TA VAL - Sentencia 76001-33-33-009-2023-00204-01 (28-02-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No. 23

Magistrado Ponente: Dr. RONALD OTTO CEDEÑO BLUME

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: JOSE MIGUEL RAMÍREZ ANGULO Y OTROS

Feguar03@gmail.com

DEMANDADOS: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA

NACIONAL

Notificaciones.cali@mindefensa.gov.co Deval.notificacion@policia.gov.co

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co Yeliza.yunda@fiscalia.gov.co Dario.agudelo@fiscalia.gov.co

NACIÓN-RAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co galdesajvalle3@cendoj.ramajudicial.gov.co RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD/ RÉGIMEN

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD ESTATAL /

ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA /CULPA EXCLUSIVA

DE LA VÍCTIMA

DECISIÓN: CONFIRMA SENTENCIA NEGANDO PRETENSIONES

I. EL ASUNTO

1. Profiere el Tribunal, en segunda instancia y a través de la Sala Segunda de Decisión, la sentencia que corresponde en virtud d el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia No. 122 del 17 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del

Decisión, la sentencia que corresponde en virtud d el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia No. 122 del 17 de junio de 2024 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. En atención al artículo 18 de la Ley 446 de 1998, por tratarse el presente asunto de un proceso de reiteración de jurisprudencia, se le dará un trámite preferente.

II. LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

3. Los señores JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ANGULO Y OTROS a través de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de reparación directa, solicitaron se declare a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL, NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , administrativamente y patrimonialmente responsable de los perjuiciosMEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

DEMANDANTE: JOSE MIGUEL RAMÍREZ ANGULO Y OTROS

DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

2 materiales e inmateriales que aducen les fueron ocasionados como consecuencia de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el

señor JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ANGULO.

4. Como fundamentos de orden fáctico se indicó que:

5. El día 26 de mayo de 2021 siendo las 11:00 p.m. el señor JOSÉ MIGUEL

señor JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ANGULO.

4. Como fundamentos de orden fáctico se indicó que:

5. El día 26 de mayo de 2021 siendo las 11:00 p.m. el señor JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ANGULO , se movilizaba en el vehículo de placas UGT -607 por la

carrera 28F con calle 72T de la ciudad de Cali, cuando fue deten ido por agentes de la POLICÍA NACIONAL , quienes procedieron a realizar una requisa al vehículo, encontrando:

(…)(3) armas traumáticas con 2 proveedores cada una y 63 cartuchos de munición, cinco (5) máscaras o gafas aislantes, cuatro (4) pares de guantes tipo carnaza de alto grosor, dos (2) capuchas o pasamontañas color negro, una (1) pañoleta color negro, dos (2) botellas de vidrio color verde, un (1) tarro de alcohol, un (1) tarro de gasolina, un (1) rollo grande de gasa, un (1) rollo de espadrapo grande, cuatro (4) pedazos de vidrio partido, tres (3) papeletas de pólvora, un (1) tarro plástico de 600 cm con gasolina, una cuerda azul o liga para amarrar algunos de estos elementos presuntamente utilizados para la fabricación de artefactos incendiarios conocidos popularmente como “bombas molotov”, así como siete (7) teléfonos celulares, un arma traumática con dos proveedores cada una con 9 cartuchos marca BLOW TR92 K, dos pistolas más cada una con dos proveedores marca MAJOR FIRAT MAGNUN, 9mm PAK EF -19111210 los dos proveedores con un total de 27 cartuchos

con dos proveedores cada una con 9 cartuchos marca BLOW TR92 K, dos pistolas más cada una con dos proveedores marca MAJOR FIRAT MAGNUN, 9mm PAK EF -19111210 los dos proveedores con un total de 27 cartuchos traumáticos montados y la segunda MARCA RETAY X PRO No. RXFLB220900551 Cal 9mm PAA con 18 cartuchos traumáticos en sus dos proveedores (…)”

6. Por lo anterior, fue llevado ante el Juzgado Veintiocho Penal Municipal de Control de Garantías de Cali, quien realizó la audiencia pública de legalización de captura, formulación de imputación y medidas de aseguramiento el 26 de mayo de 2021, imputándose el delito de tenenci a, fabricación o trafico de sustancias u objetos peligrosos (artículo 358 C.P.) ; imponiéndose medida de aseguramiento, decisión que fue apelada y posteriormente revocada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento el día 15 de jun io de 2021, en audiencia de lectura de fallo de apelación y se concedió la liberta inmediata al señor

JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ANGULO.

