TA VAL - Sentencia 76001-33-33-009-2019-00084-01 (13-03-2025)

Santiago de Cali, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia nro. 058

RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2019-00084-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ACCIONANTE: DIMAS HERNÁNDEZ GAITÁN Y OTROS

edurupobuscando@yahoo.es ruedaarceabogados@gmail.com

ACCIONADO:

NACION - RAMA JUDICIAL

disajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co jur.novedades@fiscalia.gov.co notificacionesjudiciales@cali.gov.co yeliza.yunda@fiscalia.gov.co TEMA: Privación injusta de la libertad DECISIÓN: Confirma / niega pretensiones

MAGISTRADO PONENTE: Víctor Adolfo Hernández Díaz

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirma la sentencia de primera instancia . Los documentos que obran en el proceso no son suficientes, por sí mismos, para acreditar la antijuridicidad del daño alegado.

II. ANTECEDENTES

II.I La demanda y pretensiones

2. Los señores Dimas Hernández Gaitán actuando en representación propia y de sus hijos menores Dayana Hernández Silva, Dylan Hernández Silva y Didier Daniel Hernández Silva, el señor Félix María Hernández Montealegre y Alba Nelly Gaitán de Hernández presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la

María Hernández Montealegre y Alba Nelly Gaitán de Hernández presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación para que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de las demandadas por los perjuicios deriva dos de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima el señor Dimas Hernández Gaitán.

3. Como consecuencia, se condene a las entidades al pago de perjuicios morales y materiales a favor de cada uno de los demandantes.

II.II Hechos relevantes

4. El 19 de febrero de 2016 el señor Dimas Hernández Gaitán fue privado de la libertad con ocasión de una investigación penal que se adelantó bajo el radicado SPOA760016000189201500140 por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, en la misma fecha el Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Vijes – Valle y la Fiscalía 153

Seccional Promiscua le imputaron cargos.

5. El 24 de mayo de 2016 la Fiscalía 153 Seccional de Vijes formuló acusación contra el demandant e por el delito antes referido; el 12 de septiembre de 2016 el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento dio inicio al juicio oral que concluyó el 28 de julio de 2017 con la sentencia nro. 083 que resolvió condenarlo a 12 años de prisión.RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2019-00084-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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6. La parte actora apeló la decisión de primera instancia y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali revocó integralmente la decisión y absolvió al señor Hernández Gaitán del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

7. Estuvo privado de la libertad un total de 21 meses y 9 días comprendidos entre el 19 de febrero de 2016 y el 10 de noviembre de 2017.

II.III Contestación de la demanda

8. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

9. No existe en el plenario prueba de los fundamentos fácticos y jurídicos que respaldan la falla en el servicio de la administración de justicia; para la época de los hechos existían indicios que comprometían al demandante con el delito de acto sexual abusivo con men or de 14 años, el cual solo admite como medida de aseguramiento la detención preventiva de la libertad.

10. La actuación de la Fiscalía se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales vigentes , por tanto, no puede predicarse defectuoso funcionamiento, ninguna clase de error y mucho menos una privación injusta.

11. La investigación penal tuvo su origen en “la denuncia presentada el 30 de septiembre de 2015, por la comisaria de familia Yamilet Jimé nez Sánchez, presentando denuncia por el delito de ACTO

11. La investigación penal tuvo su origen en “la denuncia presentada el 30 de septiembre de 2015, por la comisaria de familia Yamilet Jimé nez Sánchez, presentando denuncia por el delito de ACTO SEXUAL EN MENOR DE 14 AÑOS… quien da a conocer que la madre de la menor rindió declaración y da a conocer su hija le contó a su tía que el marido de su otra tía le tocaba sus partes íntimas…”

12. La res ponsabilidad estatal no es automática por el hecho de que la detención preventiva fue revocada, sino que se debe acreditar que la misma fue injusta e injustificada, lo que no ocurrió en el presente asunto.

13. Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, ii) hecho de un tercero iii) cumplimiento de un deber legal, iv) inexistencia de la obligación o del derecho reclamado, v) falta de causa para pedir, vi) buena fe, vii) cobro de lo no debido y la viii) genérica.

