TA VAL - Sentencia 76001-33-33-010-2018-00021-01 (18-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE ORALIDAD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES

RADICADO: 76001-33-33-010-2018-00021-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE:

JUAN MANUEL AMARILES

(mariogermanprieto@gmail.com)

DEMANDADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

(dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co)

(NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

(notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co)

MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DE CALI

(procjudadm19@procuraduria.gov.co)

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD .

AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO.

CONFIRMA NEGAR PRETENSIONES.

Santiago de Cali, dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia del 22 de julio de 2024, proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Cali, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de reparación directa, Juan Manuel Amariles demandó a la Nación – Rama Judicial y a la Nación – Fiscalía General de la Nación, para que se declarara la responsabilidad administrativa de esas autoridades por la

1. Pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de reparación directa, Juan Manuel Amariles demandó a la Nación – Rama Judicial y a la Nación – Fiscalía General de la Nación, para que se declarara la responsabilidad administrativa de esas autoridades por la privación de la libertad a la que se vio sometido.

3. Como consecuencia de esa declaración, pidió que se condenara a la s entidades demandadas a pagar: i) por concepto de perjuicios materiales, el valor de $ 10’987.000, equivalente a los ingresos que dejó de percibir como comerciante durante 499 días (en razón de un ingreso diario de $ 22.2000) y ii) por concepto deRadicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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perjuicios morales, el valor $ 66’394.530 , equivalente a 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2. Hechos

4. El 27 de marzo de 2013, la Fiscalía General de la Nación solicitó y obtuvo orden de captura contra Juan Manuel Amariles , por ser, según versión de un desmovilizado, miembro del frente sexto de la FARC y haber contribuido (con actividades de inteligencia , averiguando e informando cuántos miembros de la Fuerza Pública había en la zona ) al ataque armado perpetrado el 16 de mayo de 2009 en la base del Ejército Nacional ubicada en el puente Guillermo León Valencia1

(puente que intentó detonarse), en el que falleció un soldado y otros 3 resultaron heridos2.

2009 en la base del Ejército Nacional ubicada en el puente Guillermo León Valencia1 (puente que intentó detonarse), en el que falleció un soldado y otros 3 resultaron heridos2.

5. El 25 de abril de 2013 3, se adelantaron audiencias preliminares, en las que el Juzgado Treinta Penal Municipal de Cali con Función de Control de Garantías: i) legalizó la captura de Juan Manuel Amariles ; ii) legalizó la formulación de imputación por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, terrorismo agravado, daño en bien ajeno y rebelión, e iii) impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

6. El 5 de septiembre de 2014, el señor Amariles quedó en libertad por vencimiento de términos4.

7. Luego de evacuado el trámite correspondiente, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2016 5, absolvió a Juan Manuel Amariles de los delitos que se le endilgaron.

8. Por cuenta de ese proceso judicial, Juan Manuel Amariles estuvo privado de la libertad desde el 25 de abril de 2013 hasta el 5 de septiembre de 20146.

1 Ubicado en la vía que conduce de Jamundí a Santander de Quilichao. 2 Se menciona en la grabación de audiencias preliminares del 25 de abril de 2013, contenido en el documento descrito como «23_ED_02CDFOLIO54(.rar) NroActua 29», visible en el del índice 29 del expediente de primera

2 Se menciona en la grabación de audiencias preliminares del 25 de abril de 2013, contenido en el documento descrito como «23_ED_02CDFOLIO54(.rar) NroActua 29», visible en el del índice 29 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radic ado 76001333301020180002100 en Juzgados Administrativos de Cali). 3 Documento descrito como «23_ED_02CDFOLIO54(.rar) NroActua 29», visible en el del índice 29 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100 en Juzgados Administrativos de Cali). 4 Índice 26 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100 en Juzgados Administrativos de Cali. 5 Folios 13-37 del documento descrito como «06_ED_01DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 29», visible en el del índice 29 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301520190016200 en Juzgados Administrativos de Cali). 6 Índice 26 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100 en Juzgados Administrativos de Cali.Radicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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3. Fundamentos de las pretensiones

9. La parte actora se limitó a esbozar como empezó a desarrollarse el principio general de la responsabilidad del Estado, a partir de las nociones civiles de la culpa

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3. Fundamentos de las pretensiones

9. La parte actora se limitó a esbozar como empezó a desarrollarse el principio general de la responsabilidad del Estado, a partir de las nociones civiles de la culpa por no elegir bien (culpa in eligendo) y la culpa por no vigilar diligentemente (culpa in vigilando).