7. el día 9 de mayo de 2022, el Juzgado quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali resolvió precluir la investigación1.

8. En los alegatos de conclusión, el apoderado de la parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda , haciendo énfasis en la atipicidad de la conducta2.

III. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

9. La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ, se refirió a los hechos de la

atipicidad de la conducta2.

III. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y SUS ALEGATOS

9. La NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DESAJ, se refirió a los hechos de la demanda, aduciendo que en principio las actuaciones realizadas por los funcionarios judiciales se hicieron de conformidad con los elementos materiales probatorios allegados al proceso penal por parte de la Fiscalía, y si bien la decisión de primera instancia fue revocada, ello no refiere a que el análisis de las pruebas no condujera a una decisión razonable del juez de primera instancia.

1 SAMAI, primera instancia índice 2 documento 2. 2 SAMAI, primera instancia índice 29 documento 1.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

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10. Señaló que , si bien existió una preclusión de la invest igación, ello no implica que el demandante no estuviera en el deber de soportar la investigación y el proceso penal, pues en su momento se infirió por la presunta comisión del delito que se le imputó, pues hace parte de los poderes del Estado adelantar las investigaciones y actuaciones para establecer la configuración de un posible delito; adujo que no se probaron los perjuicios alegados y se opuso a la prosperidad de las excepciones.

11. En atención a lo expuesto, propuso las excepciones “falta de legitimación en la causa por pasiva; causales eximentes de responsabilidad

(culpa exclusiva de la víctima)

11. En atención a lo expuesto, propuso las excepciones “falta de legitimación en la causa por pasiva; causales eximentes de responsabilidad

(culpa exclusiva de la víctima) ; inexistencia del nexo de causalidad; inexistencia de perjuicios o indebida acreditación de perjuicios materiales; innominada o genérica”3.

12. En los alegatos de conclusión, la apoderada de dicha entidad reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y manifestó que por las deficiencias probatorias de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , no se logró desvirtuar la inocencia del demandante.

13. Por otro lado, señaló que era evidente la culpa exclusiva de la víctima por las circunstancias que rodearon los hechos atípicos del 26 de mayo de 2021, y que además la captura del demandante se llevó en flagrancia , entendiéndose que conocía y transportaba los objetos incautados4.

14. Por su parte, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN se opuso a la prosperidad de las excepciones, pues la entidad no actuó de una manera arbitraria ni incurriendo en error judicial o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; adicional a ello se opuso a la estimación de la cuantía, pues en pri ncipio la misma no se ajustó a los parámetros establecidos por el Consejo de Estado.

15. En atención a lo expuesto, propuso la s excepciones de “ falta de legitimación en la causa por pasiva; culpa exclusiva de la víctima; ausencia de falla en el servicio; inexistencia del daño, inexistencia del nexo de causalidad ”5.

legitimación en la causa por pasiva; culpa exclusiva de la víctima; ausencia de falla en el servicio; inexistencia del daño, inexistencia del nexo de causalidad ”5.

16. En los alegatos de conclusión, la apoderada de dicha entidad reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y las diferentes etapas y objetivos del proceso penal, establecido en la Ley 906 de 2004 y el papel de la Fiscalía en el cumplimiento de su deber legal estatuido en el artículo 250 de la Constitución Política y el papel del Juez de control de garantías, quien es finalmente el que determina la medida de aseguramiento.

17. Finalmente, refirió que las circunstancias de tiempo, modo y lugar condujeron a que los hechos denunciados constituían indicios y pruebas de cargo que condujeron a determinar que el demandante era un posible actor en el ilícito investigado , y si bien el procesado fue absuelto, ello no implica que la medida no se hubiera aplicado bajo los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesida d, pues si cada vez que se absuelve o se precluye una investigación se condena a la entidad, sería limitarla a que no realice ninguna investigación6.