14. La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones.

15. Las medidas de protección frente a la menor respetaron los principios de proporcionalidad, necesidad y peligrosidad acordes a la gravedad del delito, para lo cual se tuvo en cuenta la entrevista de la menor, informes forenses y médicos que dieron fe de como los hechos de abuso sexual efectivamente habían ocurrido.

16. La condena de primera instancia se fundamentó en la legítima apreciación del juez sobre las pruebas antes referidas y en que las exculpaciones y actitud del investigado no fueron suficientes para justificar los señalamientos de abuso sobre una menor que estuvo a su cuidado.

pruebas antes referidas y en que las exculpaciones y actitud del investigado no fueron suficientes para justificar los señalamientos de abuso sobre una menor que estuvo a su cuidado.

17. La absolución se dio por descuido técnico de la Fiscalía, al no llevar a la menor abusada nuevamente al estrado judicial.

18. El H. Consejo de Estado 1 sostuvo en sus pronunciamientos que en casos de delitos sexuales contra menores de edad donde las pruebas debidamente acreditadas y soportadas evidencian con objetividad la ocurrencia del hecho, aun cuando medie sentencia indubio pro reo, la versión del menos no puede

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CONSEJO DE ESTADO; SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SECCION TERCERA SUBSECCION B; Consejero ponente:

DANILO ROJAS BETANCOURTH; Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 17001 -23-31-000-200800317-01(43936) Actor: PP EE BB HH Y OTROS Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - SENTENCIARADICACIÓN: 76001-33-33-009-2019-00084-01

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Pág. 3 de 9 desestimarse y en virtud del principio pro infans ésta demuestra el actua r imprudente del vinculado penalmente, quien por esta razón tiene la obligación de soportar el proceso penal.

Pág. 3 de 9 desestimarse y en virtud del principio pro infans ésta demuestra el actua r imprudente del vinculado penalmente, quien por esta razón tiene la obligación de soportar el proceso penal.

19. Por lo expuesto no existe nexo de causalidad entre las actuaciones y decisiones de los jueces penales que intervinieron en el proceso , máxime qu e fue el demandante quien se expuso a la intervención de la autoridad judicial por su actuar imprudente.

20. Propuso las excepciones de i) inexistencia de daño antijurídico e ii ) inexistencia de nexo de causalidad entre actuaciones realizadas por la Rama Judicial y la producción del daño.

II.IV Sentencia de primera instancia

21. El juzgado negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

“(…) Descendiendo al caso concreto, el Despacho debe empezar por señalar que no se puede verificar si, al imponérsele la medida de aseguramiento, se satisfizo los presupuestos establecidos en las precitadas normas. En otras palabras, a partir de las pruebas allegadas no es posible establecer si se incurrió en una falla del servicio.

En efecto, el Despacho observa que como parte de los antecedentes del proceso no fueron aportados ni las pruebas tenidas en cuenta ni los audios de la audiencia preliminar llevada a cabo el 19 de f ebrero de 2016 ante el Juzgado Municipal Promiscuo de Vijes (Valle del Cauca). Documentales en las cuales debieron quedar registrados los argumentos que plantearon las partes y la misma autoridad judicial para proferir la medida de aseguramiento. (…) Sin perjuicio de lo anterior, este operador judicial debe señalar que, al menos a partir de las pruebas enunciadas en

argumentos que plantearon las partes y la misma autoridad judicial para proferir la medida de aseguramiento. (…) Sin perjuicio de lo anterior, este operador judicial debe señalar que, al menos a partir de las pruebas enunciadas en el acápite de hechos probados se puede evidenciar que al momento de la imposición de la medida de aseguramiento existían elementos de juicio qu e señalaban al señor Dimas Hernández Gaitán como el presunto responsable de la conducta punible que se investigada, lo que de cara al principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes no podía ser pasado por alto por el juez de control de garantía.

Por otra parte, no se puede perder de vista que los delitos de acto sexual violento agravado, la demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad34 y secuestro simple35 y acto sexual con menor de 14 años36 tienen establecidas penas superiores a cuatro años, lo que significa que los presupuestos de los artículos 308 y 311 de la Ley 906 de 2004, también, se pueden tener por satisfechos.

Ahora, para el caso en análisis debe resaltarse que de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, en los delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes de encontrarse satisfechos los presupuestos de la medida de aseguramiento, esta no puede ser sino de detención preventiva, lo que permite colegir que en este caso la medida de aseguramiento impuesta al señor Dimas Hernández Gaitán podía resultar necesaria, razonable y proporcional, sin que la parte demandante haya acreditado lo contrario en el proceso.

