TA VAL - Sentencia 76001-33-33-013-2017-00291-01 (28-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA TRANSITORIA ESPECIALIZADA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

PROCESO: 76001-33-33-013-2017-00291-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: PEDRO VICENTE ANGULO ORTIZ

DEMANDADO: RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

ASUNTO: BONIFICACIÓN JUDICIAL COMO FACTOR

SALARIAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA EUGENIA CLAVIJO ARISTIZÁBAL

Santiago de Cali, Veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

La Sala decide la apelación presentada por la s partes contra la sentencia No. 356 del 24 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali, que resolvió:

“PRIMERO: AVOCAR conocimiento en el presente proceso.

SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucional: i) toda la expresión «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» visible en el artículo 1° del Decreto 383 y demás decretos que lo modifiquen o sustituyan, y ii) el artículo 2 del Decreto 383 de 2013. En su lugar se acudirá al principio constitucional de equidad para revisar el sistema de

decretos que lo modifiquen o sustituyan, y ii) el artículo 2 del Decreto 383 de 2013. En su lugar se acudirá al principio constitucional de equidad para revisar el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados (planteado en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992) y a los principios de protección al salario consignados en el artículo 53 de la CP.

TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de “Prescripción”, propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto y en los términos de la parte motiva de esta sentencia. NEGAR las demás excepciones propuestas.

CUARTO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. DESAJCLR16-3067 del 25 de octubre de 2016 , y del acto administrativo presunto originado del recurso de apelación interpuesto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar y pagar en favor del señor PEDRO VICENTE ANGULO ORTIZ, identificado con CC No. 16.585.093, la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, que no le hayan sido canceladas, a partir de la fecha en que sean exigibles y atendiendo los periodos estrictamente laborados, en forma permanente y mes por mes, tal como se le liquida al personal del régimen de acogidos, sin que en ningún caso supere el 100% del salario mensual que devengan los del régimen acogidos.

SEXTO: CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar y pagar en favor del señor PEDRO VICENTE ANGULO ORTIZ , identificado con CC No. No. 16.585.093 sus

mensual que devengan los del régimen acogidos.

SEXTO: CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar y pagar en favor del señor PEDRO VICENTE ANGULO ORTIZ , identificado con CC No. No. 16.585.093 sus prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y bonificaciones, incluyendo en su base de liquidación el valor correspondiente a la diferencia de la bonificación judicial de que trata el artículo 2° del Decreto 383 de 2013, como factorProceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

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salarial, a partir de la fecha en que sean exigibles y atendiendo los periodos estrictamente laborados.

SÉPTIMO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 02 de septiembre de 2013, conforme se expuso en las consideraciones de esta providencia.

OCTAVO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el efecto la siguiente formula:

𝑅 = 𝑅ℎ ×𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 ____________________ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad podrá

____________________ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a la parte demandante.

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DÉCIMO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia.

(…)”.

1. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones

El demandante presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Nación, Rama Judicial, con las siguientes pretensiones:

“1. Que se inaplique la frase “(…) a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto 383 de 2013.

“2. Que se inaplique la frase “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en salud.”, registrada en el primer párrafo del artículo 1° del Decreto No. 383 de 2013.

“3. Que se aplique el artículo 2° del Decreto 0383 que reza: Los Funcionarios y empleados de la Rama Judicial Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos

“3. Que se aplique el artículo 2° del Decreto 0383 que reza: Los Funcionarios y empleados de la Rama Judicial Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes , un ingreso total anual inferior al ingreso total anual mas la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

“4. Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. DESAJCLR16-3067 del 25 de octubre de 2016 suscrito por la doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali Valle, por medio del cual niega las pretensiones de la reclamación administrativa, el cual fue notificado formalmente el día 03 de noviembre de 2016.Proceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

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“5. Que se declare probada la figura del silencio administrativo negativo y la nulidad del acto

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“5. Que se declare probada la figura del silencio administrativo negativo y la nulidad del acto ficto o presunto, producto del recurso de apelación interpuesto contra la citada Resolución No. DESAJCLR16-3067 del 25 de octubre de 2016.

“7. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos y a título de restablecimiento del derecho, ordénese a la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, reconocer y cancelar a mi mandante la bonificación judicial, con las mismas condiciones y valor salarial que devengan sus homólogos que hacen parte del Régimen salarial y prestacional Especial de la Rama Judicial.

