TA VAL - Sentencia 76001-33-33-011-2021-00016-01 (27-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE ORALIDAD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

RADICADO: 76001-33-33-011-2021-00016-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO (LABORAL)

DEMANDANTE: HOLMES DAVALOS MURIEL

abogada1lopezquinteroarmenia@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN—MINISTERIO DE EDUCACIÓN—

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO—FOMAG

notjudicial@fiduprevisora.com.co procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co t_lreyes@fiduprevisora.com.co

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

notificacionesjudiciales@cali.gov.co salazaridaly1958@gmail.com

MINISTERIO PÚBLICO:

PROCURADURÍA 19 JUDICIAL PARA

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

procjudadm19@procuraduria.gov.co

ASUNTO: PENSIÓN POR APORTES A FAVOR DE

DOCENTE OFICIAL. SENTENCIA QUE

CONFIRMA LA QUE ACCEDIÓ A

PRETENSIONES.

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES

Santiago de Cali, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

1. La Sala decide la apelación presentada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) contra la sentencia 39 del 22 de marzo

1. La Sala decide la apelación presentada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) contra la sentencia 39 del 22 de marzo de 2024, proferida por el Juzgado 11 Administrativo de Cali, que resolvió:

PRIMERO. DECLARAR PROBADA la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva» propuesta por el Municipio de Santiago de Cali.Radicado: 76001-33-33-011-2021-00016-01

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Demandante: Holmes Dávalos Muriel Demandado: Fomag y distrito de Santiago de Cali Sentencia de segunda instancia

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SEGUNDO. Declarar la nulidad de la Resolución No. 4143.010.21.0.03759 de 31 de junio de 2021 expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Cali, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente.

TERCERO. A título de restablecimiento del derecho se ordena a la NACIÓN — MINISTERIO DE EDU CACIÓN NACIONAL —FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor HOLMES DAVALOS MURIEL identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.643.521 en monto equivalente al 75% del promedio del salario devengado en el último año de adquisición del status pensional comprendido entre el 30 de julio de 2019 al 30 de julio de 2020.

El goce de la pensión tendrá efectos fiscales a partir de la fecha en la que alcanzó el status pensional el demandante, es decir, a partir del 30 de julio de 2020.

El goce de la pensión tendrá efectos fiscales a partir de la fecha en la que alcanzó el status pensional el demandante, es decir, a partir del 30 de julio de 2020.

CUARTO. Las sumas que resulten de la condena anterior se indexarán de conformidad con el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A. hasta la ejecutoria de la sentencia, en la forma en la que se indica en la parte mot iva de esta providencia y devengaran intereses moratorios a partir de dicho momento, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

QUINTO: Condenar En Costas a la entidad demandada y señalar como agencias en derecho, el 4% de lo pedido, de conformidad con el Acuerdo No. 10554 del 05 de agosto de 2016.

(…)

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, el señor Holmes Dávalos Muriel solicitó que se declar e la nulidad de la Resolución 4143.010.21.0.03759 de 23 de junio de 2021 por medio de la cual el Fomag negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes, conforme a la Ley 71 de 1988.

3. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condene a la demandada a: i) r econocer y ordenar el pago de la pensión, a partir del 30 de julio de 2020 , equivalente al 75% del promedio de los factores salariales que devengó durante el año anterior al estatus de pensionado; ii)

pensión, a partir del 30 de julio de 2020 , equivalente al 75% del promedio de los factores salariales que devengó durante el año anterior al estatus de pensionado; ii) reconocer la indexación, de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) reconocer los intereses moratorios a que haya lugar, y iv) condenar en costas a la parte demandada.

