TA VAL - Sentencia 76001-33-33-010-2018-00108-01 (13-03-2025)

Santiago de Cali, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Sentencia nro. 057

RADICACIÓN: 76001-33-33-010-2018-00108-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

ACCIONANTE: JAMIR LILIANA MOSQUERA BONILLA Y

OTROS notificacion.procesal@gmail.com

ACCIONADO:

NACION - RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL –

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

disajcali@cendoj.ramajudicial.gov.co dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co desajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co jur.novedades@fiscalia.gov.co francia.gonzalez@fiscalia.gov.co franciagonzalez@fiscalia.gov.co TEMA: Privación injusta de la libertad DECISIÓN: Confirma / niega pretensiones

MAGISTRADO PONENTE: Víctor Adolfo Hernández Díaz

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones porque se acreditó la culpa exclusiva de la víctima, por no interponer los recursos de ley, tal y como lo establece el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

2. No se acreditó irregularidad o arbitrariedad alguna frente al trámite de verificación de antecedentes posterior a la emisión de la boleta de libertad.

II. ANTECEDENTES

II.I La demanda y pretensiones

2. No se acreditó irregularidad o arbitrariedad alguna frente al trámite de verificación de antecedentes posterior a la emisión de la boleta de libertad.

II. ANTECEDENTES

II.I La demanda y pretensiones

3. Los señores Jamir Liliana Mosquera Bonilla actuando en propio y en representación de su hija menor Nicol Valeria Mosquera Bonilla, la señora Daira Marina Mosquera Bonilla, Jairo Jacob

Montaño Portocarrero, Diana Marina Calle Mosquera y Luis Enrique Mosquera Bonilla presentaron demanda en contra de la Nación - - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación , para que se declare la responsabilidad administrativa y extracontractual de las demandadas por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue víctima la señora Jamir Liliana Mosquera Bonilla.

4. Como consecuencia, se condene a las entidades al pago de perjuicios morales y materiales a favor de cada uno de los demandantes.RADICACIÓN: 76001-33-33-010-2018-00108-01

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Pág. 2 de 11 II.II Hechos relevantes

5. El 12 de octubre de 2015 la señora Jamir Liliana Mosquera Bonilla fue capturada por funcionarios de la Policía Judicial en la ciudad de Cali con ocasión de una investigación que se adelantó por el delito de extorsión.

5. El 12 de octubre de 2015 la señora Jamir Liliana Mosquera Bonilla fue capturada por funcionarios de la Policía Judicial en la ciudad de Cali con ocasión de una investigación que se adelantó por el delito de extorsión.

6. El 13 de octubre de 2015 el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cali con Función de Control de Garantías realizó la audiencia concentrada de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, en ella impuso a la accionante medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

7. El 9 de agosto de 2016 se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento que solicitó la Fiscalía de Barranquilla – Atlántico, el despacho judicial accedió a lo pedido, en razón a que desaparecieron los requisitos de carácter subjetivo contenid o en el artículo 308 del C.P.P., toda vez que se desdibujó la participación de la demandada en los hechos objeto de investigación.

8. Se expidió boleta de libertad en la misma fecha de la diligencia donde se ordenó la libertad inmediata de la actora; no obstante, solo hasta el 22 de agosto de 2016 recobró su libertad, según el certificado expedido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec.

II.III Contestación de la demanda

9. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

10. No se configuran los supuestos esenciales que permiten estructurar responsabilidad en cabeza de la entidad, como quiera que la actuación que surtió dentro del proceso penal estuvo acorde con la Constitución Política y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales vigentes para la

10. No se configuran los supuestos esenciales que permiten estructurar responsabilidad en cabeza de la entidad, como quiera que la actuación que surtió dentro del proceso penal estuvo acorde con la Constitución Política y las disposiciones tanto sustanciales como procedimentales vigentes para la época de los hechos.

11. El juez que adelantó la audiencia preliminar consideró que, conforme al caudal probatorio allegado a la investigación, se cumplían a cabalidad los presupuestos objetivos y subjetivos exigidos por la norma para legalizar la captura e imponer medida de aseguramiento de la señora Mosquera Bonilla, en atención a la gravedad y modalidad de la conducta.

12. No existe prueba del nexo causal; la entidad actuó diligentemente dado que existían unos hechos reprochables que debían ser investigados. La señora Mosquera Bonilla se encargó de presentar su nombre y cédula para que fueran consignadas unas sumas de dinero proveniente de una extorsión, el cual fue posteriormente retirado de empresas de giros legalmente constituidas.