“8. Que la reconozca a mi mandante que la bonificación judicial contemplada en el Decreto que la crea y reglamenta, y los demás que lo modifican, u otros expedidos que le sean inherentes al régimen salarial de los no acogidos, es factor salarial para todos los efectos legales Que conforme lo anterior, ordene a su favor, el reajuste y pago debidamente indexado de todas las primas y prestaciones causadas y que se causen en el futuro, como las Primas de Servicios, Primas de Vacaciones, Primas de Navidad, Auxilio de Cesantías, Intereses de Cesantías, Primas de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados y la totalidad de las prestaciones.

“9. Ordénese pagar al demandante los dineros correspondientes al retroactivo de esta prestación y el excedente producto de la liquidación de las demás prestaciones debidamente indexados desde la fecha en que fue reconocida legalmente a sus pares que

“9. Ordénese pagar al demandante los dineros correspondientes al retroactivo de esta prestación y el excedente producto de la liquidación de las demás prestaciones debidamente indexados desde la fecha en que fue reconocida legalmente a sus pares que hacen parte del régimen especial, hasta que se haga efectivo el pago”.

1.2 Hechos probados1

Del expediente se extraen los siguientes hechos relevantes:

1. El demandante ha sostenido una relación legal y reglamentaria de carácter laboral con la Rama Judicial. El 02 de septiembre de 2016 solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial (contenida en el Decreto 0383 de 2013), como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales - Primas de Navidad, Bonificación por Servicios Prestados, Productividad, Prima de Vacaciones, Cesa ntías e Intereses a las

Cesantías.

2. A través de la Resolución No. DESAJCLR16-3067 del 25 de octubre de 2016, la Rama Judicial negó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial.

3. Ante la negativa, el 04 de noviembre de 2016 presentó recurso de apelación, quedando sin resolver, lo que dio lugar al acto ficto o presunto que aquí también se demanda.

4. Según la Primera Instancia, se acreditó que el demandante está vinculada a la Rama Judicial, ha percibido bonificación y así lo certificó la dirección seccional correspondiente. No siendo punto de discusión en la apelación, se dan por ciertos los hechos y pruebas que acreditan tanto la vinculación del demandante como los tiempos a que tiene derecho en relación con la prestación reclamada.

correspondiente. No siendo punto de discusión en la apelación, se dan por ciertos los hechos y pruebas que acreditan tanto la vinculación del demandante como los tiempos a que tiene derecho en relación con la prestación reclamada.

1 Índice 3 de la segunda instancia en la plataforma Samai.Proceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

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1.3 Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante argumentó que, por el proceder de la administración, fueron vulnerados los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53 y 209 de la CP; las leyes 50 de 1990 y 4 de 1992; la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y los convenios 095, 100, 111 y 151 de la OIT entre otros.

De igual manera, concretó como concepto de violación que la bonificación judicial es constitutiva de factor salarial para liquidar y pagar las demás prestaciones sociales que percibe el actor y que , al negar su carácter retributivo al trabajo, le impide a la parte demandante el mejoramiento de sus condiciones económicas.

Indicó que existió una interpretación errada de la norma por parte de la entidad demandada, pues no tuvo en cuenta que la naturaleza de la bonificación judicial se originó con ocasión de la retribución directa del servicio, en respuesta a la recuperación d el poder adquisitivo

Indicó que existió una interpretación errada de la norma por parte de la entidad demandada, pues no tuvo en cuenta que la naturaleza de la bonificación judicial se originó con ocasión de la retribución directa del servicio, en respuesta a la recuperación d el poder adquisitivo de los salarios que devengaban los funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, además del reconocimiento del derecho a la nivelación de la remuneración.

1.4 Sentencia de primera instancia

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio Oral del Circuito de Cali accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:

Que la parte actora devengó la bonificación judicial, como remuneración mensual y periódica, pero que dicha prestación no se tiene en cuenta como factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales, tal como se desprende de los actos administrativos acusados.

Que la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional, ejercida a través de lo consignado en el artículo 1º del Decreto 383 de 2013, configuró una actuación contraria a la CP, a la ley, la jurisprudencia y a las demás normas de mayor fuerza vinculante. Por ende, ordenó la inaplicación de la frase «y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» del artículo 1º del Decreto 383 de 2013.

