y señalando que, la privación injusta de la libertad del demandante únicamente le es atribuible a la Rama Judicial.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Este Tribunal es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida en este proceso en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA.

3 Secuencia 12 del expediente digital de primera instancia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 5 de 17 Proceso No 76001-33-33-004-2018-00104-01 Reparación Directa John Wailner Zapata Torres y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

2. CONFLICTO JURÍDICO

En esta instancia la controversia se contrae a establecer, si debe confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al considerar que la medida de aseguramiento emitida contra el demandante cumplió con los presupuestos legales para su imposición; o, si, por el contrario, conforme se solicita en el recurso de apelación, en aplicación del régimen de responsabilidad objetivo, se debe declarar la responsabilidad de las entidades demandadas como consecuencia de la privación de la libertad del demandante

su imposición; o, si, por el contrario, conforme se solicita en el recurso de apelación, en aplicación del régimen de responsabilidad objetivo, se debe declarar la responsabilidad de las entidades demandadas como consecuencia de la privación de la libertad del demandante por el delito de Homicidio en concurso con Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego.

De igual forma, y solo en caso de considerarse injusta la privación de la libertad padecida por el señor John Wailner Zapata Torres, deberá establecerse qué entidad debe responder patrimonialmente por el daño antijurídico que de tal circunstancia se derive.

3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS EN LOS QUE SE

IMPUTA RESPONSABILIDAD POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD

El estudio que el tema amerita debe partir de la consideración de que, el Consejo de Estado mediante sentencia del 15 de agosto de 2018 4, unificó su jurisprudencia en torno al tema de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad en el sentido de precisar lo siguiente:

1.- Que en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

2.- Que adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

3.- Que si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

4.- Que el juez, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia , puede enca usar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.

No obstante, el mismo Consejo de Estado a través de sentencia de tutela5 dejó sin efectos la referida sentencia de unificación, al considerar que no se había realizado un análisis adecuado de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de efectuar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad en el caso concreto y, por lo tanto, ordenó a la Sub Sección respectiva que profiriera un nuevo fallo.

de efectuar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad en el caso concreto y, por lo tanto, ordenó a la Sub Sección respectiva que profiriera un nuevo fallo.

4 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, CP: Martín Bermúdez Muñoz, sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, Radicación No. 11001-03-15-000-2019-00169-01.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 6 de 17 Proceso No 76001-33-33-004-2018-00104-01 Reparación Directa John Wailner Zapata Torres y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

En cumplimiento de la referida orden de tutela el Consejo de Estado profirió una sentencia de reemplazo el 6 de agosto de 2020 6, en la que, si bien no se consignaron de nuevo las reglas de unificación anteriores, si fueron acogidas al momento de decidir , por lo que se concluye que siguen vigentes.

En concreto en esa nueva providencia se sostuvo que: “El hecho de que una persona resulte privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suf iciente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó

privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con sentencia absolutoria o con resolución de preclusión, no resulta suf iciente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”.

A partir de la aludida unificación y su posterior sentencia de r eemplazo, la citada Corporación7 ha cambiado su postura en el sentido de afirmar en cuanto al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, que la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, y que en aplicación del principio iura novit curia corresponde al juez de conocimiento definir frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motiv ación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Así mismo que, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste.

En este punto, la Sala recuerda que, en desarrollo de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, mediante la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), el Consejo de Estado había diseñado un régimen de responsabilidad objetivo para estos casos, con el que se buscó proteger el derecho ambulatorio de las personas y el restablecimiento del desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de

(Rad.23354), el Consejo de Estado había diseñado un régimen de responsabilidad objetivo para estos casos, con el que se buscó proteger el derecho ambulatorio de las personas y el restablecimiento del desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad, el que operaba cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, supuestos que, se encontraban previstos en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 – antiguo Código Penal -, cuya aplicación siguió considerándose procedente aun después de la derogatoria de esta disposición.

Se sostenía entonces que, el régimen de responsabilidad objetivo tenía ocurrencia cuando la absolución del privado de la libertad o su equivalente se daba, por las causales del citado artículo 414 del Decreto ley 2700 de 1991, y además por la aplicación del principio de in dubio pro reo, adicionado jurisprudencialmente.

