TA VAL - Sentencia 76001-33-33-005-2020-00085-01 (31-03-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA SEGUNDA DE DECISION

Santiago de Cali, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 084

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

LABORAL

DEMANDANTE JAIR NARVAEZ SANTANDER

ismartinezm@hotmail.com giraldomania_@hotmail.com

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL

Deval.notificaciones@policia.gov.co Deval.notificacion@policia.gov.co

TEMA REINTEGRO DE POLICIAL AL SERVICIO

DECISIÓN CONFIRMA/ NIEGA PRETENSIONES RADICADO 76001-33-33-005-2020-00085-01

I. EL ASUNTO

1. Profiere el Tribunal, en segunda instancia y a través de la Sala Segunda de Decisión, la sentencia que corresponde en virtud del recurso de apelación

instaurado por la parte demandante contra la sentencia No. 2 34 del 3 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Circuito Judicial de Cali, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Se pone de presente, que e n atención al artículo 63A de la Ley 270 de 1996, por tratarse el presente asunto de un proceso de reiteración de jurisprudencia, se le dará un trámite preferente.

II. LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

de 1996, por tratarse el presente asunto de un proceso de reiteración de jurisprudencia, se le dará un trámite preferente.

II. LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

2. El señor JAIR NARVAEZ SANTANDER, actuando a través de apoderado judicial, solicita se declare la nulidad de la Resolución No. 03 99 del 25 de octubre de 2019, mediante la cual fue retirado del servicio activo de la POLICÍA NACIONAL, por voluntad de la Dirección General.

3. A título de restablecimiento del derecho, solic ita ser reintegrado a las filas de la POLICÍA NACIONAL al mismo cargo o uno de mayor jerarquía, junto con el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde su retiro hasta que se haga efectivo el reintegro al cargo; igualmente , pretende que se disponga que no ha existido solución de continuidad para todos los efectos legales y prestacionales y, que se reconozcan los perjuicios morales y especialesMEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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que se hubieren generado con ocasión a la forma en que fue desvinculado de la institución.

4. Por otro lado, solicita que se ordene la indexación de las sumas que se reconozcan en su favor, así como el reconocimiento y pago de los intereses comerciales y moratorios.

5. Como argumentos de orden fáctico indicó , que ingresó a la institución

reconozcan en su favor, así como el reconocimiento y pago de los intereses comerciales y moratorios.

5. Como argumentos de orden fáctico indicó , que ingresó a la institución policial el 25 de enero de 2001 cuando prestó su servicio militar como auxiliar de policía y, posteriormente, esto es, el 4 de mayo de 2006, fue incorporado como alumno del nivel ejecutivo , siendo dado de alta en el grado de patrullero el 10 de noviembre de 2006.

6. Señaló, que estuvo vinculado a la entidad hasta el 28 de octubre de 2019 ; fecha en la que ostentaba el grado de intendente y fue notificado el acto discrecional de retiro de la institución.

7. Por otro lado, adujo que el 6 de octubre de 2019, esta ndo en sus funciones Policiales, fue capturado con ocasión a la orden librada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Popayán dentro del proceso con radicado NUNC 190016000703 201801095, en el cual fue sindicado del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

8. Afirmó, que para la fecha de presentación de la demanda se encontraba privado de la libertad, teniendo en cuenta que dentro de las audiencias preliminares se dispuso imponerle medida de aseguramiento en su residencia.

9. Que, en virtud de lo anterior, fue retirado del servicio activo a través del acto administrativo acusado, lo que a su juicio no se ajusta a derecho, pues no se tuvo en cuenta su hoja de vida, en la que constan anotaciones positiva s otorgadas por buen desempeño laboral , así como seis condecoraciones, entre

administrativo acusado, lo que a su juicio no se ajusta a derecho, pues no se tuvo en cuenta su hoja de vida, en la que constan anotaciones positiva s otorgadas por buen desempeño laboral , así como seis condecoraciones, entre ellas, una con el distintivo de mención honorífica por cuarta vez.