4. Contestaciones de la demanda

4.1. Fiscalía General de la Nación7

10. Por conducto de apoderado judicial, la Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda.

11. De manera preliminar , objetó los montos de los perjuicios reclamados por los demandantes, pues no se sujetaban al baremo fijado por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en todo caso, no estaban plenamente probados.

12. En cuanto a la responsabilidad propiamente dicha , m anifestó que la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber constitucional y legal, pues le correspondía investigar los hechos que tenían la connotación de delito, y que era procedente solicitar la medida de aseguramiento, en tanto que concurrían las condiciones para ello (se tenían indicios de que Juan Manuel Amariles sí contribuyó en el ataque armado perpetrado el 16 de mayo de 2009 ). Afirmó que la privación de la libertad no podía calificarse como injusta, en los términos de la sentencia C-037 de 1996. Propuso como excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la medida de aseguramiento fue decretada por un juez de control de garantías (Rama Judicial), y no por la Fiscalía General de la

sentencia C-037 de 1996. Propuso como excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la medida de aseguramiento fue decretada por un juez de control de garantías (Rama Judicial), y no por la Fiscalía General de la Nación; ii) la inexistencia de nexo de causalidad, porque el ente investigador no había incurrido en una falla del servicio y, por lo tanto, no podía atribuírsele la producción del daño, y iii) el hecho de un tercero, por cuanto la imposición de la medida de aseguramiento fue producto de la conducta de un tercero, el desmovilizado que identificó e individualizó a Juan Manuel Amariles como miembro del frente sexto de las FARC y quien aseguró que este había contribuido en el ataque armado perpetrado el 16 de mayo de 2009.

4.2. Rama Judicial8

13. El apoderado de la Rama Judicial pidió que se denegaran las pretensiones de la demanda. Sostuvo: i) que concurría la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, que en este caso era la Dirección de Investigación Criminal e Interpol

7 Folios 30-48 del documento descrito como «24_ED_03ESCRITOSYPROVID(.pdf) NroActua 29», visible en el del índice 29 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100 en Juzgados Administrativos de Cali). 8 Folios 66-70 del documento descrito como «24_ED_03ESCRITOSYPROVID(.pdf) NroActua 29», visible en el del índice 29 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100

8 Folios 66-70 del documento descrito como «24_ED_03ESCRITOSYPROVID(.pdf) NroActua 29», visible en el del índice 29 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100 en Juzgados Administrativos de Cali).Radicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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(Dijín), por cuanto fue esa dependencia la que presentó a Juan Manuel Amariles como miembro de las FARC y p artícipe del ataque armado perpetrado el 16 de mayo de 2009; ii) que debía tenerse en cuenta la sentencia SU-072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, según la cual debía analizarse si la decisión que restringió la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada y/o arbitraria, y iii) que, en caso de condena, debía determinarse, individualmente, la influencia causal en la producción del daño que podía atribuirse a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial.

5. Sentencia de primera instancia9

14. El Juzgado Décimo Administrativo de Cali, mediante sentencia del 22 de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda, porque la privación de la libertad de Juan Manuel Amariles no constituía un daño antijurídico.

15. Se refirió al marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y destacó que, actualmente, el carácter injusto de

Juan Manuel Amariles no constituía un daño antijurídico.

15. Se refirió al marco normativo y jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y destacó que, actualmente, el carácter injusto de la privación de la libertad exige examinar los criterios razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, sin que la preclusión o absolución determinaran la antijuridicidad del daño (restricción de la libertad).

16. Al abordar el caso concreto, hizo un resumen sobre las audiencias preliminares y, sin entrar en detalles y luego d e citar algunas normas del Código de Procedimiento Penal, concluyó que se cumplían los presupuestos para imponer la medida de aseguramiento en centro carcelario, de ahí que la privación de la libertad se reputaba como necesaria, razonable y proporcional y, por consiguiente, no pudiera ser considerada como un daño antijurídico.