13. Propuso las excepciones de i) falta de legitimación en la causa por pasiva, ii) culpa exclusiva de la víctima, iii) cumplimiento de un deber legal, iv) ausencia del daño antijurídico e imputabilidad del mismo a la Fiscalía General de la Nación v) inexistencia del nexo de causalidad y la vi) genérica.

14. La Nación – Rama Judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

15. Precisó que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurrieron eficientemente en la privación de la libertan, tanto el juez como el fiscal; no obstante, deben valorarse las actuaciones desplegadas de forma individual para concluir si fueron causas eficientes del daño.

la privación de la libertan, tanto el juez como el fiscal; no obstante, deben valorarse las actuaciones desplegadas de forma individual para concluir si fueron causas eficientes del daño.

16. Se configuró la causal exonerativa de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima, fue ella quien se expuso al riesgo y por tanto a la legítima, proporcional y justa intervención de la autoridad judicial.

17. Propuso las excepciones de i) culpa exclusiva de la víctima, ii) inexistencia de daño antijurídico, iii) intervención de tercero iv) inexistencia de nexo de causalidad entre actuaciones realizadas por la Rama Judicial y la producción del daño y v) la innominada.RADICACIÓN: 76001-33-33-010-2018-00108-01

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Pág. 3 de 11 II.IV Sentencia de primera instancia

18. El juzgado negó las pretensiones de la demanda bajo los siguientes argumentos:

“(…) De acuerdo con las anteriores consideraciones, las pruebas obrantes en el plenario y lo señalado en las Sentencias de Unificación por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado citados en líneas precedentes, procederá el Despacho a negar las pretension es de la demanda, por cuanto, si bien se encuentra acreditado que la señora JAMIR LILIANA MOSQUERA BONILLA, fue objeto de una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, no se logró demostrar que la misma haya sido injusta o que el daño alegado haya sido

la señora JAMIR LILIANA MOSQUERA BONILLA, fue objeto de una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, no se logró demostrar que la misma haya sido injusta o que el daño alegado haya sido antijurídico, pues, las autoridades judiciales actuaron conforme a derecho, sin perjuicio de que la medida de aseguramiento hubiese sido revocada, pues existían serios indicios en su contra, que la incriminaban en el delito de extorsión agravada que le fue imputada, como por ejemplo el informe técnico de cotejo de huellas dactilares del recibo del cobro del giro por la suma de $ 2.000.000 girados por la víctima del punible a su nombre, y la denuncia penal formulada por la víctima, pues hasta esa f echa se desconocía que la demandante fue engañada por un tercero para el cobro del dinero.

Se reitera que si bien, la medida de aseguramiento fue revocada en su favor respecto del delito de extorsión agravado, pues a pesar de la existencia de elementos probatorios que permitían en su momento imponerla y estar acreditada la existencia del delito, se desvirtuó su participación como coautora del ilícito, esta situación, de acuerdo al criterio trazado por la jurisprudencia citada en la presente providencia, no genera de forma automática la responsabilidad patrimonial del Estado, y en este caso, no es procedente, puesto que el daño sufrido por la señora JAMIR LILIANA MOSQUERA BONILLA, consistente en la afectación a su derecho a la libertad personal, no puede catalogarse como antijurídico, dado que en primer término, su procedimiento de captura fue declarada legal por el Juez 24 de Control de Garantías, pues existía una orden de captura previa y se observaron

personal, no puede catalogarse como antijurídico, dado que en primer término, su procedimiento de captura fue declarada legal por el Juez 24 de Control de Garantías, pues existía una orden de captura previa y se observaron los derechos de la capturada, así como la medida de aseguramiento intramural, fue razonable y proporcional ante los elementos materiales probatorios aportados por el ente acusador, por lo que emergió como una carga que aquel estaba en el deber jurídico de soportar.

Por otra parte, respecto a la prolongación injusta de la libertad de la demandante, ocurrida entre el 10 al 22 de agosto de 2016, no existe prueba que determine porque no se hizo efectiva entre el 9 y 10 de agosto de dicho año por parte del centro carcelario, si la orden de libertad fue emitida po r el Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el 9 de agosto de 2016 en Audiencia de revocatoria de la medida de detención y obra boleta de libertad de la fecha dirigida al centro carcelario, librándose comisorio al Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales Para los Juzgados Penales y/o Juzgado de Turno de Jamundí- Valle, siempre y cuando no exista orden de captura vigente. Por lo anterior, se negarán las pretensiones de la demanda. (…).”

II.V Recurso de apelación

19. La parte demandante apeló. Sostuvo que la sentencia de primera instancia desconoció que la privación de la libertad se mantuvo en el tiempo de manera desproporcionada, lo cual se convierte en un daño antijurídico.