2. Hechos

4. El demandante nació el 30 de julio de 1960, por lo que tiene más de 60 años.

5. El demandante se vinculó como docente al Magisterio en las siguientes modalidades: i) orden de prestación de servicios : del 15 de enero de 2001 al 30 deRadicado: 76001-33-33-011-2021-00016-01

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junio de 2001; ii) 3 de septiembre de 2001 al 15 de diciembre de 2001; iii) 8 de enero de 2022 al 5 de julio de 2002; iv) 26 de agosto de 2002 al 22 de noviembre de 2002; v) 10 de diciembre de 2003 al 3 de septiembre de 2006, y vi) como docente en propiedad: del 4 de septiembre de 2006 a la actualidad.

6. El 15 de octubre de 2020 , el señor Holmes Dávalos Muriel solicitó el reconocimiento y pago de la pensión por aportes. Sin embargo, mediante Resolución

del 4 de septiembre de 2006 a la actualidad.

6. El 15 de octubre de 2020 , el señor Holmes Dávalos Muriel solicitó el reconocimiento y pago de la pensión por aportes. Sin embargo, mediante Resolución 4143.010.21.0.03759 de 23 de junio de 2021, la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali negó la petición , con fundamento en que su vinculación a la docencia fue con posterioridad a la entrada en vigencia a la Ley 812 de 2003.

3. Normas violadas y concepto de violación

7. La apoderada del demandante adujo que el acto administrativo demandado infringe: los artículos 7 de la Ley 71 de 1988, 15 (numerales 1 y 2) de la Ley 91 de 1989, 6 de la Ley 60 de 1993, 115 de la Ley 115 de 1993, 279 de la Ley 100 de 1993, 81 de la Ley 812 de 2003, y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

8. Argumentó que el demandante, al haber realizado aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) antes del 26 de junio de 2003 y haber trabajado como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tiene derecho a que su pensión sea reconocida conforme a la Ley 71 de 1988.

9. Dijo que cumplió con todos los requisitos legales para obtener la pensión de jubilación. En primer lugar, señaló que ha alcanzado la edad de 60 años. En segundo lugar, que ha acumulado más de 1.000 semanas de cotización, combinando sus aportes al ISS y al Fomag. En tercer lugar, que ha prestado sus servicios en el sector

lugar, que ha acumulado más de 1.000 semanas de cotización, combinando sus aportes al ISS y al Fomag. En tercer lugar, que ha prestado sus servicios en el sector público durante más de 20 años, lo que refuerza su derecho a la pensión conforme al régimen anterior.

10. Sostuvo que la entidad demandada ha desconocido el régimen aplicable y ha vulnerado los derechos del demandante al negarle la pensión bajo la normativa que le corresponde. Lo anterior, porque en lugar de aplicar la Ley 71 de 1988 y la Ley 812 de 2003, la entidad ha interpretado erróneamente la Ley 100 de 1993.

11. Agregó que, según precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, se ha establecido que los docentes vinculados antes del 26 de junio de 2003 y que han realizado aportes al ISS tienen derecho a la pensión por aportes sin necesidad de desvincularse del servicio.

4. Contestación de la demanda

4.1. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio—Fomag1

1 Índice 3, carpeta zip, archivo 05 «ContestacionDemandaMinisterioEducacion.pdf» (expediente de segunda instancia colgado en Samai).Radicado: 76001-33-33-011-2021-00016-01

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12. La apoderada del Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que, de acuerdo con la normatividad vigente, para acceder a la pensión de jubilación

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12. La apoderada del Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que, de acuerdo con la normatividad vigente, para acceder a la pensión de jubilación se deben cumplir ciertos parámetros de edad y tiempo de cotización, que no se han acreditado en este caso.

13. Alegó que, de ser condenado al reconocimiento de la pensión, est a debe ser liquidada con los factores salariales sobre los cuales se realizaron las cotizaciones.

Este argumento se fundamenta en el precedente jurisprudencial aplicable, el cual establece que la liquidación de la pensión debe basarse en los aportes efectivamente realizados y no en los ingresos percibidos sin haber sido objeto de cotización.

