TA VAL - Sentencia 76001-33-33-004-2018-00158-01 (19-03-2025)

Santiago de Cali, diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia nro. 63

RADICACIÓN: 76001-33-33-004-2018-00158-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ACCIONANTE: CAMILO DAVID GÓMEZ SALAZAR Y OTROS

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ACCIONADO:

NACION - RAMA JUDICIAL

disajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co desajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co jur.novedades@fiscalia.gov.co TEMA: Privación injusta de la libertad DECISIÓN: Confirma / niega pretensiones

MAGISTRADO PONENTE: Víctor Adolfo Hernández Díaz

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones porque se acreditó la culpa exclusiva de la víctima, por no interponer los recursos de ley, tal y como lo establece el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

II. ANTECEDENTES

II.I La demanda y pretensiones

2. Los señores Camilo David Gómez Salazar, Nohelia Salazar Ramírez, Hernando Gómez Rivera, Millerlandy Gómez Aguirre, Angélica Gómez Salazar y John Anderson Erazo Salazar presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, para que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de las demandadas por los perjuicios derivados

demanda en contra de la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, para que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de las demandadas por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Camilo David Gómez Salazar.

3. Como consecuencia, se condene a las entidades al pago de perjuicios morales y materiales a favor de cada uno de los demandantes.

II.II Hechos relevantes

4. El 08 de marzo de 2016 en horas de la tarde, el señor Camilo David Gómez Salazar salió de su trabajo a abastecerse de su dosis personal de estupefacientes; posteriormente, fue abordado en el barrio las delicias de Palmira – Valle por miembros de la policía judicial que al realizar requisa encontraron las sustancias y de inmediato lo capturaron en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

5. El 09 de marzo de 2016 el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira – Valle adelantó la audiencia preliminar de legalización de captura, imputación de cargosRADICACIÓN: 76001-33-33-004-2018-00158-01

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Pág. 2 de 11 y solicitud de medida de aseguramiento; el demandante no aceptó cargos y el juez de instancia resolvió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Pág. 2 de 11 y solicitud de medida de aseguramiento; el demandante no aceptó cargos y el juez de instancia resolvió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario.

6. El 05 de mayo de 2016 la defensa solicitó recaudar pruebas a efectos de acreditar que el demandante era adicto a los estupefacientes ; el 06 de mayo de 2016 la Fiscalía 141 Seccional de Palmira radicó solicitud de preclusión de la investigación.

7. El 23 de junio de 2016 el Juzgado Tercero Penal de Circuito con Funciones de Conocimiento de Palmira - Valle llevó a cabo la audiencia en la que declaró la preclusión de la acción penal por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

8. El demandante estuvo privado de la libertad desde el 08 de marzo de 2016 hasta el 24 de junio de 2016, esto es, 3 meses y 16 días.

II.III Contestación de la demanda

9. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

10. No se configuraron los supuestos esenciales que permitan estructurar responsabilidad en cabeza de la entidad, comoquiera que su actuación se surtió de conformidad con las Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos.

11. El juez preliminar consideró conforme al causal probatorio allegado a la investigación que se cumplía a cabalidad con los presupuestos objetivos y subjetivos exigidos por la norma procedimental, razón por la que legalizó la captura del señor Gómez Salazar e impuso medida de aseguramiento en

cumplía a cabalidad con los presupuestos objetivos y subjetivos exigidos por la norma procedimental, razón por la que legalizó la captura del señor Gómez Salazar e impuso medida de aseguramiento en su contra al considerar la gravedad y modalidad de la conducta.

12. No existe nexo causal entre el daño alegado y la actuación de la entidad, pues los hechos ocurridos eran reprochables y debían ser investigados; el hecho de que en el transcurso de la investigación y del proceso aparezcan circunstancias nuevas que favorezcan a los presuntos responsables de una conducta delictiva no implica directamente una detención injusta.

13. Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) culpa exclusiva de la víctima, iii) cumplimiento de un deber legal, iv) ausencia del daño antijurídico e imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación, v) inexistencia del nexo de causalidad y la vi) genérica.

14. La Nación – Rama Judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

15. Las actuaciones de los funcionarios judiciales estuvieron soportadas en las normas sustantivas y procesales vigentes, por lo que no hay lugar a endilgar responsabilidad alguna a la entidad.