10. Además, indicó que la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales recomendó su retiro mediante ac ta No. 052 COMAN -SUBCO-2.35 del 22 de octubre de 2019, teniendo en cuenta el informe suscrito por el intendente Edison Torres, Investigador de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol ; sin embargo, alega que la misma no le fue notificada con el fi n de ejercer su derecho de defensa y contradicción1.

11. En los alegatos de conclusión dicho extremo procesal procedió a mencionar el precedente establecido tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado y, finalmente, manifestó ratificarse en cada uno de los argumentos expuesto en la demanda teniendo en cuenta las pruebas que obraran en el plenario, de las cuales hizo una relación en su escrito2.

1 SAMAI, primera instancia, índice 021, zip, archivo 01. 2 SAMAI, primera instancia, índice 39.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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III. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

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III. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

12. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda indicando que, al demandante se le aplicó la causal de retiro por voluntad de la Dirección General, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 , numeral 6° , y 62° del Decreto Ley 1791 de 2000, como quiera que fue recomendado por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes mediante Acta No. No. 052 COMANSUBCO-2.35 del 22 de octubre de 2019 , en la cual se tuvo en cuenta el informe suscrito por el Intendente Jefe Edison Torres, donde se puso en conocimiento la captura de unas unidades policiales adscritas a la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en las que se relacionó al aquí demandante.

13. Además, señaló que el acto administrativo enjuiciado se encuentra debidamente fundamentado en la normatividad vigente, así como en los argumentos jurídicos y en los hechos allí esbozados, los cuales justifican el retiro facultado en la discreción del Comandante por consejo de la Junta.

14. Por otro lado, precisó que el re tiro del demandante no puede ser considerado como una sanción disciplinaria, pues éste se dio por una causal distinta, es decir, por voluntad de la Dirección General, que obedece a razones del buen servicio con el fin de garantizar la tranquilidad, salubridad y seguridad ciudadana, por lo que las calidades de idoneidad, excelente desempeño y

distinta, es decir, por voluntad de la Dirección General, que obedece a razones del buen servicio con el fin de garantizar la tranquilidad, salubridad y seguridad ciudadana, por lo que las calidades de idoneidad, excelente desempeño y registros de felicitaciones o condecoración recibidas durante el servicio o el tiempo que dura en la institución, no generan un fuero de estabilidad y de permanencia, ni ta mpoco puede limitar la potestad que ha otorgado el legislador a los nominadores para remover a los funcionarios a través de esta causal de retiro.

15. Afirmó que, para el retiro del servicio activo de funcionarios de la Policía Nacional por voluntad del D irector General, el legislador sólo exigió para la expedición del respectivo acto administrativo, el requisito del concepto previo de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, personal del Nivel ejecutivo y Agentes.

16. A partir de lo ant erior, indicó que el retiro del demandante se dio simplemente como resultado de la exteriorización de la facultad legal de la que está investida dicha junta dentro del ámbito de sus competencias, y no a una causa distinta como se alega en la demanda.

17. Con fundamento en lo expuesto , propuso las excepciones que denominó: “acto ajustado a la constitución y a la ley”, “ excepción genérica”, “cobro de lo no debido” e “imposibilidad de condena en costas”3.

18. Finalmente, en sus alegaciones reiteró los mismos planteamientos de defensa del escrito de contestación de la demanda y resaltó que en el presente caso se cumplieron con los requisitos establecidos para el retiro del

18. Finalmente, en sus alegaciones reiteró los mismos planteamientos de defensa del escrito de contestación de la demanda y resaltó que en el presente caso se cumplieron con los requisitos establecidos para el retiro del demandante, a saber, que éste sea con cualquier tiempo de servicio, cuente con recomenda ción de la Junta de Evaluación y Clasificación, la cual debe

3 SAMAI, primera instancia, índice 021, zip, archivo 039.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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estar motivada en razones objetivas orientadas al mejoramiento del servicio y que dicha recomendación sea acogida por el nominador4.

