TA VAL - Sentencia 76001-33-33-010-2018-00210-02 (13-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Santiago de Cali, trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN No.: 76001-33-33-010-2018-00210-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

– ASUNTOS LABORALES

ACCIONANTE: PAOLA ANDREA MICOLTA DIAZ

drharold.h@gmail.com

ACCIONADO: NACIÓN – RAMA JUDICIAL.

deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co procesos@defensajuridica.gov.co procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

ASUNTO: Bonificación judicial creada mediante Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial – factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales del servidor – excepción de inconstitucionalidad de los apartes que condicionan el alcance del derecho – confirma sentencia que accedió a las pretensiones

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

La Sala de Decisión de esta Corporación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia No. 320 de primera instancia del 30 de septiembre de 2024, mediante la cual el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali accedió a las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

La señora PAOLA ANDREA MICOLTA DIAZ, actuando a través de apoderado

la demanda.

I.- ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

La señora PAOLA ANDREA MICOLTA DIAZ, actuando a través de apoderado judicial, presentó demanda contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del CAPACA, contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, elevando las siguientes

PRETENSIONES: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02

2

A.- Que se INAPLIQUEN BAJO LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD las siguientes expresiones: “…y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones y al sistema general de seguridad social en salud”. del artículo 1° de los Decretos 383 del 06 de marzo de 2013, modificado por los Decretos 1269 de 2015, 246 de 2016 y 1014 de 2017; y 384 del 06 de marzo de 2013, modificado por los Decretos 1271 de 2015, 248 de 2016 y 1016 de 2017.

B.- Que se DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJCLR18-112 del 18 de enero de 2018, suscrito por la Dra. Clara Inés Ramírez Sierra, Directora Ejecutiva Seccional, mediante la cual se negaron las pretensiones de la reclamación administrativa.

C.- Que se DECLARE LA NULIDAD del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo, con ocasión del recurso de apelación

cual se negaron las pretensiones de la reclamación administrativa.

C.- Que se DECLARE LA NULIDAD del acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo, con ocasión del recurso de apelación interpuesto el día 26 de enero de 201 8, c ontra la Resolución No. DESAJCLR18-112 del 18 de enero de 2018, mediante la cual se confirma en todas sus partes la resolución mencionada anteriormente.

Que, como consecuencia de lo anterior, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se le reconozca que la bonificación judicial i) constituye factor salarial para li quidar todas las pres taciones devengadas por la demandante y las que se causen a futuro, y ii) debe ser pagada igualmente al servidor que se separe de su cargo en virtud de licencias, incapacidades, entre otros.

D.- Que las sumas resultantes sean debidamente indexadas y se reconozcan los respectivos intereses, que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada como parte vencida y que la sentencia se cumpla conforme a los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.

Como HECHOS relevantes, se señalaron los siguientes:

Que, la demandante sostiene una relación laboral y reglamentaria con la Rama Judicial Dirección Ejecutiva de Administración Judicial desde el 4 de octubre del 2011, ejerciendo actualmente el cargo de Secretario Municipal 00 en el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Jamundí.

Que, conforme al parágrafo del artículo 14 de la ley 4 de 1992 norma que ordenó la nivelación salarial de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y con ocasión del cese de activida des convocado por las bases de la

Que, conforme al parágrafo del artículo 14 de la ley 4 de 1992 norma que ordenó la nivelación salarial de funcionarios y empleados de la Rama Judicial y con ocasión del cese de activida des convocado por las bases de la administración de justicia, mediante Acuerdo del 6 de noviembre de 2012, el Gobierno Nacional reconoció el mencionado derecho a la nivelación salarial, acto jurídico que no determinó ningún tipo de excepción, siendo vinculante entre las partes.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 3

Que, por lo anterior, el Gobierno profirió, entre otros, el Decreto 383 de 2013, mediante el cual se creaba una bonificación judicial para los funcionarios y empleados de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Que, no obstante, el acto en cuestión dispuso que el emolumento creado constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, dejando a un lado la aplicación como factor salarial para todos los efectos legales.