Bajo estas circunstancias, el Despacho considerada que la privación de la libertad del señor Hernández Gaitán no

razonable y proporcional, sin que la parte demandante haya acreditado lo contrario en el proceso.

Bajo estas circunstancias, el Despacho considerada que la privación de la libertad del señor Hernández Gaitán no puede ser imputada a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, razón por la cual este Despacho negará las pretensiones.”

II.V Recurso de apelación

22. La parte demandante apeló.

23. El señor Dimas Hernández Gaitán fue privado de la libertad injustamente entre el 28 de julio de 2017 con la sentencia de primera instancia hasta el 10 de noviembre de 2017 con la boleta de libertad emitida en virtud de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial.

24. El obrar indebido, anormal y contrario a la ley del agente judicial dio lugar a la limitación desproporcionada de la libertad del demandante, quien tomó la decisión condenatoria con fundamento en pruebas de referencia que posteriormente fueron desestimadas por el superior, lo que tornó la privación en injusta y en consecuencia surgió el daño antijurídico que debe ser reparado.

II.VI Actuaciones en segunda instancia

25. A través de auto nro. 899 del 28 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación.RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2019-00084-01

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26. La Nación – Rama Judicial presentó escrito de alegatos en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

27. El juez de control de garantías al imponer la medida de aseguramiento atendió los procedimientos y presupuestos previstos en la Ley 906 de 2004 con fundamento en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permitió, bajo una inferencia razonable, determinar que el demandante podía ser autor o participe de las conduct as delictivas por las cuales se le estaba investigando.

28. No se puede atribuir responsabilidad al estado por el simple hecho de que se hubiera proferido una decisión de carácter absolutorio, pues la Ley 1098 de 2006 dispuso que en los delitos contra menores no se otorgaría el beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario.

29. Las demás partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

III.I Presupuestos Procesales

30. Competencia y cuantía. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación debido a su cuantía y naturaleza porque el trámite del asunto correspondía en primera instancia a los Jueces

Administrativos del Circuito Judicial de Cali.

III.II Problema Jurídico a resolver

31. ¿La privación de la libertad que soportó el demandante configuró un daño antijurídico?

III.III Tesis de la Sala

Administrativos del Circuito Judicial de Cali.

III.II Problema Jurídico a resolver

31. ¿La privación de la libertad que soportó el demandante configuró un daño antijurídico?

III.III Tesis de la Sala

32. Se confirmará la sentencia de primera instancia. Los documentos que obran en el proceso no son suficientes, por sí mismos, para acreditar la antijuridicidad del daño alegado por los demandantes.

IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

IV.I Régimen de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad

33. La libertad se cuenta entre los bienes más preciados sobre los que se funda toda organización política contemporánea, cuya vigencia y ejercicio pleno posibilita el despliegue de los demás derechos reconocidos por el orden jurídico.

34. En una primera etapa, el Consejo de Estado consideró que en la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la Libertad debía aplicarse el régimen de falla del servicio, esto es, que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, constitutiva de un error judicial.

35. Posteriormente, consideró que la carga probatoria del actor, relativa a demostrar el carácter “injusto” de la detención o el “error de la autoridad judicial” debía restringirse a casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 donde el propio legislador calificaba como injusta la detención.

36. Una tercera postura sostuvo que se puede configurar la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria pese a

como injusta la detención.

36. Una tercera postura sostuvo que se puede configurar la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria pese a que en la restricción de la libertad se hayan cumplido con todas las exigencias legales.RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2019-00084-01

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37. Lo anterior porque según esa postura se entendía que la privación era un acto desproporcionado, inequitativo y rompía con las cargas públicas que u na persona debía soportar especialmente por comprometer el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.

38. La Corte Constitucional expresó en Sentencia SU - 072 de 2018 que el régimen objetivo de responsabilidad del Estado es de carácter residual y por tanto sólo se aplica en aquellos eventos donde el régimen subjetivo no es suficiente para resolver la controversia y agregó que en los casos de privación injusta de la libertad el estudio implica profundizar en un análisis que permita precisamente determinar si la privación de la libertad fue injusta o no

2 .