IV. EL FALLO APELADO

19. La Juez a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que , el Acta 052 del 22 de octubre de 2019, por medio de la cual la Junta de Evaluación y Clasificación del personal de Suboficiales Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional dispuso recomendar el retiro del señor JAIR NARVÁEZ SANTANDER, se encontraba debidamente motivada.

20. Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión se fundó en el informe suscrito por el señor intendente jefe Edinson Torres, Investigador de la Dirección de Investigación Criminal e I nterpol, fechado el 11 de octubre de 2019, por lo que adujo que era claro que el acta co ntenía razones objetivas que

suscrito por el señor intendente jefe Edinson Torres, Investigador de la Dirección de Investigación Criminal e I nterpol, fechado el 11 de octubre de 2019, por lo que adujo que era claro que el acta co ntenía razones objetivas que sustentaban la desvinculación del demandante y las cuales fueron puestas en conocimiento del mismo a través de la Resolución 399 del 25 de octubre de 2019, la cual también se encontraba debidamente motivada.

21. Refirió que, si bien el demandante fue absuelto en el proceso penal adelantado en su contra y en la investigación disciplinaria realizada por los órganos de control interno de la Policía Nacional, lo cierto es que el ejercicio de la facultad discrecional para retirar del servicio a un miembro de la Policía Nacional se puede basar en la recomendación que se realiza por parte de la Junta de Evaluación y Clasificación del personal de Su boficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, dada la pérdida de confianza en el agente, sin que sea necesaria la existencia de una sanción disciplinaria o una sentencia condenatoria.

22. Por otro lado , señaló que la prestación del servic io es una obligación de todo servidor púbico y en especial de los miembros de la Policía Nacional, que por la naturaleza de sus funciones, requieren, entre otras virtudes y aptitudes, confianza, dedicación, lealtad, disponibilidad y plena capacidad física e intelectual, por lo que el hecho de haber sido felicitado o condecorado no le otorgaba un fuero de estabilidad laboral que lo exima de ser retirado de la institución por la decisión discrecional de la entidad ante la pérdida de confianza en su labor como policía.

otorgaba un fuero de estabilidad laboral que lo exima de ser retirado de la institución por la decisión discrecional de la entidad ante la pérdida de confianza en su labor como policía.

23. En cuanto a la notificación del acta por medio de la cual se recomendó el retiro del demandante, afirmó que el Decreto Ley 1791 de 2000, en su artículo 62 solo establece como requisito indispensable para el retiro del servicio, que la decisión tenga como base la recomendación previa de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva.

24. Finalmente, precisó que el acto administrativo acusado se expidió con observancia de las pautas dadas por la Corte Constitucional en sentencia SU172 de 2015, toda vez que de la lectura del mismo se evidencia que estuvo motivado y fundado en razones objetivas, pues , de las investigaciones

4 SAMAI, primera instancia, índice 38.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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realizadas por el señor intendente jefe Edinson Torres se advirtió una presunta vinculación del demandante con hechos delictivos5.

V. LA APELACIÓN

25. La parte demandante manifestó estar inconforme con la decisión de primera instancia al considerar que , las investigaciones penales no podían tomarse como antecedentes para motivar el acto administrativo de retiro, por cuanto las mismas se encontraban en sus etapas preliminares al momento de

primera instancia al considerar que , las investigaciones penales no podían tomarse como antecedentes para motivar el acto administrativo de retiro, por cuanto las mismas se encontraban en sus etapas preliminares al momento de reunirse la Junta, de manera que no cumplían las condiciones y los presupuestos establecidos en el artículo 248 de la Constitución Política para que hubiesen sido tenidas como tales ; e llo, como quiera que únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales.