Que, con ocasión de lo expuesto, la actora elevó reclamación administrativa, donde solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales, a partir del 1 de enero de 2013, y que se efectuara la liquidación y pago debidamente indexado. Que este pedimento fue resuelto de forma negativa por la RAMA JUDICIAL, tanto en el acto demandado como en sede de apelación, mediante los actos administrativos demandados.

Que se agotó debidamente el requisito de procedibilidad de conciliación

resuelto de forma negativa por la RAMA JUDICIAL, tanto en el acto demandado como en sede de apelación, mediante los actos administrativos demandados.

Que se agotó debidamente el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 59 Judicial I para los asuntos administrativos, la cual fue declarada fallida.

Como NORMAS VIOLADAS, de la Constitución de 1991, citó los artículos 1, 2, 4, 9, 13, 25, 53, 93, 209 y 228, mientras que, como normas legales y reglamentarias, citó las leyes 50 de 1990 y 4 de 1992. Adicionalmente citó como tratados internacionales el convenio Americano de derechos humanos (Pacto de San José), convenio C095 sobre la protección del salario 1949, convenio C100 sobre la igualdad de remuneración 1951, convenio C111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) 1958 y el c onvenio C151 sobre las relaciones del trabajo en la administración pública 1978.

Como CONCEPTO DE VIOLACIÓN, en síntesis, señaló que la bonificación judicial percibida por la demandante reúne todas las condiciones para constituir factor salarial de acuerdo a la ley 50 de 1990, que por lo tanto la negativa de la entidad demandada de aceptar dicha bonificación es constitutiva de un menoscabo a los derechos de la actora y una violación al ordenamiento jurídico.

A su vez, indicó que la DESAJ, como autoridad administrativa, se encuentra en la obligación de someter sus decisiones a un control constitucional y que, en caso de encontrar una incompatibilidad entre una norma y la constitución,

A su vez, indicó que la DESAJ, como autoridad administrativa, se encuentra en la obligación de someter sus decisiones a un control constitucional y que, en caso de encontrar una incompatibilidad entre una norma y la constitución, deberá inaplicar la norma con el fin de proteger y sostener la disposición constitucional. Por ende, argumentó que, ante la negativa de la entidad demandada de reconocer la bonificación judicial como factor salarial, expresada en los actos administrativos que aquí se discuten, implica ir en contra de los logros obtenidos por disposición legal y constitucional en materia laboral y de seguridad social.

1.2.- LA DEFENSATribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 4

La RAMA JUDI CIAL allegó escrito de contestación donde se opuso a las declaraciones y condenas de la demanda y solicitó que se absuelva de todo cargo.

Explicó que la expedición del Decreto 383 de 2013 tuvo como precedente una negociación colectiva entre el Gobierno y los representantes de los empleados donde se buscaba materializar la nivelación salarial ordenada en la Ley 4 de

1992. De manera que, en virtud de la Cons titución Política de 1991 y lo establecido en la citada Ley, la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el

Gobierno Nacional.

Más adelante, luego de realizar un recorrido normativo y jurisprudencial sobre la bonificación judicial reclamada, explicó que esa pr estación únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al sistema de pensiones y en

Gobierno Nacional.

Más adelante, luego de realizar un recorrido normativo y jurisprudencial sobre la bonificación judicial reclamada, explicó que esa pr estación únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al sistema de pensiones y en salud. Que en cuanto al carácter salarial o no de algunos emolumentos derivados de la relación laboral legal y reglamentaria de los servidores judiciales, argumentó que en diferentes sentencias los máximos órganos de cierre en lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo han plasmado su posición, que se circunscribe a ratificar la potestad que tiene el legislador, por mandato constitucional, de disponer que determinados conceptos salariales se liquiden sin consideración al monto total del salario del servidor público, sin que ello implique omisión o un incorrecto desarrollo de los deberes.

A su vez , señaló que la única posibilidad que tiene la admi nistración de apartarse de las normas es cuando no son claras y abiertamente inconstitucionales, situación que adujó no ocurre en el presente caso, ya que la normatividad aplicada para el mismo se presume legal y constitucional. Además, aclaró que la Admin istración Judicial ha ven ido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, y que acceder a lo solicitado en la demanda sería ir en contra del ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

Finalmente, invocó como excepciones, las de inexistencia de causa para demandar, prescripción trienal de derechos laborales y la innominada.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 404 Administrativo Tr ansitorio del Ci rcuito de Cali , mediante

demandar, prescripción trienal de derechos laborales y la innominada.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado 404 Administrativo Tr ansitorio del Ci rcuito de Cali , mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda. Para ello, inaplicó por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el inciso primero del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 , y todas sus modificaciones. A renglón seguido, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a la entidad accionada reliquidar las prestaciones sociales de la actoraTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 5

con la inclusión, en la base de liquidación respectiva, de la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 como factor salarial.