16. Propuso las excepciones de i) culpa exclusiva de la víctima, ii) inexistencia del nexo causal, iii) inexistencia de perjuicios, iv) excepción al régimen de imputación objetiva, v) no hay privación injusta de la libertad, vi) el hecho delictivo existió y la vii) innominada.

17. El señor Camilo David Gómez no fue detenido por tráfico de estupefacientes sino por “llevarlos

de la libertad, vi) el hecho delictivo existió y la vii) innominada.

17. El señor Camilo David Gómez no fue detenido por tráfico de estupefacientes sino por “llevarlos consigo en cuantía superior a la permitida” en un sector donde la falta de medidas contundentes en contra del micro tráfico diariamente fomentan la impunidad y alimentan la violencia, explotación y deterioro de la comunidad.

18. El demandante había sido aprehendido en múltiples ocasiones y continuaba delinquiendo, por lo que su actuación justificó la requisa y posterior detención de la policí a; surtida la investigación, laRADICACIÓN: 76001-33-33-004-2018-00158-01

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Pág. 3 de 11 Fiscalía no encontró respaldo en las pruebas legalmente recaudadas y arrimadas al proceso lo que llevó a la solicitud de preclusión que posteriormente fue decretada por el juez de conocimiento.

19. Precisó que , en las audiencias preliminares no se discute la responsabilidad penal de los imputados, por cuanto el juez de control de garantías trabaja con elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que no constituyen plena prueba, razón por la que la imposición de la medida de aseguramiento obedece a principios de razonabilidad, proporcionalidad y ponderación.

II.IV Sentencia de primera instancia

20. El juzgado negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

“(…)

y ponderación.

II.IV Sentencia de primera instancia

20. El juzgado negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

“(…) Analizado el proceso que dio origen al presente medio de control, se tiene que la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario resultaba procedente en aquellos eventos en que el delito tuviera contemplada una “pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años”, situación que se presentaba como ocurría con el delito de porte y tráfico de estupefacientes, como también observó el juzgador que el señor Gómez Salazar contaba con dos investigaciones anteriores y vigentes por hechos dolosos de los años 2012 y 2014, siendo reincidente de conductas punibles por delitos como extorsión y porte ilegal de armas. (…) En consecuencia, resulta evidente que la figura de la flagrancia en el ámbito penal exige un análisis distinto al de la privación de la libertad que de forma genérica se hace. Esto se debe a que, conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 32 de la Constitución Política, el (presunto) delincuente sorprendido debe ser detenido y conducido ante el Juez correspondiente.

Aunado a lo anterior, en la audiencia preliminar de imposición de medida de aseguramiento, el señor defensor del aquí demandante, manifestó no tener elementos materiales probatorios para solicitar que no se imponga una medida diferente o distinta a la resuelta por el señor Juez (folio 34 del expediente), es decir, las partes en el proceso penal aceptaron la procedencia de la medida de privación de la libertad…

Por lo anterior, es claro que la medida privativa de la libertad impuesta, n o desbordó los criterios de

es decir, las partes en el proceso penal aceptaron la procedencia de la medida de privación de la libertad…

Por lo anterior, es claro que la medida privativa de la libertad impuesta, n o desbordó los criterios de proporcionalidad ni de razonabilidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, pues recuérdese que el señor Gómez Salazar fue sorprendido en flagrancia al llevar consigo 35 bolsas, cuya sustancia al realizarle el análisis químico, arrojó positivo para el estupefaciente denominado cocaína. (…) Conforme a lo anteriormente expuesto, es claro que al Ente acusador no se le podía solicitar otra conducta, que no fuera la de requerir la medida privativa de la libertad dada la gravedad del delito investigado, pues tal como lo precisó el Juez de Control de Garantías, el hoy demandante se encontraba en reincidencia en delitos, por lo cual se hacía necesaria su retención en establecimiento penitenciario. (…) Así las cosas, concluye este operador judicial que no se encuentra acreditado que las entidades demandadas hubieran incurrido en falla alguna del servicio, pues las decisiones y medidas que restringieron la libertad del señor Camilo Andrés Gómez Salazar, lejos de ser arbitrarias e irracionales, se sustentaron para la época en que se impusieron, en la ley y en las pruebas legal y oportunamente aportadas al proceso penal, en armonía con las circunstancias y elementos con los que se contaba al momento de proferirlas, tanto así que el apoderado defensor la aceptó y la ratificó en audiencia. (…)”

II.V Recurso de apelación

21. La parte demandante apeló. Sostuvo que concurrían los presupuestos necesarios para declarar

(…)”