26. Afirmó, que el informe rendido por el entonces Intendente Jefe Edinson Torres, Investigador Criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol , fue “mal intencionado”; aunado a que la entidad demandada no pudo probar las acusaciones que realizó contra el hoy demandarte y contra el compañero de patrull a de éste; pues refiere que como quedó demostrado en la investigación penal y disciplinaria, todo se trató de un entrampamiento para poder acusarlo de manera injusta.

27. Indicó que contrario a lo concluido en la decisión de primera instancia, no había ni ngún elemento de juicio objetivo que permitiera establecer la veracidad de lo dicho por el entonces Intendente Jefe Edison Torres, toda vez que fue después de las averiguaciones pertinentes que se logró establecer que los señalamientos realizados en contra del demandante no eran ciertos.

28. A partir de lo anterior, indicó que la supuesta pérdida de la confianza la creó la misma POLICÍA NACIONAL para poder retirar al demandante de manera discrecional, sin tener ninguna certeza de los motivos expuestos en el

28. A partir de lo anterior, indicó que la supuesta pérdida de la confianza la creó la misma POLICÍA NACIONAL para poder retirar al demandante de manera discrecional, sin tener ninguna certeza de los motivos expuestos en el acta y en el acto administrativo acusado.

29. Por otro lado, adujo que el ordenamiento jurídico prevé que cuando un uniformado haya sido cobijado con una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la actuación administrativa que proce de es la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones; es decir, que en esos casos, existe otro medio o mecanismo menos dañino para el funcionario policial al que se le está evaluando la conducta , conforme lo establece el artículo 50 del Decreto Ley 1791 del 14 de septiembre de 2000.

30. Así mismo, insistió en que no hubo una evaluación de l desempeño del demandante durante el tiempo en que estuvo vinculado a la institución policial, pues, en su sentir, lo argumentado por la junta no es coherente co n lo que se consignó en los “formulario i evaluación del desempeño policial ” y en los “formulario ii de seguimiento ”, ni con la respectiva hoja de vida y todos los logros obtenidos.

5 SAMAI, primera instancia, índice 41.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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31. A partir de lo expuest o, solicitó revocar la sentencia de primera inst ancia y

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31. A partir de lo expuest o, solicitó revocar la sentencia de primera inst ancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda6.

VI. ALEGACIONES DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA

32. La parte demandante, en sus alegaciones indicó en la decisión de primera instancia no se observaron los precedentes judiciales expuesto s en la demanda y aquellos que tienen relación con la medida discrecional de los miembros de

la Policía Nacional.

33. Por otro lado, afirmó que la actuación de la a-quo fue sesgada en el estudio del material probatorio, haciéndose evidente que el único objetivo de la señora Jueza consistía en negar las pretensiones de la demanda y no en e ncontrar la verdad real de los hechos, pues, en su sentir, sólo le dio pleno valor probatorio a lo manifestado en el acto administrativo acusado, sin percatarse que los motivos o hechos expuestos en el mismo acto administrativo resultaron no ser ciertos.

34. A partir de lo expuesto, señaló que la Juez no podía desconocer lo que pasó con las dos investigaciones que se adelantaron por los hechos que dieron origen al retiro d el hoy demandante, como tampoco podía desconocer las pruebas que se allegaron al proceso, en las que se demostró que el demandante nunca realizó una conducta irregular.

35. Así las cosas, indicó que contrario a lo considerado en la sentencia de primera instancia, de la lectura del acto administrativo acusado se observa que hubo falsa motivación y desviación de poder, toda vez que no se analizó de

35. Así las cosas, indicó que contrario a lo considerado en la sentencia de primera instancia, de la lectura del acto administrativo acusado se observa que hubo falsa motivación y desviación de poder, toda vez que no se analizó de manera detallada la trayectoria, ni la hoja de vida del demandante , por lo que reiteró su solicitud en el senti do de revocar la decisión primigenia en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda.