14. Se opuso al pago de intereses moratorios y a la condena en costas, ya que considera que la entidad ha actuado conforme a la ley y ha dado respuesta dentro del marco normativo correspondiente.

15. Propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, indicando que no es la entidad encargada de reconocer la pensión reclamada por el demandante . Para el Fomag, el reconocimiento y pago de la pensión debe ser asumido por Colpensiones, bajo el régimen de prima media conforme a lo establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. De igual manera, formuló las excepciones de la «inexistencia de la obligación» y «cobro de lo no debido».

4.2. El distrito de Santiago de Cali2

16. La apoderada del distrito de Santiago de Cali sostuvo que no tiene competencia para reconocer, liquidar o pagar pensiones a los docentes, pues esta responsabilidad

4.2. El distrito de Santiago de Cali2

16. La apoderada del distrito de Santiago de Cali sostuvo que no tiene competencia para reconocer, liquidar o pagar pensiones a los docentes, pues esta responsabilidad recae exclusivamente en el Fomag, administrado por la Fiduprevisora S.A. Agregó que la Secretaría de Educación solo cumple funciones administrativas, como la recepción y trámite de solicitudes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 91 de 1989 y el Decreto 2831 de 2005. Conforme a estos argumentos , propuso la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva»,

5. Sentencia de primera instancia3

17. Mediante sentencia 039 del 22 de marzo de 2024 , el Juzgado 11 Administrativo de Cali accedió a las pretensiones de la demanda, como se transcribió en el párrafo 1 de esta sentencia.

18. Determinó que el actor cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación con base en la Ley 71 de 1988, debido a que acreditó tanto la edad mínima como el tiempo de aportes requerido. Expuso que el demandante nació el 30 de julio de 1960, por lo que cumplió 60 años de edad el 30 de julio de 2020 . En segundo lugar, en virtud de la Ley 71 de 1988, estableció que el actor había cotizado por 20 años y 10 meses , acumulando tiempos tanto en el sector p úblico como en el

2 Índice 3, carpeta zip, archivo 07 «07 ContestaciónMunicipioCali.pdf» (expediente de segunda instancia colgado en Samai).

por 20 años y 10 meses , acumulando tiempos tanto en el sector p úblico como en el

2 Índice 3, carpeta zip, archivo 07 «07 ContestaciónMunicipioCali.pdf» (expediente de segunda instancia colgado en Samai). 3 Índice 3, carpeta zip, archivo 20 «20 Sentencia Laboral Nro. 39.pdf» (expediente de segunda instancia colgado en Samai).Radicado: 76001-33-33-011-2021-00016-01

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privado. Advirtió que, según la Ley 812 de 2003, el actor se encontraba vinculado al servicio docente antes de la vigencia de esta norma, lo que le permitió beneficiarse del régimen anterior.

19. Para ello, reconoció los tiempos laborad os bajo contratos de prestación de servicios, pero solo en aquellos periodos en los que existía prueba de cotización a pensión. Conforme a lo anterior, concluyó que el demandante cumplía con los requisitos exigidos por la ley y, en consecuencia, se ordenó el reconocimiento de su pensión de jubilación con retroactividad al 30 de julio de 2020, además del pago de mesadas atrasadas

6. Apelación4

20. El Fomag, inconforme con la decisión anterior, solicitó que se revoque y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

21. Aseguró que al actor no se le puede aplicar la Ley 71 de 1988, dado que al

lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

21. Aseguró que al actor no se le puede aplicar la Ley 71 de 1988, dado que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1 de abril de 1994) el actor tenía 29 años y no contaba con los 15 años de servicio exigidos para beneficiarse del régimen de transición. Adicionalmente, dijo que el demandante tampoco cumple los requisitos del Acto Legislativo 01 de 2005 (parágrafo transitorio 4), que establece que el régimen de transición no se extiende más allá del 31 de julio de 2010, salvo que el afiliado hubiera cotizado al menos 750 semanas antes del 25 de julio de 2005.