II.V Recurso de apelación

21. La parte demandante apeló. Sostuvo que concurrían los presupuestos necesarios para declarar responsables a las entidades demandadas, pues quedó acreditado que el señor Camilo David Gómez Salazar fue privado de su libertad mediante una decisión que posteriormente tuvo como resultado la preclusión de la acción penal.RADICACIÓN: 76001-33-33-004-2018-00158-01

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22. La Fiscalía solicitó la imposición de la medida de aseguramiento con fundamento en lo consignado en el informe de policía judicial derivado de una captura en flagrancia, sin ningún otro elemento probatorio que permitiera inferir la posible autoría o participación en conductas delictivas ligadas a una organización criminal.

23. El juez de control de garantías no justificó adecuadamente la necesidad y urgencia de imponer la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y la Fiscalía no probó ante el juzgador que las medidas no privativas de la libertad resultaban insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de esta.

24. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

25. Ante la eventual confirmación de la sentencia de primera instancia solicitó no imponer condena en costas dado que ha ejercido la apelación en estricto apego a la norma procesal, sin ánimo de dilación o abuso del derecho.

25. Ante la eventual confirmación de la sentencia de primera instancia solicitó no imponer condena en costas dado que ha ejercido la apelación en estricto apego a la norma procesal, sin ánimo de dilación o abuso del derecho.

II.VI Actuaciones en segunda instancia

26. Mediante auto nro. 61 del 29 de enero de 2025 se admitió el recurso de apelación.

27. Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

III.I Presupuestos Procesales

28. Competencia y cuantía. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación debido a su cuantía y naturaleza porque el trámite del asunto correspondía en primera instancia a los Jueces

Administrativos del Circuito Judicial de Cali.

III.II Problema Jurídico a resolver

29. ¿La privación de la libertad que soportó el demandante fue injusta porque era posible inferir desde un principio la ausencia de responsabilidad penal?

30. ¿Se configuró algún eximente de responsabilidad que rompa la imputación de responsabilidad?

III.III Tesis de la Sala

31. No se puede imputar a las entidades demandadas daños por la privación de la libertad del demandante porque no interpuso en tiempo los recursos a lugar, configurando la causal exonerativa de responsabilidad estatal de culpa exclusiva de la víctima, prevista en el artículo 70 de la Ley 270 de

1996.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

IV.I Régimen de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad

32. La libertad se cuenta entre los bienes más preciados sobre los que se funda toda organización

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

IV.I Régimen de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad

32. La libertad se cuenta entre los bienes más preciados sobre los que se funda toda organización política contemporánea, cuya vigencia y ejercicio pleno posibilita el despliegue de los demás derechos reconocidos por el orden jurídico.RADICACIÓN: 76001-33-33-004-2018-00158-01

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33. En una primera etapa, el Consejo de Estado consideró que en la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la Libertad debía aplicarse el régimen de falla del servicio, esto es, que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, constitutiva de un error judicial.

34. Posteriormente, consideró que la carga probatoria del actor, relativa a demostrar el carácter “injusto” de la detención o el “error de la autoridad judicial” debía restringirse a casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 donde el propio legislador calificaba como injusta la detención.

35. Una tercera postura sostuvo que se puede configurar la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria pese a que en la restricción de la libertad se hayan cumplido con todas las exigencias legales.

36. Lo anterior porque según esa postura se entendía que la privación era un acto

por privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria pese a que en la restricción de la libertad se hayan cumplido con todas las exigencias legales.

36. Lo anterior porque según esa postura se entendía que la privación era un acto desproporcionado, inequitativo y rompía con las cargas públicas que u na persona debía soportar especialmente por comprometer el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.

37. La Corte Constitucional expresó en Sentencia SU - 072 de 2018 que el régimen objetivo de responsabilidad del Estado es de carácter residual y por t anto sólo se aplica en aquellos eventos donde el régimen subjetivo no es suficiente para resolver la controversia y agregó que en los casos de privación injusta de la libertad el estudio implica profundizar en un análisis que permita precisamente determinar si la privación de la libertad fue injusta o no

1 .

38. Finalmente, en sentencia SU -363 de 2021 la Corte Constitucional se pronunció nuevamente sobre el tema. Reiteró que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida

2 .