36. De acuerdo con la constancia secretarial visible en el índice 011 del expediente digital de segunda instancia -aplicativo SAMAI -, la parte demandada, así como la Agente del Ministerio Público, guardaron silencio.

VII.- PROBLEMA JURÍDICO

37. La controversia jurídica se contrae a determinar si hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución No. 0399 del 25 de octubre de 20 19 y, en consecuencia, si debe o no ordenarse el reintegro del demandante a la institución policial, así como el pago de los emolumentos y prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el momento en que sea vinculado nuevamente a la entidad demandada.

38. Para tal fin, se deberá determinar si en el presente asunto el ejercicio de la facultad discrecional para el retiro del servicio por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la POLICÍA NACIONAL estuvo ajustada a derecho o si, por el contrario, se vulneraron las garantías del demandante al no considerarse

6 SAMAI, primera instancia, índice 43.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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por el contrario, se vulneraron las garantías del demandante al no considerarse

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las condecoraciones obtenidas durante su trayectoria en la institución y su hoja de vida por parte de la Junta de Evaluación y Calificación de la institución.

VIII. TESIS DE LA SALA

39. La Sala confirmará la d ecisión de la juez de primera instancia, al considerar que la decisión adoptada por la POLICÍA NACIONAL a través del acto administrativo acusado respetó sus garantías y la misma estuvo sustentada en conductas del propio demandante que generaban una grave afectación en la prestación del servicio y la imagen institucional, así como la pérdida de confianza en sus funciones como servidor público.

IX. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

40. Conforme el artículo 218 de la Constitución Política, la POLICÍA NACIONAL es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convi van en paz; dicha preceptiva legal dispuso,

además, que la ley determinaría su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

41. Al respecto, la Ley 62 de 1993 7 dispone que la POLICÍA NACIONAL , como

además, que la ley determinaría su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

41. Al respecto, la Ley 62 de 1993 7 dispone que la POLICÍA NACIONAL , como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz8.

42. Concretamente, la POLICÍA NACIONAL debe ejercer, de manera permanente, las siguientes funciones 9: de policía judicial, respecto de los delitos y contravenciones; educativa, a través de orientación a la comunidad en el respeto a la ley; preventiva, respecto de la comisión de hechos punibles; de solidaridad entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, vigilancia urbana, rural y cívica; de coordinación penitenciaria y de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano y rural.

43. Debe destacarse también que, el ejercicio de la actividad policial es una profesión, tal y como lo consagra el artículo 7 de la citada ley 62 de 1993; dispone la citada norma que, los servidores de la POLICÍA NACIONAL deberán recibir una formación académica integral, de tal forma que les permita una

profesión, tal y como lo consagra el artículo 7 de la citada ley 62 de 1993; dispone la citada norma que, los servidores de la POLICÍA NACIONAL deberán recibir una formación académica integral, de tal forma que les permita una

7 "Por la cu al se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Preside nte de la República". 8 Ver artículo 1 de la Ley 62 de 1993 9 Ver artículo 19 de la Ley 62 de 1993MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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promoción profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la instrucción ética, ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.

44. Ahora bien, el retiro a la POLICÍA NACIONAL está regulado por el Decreto 1791 de 2000 10; estatuto normativo que establece lo pertinente en los artículos

54 y 55, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 54. RETIRO. <Ver Notas del Edito r> <Apartes tachados INEXEQUIBLES 11> Es la situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel

situación por la cual el personal uniformado, sin perder el grado, cesa en la obligación de prestar servicio.

El retiro de los oficiales se hará por decreto del Gobierno; y el del nivel ejecutivo, suboficiales y agentes, por resolución ministerial, facultad que podrá delegarse en el Director General de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 55. CAUSALES DE RETIRO. <Ver Notas del Editor> El retiro se produce por las siguientes causales:

1. Por solicitud propia (…)

6. <Apartes tachados INEXEQUIBLES 12> Por voluntad del Gobierno para oficiales y del Ministro de Defensa Nacional, o la Dirección General de la Policía Nacional por delegación, para el nivel ejecutivo, los suboficialesy los agentes. (…)”

45. Ahora bien, frente a las aludidas causales de retiro, la Sala centrará su atención en la causal N°. 6 del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, como quiera que, según el acto administrativo acusado, el retiro del servicio del demandante se dio en ejercicio de la facultad discrecional allí contemplada.