3 SAMAI, primera instancia índice 12 documento 2. 4 SAMAI, primera instancia índice 24 documento 2. 5 SAMAI, primera instancia indicie 14 documento 2. 6 SAMAI, primera instancia indicie 26 documento 2.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

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6 SAMAI, primera instancia indicie 26 documento 2.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

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18. Finalmente, la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA -POLICÍA NACIONAL , contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y a lo dicho en la misma, pues a su parecer se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, teniéndose en cuenta que fue la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN quien direccionó la investigación, al igual que la RAMA JUDICIAL, entidad que profirió la medida de aseguramiento en centro carcelario.

19. En atención a lo expuesto, propuso la excepci ón de “ falta de legitimación en la causa por pasiva”7

20. En los alegatos de conclusión, la apoderada de dicha entidad reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en la falta de legitimación en la causa; además, hizo hincapié en que la captura se dio en flagrancia en medio de un procedimiento policivo8.

IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

21. El J uez de primera instancia negó las pretensiones de la demanda , realizando el estudio respecto de la responsabilidad del Estado en los casos de privación de la libertad; para esto analizó lo dicho por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en cuanto a los regímenes que deben aplicarse para resolver una determinada situación, teniéndose en cuenta

de privación de la libertad; para esto analizó lo dicho por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en cuanto a los regímenes que deben aplicarse para resolver una determinada situación, teniéndose en cuenta que la medida de privación de la libertad debía ser proporcionada y razonada.

22. Así mismo, reseñó lo dispuesto en la sentencia SU-363 de 2021 proferida por el Alto Tribunal Constitucional donde se analizó la culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad del Estado, desprendiéndose del comportam iento que la persona t uviere frente a las actuaciones judiciales y no lo que deviene de la investigación.

23. Así las cosas, manifestó que, si bien existió el daño, esto es, la privación de la libertad a la que fue sometido el señor JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ANGULO, lo cierto es que , conforme al precedente jurisprudencial, el régimen a aplicar en el presente caso corresponde al de la falla en el servicio por cuanto el demandante no logró probar que la preclusión obedeció a la atipicidad del hecho investigado.

24. Respecto de la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de la medida, señaló que al no tenerse las pruebas correspondientes a la audiencia donde le fue impuesta la medida de aseguramiento, no se logró concluir si la misma obedeció o no a dichos principios, pues si bien se aportó la decisión que revocó la medida de privación, lo cierto es que hubo disenso entre la decisión de primera y la de segunda instancia, por lo que no se pudo concluir si la medida se impartió con sujeción a la norma contenida en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004.

entre la decisión de primera y la de segunda instancia, por lo que no se pudo concluir si la medida se impartió con sujeción a la norma contenida en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004.

25. Finalmente, señaló que la parte demandante no cumplió con lo establecido en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, correspondiéndole probar que la medida impuest a al demandante no se fundamentó en la razonabilidad y proporcionalidad9.

7 SAMAI, primera instancia índice 13 documento 3. 8 SAMAI, primera instancia índice 25 documento 1. 9 SAMAI, primera instancia índice 31.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

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V. RECURSO DE APELACIÓN

26. La parte demandante formuló recurso de apelación argumentando que, el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la atipicidad de la conducta, la responsabilidad objetiva y el daño especial.

27. Fundamentó su apelación en el fallo de segunda instancia dentro del proceso penal proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, quien revocó la medida de privación de la libertad al demandante impuesta por el juez de primera instancia; de lo cual resaltó que las sustancias que eran transportadas por el demandante no correspondían a aquellas clasificadas como corrosivas que generan destrucción al entrar en contacto con el tejido humano como lo exige el tipo penal , y las cua les no representaban un peligro para la seguridad

resaltó que las sustancias que eran transportadas por el demandante no correspondían a aquellas clasificadas como corrosivas que generan destrucción al entrar en contacto con el tejido humano como lo exige el tipo penal , y las cua les no representaban un peligro para la seguridad pública

28. En cuanto a las armas halladas dijo que al ser traumáticas y no de fuego, si bien requieren permiso de autoridad competente para su porte, lo cier to es que su adquisición no está penalizada, pu es lo que se entiende por objetos dentro del contexto de lo analizado es que se refiere a objetos elaborados a base de las sustancias peligrosas, haciendo énfasis en la atipicidad de la conducta, derivando en que ello debió considerarse por el juez que impuso la medida.