En primer lugar, explicó que, en desarrollo de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió los regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos de la Rama Judicial a través de los Decretos 57 y 110 de 1993 y sus concordantes. Esto para explicar que la bonificación judicial objeto de debate aplica a los servidores judiciales regidos por esos Decretos.

Posteriormente, explicó que, a partir del año 1993 , coexisten en la Rama Judicial dos regímenes salariales y prestacionales: el primero, que es el régimen

aplica a los servidores judiciales regidos por esos Decretos.

Posteriormente, explicó que, a partir del año 1993 , coexisten en la Rama Judicial dos regímenes salariales y prestacionales: el primero, que es el régimen ordinario o de los no acogidos, que rige a los funcionarios vinculados antes del 01 de enero de 1993 y que optaron por continuar bajo el amparo de las disposiciones anteriores; y los acogidos, que son aquellos funcionarios que optaron por las nuevas disposiciones, se vincularon a partir del 01 de enero de 1993 y, a su vez, quienes en virtud de la expedición del Decreto 383 de 2003 se encuentran percibiendo la bonificación judicial.

Luego, tras efectuar el recorrido que fundamentó la expedición del Decreto 383 de 2013, concluyó que ciertamente fue voluntad del E jecutivo excluir la bonificación judicial creada mediante dicha normatividad, de su carácter de factor salarial para la liquidación de la carga prestacional del servidor judicial, salvo lo relativo a las cotizaciones de salud y pensión.

No obstante, recordó que conforme al artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, entre otras disposiciones, el salario comporta un concepto amplio que abarca todos los montos recibidos de manera habitual por el empleado como contraprestación por el servicio p restado, independientemente de su denominación, amén de su carácter de derecho fundamental. Que, dado el carácter salarial del emolumento, se le debe in cluir como factor para la liquidación de la carga prestacional del empleado.

Que, en tal sentido, la consagración del emolumento en cuestión como factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Seguridad

liquidación de la carga prestacional del empleado.

Que, en tal sentido, la consagración del emolumento en cuestión como factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, se torna abiertamente inconstitucional, pues desconoce principios como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la garantía a una remuneración mínima, vital, móvil y proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, previstos en el artículo 53 de la carta política, de manera que la incompatibilidad del artículo 1 del Decreto 383 de 2013 con la Carta Política resulta palmaria. Que esta línea de argumentos permite inaplicar al caso concreto dichas disposiciones por la vía de la excepción de inconstitucionalidad.

Aclaró que es cierto que la Corte Constitucional se ha pronunciado favorablemente sobre la exequibilidad de algunas disposiciones de la Ley 4 de 1992 que autorizaban efectuar ciertos reconocimientos, pero excluyendo su factor salarial. No obstante, precisó que esta tesis “(…) se desarrolló respecto aTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 6

normas contenidas en leyes de la república y por ende frente a la libertad de configuración del legislador para determinar que ciertas remuneraciones de orden habitual y permanente no se consideren como factor salarial, aspecto muy diferente al que se vincula al presente asunto, por cuanto la bonificación judicial de que tratan los Decretos 383 y 384 de 2013, si bien se constituyen en

orden habitual y permanente no se consideren como factor salarial, aspecto muy diferente al que se vincula al presente asunto, por cuanto la bonificación judicial de que tratan los Decretos 383 y 384 de 2013, si bien se constituyen en razón a las facultades discernidas por la Ley 4ª de 1.992 al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestaciones de los servidores judiciales en virtud del parágrafo del artículo 14 ejusdem, no en cuentra en la Ley nin gún fundamento para restarle sus plenos efectos salariales, como si (sic) se plantea específicamente para la prima especial de servicios”.