6. Recurso de apelación10

17. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, p idió que se revocara y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

18. Básicamente, sostuvo que no es cierto que concurrieran los presupuestos para imponer la medida de aseguramiento, porque: i) no debió dársele credibilidad al supuesto desmovilizado, pues no se constató si esa persona efectivamente perteneció previamente a un grupo armado ilegal y, por el contrario, bien pudo involucrar a un inocente para obtener beneficios , y ii) la versión del informante resultaba inverosímil, porque Juan Manuel Amariles, por su edad y su capacidad

perteneció previamente a un grupo armado ilegal y, por el contrario, bien pudo involucrar a un inocente para obtener beneficios , y ii) la versión del informante resultaba inverosímil, porque Juan Manuel Amariles, por su edad y su capacidad de movilidad restringida, no estaba en condiciones de brindar la colaboración que supuestamente realizó ( actividades de inteligencia, averiguando e informando cuántos miembros de la Fuerza Pública había en la zona).

9 Índice 34 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100 en Juzgados Administrativos de Cali). 10 Índice 36 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100 en Juzgados Administrativos de Cali).Radicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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19. Agregó que la privación de la libertad del señor Amariles, por un término de 499 días, constituía un daño antijurídico que no estaba en obligación de soportar y que, por consiguiente, debían indemnizarse los perjuicios que experimentó el demandante.

20. Adujo que no era admisible invocar que un tercero indujo en error a las autoridades demandadas, toda vez que ese tercero habría sido un investigador de la Dijín, que era un agente estatal y quien pudo, previamente, cerciorarse si la versión del informante ameritaba credibilidad.

autoridades demandadas, toda vez que ese tercero habría sido un investigador de la Dijín, que era un agente estatal y quien pudo, previamente, cerciorarse si la versión del informante ameritaba credibilidad.

21. Finalmente, señaló que la medida de aseguramiento impuesta al demandante fue desproporcionada, porque él «actuó bajo todas las reglas de cuidado que debe tener una persona en sus asuntos».

7. Trámite de segunda instancia

22. El 30 de octubre de 202411, el Despacho admitió el recurso de apelación y advirtió que durante la ejecutoria de esa providencia las partes podían pronunciarse sobre el recurso de apelación, mientras que el Ministerio Público podía emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

23. La Rama Judicial presentó alegatos de conclusión12 y pidió que se confirmara la sentencia recurrida. Se refirió a la captura en flagrancia (que no guarda relación con los hechos de este caso) y alegó que hubo culpa exclusiva de l a víctima porque no interpuso recurso contra la decisión de imponer detención preventiva en centro carcelario. Manifestó que, en todo caso, «la medida de aseguramiento estuvo debidamente soportada dentro de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad».

24. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

25. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este tribunal administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Cali.

1. Competencia

25. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este tribunal administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Administrativo de Cali.

2. Problema jurídico

26. Determinar si debe confirmar se la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda porque la privación de la libertad de Juan Manuel

11 Índice 6 del expediente de segunda instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301020180002100 en Tribunal Administrativo del Valle del Cauca). 12 Índice 1 1 del expediente de segunda instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76001333301520190016201 en Tribunal Administrativo del Valle del Cauca).Radicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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Amariles no constituía un daño antijurídico, o si, por el contrario, como lo alega el recurso de apelación, no se daban los presupuestos para imponer la medida de aseguramiento y, en todo caso, no concurrían causales eximentes de responsabilidad del hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

3. Solución del caso

27. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda, porque la privación de la libertad a la que se vio sometido Juan Manuel Amariles no puede catalogarse como un daño antijurídico.

3. Solución del caso

27. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda, porque la privación de la libertad a la que se vio sometido Juan Manuel Amariles no puede catalogarse como un daño antijurídico.

28. Previo a abordar el caso concreto, la Sala se referirá a la responsabilidad del Estado por privación de la libertad.

3.1. La responsabilidad del Estado por privación de la libertad

29. La primera norma que expresamente estableció indemnización por privación injusta de la libertad fue el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 13. Ese artículo disponía que « quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho puni ble, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave».