22. Por otro lado, s ostuvo que el actor está sujeto al régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, ya que ingresó como docente en el año 2006, es decir, después de la vigencia de la Ley 812 de 2003. Expresó que, bajo ese régimen, los requisitos para la pensión a docentes cambian e incluyen la edad de 57 años y haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas para el año 2015. Sin embargo, a juicio de la demandada, el actor no logr ó acreditar las semanas mínimas de cotización requeridas por la ley, lo que imposibilita ser beneficiario de esta pensión.

23. Así, concluyó que, si bien la Ley 71 de 1988 permite acceder a una pensión de jubilación cuando se han realizado aportes a entidades de previsión social del sector público antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en el presente caso, el

jubilación cuando se han realizado aportes a entidades de previsión social del sector público antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en el presente caso, el actor ingresó como docente en el año 2006, por lo que su situación está regulada por las disposiciones posteriores, excluyéndolo de los beneficios de la Ley 71 de 1988.

7. Trámite de segunda instancia

24. Por auto 314 de l 16 de mayo de 2024 5, el Juzgado 11 Administrativo de Cali concedió el recurso de ap elación presentado por el F omag contra la sentencia 039 del 22 de marzo de 2024.

4 Índice 3, carpeta zip, archivo 22 «22 ApelacionSentenciaYSustitucionPoder.pdf» (expediente de segunda instancia colgado en Samai). 5 Índice 3, carpeta zip, archivo 2 4 «24 AutoConcedeApelacionSentencia.pdf» (expediente de segunda instancia colgado en Samai).Radicado: 76001-33-33-011-2021-00016-01

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25. El proceso, en segunda instancia, se admitió el 20 de junio de 20246, oportunidad en la que se informó a las partes que podrían pronunciarse sobre el recurso hasta la ejecutoria del auto que lo admitió. También señaló que el Ministerio Público podría emitir concepto, desde que se admitió el recurso, hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia5.

ejecutoria del auto que lo admitió. También señaló que el Ministerio Público podría emitir concepto, desde que se admitió el recurso, hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia5.

26. La parte demanda nte se refirió en similares términos a los expresados en la demanda y pidió que la sentencia de primera instancia se confirme en su integridad7.

27. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio8.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

28. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado 11 Administrativo de Cali.

2. Problema Jurídico

29. En los términos de la apelación, l a Sala determinará si al demandante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 por aplicación de los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 . Lo anterior, porque la labor docente brindada por Holmes Dávalos Muriel , a través de contratos de prestación de servicios, prueba su vinculación antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, además de que puede computarse para acreditar el tiempo de servicio para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 . O si, por el contrario, no resulta beneficiario de la pensión de jubilación por aportes, ya que, según el Fomag, el actor no cumple los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por

resulta beneficiario de la pensión de jubilación por aportes, ya que, según el Fomag, el actor no cumple los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que no se le puede aplicar la Ley 71 de 1988 y, adicionalmente, porque se vinculó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que, en todo caso, impide la aplicación de la Ley 71 de 1988 y sus requisitos.

3. Solución del caso

30. En el caso de los docentes, el criterio de la Sala había sido el de aplicar la Ley 71 de 1988, pero siempre que el interesado haya satisfecho los requisitos preceptuados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (régimen de transición ). Luego, la Sala modificó esta postura y consideró que el régimen pensional estaba sujeto a la fecha de vinculación al sector educativo oficial9 y, conforme a ello, en aplicación de la Ley 91 de

6 Índice 6 (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai). 7 Índice 11 (expediente de segunda instancia digitalizado en Samai). 8 Según constancia secretarial del 2 de julio de 2024 (Índice 12 expediente de segunda instancia digitalizado en Samai). 9 Sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 ( C.P. César Palomino Cortés, radicación nro. 0935-2017).Radicado: 76001-33-33-011-2021-00016-01

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1989, debía tenerse en cuenta el régimen general de pensiones de los empleados oficiales, sin someterse a la transición de la Ley 100 de 199310.