Que, conforme a lo anterior, se puede concluir que el Decreto 383 de 2013 se expidió dentro del marco de competencias reglamentarias del ejecutivo, y que de ningún modo puede sustituir al legislador en la materia y por ende atribuirse competencias que no son de su resorte . En tal sentido, establecida la bonificación judicial, al ejecutivo le estaba vedado introducir condiciones que lesionaban los principios y derechos mínimos del trabajador, más allá del configurado en la Ley marco.

A su vez, dicho despacho tuvo en cuenta en su providencia que la señora PAOLA ANDREA MICOLTA DIAZ es parte del régimen acogido (Decreto 57 de 1993), que devengo de forma i ninterrumpida la bonificación judicial como remuneración mensual y que la misma no ha sido tenida en cuenta como factor salarial, lo cual resulta violatorio de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales y del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que ordenó nivelar la remuneración de los servidores de la Rama Judicial. Por ende, el

salarial, lo cual resulta violatorio de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales y del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que ordenó nivelar la remuneración de los servidores de la Rama Judicial. Por ende, el juzgado de primer grado ordenó inaplicar la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud” contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

Finalmente, el A quo indicó respecto a las excepciones propuestas por la Rama Judicial que, en cuanto a la excepción denominada “inexistencia de causa para demandar”, basta con las razones expuestas en esta providencia para observar que no le a siste razón a la demandada. Así mismo, expresó que, como la accionante elevó la reclamación ante la administración el 17 de enero de 2018, cuando ya habían trascurrido más de tres años desde la entrada en vigencia del Decreto 383 de 2013, declaró probada parcialmente la excepción de” prescripción trienal de derechos laborales” del periodo anterior al 17 de enero de 2015.

1.4.- LOS RECURSOS DE APELACIÓN

1.4.1.- POR PARTE DE LA DEMANDADA:

Inconforme con la decisión de instancia, la demandada NACIÓN - RAMA JUDICIAL presentó escrito de apelación, buscando la revocatoria de la sentenciaTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 7

de primer grado para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 7

de primer grado para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

Señaló que la negativa del reconocimiento como factor salarial integral de la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 obedeció a que, por disposición expresa del legislador, dicho emolumento únicamente constituía factor para la liquidación de la base de cotización a salud y pensión. Luego, su conducta se limitó a dar aplicación a los apartes normativos que le ordenaban proceder en tal sentido.

Por otra parte, indico que la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta de la cual puede hacer uso cualquier autoridad administrativa; sin embargo, advirtió que esta debe ser utilizada únicamente en casos donde se evidencie una abierta contradicción entre la Constitución y la norma aplicable, o que, de no usarse, pueda generarse un perjuicio irremediable. Así mismo, aclaró que esta no se limita únicamente a los derechos fundamentales, sino que también cuando se afect en derechos patrimoniales que no pu dieran ser protegidos acudiendo al procedimiento jurisdiccional de inconstitucionalidad de una Ley ante la Corte Constitucional o de nulidad ante l a Jurisdicción Contencioso Administrativa, por la inmediatez que se requiere.

Por lo anterior, argumentó que en el presente caso se evidencia que la demandante busca el mejoramiento de sus ingresos salariales, pero no acredita que este pasando por una situación que pueda generar un perjuicio irremediable o que sus derechos fundamentales se vean comprometidos. Por tal razón,

demandante busca el mejoramiento de sus ingresos salariales, pero no acredita que este pasando por una situación que pueda generar un perjuicio irremediable o que sus derechos fundamentales se vean comprometidos. Por tal razón, señaló que la señora Paola Micolta pudo haber acudido al medio de control de nulidad por inconstitucional sin ninguna premura y que el Juez no debe invadir la co mpetencia de quien ti ene la atribución para hacer el juicio de constitucionalidad de la norma, como lo es en este Caso el Consejo de Estado.

Por otro lado, la apelante hizo referencia a la regla fiscal y a la máxima de sostenibilidad financiera, teniendo que el Decreto 383 de 2013 se dio porque el Gobierno Nacional tenía la disponibilidad presupuestal para asumir el pago de la Bonificación Judicial sin carácter salarial. Que, de haberlo considerado de otra manera, no se hubiera otorgado tal prestación, y ello no por falta de voluntad, sino por disciplina fiscal. Que, en tal medida, la conducta desplegada por la RAMA JUDICIAL cuando expidió los actos demandados y negó el pedimento de la actora, se halló apegada a derecho y resultó respetuosa de la regla fiscal, por lo que, igualmente, está amparada por la presunción de legalidad.