30. Luego, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), al regular la responsabilidad patrimonial del Estado por acciones u omisiones de los agentes judiciales, incluyó la privación injusta de la libertad como uno de los eventos que comprometía la responsabilidad del Estado. En efecto, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 mencion a que «quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios».

31. Esa norma fue condicionada por la Corte Constitucional (1996) 14 en los

siguientes términos:

podrá demandar al Estado reparación de perjuicios».

31. Esa norma fue condicionada por la Corte Constitucional (1996) 14 en los

siguientes términos:

Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la

13 Código de Procedimiento Penal para la época. 14 C-037 de 1996.Radicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideració n el análisis razonable y proporcionado de las

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consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideració n el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

32. Conviene anotar que el Decreto 2700 de 1991 fue derogado por la Ley 600 de 2000 y esta, a su vez, por la Ley 906 de 2004. Estos dos últimos códigos de procedimiento penal no incluyeron norma alguna sobre privación injusta de la libertad.

33. En cuanto al tratamiento jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha discurrido en varios sentidos. Veamos.

34. En un principio 15, estimaba que la indemnización de perjuicios solo era procedente en aquellos casos en los que la medida de aseguramiento fuera producto de un error judicial. Esto implicaba abordar los casos bajo un régi men subjetivo, pues era necesario acreditar un error ostensible de la autoridad judicial

(falla del servicio).

35. Más adelante 16, sostuvo que la privación de la libertad era injusta en aquellos eventos descritos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 : cuando la persona fuera exonerada porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta era atípica. En esos supuestos operaba un régimen de responsabilidad objetivo y, por ende, el perjudicado tenía derecho a indemnización, salvo que hubiera actuado con dolo o culpa grave. Los demás supuestos (distintos a los descritos en el artículo

era atípica. En esos supuestos operaba un régimen de responsabilidad objetivo y, por ende, el perjudicado tenía derecho a indemnización, salvo que hubiera actuado con dolo o culpa grave. Los demás supuestos (distintos a los descritos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991) debían ser analizados bajo el régimen subjetivo de la falla del servicio.

36. Posteriormente, en sentencia de unificación del 1 7 de octubre de 2013 17, la Sección Tercera del Consejo de Estado aclaró que la privación de la libertad también era injusta cuando la absolución o preclusión se decretaba por aplicación del in dubio pro reo . Bajo ese nuevo escenario, se aplicaba un régimen objetivo de responsabilidad cuando la absolución o preclusión se diera por alguno de estos cuatro eventos: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta era atípica o en aplicación del in dubio pro reo . En los demás casos debía aplicarse un régimen subjetivo.

37. Sin embargo, en julio de 2018 18, la Corte Constitucional abordó, desde una perspectiva constitucional, el tema de la responsabilidad del Estado por privación de libertad y realizó algunas observaciones a la jurisprudencia que, hasta ese momento, sostenía el Consejo de Estado.

15 Sentencia de 1° de octubre de 1992 (expediente 7058). 16 Ver sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229. 17 Expediente 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354). 18 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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17 Expediente 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354). 18 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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38. Señaló que, a pesar de la significativa importancia dentro del Estado Social de Derecho, la libertad podía ser restringida por razones de prevención y persecución de delitos, protección a las víctimas, comp arecencia de presuntos infractores a la ley, entre otras razones de interés general, circunstancias que en nada afectaban el principio de presunción de inocencia en materia penal. Agregó que la privación preventiva de la libertad resulta válida a la luz de la Constitución si se respetan los criterios de necesidad y proporcionalidad.

39. Explicó que la mera privación de la libertad y la posterior absolución o preclusión del proceso penal no eran suficientes para asumir la existencia de un daño antijurídico, pues la restricción de la libertad sí podía resultar válida —y, por ende, jurídica— en términos de la Constitución. A partir de lo anterior, indicó que, en los casos de privación de la libertad, el análisis del daño antijurídico no puede circunscribirse a la forma de terminación del proceso penal, sino que debe recaer sobre la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida restrictiva de la libertad.

40. En ese sentido, recordó que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 fue

sobre la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida restrictiva de la libertad.

40. En ese sentido, recordó que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 fue condicionado19 y expresó que «una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de la responsabilidad del Estado en estos casos [privación injusta de la libertad], impone considerar, independientemente del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad».