Consideró pertinente la reliquidación y reajuste de las prestaciones sociales de la parte demandante con la inclusión de la bonificación judicial, pues es una remuneración habitual y periódica —percibida como contraprestación a los servicios prestados— y que forma parte del salario, pero con los descuentos de ley respecto de los valores que reciba la parte

demandante con la inclusión de la bonificación judicial, pues es una remuneración habitual y periódica —percibida como contraprestación a los servicios prestados— y que forma parte del salario, pero con los descuentos de ley respecto de los valores que reciba la parte demandante con motivo de la reliquidación del reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, incluyendo la bonificación judicial.Proceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

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Además, señaló que operó la prescripción trienal, porque entre la fecha de entrada de vigencia del Decreto 383 de 2013 (1° de enero de 2013) y la reclamación administrativa 02 de septiembre de 2016, trascurrieron más de tres años. Siendo así, reconoció el derecho a partir del 02 de septiembre de 2013, aclarando que para los aportes a pensión dejados de consignar no opera el fenómeno prescriptivo . Para aquellos a quienes no operó reconoció el derecho a partir de su fecha de vinculación.

Por último, ordenó indexar las diferencias generadas a su favor por aplicar la bonificación como factor salarial.

1.5 Términos de la apelación

1.5.1. La parte demandante apeló2 lo decidido en el numeral sexto de la sentencia revisada en los siguientes términos:

“En el artículo Sexto de la parte resolutiva de la Sentencia No. 356 del 24 de octubre de 2024, la honorable A QUO condenó a la entidad demandada a: “reliquidar y pagar en favor

en los siguientes términos:

“En el artículo Sexto de la parte resolutiva de la Sentencia No. 356 del 24 de octubre de 2024, la honorable A QUO condenó a la entidad demandada a: “reliquidar y pagar en favor del señor PEDRO VICENTE ANGULO ORTIZ, identificado con CC No. No. 16.585.093 sus prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y bonificaciones, incluyendo en su base de liquidación el valor correspondiente a la diferencia de la bonificación judicial de que trata el artículo 2° del Decreto 383 de 2013, como factor salarial, 1 a partir de la fecha en que sean exigibles y atendiendo los periodos estrictamente laborados.

En síntesis, solicitó:

“Conforme lo determinado por nuestro órgano de cierre, se solicita al Honorable Tribunal, CONFIRMAR en todo lo favorable la sentencia apelada, y únicamente PRECISAR en el artículo Sexto del fallo de marras lo siguiente:

“SEXTO: Condenar a la entidad demandada a reliquidar y pagar en favor del señor PEDRO VICENTE ANGULO ORTIZ, identificado con CC No. No. 16.585.093 sus prestaciones sociales, como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y bonificaciones, incluyendo en su base de liquidación el valor total RECONOCIDO como bonificación judicial de que trata el artículo 2° del Decreto 383 de 2013, como factor salarial, 3 a partir de la fecha en que sean exigibles y atendiendo los periodos estrictamente laborados”.

1.5.2 Apelación parte demandada :

La entidad demandada solicitó que se revoque la sentencia y que en su lugar se nieguen

partir de la fecha en que sean exigibles y atendiendo los periodos estrictamente laborados”.

1.5.2 Apelación parte demandada :

La entidad demandada solicitó que se revoque la sentencia y que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Afirmó que la decisión desconoce el precedente de la Corte Constitucional al otorgarle carácter salarial a la bonificación judicial , pues si bien es cierto que la Ley 4 de 1992,

2 Índice 34 samai primera instanciaProceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

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autorizó el reconocimiento de remuneraciones como la bonificación por compensación o prima especial de servicios sin carácter salarial para los funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Justicia Penal Militar “no implica necesariamente que se deba ampliar frente a otras prestaciones que no fueron expresamente enunciadas”.

Que la demandada se ha limitado a cumplir un deber legal (principio de legalidad) consignado en el artículo 1º del Decretos 0383 de 2013, que establecen que la bonificación judicial «constituye factor salarial únicamente para efectos de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud».

Reiteró que el Decreto 0383 de 2013 , tiene presunción de legalidad, pues no ha n sido anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa.

Que el Gobierno Nacional al expedir los decretos salariales no desconoció o lesionó los

Reiteró que el Decreto 0383 de 2013 , tiene presunción de legalidad, pues no ha n sido anulados por la jurisdicción contenciosa administrativa.