39. Finalmente, en sentencia SU-363 de 2021 la Corte Constitucional se pronunció nuevamente sobre el tema. Reiteró que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida

3 .

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el tema. Reiteró que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida 3 .

2 “(…) el artículo 90 de la Constitución no establece un título de imputación específico, lo cual es aceptado por la jurisprude ncia constitucional en otras oportunidades y el Consejo de Estado. Por ejemplo, en la sentencia C -043 de 2004 se advierte un punto de inflexión, dadas algunas afirmaciones en relación con la aceptación, en principio, de un sistema de responsabilidad objetivo cuando se juzga al Estado; sin embargo, esa inflexión, no es definitiva porque se conserva la idea de que el Estado genera perjuicios aún por actuaciones irregulares, con lo cual se mantiene abierta la entrada a un sistema de falla del servicio. (…) 100. De otro lado, la sentencia SU-443 de 2016 complementa la idea de que los antecedentes jurisprudenciales sobre la responsabilidad del Estado no han sido restrictivos, esto es, en ellos no se ha establecido de manera imperativa un régimen de responsabilidad del Estad o; por el contrario, han establecido la posibilidad de definir el sistema de responsabilidad que mejor convenga a una determinada situación.

101. Ahora bien, el Consejo de Estado ha acudido a una fórmula en aras de ofrecerle consistencia jurídica a los asuntos que se someten a su consideración cuando su génesis lo es la privación injusta de la libertad y en esa tarea ha señalado que es posible aplicar un sistema de responsabilidad objetivo o uno de

falla del servicio (…). Ha establecido esa alta Corporación que en cuatro eventos de absolución, cuales son a saber: (i) que el hecho no existió; (ii) el sindicado no lo cometió; (iii) la conducta no constituía hecho punible; o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia –principio in dubio pro reodebe acudirse a un título de imputación objetivo que está dado por la figura del daño especial. (…) 102. (…) En el caso d e la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos prem isas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho (…)

121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunc ión de inocencia – aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un

si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996. (…) 124. Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima e s un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión fav orable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa (…) 3

Resolvió: “DEJAR EN FIRME la sentencia de reemplazo proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) (dentro del proceso 2011 -00235 01 (46.947)), en cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado en fallo de tutela del quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).” De la síntesis de la mentada providencia se extractan los siguientes apartes relevantes: “F. Síntesis y decisiones por adoptar (…) Respecto del régimen de imputación, la Sala Plena recordó lo señalado en la sentencia SU-072 de 2018 y manifestó que la responsabilidad del Estado se deduce de tres elementos esenciales, a saber: a) el daño; b) la antijuridicidad de éste y; c) su producción a partir de una a ctuación u omisión estatal.

Asimismo, indicó que el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad se desarrolla en los artículos 65 y siguientes d e la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia. Además, manifestó que la SU -072 de 2018 dejó claro que, en relació n con la privación injusta de la libertad,

105. Esta Corporación [Corte Constitucional] comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica - es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

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201. En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado, la Sala consideró importante fijar una regla en torno a cómo debe interpretarse ese concepto. Para ello, la Corte señaló, entre otras, las siguientes consideraciones.

202. En primer lugar, indicó que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medid a. En ese sentido, no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva por el hecho de privar a una persona de su libertad precautelativa mente, y luego ordenar su libertad, sino que es necesario revisar, si la medida fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada o si, como lo indicó la sentencia SU-072 de 2018, el hecho objeto de la investigación no existió o si la conducta era objetivamente atípica.

libertad, sino que es necesario revisar, si la medida fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada o si, como lo indicó la sentencia SU-072 de 2018, el hecho objeto de la investigación no existió o si la conducta era objetivamente atípica.

203. Posteriormente, advirtió que cuando se impone el análisis de la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, en un proceso de reparación directa, este debe respetar los principios del debido proceso, particularmente, sus componentes de presunción de inocencia y respeto al juez natural. Esto significa, en términos concretos, que el juez de la responsabilidad del Estado no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal, al ser de reserva del juez ordinario —penal—. Desconocer esa configuración implicaría, por una parte, reabrir el debate sobre circunstancias f ácticas y elementos probatorios que ya fueron evaluados por dicho juez (el juez natural); y, por otra parte, implicaría tratar de nuevo a quien fue procesado penalmente, ahora en el proceso administrativo, como sospechoso, así como la aplicación de un crit erio peligrosista que compromete de nuevo la presunción de inocencia, situaciones proscritas a la luz de la Constitución Política de 1991.