20. La demandante estuvo recluida en un centro penitenciario por una conducta penal que nunca

privación de la libertad se mantuvo en el tiempo de manera desproporcionada, lo cual se convierte en un daño antijurídico.

20. La demandante estuvo recluida en un centro penitenciario por una conducta penal que nunca llevó a cabo; el estado nunca pudo demostrar que la señora Mosquera Bonilla participó en el delito de extorsión agravada, por tanto, se generó un daño muy grave que implicó una larga restricción al derecho de la libertad sin justificación.

21. El análisis no se puede limitar a la primera etapa del proceso penal, esto es, la imposición de la medida de aseguramiento, pues no se puede desconocer que el proceso culminó con sentencia favorable para el acusado.

22. No tiene sentido absolver al estado por la privación injusta de la libertad, pese a que la demandante fue absuelta del delito que se le imputaba y su estadía en la cárcel le causó inconvenientes en su vida cotidiana.

23. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia.

II.VI Actuaciones en segunda instancia

24. Mediante auto nro. 506 del 05 de agosto de 2024 se admitió el recurso de apelación.RADICACIÓN: 76001-33-33-010-2018-00108-01

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25. La Fiscalía General de la Nación allegó escrito de alegatos donde ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que no están acreditados los elementos

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25. La Fiscalía General de la Nación allegó escrito de alegatos donde ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en que no están acreditados los elementos esenciales para que se configure la responsabilidad del estado.

26. No es cierto que el juez de instancia se haya basado únicamente en la actuación desplegada por la demandante, la decisión se sustentó en la actuación que dio lugar a la restricción de la libertad y en especial a los elementos probatorios que se tuvieron en cuenta para solicitar la imposición de la medida, por lo que cumplió con las exigencias legales y constitucionales.

27. De las pruebas que obran en el expediente se puede inferir que la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento fue acogida por el juez de control de garantías en virtud del preacuerdo suscrito por Jessica Vanessa Ospina Mosquera y el allanamiento realizado por Ronald Lubin Lozano Tobón y Cristofer Córdoba Zúñiga, quienes asumieron toda la responsabilidad penal respecto del hecho investigado y posteriormente fueron condenados por el mismo mediante sentencia del 21 de octubre de 2016.

28. Solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

29. La Nación – Rama Judicial presentó escrito de alegatos en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, tras considerar que se encuentra configurado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, puesto que el actuar de la demandante fue la causa eficiente en la producción del resultado y daño alegado.

30. La decisión del juez de control de garantías estuvo debidamente soportada dentro de los

de culpa exclusiva de la víctima, puesto que el actuar de la demandante fue la causa eficiente en la producción del resultado y daño alegado.

30. La decisión del juez de control de garantías estuvo debidamente soportada dentro de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad; en el momento que se solicitó la imposición de la medida de aseguramiento se infería razonablemente que la se ñora Mosquera Bonilla podía haber participado de los ilícitos que le imputó la Fiscalía.

31. La parte demandante guardó silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

III.I Presupuestos Procesales

32. Competencia y cuantía. La Sala es competente para conocer el recurso de apelación debido a su cuantía y naturaleza porque el trámite del asunto correspondía en primera instancia a los Jueces

Administrativos del Circuito Judicial de Cali.

III.II Problema Jurídico a resolver

33. ¿La privación de la libertad que soportó el demandante fue injusta porque era posible inferir desde un principio la ausencia de responsabilidad penal?

34. ¿Se configuró algún eximente de responsabilidad que rompa la imputación de responsabilidad?

III.III Tesis de la Sala

35. No se puede imputar a las entidades demandadas daños por la privación de la libertad de la demandante porque no interpuso en tiempo los recursos a lugar, configurando la causal exonerativa de responsabilidad estatal de culpa exclusiva de la víctima, prevista en el artículo 70 de la Ley 270 de

1996.

36. No se acreditó ninguna falla del servicio o daño especial atribuible a las accionadas frente a la

de responsabilidad estatal de culpa exclusiva de la víctima, prevista en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

36. No se acreditó ninguna falla del servicio o daño especial atribuible a las accionadas frente a la demora en dejar en libertad a la demandante una vez se emitió la boleta de libertad; su actuación se ciñó al trámite administrativo de verificación de antecedentes ordenado en la boleta de libertad.RADICACIÓN: 76001-33-33-010-2018-00108-01

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IV. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

IV.I Régimen de responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad

37. La libertad se cuenta entre los bienes más preciados sobre los que se funda toda organización política contemporánea, cuya vigencia y ejercicio pleno posibilita el despliegue de los demás derechos reconocidos por el orden jurídico.