Según la posición jurisprudencial del 2013, el régimen en cita, se aplicaba cuando la libertad del procesado, se daba por las siguientes causales:

1. Porque el detenido no cometió el delito, ii) El hecho delictivo no existió,

6 C. de E. Sección Tercera. Sentencia de agosto 6 de 2020. Rad. No. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947). CP. Dr. José Roberto Sáchica Méndez. 7 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUB SECCIÓN C. CONSEJERO

Roberto Sáchica Méndez. 7 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUB SECCIÓN C. CONSEJERO

PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES. Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). Referencia: REPARACIÓN DIRECTA. Radicación: 52001233100020090002001 (53917). Demandante: EDILBERTO FABIÁN LEITON PANTOJA Y OTRO. Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO. Tema: Privación injusta de la libertad. Indebida identificación e individualización de procesado. Decreto Ley 2700 de 1991. Se acreditó un daño antijurídico.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 7 de 17

Proceso No 76001-33-33-004-2018-00104-01 Reparación Directa John Wailner Zapata Torres y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

1. La conducta por la cual fue detenido no era típica o, iv) Por aplicación del principio in dubio pro reo.

En estos eventos la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la oc urrencia del daño mismo, es decir, de la pri vación material de la libertad, análisis que no implicaba la verificación de la legalidad de la medida cautelar, es decir, si ella contradecía el ordenamiento jurídico o si se produjo al margen del derecho. Se precisó que, en tales casos, el Estado para exonerarse de responsabilidad, debía probar alguna causal de justificación y,

verificación de la legalidad de la medida cautelar, es decir, si ella contradecía el ordenamiento jurídico o si se produjo al margen del derecho. Se precisó que, en tales casos, el Estado para exonerarse de responsabilidad, debía probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompía la imputación de la responsabilidad y se desestimaba el deber de responder para la Administración.

En la actualidad, según la nueva posición jurisprudencial del Consejo de Estado, adoptada en la sentencia del 15 de agosto de 20188, en armonía con el artículo 90 Constitucional, el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, lo que, implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño de manera directa, para luego establecer la presencia de los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que se encuentre predeterminado el régimen de responsabilidad a aplicar, sino que el juez de conocimiento lo escogerá en cada caso, de acuerdo con las particularidades del proceso en concreto.

En otras palabras, en desarrollo de la nueva posición jurispru dencial, el examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, exige la constatación de si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales se adoptó tienen correspondencia con los cánones legales y constitucionales, así como, si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, e igualmente,

bajo las cuales se adoptó tienen correspondencia con los cánones legales y constitucionales, así como, si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, e igualmente, si la medida era necesaria, razonable y proporcional.

Por ello, destaca el Consejo de Estado que, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue en la medida en que, en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, se responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que encuentran amparo en el ordenamiento. Del mismo modo, de berá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo, su propia detención, a fin de establecer si le corresponde asumir las consecuencias de su actuación.

No sobra agregar que, con anterioridad a esta nueva postura del Consejo de Estado, la Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018, había considerado que, el precedente jurisprudencial de respo nsabilidad marcadamente objetivo que había adoptado aquella Corporación en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 desconocía el precedente sentado por esa misma Corte en sentencia C-037 de 1996 mediante la cual se declaró exequible condicionadamente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de Administración de Justicia – del que emana la responsabilida d Estatal en materia de privación injusta de la libertad.

declaró exequible condicionadamente el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de Administración de Justicia – del que emana la responsabilida d Estatal en materia de privación injusta de la libertad.

8 CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Página 8 de 17 Proceso No 76001-33-33-004-2018-00104-01 Reparación Directa John Wailner Zapata Torres y otro Vs Rama Judicial, Policía Nacional y Fiscalía

Dicha disposición establece que: “ Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Es tado reparación de perjuicios. ”; y sobre su alcance, la sentencia C037 de 1996 había sostenido que el término “injustamente”, “se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. (…) la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.” Bajo esos condicionamientos, la norma fue declarada

administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de