1 “(…) el artículo 90 de la Constitución no establece un título de imputación específico, lo cual es aceptado por la jurisprudencia constitucional en otras oportunidades y el Consejo de Estado. Por ejemplo, en la sentencia C-043 de 2004 se advierte un punto de inflexión, dadas algunas afirmaciones en

relación con la aceptación, en principio, de un sistema de responsabilidad objetivo cuando se juzga al Estado; sin embargo, esa inflexión, no es definitiva porque se conserva la idea de que el Estado genera perjuicios aún por actuaciones irregulares, con lo cual se mantiene abierta la entrada a un sistema de falla del servicio. (…) 100. De otro lado, la sentencia SU-443 de 2016 complementa la idea de que los antecedentes jurisprudenciales sobre la responsabilidad del Estado no han sido restrictivos, esto es, en ellos no se ha establecido de manera imperativa un régimen de responsabilidad del Estad o; por el contrario, han establecido la posibilidad de definir el sistema de responsabilidad que mejor convenga a una determinada situación.

101. Ahora bien, el Consejo de Estado ha acudido a una fórmula en aras de ofrecerle consistencia jurídica a los asuntos que s e someten a su consideración cuando su génesis lo es la privación injusta de la libertad y en esa tarea ha señalado que es posible aplicar un sistema de responsabilidad objetivo o uno de falla del servicio (…). Ha establecido esa alta Corporación que en cuatro eventos de absolución, cuales son a saber: (i) que el hecho no existió; (ii) el sindicado no lo cometió; (iii) la conducta no constituía hecho punible; o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia – principio in dubio pro reodebe acudirse a un título de imputación objetivo que está dado por la figura del daño especial. (…) 102. (…) En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas

señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en e l servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C -037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho (…)

121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia – aplicación del principio in dubio pro reo -, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desp roporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996. (…) 124. Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión fav orable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa (…)

2

Resolvió: “DEJAR EN FIRME la sentencia de reemplazo proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sección Tercera, Subsección A

irresponsabilidad administrativa (…) 2

Resolvió: “DEJAR EN FIRME la sentencia de reemplazo proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) (dentro del proceso 2011 -00235 01 (46.947)), en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado en fallo de tutela del quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).” De la síntesis de la mentada providencia se extractan los siguientes apartes relevantes: “F. Síntesis y decisiones por adoptar (…) Respecto del régimen de imputación, la Sala Plena recordó lo señalado en la sentencia SU-072 de 2018 y manifestó que la responsabilidad del Estado se deduce de tres elementos esenciales, a saber: a) el daño; b) la antijuridicidad de éste y; c) su producción a partir de una actuación u omisión estatal.

Asimismo, indicó que el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad se desarrolla en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 deRADICACIÓN: 76001-33-33-004-2018-00158-01

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39. En este contexto, para determinar si la privación de la libertad fue injusta o no, debe abordarse cada caso concreto y a partir de los medios probatorios analizar las condiciones de tiempo, modo y

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39. En este contexto, para determinar si la privación de la libertad fue injusta o no, debe abordarse cada caso concreto y a partir de los medios probatorios analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño y la conducta procesal de la víctima para descartar su exposición al mismo

3 .

IV.II Culpa exclusiva de la víctima en procesos de reparació n directa por privación injusta de la libertad. 4

40. Existen varias causales de exoneración de la responsabilidad del Estado que rompen el nexo

1996, Estatutaria de Administración de Justicia. Además, manifestó que la SU -072 de 2018 dejó claro que, en relació n con la privación injusta de la libertad,

105. Esta Corporación [Corte Constitucional] comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

2

201. En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado, la Sala cons ideró importante fijar una regla en torno a cómo debe interpretarse ese concepto. Para ello, la Corte señaló, entre otras, las siguientes consideraciones.

202. En primer lugar, indicó que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva

202. En primer lugar, indicó que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida. En ese sentido, no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva por el hecho de privar a una persona de su libertad precautelativamente, y luego ordenar su libertad, sino que es necesario revisar, si la medida fue manifiestamente irr azonable y desproporcionada o si, como lo indicó la sentencia SU -072 de 2018, el hecho objeto de la investigación no existió o si la conducta era objetivamente atípica.