38. En una primera etapa, el Consejo de Estado consideró que en la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación injusta de la Libertad debía aplicarse el régimen de falla del servicio, esto es, que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, constitutiva de un error judicial.

39. Posteriormente, consideró que la carga probatoria del actor, relativa a demostrar el carácter “injusto” de la detención o el “error de la autoridad judicial” debía restringirse a casos diferentes a

constitutiva de un error judicial.

39. Posteriormente, consideró que la carga probatoria del actor, relativa a demostrar el carácter “injusto” de la detención o el “error de la autoridad judicial” debía restringirse a casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 donde el propio legislador calificaba como injusta la detención.

40. Una tercera postura sostuvo que se puede configurar la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria pese a que en la restricción de la libertad se hayan cumplido con todas las exigencias legales.

41. Lo anterior porque según esa postura se entendía que la privación era un acto desproporcionado, inequitativo y rompía con las cargas públicas que una persona debía soportar especialmente por comprometer el ejercicio del derecho fundamental a la libertad.

42. La Corte Constitucional expresó en Sentencia SU - 072 de 2018 que el régimen objetivo de responsabilidad del Es tado es de carácter residual y por tanto sólo se aplica en aquellos eventos donde el régimen subjetivo no es suficiente para resolver la controversia y agregó que en los casos de privación injusta de la libertad el estudio implica profundizar en un análisi s que permita precisamente determinar si la privación de la libertad fue injusta o no

1 .

43. Finalmente, en sentencia SU -363 de 2021 la Corte Constitucional se pronunció nuevamente sobre el tema. Reiteró que no toda medida de aseguramiento impuesta a una person a que es

1 “(…) el artículo 90 de la Constitución no establece un título de imputación específico, lo cual es aceptado por la jurisprudencia constitucional en otras

sobre el tema. Reiteró que no toda medida de aseguramiento impuesta a una person a que es

1 “(…) el artículo 90 de la Constitución no establece un título de imputación específico, lo cual es aceptado por la jurisprudencia constitucional en otras oportunidades y el Consejo de Estado. Por ejemplo, en la sentencia C-043 de 2004 se advierte un punto de inflexión, dadas algunas afirmaciones en relación con la aceptación, en principio, de un sistema de responsabilidad objetivo cuando se juzga al Estado; sin embargo, esa inflexión, no es definitiva porque se conserva la idea de que el Estado genera perjuicios aún por actuaciones irregulares, con lo cual se mantiene abierta la entrada a un sistema de falla del servicio. (…) 100. De otro lado, la sentencia SU-443 de 2016 complementa la idea de que los antecedentes jurisprudenciales sobre la responsabilidad del Estado no han sido restrictivos, esto es, en ellos no se ha establecido de manera imperativa un régimen de responsabilidad del Estad o; por el contrario, han establecido la posibilidad de definir el sistema de responsabilidad que mejor convenga a una determinada situación.

101. Ahora bien, el Consejo de Estado ha acudido a una fórmula en aras de ofrecerle consistencia jurídica a los asuntos que s e someten a su consideración cuando su génesis lo es la privación injusta de la libertad y en esa tarea ha señalado que es posible aplicar un sistema de responsabilidad objetivo o uno de falla del servicio (…). Ha establecido esa alta Corporación que en cuatro eventos de absolución, cuales son a saber: (i) que el hecho no existió; (ii) el sindicado no lo cometió; (iii) la conducta no constituía hecho punible; o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia –

no existió; (ii) el sindicado no lo cometió; (iii) la conducta no constituía hecho punible; o (iv) porque no se desvirtuó la presunción de inocencia – principio in dubio pro reodebe acudirse a un título de imputación objetivo que está dado por la figura del daño especial. (…) 102. (…) En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C -037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho (…)

121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia – aplicación del principio in dubio pro reo -, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desp roporcionada o arbitraria,

transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996. (…) 124. Con independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de gen erar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa (…)RADICACIÓN: 76001-33-33-010-2018-00108-01

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Pág. 6 de 11 declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida 2 .

44. En este contexto, para determinar si la privación de la libertad fue injusta o no, debe abordarse cada caso concreto y a partir de los medios probatorios analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño y la conducta procesal de la víctima para descartar su exposición al mismo

3 .