41. Al hacer alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional estimó que era válido asumir la existencia del daño antijurídico cuando la preclusión o absolución se daba porque el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, porque en esos casos era evidente que la restricción de la libertad resultaba irrazonable y desproporcionada. A juicio de la Corte, las autoridades que ejercen jurisdicción penal están en condiciones de verificar esos presupuestos —la existencia d el hecho y la tipicidad de la conducta — desde la etapa preliminar de la investigación y, de no tener certeza sobre ellos, lo razonable y proporcional es abstenerse de imponer medidas restrictivas de la libertad a una persona.

42. En cambio, respecto de lo s eventos en que la absolución o preclusión se da porque el investigado no cometió el delito o por aplicación del principio de in dubio pro reo, la Corte consideró que no permitían deducir directamente la falta de razonabilidad o desproporción de la medida preventiva de la libertad, en tanto que

porque el investigado no cometió el delito o por aplicación del principio de in dubio pro reo, la Corte consideró que no permitían deducir directamente la falta de razonabilidad o desproporción de la medida preventiva de la libertad, en tanto que las autoridades que ejercen jurisdicción penal solo podrían tener certeza de esos supuestos cuando culminara la etapa investigativa o la etapa del juicio. Por lo tanto, en esos casos lo procedente era que el juez ad ministrativo analizara las pruebas y las particularidades del caso para determinar si la medida respetó los presupuestos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.

19 Mediante sentencia C-037 de 1996.Radicado: 76001-33-33-010-2018-00021-01

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43. A la par con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la jurisprudencia relacionada con la privación injusta de la libertad.

44. En efecto, mediante sentencia de unificación jurisprudencial del 15 de agosto de 201820, la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoció que la jurisprudencia sostenida con anterioridad 21 se limitaba a verificar de forma llana la existencia del daño (privación de la libertad) y no realizaba el análisis de antijuridicidad de este, lo que implicaba desnaturalizar el artículo 90 de la Constitución.

45. Con base en esa apreciación, dijo que la declaratoria de responsabilidad del

daño (privación de la libertad) y no realizaba el análisis de antijuridicidad de este, lo que implicaba desnaturalizar el artículo 90 de la Constitución.

45. Con base en esa apreciación, dijo que la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación de la libertad exigía tener certeza de la antijuridicidad de la detención, para lo cual debían consultarse, entre otros criterios, « los estándares convencionales, constitucionales y/o legales que admiten excepcionalmente la restricción a la libertad personal». En el mismo sentido expuso que, en caso de no acreditarse la antijuridicidad, se está en presencia de un daño jurídico y, por cons iguiente, no se configura la privación injusta de la libertad como evento de responsabilidad del

Estado.

46. Agregó que el juez administrativo «se debe centrar en determinar si el daño derivado de la aplicación de la medida de aseguramiento de detención preventiva, esto es, la privación de la libertad, se mostró como antijurídico, toda vez que en lo injusto de ella radica la reclamación del administrado, al margen de cómo haya seguido su curso la correspondiente investigación y del sustento fáctico y juríd ico de la providencia de absolución o de preclusión, según sea el caso».

47. En lo que atañe al ámbito de la imputación, esa sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado fijó las siguientes reglas: i) el juez administrativo necesariamente debe verificar, incluso de oficio, si la apertura del proceso penal y la posterior privación de la libertad fue ocasionada por una actitud dolosa o gravemente culposa (analizada desde el punto de vista del derecho civil)

administrativo necesariamente debe verificar, incluso de oficio, si la apertura del proceso penal y la posterior privación de la libertad fue ocasionada por una actitud dolosa o gravemente culposa (analizada desde el punto de vista del derecho civil) de la propia víctima del daño; ii) en caso de que el daño no sea atribuible a la propia víctima, debe determinarse qué entidad es la responsable de reparar el daño, y iii) el juez administrativo conserva total autonomía para adscribir el título de imputación que resulte pertinente según las particularidades del caso.

48. Para ese momento (agosto de 2018), la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional exigían el deber de acreditar la antijuridicidad del daño en los casos de privación injusta de la libertad. Respecto del análisi s de antijuridicidad, la Corte Constitucional se refirió a criterios de legalidad, razonabilidad y