29. Se refirió a la responsabilidad objetiva y al daño especial que se desprende por la atipicidad de la conducta investigada, pues la imposición de la medida sin sustento probatorio causó daños a los demandantes, probándose que aunque el demandante participó en un hecho , la mera conducta no estructuró el delito imputado.

30. Manifestó que la declaratoria de la causal exonerativa de responsabilidad culpa exclusiva de la victima en los casos de atipicidad vulnera el principio de presunción de inocencia10.

VI. ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

31. La entidad demandada NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , se pronunció sobre el recurso allegado11.

32. La parte demandante y la s demás entidades demandadas, guardaron silencio; así como el agente del Ministerio Público no presentó concepto12.

VII. PROBLEMA JURÍDICO

32. La parte demandante y la s demás entidades demandadas, guardaron silencio; así como el agente del Ministerio Público no presentó concepto12.

VII. PROBLEMA JURÍDICO

33. Corresponde a esta Sala determinar, en principio, si le asistió razón al juez a quo negar las pretensiones de la demanda con base en la falta de pruebas allegadas al proceso por parte del demandante y por otro lado, establecer conforme al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, si la privación de la libertad del señor JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ ANGULO fue o no injusta atendiendo a la supuesta atipicidad de la conducta y, por tanto, si hay lugar a imputar responsabilidad a las entidades demandadas.

10 SAMAI, primera instancia índice 33 documento 1. 11 SAMAI, segunda instancia índice 12 documento 2. 12 SAMAI, segunda instancia indice 13.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

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VIII. TESIS DE LA SALA

34. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, al considerar que si bien se presentó la atipicidad de la conducta y ello derivó en la preclusión de la investigación penal, lo cierto es que se configura la culpa exclusiva de la víctima, lo que desencaden ó la privación de su libertad, sin que pueda por ende endilgarse responsabilidad patrimonial al Estado.

IX. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

la víctima, lo que desencaden ó la privación de su libertad, sin que pueda por ende endilgarse responsabilidad patrimonial al Estado.

IX. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

A. Responsabilidad patrimonial del Estado respecto de la privación injusta de la libertad.

35. La responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual dispone que deberá responder por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades.

36. Ahora bien, el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 estableció de manera clara que el Estado deberá responder “por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. (Negrilla fuera de texto).

37. Dicha norma se complementa con el artículo 68 ibídem, al señalar que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

38. Es del caso indicar que, en la sentencia C -037 de 1996, la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, aclaró que no toda privación de la libertad es injusta, pues de otra manera ello significaría que la repar ación de perjuicios procediera de manera automática. Concretamente dijo lo siguiente:

“Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación

constitucional se encuentra en los artículos 6, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales , de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención” (Negrilla fuera del texto).

39. No obstante la postura de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado en un principio sostuvo una tesis objetiva, en virtud de la cual la gran mayoría de casos se condenaba al Estado cuando una persona era privada de su libertad y luego recibía decisión absolutoria13.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 17 de octubre de 2013, expediente Nº 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En este fallo puede encontrarse la evolución del régimen de

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 17 de octubre de 2013, expediente Nº 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En este fallo puede encontrarse la evolución del régimen de responsabilidad aplicable a casos de privación injusta de la libertad.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

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40. Con todo, la Corte Constitucional tuvo ocasión de estudiar varias tutelas presentadas por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en contra de sentencias condenatorias bajo dicho criterio y expidió la Sentencia SU -072 de 2018, en la que consideró que la tesis asumida por el Consejo de Estado transgredía el precedente fijado en la Sentencia C-037 de 1996, citada con

anterioridad. Al respecto se mencionó que:

“Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia – aplicación del principio in dubio pro reo-, (…) el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis p revio que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 199614”(Negrillas de la Sala).

desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 199614”(Negrillas de la Sala).