31. Ahora, en pronunciamientos anteriores, la Sala había establecido que los docentes que se vincularon al sector educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, pero que no realizaron cotizaciones al sistema de seguridad social durante su etapa laboral inicial como docentes—cuando prestaban sus servicios mediante órdenes de servicio—, no eran beneficiarios del régimen especial de docentes vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

32. Sin embargo, la Sala, a partir de la sentencia proferida dentro del expediente con radicación 76001-33-33-018-2022-00127-0111, adoptó una nueva postura en atención al fallo de tutela del 6 de febrero de 2025 y a la posición reciente del Consejo de

Estado—Sección Segunda (Subsección B)12.

33. Esta nueva postura consiste en que , en casos de contratos de prestación de servicios que encubren relaciones laborales, el tiempo trabajado debe ser reconocido para efectos pensionales y, en caso de aportes no cotizados, el trabajador puede efectuar las cotizaciones donde no se hubiesen hecho o completar su parte en caso de que existieran diferencias. Además, a la entidad empleadora le corresponde, a su vez, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma que le corresponde como empleador.

efectuar las cotizaciones donde no se hubiesen hecho o completar su parte en caso de que existieran diferencias. Además, a la entidad empleadora le corresponde, a su vez, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma que le corresponde como empleador.

34. Para resolver lo anterior, la Sala analizará : (i) la pensión por aportes , (ii) la entidad que debe pagar la pensión por aportes , (iii) la procedencia del reconocimiento de la pensión por aportes a los docentes oficiales, (iv) el cómputo de tiempo de servicios prestados a través de órdenes de prestación de servicios para efectos pensionales y (v) el caso concreto.

3.1. La pensión por aportes

35. Mediante la Ley 71 de 1988 se creó la pensión por aportes, para que pudieran tomarse tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el sector privado (Artículo 7) .

36. La norma en cita fue reglamentada por el Decreto 1160 de 1989 que , en el tema de la pensión por aportes, tuvo vigencia hasta la expedición del Decreto 2709 de 1994, que reglamentó el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 y, en el artículo 1º, estableció: «La pensión a que se r efiere el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 se denomina

10 Ver el referente jurisprudencial del Consejo de Estado— Sección Segunda—Subsección B 15 de junio de 2023,

C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación nro. 47001 -23-33-000-2019-00449-01 (3521-2022), quien a su vez tuvo en consideración lo señalado por el Consejo de Estado— Subsección A—, en sentencias: del 27 de agosto de 2020, radicación 25000 -23-42-000-2015-01757-01 (2315 -2018), del 30 de enero de 2020, expediente 08001233300020140119901 (2751-2017), del 2 junio de 2022, radicación: 25000 23 42 000 2019 00143 01 (3061-2021) y del 22 de septiembre de 2022, expediente: 25000 23 42 000 2018 02266 01 (3319-2020). 11 Índice 21 del expediente se segunda instancia colgado en Samai. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar. Se aclara que, aunque la sentencia tiene fecha del 30 de enero de 2024, lo cierto es que corresponde al 30 de enero de 2025, según se acredita con las demás anotaciones registradas en la plataforma Samai del Consejo de Estado.Radicado: 76001-33-33-011-2021-00016-01

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pensión de jubilación por aportes. Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes

Demandado: Fomag y distrito de Santiago de Cali Sentencia de segunda instancia

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pensión de jubilación por aportes. Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier ti empo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público ».

37. Así, para tener derecho a la pensión por aportes se deben cumplir los

siguientes requisitos:

• 60 años si es hombre o 55 si es mujer. • Cotizado o aportado 20 años al ISS y a una o varias de las entidades de previsión social del sector público de forma continua o discontinua en cualquier tiempo.