46. En efecto, dicha causal de retiro fue desarrollada por el artículo 62 del Decreto 1791 de 2000, en los siguientes términos: “ Por razones del servicio y en forma discrecional, la Dirección General de la Policía Nacional por delegación del Ministro de Defensa Nacional, para el nivel ejecutivo y agentes, podrán disponer el retiro del personal con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva”.

47. A su turno, el artícu lo 4 de la Ley 857 de 2003 13 dispuso en su inciso primero

disponer el retiro del personal con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva”.

47. A su turno, el artícu lo 4 de la Ley 857 de 2003 13 dispuso en su inciso primero que: “ Por razones del servicio y en forma discrecional, el Gobierno Nacional para el caso de los Oficiales o el Director General de la Policía Nacional para el caso de los Suboficiales, podrán dispon er el retiro de los mismos con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva, para los Suboficiales”.

48. Dicha preceptiva legal fue declara exequible por la Corte Constitucional a través de sentencia C - 179 de 2006; oportunidad en la que se precisaron, entre

otros aspectos, los siguientes:

10 “Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”. 11 Ver sentencia C-253 de 2003 12 Ver sentencia C-253 de 2003 13 “Por medio de la cual se dictan nuevas normas para regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley 1791 de 2000 y se dictan otras disposiciones”.MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

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“3.5. Se tiene entonces, que el retiro discrecional por razones del servicio de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, debe estar sustentado en razones objetivas, razonables y proporcionales al fin perseguido, que no es otro que garantizar la eficiencia y eficacia de dichas instituciones en aras de la prevalencia del interés general. En ese orden de ideas, la recomendación que formulen tanto el Comité de Evaluación para las Fuerzas Militares, como la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de la Junta de Evaluación o Clasificación respectiva para los Suboficiales, debe estar precedida y sustentada en un examen de fondo, completo y preciso de los cargos que se invocan para el retiro de miembros de esas instituciones, en las pruebas que se alleguen, y en fin todos los elementos objetivos y razonables que permitan sugerir el retiro o no del servicio de un funcionario.

No se trata, como equivocadamente lo entiende el demandante, de un acto absolutamente subjetivo de las autoridades competentes, pues ello rompería por completo el orden constitucional que nos rige. Lo discrecional no puede confundirse con lo arbitrario pues esto último implica un capricho individual de quien lo ejerce, sin sujeción al ordenamiento jurídico, contrario por completo a la atribución discrecional que se cuestiona, que si bien comporta cierta flexibilidad, ella se encuentra sujeta a reglas de

lo arbitrario pues esto último implica un capricho individual de quien lo ejerce, sin sujeción al ordenamiento jurídico, contrario por completo a la atribución discrecional que se cuestiona, que si bien comporta cierta flexibilidad, ella se encuentra sujeta a reglas de derecho preexistentes en cabeza de un funcionario competente, para ser aplicada a un destinatario específico, y con un fin determinado.

La facultad discrecional que se confiere en las disposiciones acusadas, encuentra una justificación constitucional en razón a la dificultad y complejidad que conlleva la valoración de comportamientos y conductas de funcionarios de la Fuerza Pública, que en un momento determinado y por causales objetivas puedan afectar la buena marcha de la institución con claro perjuicio del servicio público y, por ende, del interés general.

49. De lo sostenido por la alta Co rporación en materia constitucional, se concluye que el ejercicio de la facultad discrecional siempre debe sustentarse en razones objetivas, razonables y proporcionales al fin persegu