203. Posteriormente, advirtió que cuando se impone el análisis de la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, en un proceso de reparación directa, este debe respetar los principios del debido proceso, particularmente, sus componentes de presunción de inocencia y respeto al juez natural. Esto significa, en términos concretos, que el juez de la responsabilidad del Estado no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal, al ser de reserva del juez ordinario —penal—. Desconocer esa configuración implicaría, por una parte, reabrir el debate sobre circunstancias fácticas y elementos probatorios que ya fueron evaluados por dicho juez (el juez natural); y, por otra parte, implicaría tratar de nuevo a quien fue procesado penalmente, ahora en el proceso administrativo, como sospechoso, así como la aplicación de un crit erio peligrosista que compromete de nuevo la presunción de inocencia, situaciones proscritas a la luz de la Constitución Política de 1991.

204. La Corte Constitucional puntualizó, además, que la determinación de la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en el artículo

204. La Corte Constitucional puntualizó, además, que la determinación de la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 2 . El supuesto fáctico contemplado en dicha norma es la culpa grave o el dolo de la víctima, que no corresponden a los hechos sumariados en lo penal, sino a una conducta con incidencia procesal directa, necesaria y determinante, que tenga efecto durante la tramitación del proceso, por la cual se reemplaza la decisión del juez como causa material del daño (privación de la libertad), entendiéndose que esta es la propia conducta de la víctima, que indujo, p rovocó o determinó la privación de la libertad. Este supuesto se apoya, a su vez, en la interpretación de esta Corporación, según la cual, todo ciudadano tiene el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los part iculares un mínimo de interés y compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de la Rama Judicial.

205. A partir de estas consideraciones, la Sala Plena estableció que la culpa exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega dentro de la actuación penal y no por la conducta que origina la investigación que, por lo demás, no termina en una condena. Esto significa que el juez

de lo contencioso administrativo deberá comprobar: (i) un comportamiento doloso por parte de la persona, es decir, que despli egue conductas tales como la confesión falsa, la fuga o evasión, la realización de amenazas, la destrucción o el ocultamiento de elementos probatorios o la realización deliberada de conductas que obstruyen la acción de la justicia o; (ii) un actuar a título de culpa grave, es decir, que corresponde a la negligencia grave o descuido significativo en relación con el deber de colaboración con la administración de justicia, cuando ocurran, por ejemplo, afectaciones respecto de los elementos probatorios bajo su cuidado.

206. Una vez fijada esta regla, la Corte Constitucional encontró que la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 15 de agosto de 2018, incurrió en (i) una violación directa de la Constitución y (ii) en un defecto sustantivo.

207. Respecto del primer defecto, la Sala Plena concluyó q ue el juez de lo contencioso administrativo vulneró los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia, pues valoró una conducta y una situación fáctica que corresponde al resorte exclusivo de la autoridad penal, de tal forma que, si es ta decretó la preclusión de la actuación en contra de la entonces investigada por el carácter atípico de su conducta, no le correspondía a otro juez consecutivo o posterior reabrir, cuestionar, poner en duda tal debate o reflejar al menos el sentimiento de que se es culpable.

En especial, la sentencia cuestionada reabrió el debate penal y consideró -nuevamentecomo sospechosa a Martha Lucía Ríos Cortés por una conducta que había sido declarada atípica. Además, efectuó una nueva valoración fáctica que había sido revisada y ponderada por la autoridad penal. Estas valoraciones -se reiteraimplican, a su vez, un desconocimiento de los principios del juez natural y presunción de inocencia que han de mantenerse incólumes.

208. En cuanto a la configuración de u n defecto sustantivo, la Sala Plena evidenció que la sentencia del 15 de agosto de 2018 interpretó el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 bajo el entendido de que la conducta de la parte demandante (víctima) se predica de las act uaciones objeto de investigación y juzgamiento (envío de la denunciante al extranjero y cobro de ciertas sumas de dinero). Esto es contrario a lo fijado por la jurisprudencia de esta Corporación, en la medida en que la conducta, en el marco de la culpa exclusiva de la víctima, se pred ica del deber de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Por lo tanto, la lectura constitucional que debió aplicar el juez de lo contencioso administrativo debió ser aquella, según la cual, las conductas del entonces investigado, que configuran la causal eximente de responsabilidad, son aquellas tendientes a entorpecer la actuación penal como, por ejemplo, cuando aquel evade la justicia, presenta elementos probatorios falsos o rinde declaraciones contradictorias o contrarias a la realidad, entre otros.

3 Corte Constitucional Sentencia T-171 de 2023 “La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en determinar, en esencia, que, en el marco de la existencia de una medida de aseguramiento

declaraciones contradicto