38. El artículo 4º del Decr eto 2709 de 1994 estipuló que se pueden acumular aportes de cualquiera de las cajas de previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional, departamental, municipal, distrital y el

Instituto de Seguros Sociales.

39. El artículo 5º del Decreto 2709 de 1994 excluía la posibilidad de computar tiempos servidos en empresas privadas no afiliadas al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y tiempos laborados en entidades oficiales de todos los órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.

40. Sin embargo, esa norma fue declarada nula por el Consejo de Estado (2013) 13 al

órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social que los protege.

40. Sin embargo, esa norma fue declarada nula por el Consejo de Estado (2013) 13 al estimar que esa limitación excedió la competencia reglamentaria del gobierno al tratarse de un asunto sometido a reserva de ley.

3.2. La entidad que debe pagar la pensión por aportes

41. De conformidad con el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de 6 meses. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.

42. No obstante, el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994 señala que: «Todas las entidades de previsión social a las que un empleado haya efectuado aportes para obtener esta pensión, tienen la obligación de contribuirle a la entidad de previsión pagadora de la pensión con la cuota parte correspondiente»14.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de febrero de 2013, expediente 2793-08. 14 - Para el efecto de las cuotas partes a cargo de las demás entidades de previsión, la entidad pagadora notificará el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido

el proyecto de liquidación de la pensión a los organismos concurrentes en el pago de la pensión, quienes dispondrán del término de quince (15) días hábiles para aceptarla u objetarla, vencido el cual, si no se ha recibido respuesta, se entenderá aceptada y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.- La cuota parte a cargo de cada entidad de previsión será el valor de la pensión por el tiempo aportado a esta entidad, dividido por el tiempo total de aportación.Radicado: 76001-33-33-011-2021-00016-01

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3.3. La procedencia del reconocimiento de la pensión por aportes a los docentes oficiales

43. Recuérdese que la Ley 100 de 1993 previó el Sistema Integral de Seguridad Social.

Sin embargo, el artículo 279 estableció, como excepción a su aplicación, el caso de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, entre otros.

44. De otro lado, pese a que en el Estatuto docente15 se consideró que los educadores oficiales tienen el carácter de empleados oficiales de régimen especial, esto es aplicable únicamente en lo relacionado con las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir, que en lo que corresponde a la pensión ordinaria de jubilación no ostentan ningún tratamiento especial.

45. En este punto , la Ley 91 de 1989 16 distinguió el personal docente nacional 17, nacionalizado18 y territorial 19, y refirió que para los docentes (nacional y

ostentan ningún tratamiento especial.

45. En este punto , la Ley 91 de 1989 16 distinguió el personal docente nacional 17, nacionalizado18 y territorial 19, y refirió que para los docentes (nacional y nacionalizado) que estuvieron vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 , se mantendrá el régimen prestacional del que han gozado en cada entidad territorial , y, para aquellos que ingresaron a partir de 1º de enero de 1990, se les reconocerá una pensión de jubilación bajo el régimen general de pensiones del sector público nacional (Ley 33 de 1985)20.

46. Luego, en la Ley 60 de 1993 , se dispuso que el régimen prestacional de los docentes que se incorporen a las plantas departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella fijadas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones .

En cuanto a los docentes territoriales previó su incorporación al Fomag, respetándoles el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial21.

47. Por tanto, en razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional (como ya se dijo), en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, que dispone que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos, y lleguen a la edad de 55 años , tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

48. Ahora bien, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de la

equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

48. Ahora bien, en lo pertinente a la normativa que rige los requisitos y tasa de la pensión de jubilació n por aportes a la que alude la presente demanda, la Sala se remite nuevamente a lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 22, que indicó que tendrán derecho a una pensión mensual de jubilación, los empleados

15 Decreto ley 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente». 16 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» 17 Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. 18 Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 197 6 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la ley 43 de 1975. 19 Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1975. 20 Artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985. 21 Conse