41. Por lo tanto, la Corte Constitucional indicó que, según las particularidades de cada caso, el juez debería verificar y justificar cuál es el título de imputación aplicable (subjetivo – falla del servicio – u objetivo – daño especial, riesgo excepcional –). En todo caso, precisó que el título objetivo no es predicable de todas las situaciones en las que se absuelve al procesado, sino de aquellas en las cuales se concluyera sin mayores esfuerzos su carácter de injusta, y prec isó que esto es posible en aquellos casos en los que se encuentra por el juez penal que la conducta no existió o era objetivamente atípica. Tal como se lee a continuación:

“De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de

atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”15 (Negrillas de la Sala).

42. Además, expresó que independientemente del régimen a aplicar, el juez de la responsabilidad debe analizar la razonabi lidad, la proporcionalidad y la legalidad de la medida de aseguramiento:

“Retomando la idea que se venía planteando, tenemos que el juez administrativo, al esclarecer si la privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, d ebe efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. (Negrillas fuera del texto).

14 Corte Constitucional. Sentencia SU 072 de 2018. 15 Corte Constitucional. Sentencia SU 072 de 2018.MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

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43. Por otro lado, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia

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43. Por otro lado, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018 16 modificó la línea jurisprudencial que venía manejando sobre la privación injusta de la libertad y determinó el estudio de los siguientes presupuestos: 1) Si el daño (pri vación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio- , y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva

(artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y, 3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto.

44. Empero lo anterior, la misma Alta Corporación a través de sentencia de tutela17 dejó sin efectos dicha providencia, al considerar que no se realizó un análisis adecuado de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de reali zar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad, por lo tanto, ordenó a la Sección Tercera

un análisis adecuado de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de reali zar el estudio de imputación de la privación injusta de la libertad, por lo tanto, ordenó a la Sección Tercera profiriera un nuevo fallo. Consideró que:

“La exigencia de verificar actos pre procesales, como lo es, que la detención de la demandante fue ge nerada por su propia conducta, no sólo invade competencias de otras jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria, porque implica considerar, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito y determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención; transgrediendo con ello el principio de presunción de inocencia”. (Subraya la Sala)

45. Por tal razón, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en cumplimiento del fallo de tutela citado en el párrafo anterior, expidió la providencia del 6 de agosto de 2020 18. En esta sentencia señaló que es necesario que el juez examine el carácter injusto de la privación de la libertad ordenada en la medida de aseguramiento, esto es, debe determinar si fue razonable, proporcional y legal:

“Con el fin de determinar si un daño podía catalogarse como antijurídico y adicionalmente, ser imputable a la administración, resultaba necesario examinar el carácter injusto de la privación de la li bertad, a la luz de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, puesto que, el hecho que una persona resultara privada de la libertad y a la postre, terminara con sentencia absolutoria o con resolución

criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, puesto que, el hecho que una persona resultara privada de la libertad y a la postre, terminara con sentencia absolutoria o con resolución de pre clusión, no resultaba suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, sino que era imprescindible, determinar si la medida restrictiva resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la administración”. (Subraya la Sala)

46. Como cita textual de la sentencia de reemplazo que enlistó el Consejo

de Estado, se extrae lo siguiente:

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, sentencia del 15 de agosto de 2018, expediente: 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947) 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejero Ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ , sentencia de tutela del 1 5 de noviembre de 2019, Radicación No. 11001 -03-15-0002019-00169-01. 18 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 6 de agosto del 2020. Radicado No. 66001-23-31000-2011-00235-01 (46.947), M.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZMEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

DEMANDANTE: JOSE MIGUEL RAMÍREZ ANGULO Y OTROS

RADICACIÓN: 76001-33-33-009-2023-00204-01

DEMANDANTE: JOSE MIGUEL RAMÍ