204. La Corte Constitucional puntualizó, además, que la determinación de la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 3 . El supuesto fáctico contemplado en dicha norma es la culpa grave o el dolo de la víctima, que no corresponden a los hechosRADICACIÓN: 76001-33-33-009-2019-00084-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

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40. En este contexto, para determinar si la privación de la libertad fue injusta o no, debe abordarse cada caso concreto y a partir de los medios probatorios analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño y la conducta procesal de la víctima para descartar su exposición al mismo

4 .

41. Ahora bien, la Ley 906 de 2004 en su artículo 308, exige para imponer una detención preventiva, una inferencia razonable (probabilidad o verosimilitud) sobre la autoría o participación de la conducta delictiva por la que se investiga, mientras que su art. 7 sube el estándar de prueba para condenar, siendo necesario para ello, contar con convencimiento más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad penal.

42. Además, la detención preventiva como medida cautelar en el proceso penal tiene unas finalidades o requisitos: (i) ser necesaria para evitar que el imputado obstruya la justicia, (ii) proteger a la sociedad o a la víctima cuando aquél constituya un peligro o (iii) garantizar su comparecencia al proceso, cuyo análisis es propio de esa etapa inicial del proceso.

43. Así, insiste la Sala, en que hoy en día, no es admisible la tesis según la cual para probar la antijuridicidad del daño basta con acreditar “que se estuvo detenido dentro de una actuación judicial y

43. Así, insiste la Sala, en que hoy en día, no es admisible la tesis según la cual para probar la antijuridicidad del daño basta con acreditar “que se estuvo detenido dentro de una actuación judicial y posteriormente, y por ausencia de mérito procesal, se le desvinculó de la actuación penal”

5 .

44. Con base en lo anterior, se concluye que la antijuridicidad de la privación de la libertad subyace en el desconocimiento de los requisitos definidos por la ley para imponer la detención preventiva, que es la decisión que causa la privación de la libertad; y en ese sentido la sentencia absolutoria es insuficiente para que surja el deber de indemnizar los perjuicios que se reclaman.

sumariados en lo penal, sino a una conducta con incidencia procesal directa, necesaria y determinante, que tenga efecto durante la tramitación del proceso, por la cual se reemplaza la decisión del juez como causa material del daño (privación de la libertad), entendiéndose que esta es la propia conducta de la víctima, que indujo, provocó o determinó la privación de la libertad. Este supuesto se apoya, a su vez, en la interpretación de esta Corporación, según la cual, todo ciudadano tiene el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95 -7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de int erés y compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de la Rama Judicial.

205. A partir de estas consideraciones, la Sala Plena estableció que la culpa exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega

atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de la Rama Judicial.

205. A partir de estas consideraciones, la Sala Plena estableció que la culpa exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega dentro de la actuación penal y no por la conducta que origina la investigación que, por lo demás, no termina en una condena. Esto significa que el juez de lo contencioso administrativo deberá comprobar: (i) un comportamiento doloso por parte de la persona, es decir, que despliegue conductas tales como la confesión falsa, la fuga o evasión, la realización de amenazas, la destrucción o el ocultamiento de elementos probatorios o la realización deliberada de conductas que obstruyen la acción de la justicia o; (ii) un actuar a título de culpa grave, es decir, que corresponde a la ne gligencia grave o descuido significativo en relación con el deber de colaboración con la administración de justicia, cuando ocurran, por ejemplo, afecta ciones respecto de los elementos probatorios bajo su cuidado.

206. Una vez fijada esta regla, la Corte Constitucional encontró que la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 15 de agosto de 2018, incurrió en (i) una violación directa de la Constitución y (ii) en un defecto sustantivo.

207. Respecto del primer defecto, la Sala Plena concluyó que el juez de lo contencioso administrativo vulneró los principios de cosa juzgada, juez

natural y presunción de inocencia, pues valoró una conducta y una situación fáctica que corresponde al resorte exclusivo de l a autoridad penal, de tal forma que, si esta decretó la preclusión de la actuación en contra de la entonces investigada por el carácter atípico de su con