Para terminar, reitero las excepciones propuestas en la contestación de la demanda y solicitó revocar la sentencia recurrida, para que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

II.- CONSIDERACIONESTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 8

nieguen las pretensiones de la demanda.

II.- CONSIDERACIONESTribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 8

Corresponde a la Sala d ilucidar si el fallo proferido por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali, a través del cual se accedió a las pretensiones de la demanda, se encuentra ajustado a derecho.

2.1.- PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico a resolver en esta instancia se contrae a determinar si es procedente inaplicar por inconstitucional el aparte "(...) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" contenido en el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013, y, si en tal virtud, debe ordenarse la reliquidación de las prestaciones sociales de los actores con la inclusión de la bonificación judicial ahí reconocida.

2.2.- FUNDAMENTOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES

2.2.1.- EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

El artículo 4 de la Constitución establece que, “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a la autoridad”.

En este sentido, jurisprudencialmente, se ha estab lecido que el control

nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a la autoridad”.

En este sentido, jurisprudencialmente, se ha estab lecido que el control constitucional en el sistema colombiano es de carácter mixto, “(…) ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución”1.

Este último se trata de un control por vía de excepción, y su aplicación puede ser a solicitud de parte o de oficio, pero “se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución”2.

Respecto a los presupuestos que deben configurarse para su procedencia, se tiene que la Corte Constitucional ha dispuesto que dicho mecanismo puede aplicarse cuando se acredite alguna de las siguientes situaciones:

“(i) La norma es contraria a las cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que “de ya existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia

1 Corte Constitucional, Sentencia C-122 de 2011. 2 Ídem.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia

1 Corte Constitucional, Sentencia C-122 de 2011. 2 Ídem.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 9

judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado[74];

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso [75]; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental [76]. En otras palabras, “puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales” [77]”3

Atendiendo lo expuesto, se tiene que el Decreto 0383 de 2013 no ha sido objeto de control abstracto de constitucionalidad por parte del Consejo de Estado, ni reproduce el contenido de alguna norma que hubiere sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por los órganos judiciales competentes. Por estos motivos, la Sala estima procedente, en el caso sub examine, aplicar el estudio de la excepción por inconstitucionalidad, en aras de determinar si se configura el

declaratoria de inexequibilidad por los órganos judiciales competentes. Por estos motivos, la Sala estima procedente, en el caso sub examine, aplicar el estudio de la excepción por inconstitucionalidad, en aras de determinar si se configura el tercer presupuesto mencionado, esto es, que la aplicación de la norma trae consigo consecuencias que no resultan acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental, de forma en cómo se ventila en la demanda.

2.2.2.- COMPETENCIA PARA LA FIJACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y DE LA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

En lo que respecta a este punto, se tiene que el artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución, dispuso:

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

19. Dictar las normas generales y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: (...) e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública. (…)”

En cumplimiento de lo anterior, el legislador procedió con la expedición de la Ley 4 de 1992, ley marco mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales. En atención a lo dispuesto en el artículo 1 literal b) de

salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales. En atención a lo dispuesto en el artículo 1 literal b) de la norma en cita, le corresponde al Gobierno Nacional fijar el régimen salarial y

3 Corte Constitucional, Sentencia T-681 de 2016.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Sentencia de Segunda Instancia Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral / Rad. 2018-00210-02 10

prestacional de “Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación (…)”.

En este punto se advierte que en sentencia C-312 de 25 junio de 1997, la Corte Constitucional reflexionó que, si bien el artículo 253 de la Constitución Política consagraba que la ley establecería lo relativo a la remuneración de los empleados y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la disposición que resultaba aplicable en cuanto a su régimen salarial y prestacional era la Ley 4 de 1992, por cuanto constituía la Ley marco contemplada en el literal e) del numeral 19 de l artículo 150 d e la Constitución Política, que atribuía la competencia al legislador y al ejecutivo para la fijación del régimen salarial de los empleados públicos.

Ahora bien, en e