2

Resolvió: “DEJAR EN FIRME la sentencia de reemplazo proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado el seis (6) de agosto de dos mil veinte (2020) (dentro del proceso 2011 -00235 01 (46.947)), en cumplimiento de lo ordenado

por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado en fallo de tutela del quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).” De la síntesis de la mentada providencia se extractan los siguientes apartes relevantes: “F. Síntesis y decisiones por adoptar (…) Respecto del régimen de imputación, la Sala Plena recordó lo señalado en la sentencia SU-072 de 2018 y manifestó que la responsabilidad del Estado se deduce de tres elementos esenciales, a saber: a) el daño; b) la antijuridicidad de éste y; c) su producción a partir de una actuación u omisión estatal. Asimismo, indicó que el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad se desarrolla en los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia. Además, manifestó que la SU -072 de 2018 dejó claro que, en relación con la privación injusta de la libertad,

105. Esta Corporación [Corte Constitucional] comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípicaes posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestr a sin mayores esfuerzos.

2

201. En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado, la Sala cons ideró

mayores esfuerzos. 2

201. En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, como causal exonerativa de responsabilidad patrimonial del Estado, la Sala cons ideró importante fijar una regla en torno a cómo debe interpretarse ese concepto. Para ello, la Corte señaló, entre otras, las siguientes consideraciones.

202. En primer lugar, indicó que no toda medida de aseguramiento impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva una responsabilidad estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa medida. En ese sentido, no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva por el hecho de privar a una persona de su libertad precautelativamente, y luego ordenar su libertad, sino que es necesario revisar, si la medida fue manifiestamente irr azonable y desproporcionada o si, como lo indicó la sentencia SU -072 de 2018, el hecho objeto de la investigación no existió o si la conducta era objetivamente atípica.

203. Posteriormente, advirtió que cuando se impone el análisis de la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, en un proceso de reparación directa, este debe respetar los principios del debido proceso, particularmente, sus componentes de presunción de inocencia y respeto al juez natural. Esto significa, en términos concretos, que el juez de la responsabilidad del Estado no puede juzgar la conducta objeto de investigación y juzgamiento penal, al ser de reserva del juez ordinario —penal—. Desconocer esa configuración implicaría, por una parte, reabrir el debate sobre

circunstancias fácticas y elementos probatorios que ya fueron evaluados por dicho juez (el juez natural); y, por otra parte, implicaría tratar de nuevo a quien fue procesado penalmente, ahora en el proceso administrativo, como sospechoso, así como la aplicación de un crit erio peligrosista que compromete de nuevo la presunción de inocencia, situaciones proscritas a la luz de la Constitución Política de 1991.

204. La Corte Constitucional puntualizó, además, que la determinación de la culpa exclusiva de la víctima debe atender lo previsto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 2 . El supuesto fáctico contemplado en dicha norma es la culpa grave o el dolo de la víctima, que no corresponden a los hechos sumariados en lo penal, sino a una conducta con incidencia procesal directa, necesaria y determinante, que tenga efecto durante la tramitación del proceso, por la cual se reemplaza la decisión del juez como causa material del daño (privación de la libertad), entendiéndose que esta es la propia conducta de la víctima, que indujo, p rovocó o determinó la privación de la libertad. Este supuesto se apoya, a su vez, en la interpretación de esta Corporación, según la cual, todo ciudadano tiene el deber de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los part iculares un mínimo de interés y compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de la Rama Judicial.

205. A partir de estas consideraciones, la Sala Plena estableció que la culpa exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega

interés y compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que se someten a consideración de la Rama Judicial.

205. A partir de estas consideraciones, la Sala Plena estableció que la culpa exclusiva de la víctima se determina por la conducta que ésta despliega dentro de la actuación penal y no por la conducta que origina la investigación que, por lo demás, no termina en una condena. Esto significa que el juez de lo contencioso administrativo deberá comprobar: (i) un comportamiento doloso por parte de la persona, es decir, que despli egue conductas tales como la confesión falsa, la fuga o evasión, la realización de amenazas, la destrucción o el ocultamiento de elementos probatorios o la realización deliberada de conductas que obstruyen la acción de la justicia o; (ii) un actuar a título de culpa grave, es decir, que corresponde a la negligencia grave o descuido significativo en relación con el deber de colaboración con la administración de justicia, cuando ocurran, por ejemplo, afectaciones respecto de los elementos probatorios bajo su cuidado.

206. Una vez fijada esta regla, la Corte Constitucional encontró que la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 15 de agosto de 2018, incurrió en (i) una violación directa de la Constitución y (ii) en un defecto sustantivo.

207. Respecto del primer defecto, la Sala Plena concluyó q ue el juez de lo contencioso administrativo vulneró los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia, pues valoró una conducta y una situación fáctica que corresponde al resorte exclusivo de la autoridad penal,

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