Que el Gobierno Nacional al expedir los decretos salariales no desconoció o lesionó los derechos reclamados, pues la Bonificación Judicial, reglada en el Decreto 0383 de 2013, fue el resultado de una reclamación salarial a través del paro judicial que, hasta ese momento, era una mera expectativa o esperanza de obtener un derecho, susceptible de ser modificado discrecionalmente por el ejecutivo.

Que la bonificación judicial encuadra con la definición de salario determinada por el Decreto 1042 de 1978.

Que los pagos pueden ser habituales, pero esa circunstancia, por sí sola, no implica que se puedan tener en cuenta en la base de liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que percibe el empleado, pues el legislador tiene la fac ultad de determinar qué pago se incluye o no en la base de liquidación de otros factores. Lo anterior, es ratificado, en criterio de la apelante, en las sentencias emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Afirmó que la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad es improcedente por cuanto existen pronunciamientos donde la Corte con efecto erga omnes donde ha realizado examen de Constitucionalidad a normas que excluyen determinados factores para liquidar prestaciones sociales y ha encontrado que se ajusta al ordenamiento constitucional que el legislador los excluya.

Finalmente señaló que atribuirle carácter salarial a la bonificación judicial conlleva un riesgo a la estabilidad financiera, pues afectaría la sostenibilidad fiscal para cubrir costos no

legislador los excluya.

Finalmente señaló que atribuirle carácter salarial a la bonificación judicial conlleva un riesgo a la estabilidad financiera, pues afectaría la sostenibilidad fiscal para cubrir costos no calculados para el pago del recurso humano, ya que la ordenación del gasto obedece al cumplimiento de los parámetros consignados en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

1.6 Trámite en segunda instanciaProceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

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En segunda instancia, el proceso se sometió a reparto el 26 de febrero de 20253, y estuvo a disposición de las partes, desde esa fecha. Esta sala transitoria reasumió su conocimiento el 24 de febrero de 2025 en cumplimiento del Acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025, por lo que se avoca su conocimiento y bajo el principio de celeridad que gobierna a esta Jurisdicción se procedió a dictar sentencia.

Según consta en el aplicativo Samai, las partes no se pronunciaron, ni solicitaron pruebas que amerite el traslado para alegar de conclusión. El Ministerio Público no emitió concepto.

2. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

El 24 de enero de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el acuerdo PCSJA25-12255, estableció tribunales administrativos especializados a nivel nacional para los procesos de reclamaciones salariales y prestaciones de servidores judiciales y

El 24 de enero de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el acuerdo PCSJA25-12255, estableció tribunales administrativos especializados a nivel nacional para los procesos de reclamaciones salariales y prestaciones de servidores judiciales y empleados públicos. En consecuencia, se creó en el Valle del Cauca una sala transitoria con competencia especial para atender casos de servidores judiciales de Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca.

El despacho 601 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ha tomado conocimiento del presente caso, por lo tanto, este Tribunal que es transitorio, es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali.

2.2 Problema jurídico

La Sala debe determinar si hay lugar a confirmar o revocar integralmente la sentencia recurrida, que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados e inaplicó la expresión del artículo 1° del Decreto 383 de 2013, que limitaba adoptar la bonificación judicial como factor salarial o negar las pretensiones de la demanda.

De otro lado se considerará la pertinencia de la modificación solicitada por la parte demandante al numeral sexto de la sentencia revisada.

Para resolver el problema jurídico se analizará: (i) el marco normativo y jurisprudencial de la bonificación judicial y (ii) el caso concreto.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la bonificación judicial

3 Índice 02 de la segunda instancia, visible en la plataforma Samai.Proceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

2.3 Marco normativo y jurisprudencial de la bonificación judicial

3 Índice 02 de la segunda instancia, visible en la plataforma Samai.Proceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

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El literal e), numeral 19, del artículo 150 de la CP estableció que corresponde al legislador dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

En desarrollo de ese mandato se expidió la Ley 4 de 1992 que, de acuerdo con el Consejo de Estado (2022) 4, tenía como eje central lograr una nivelación adecuada de los salarios del sector judicial, ante la falta de proporcionalidad salarial entre los magistrados de las altas cortes con el resto de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Por ende, dijo que se incluyó el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que establece:

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

Así las cosas, de acuerdo a las normas generales de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0383 de 2013 con el que se creó para los servidores de la Rama Judicial —a los que se les aplica el régimen salarial y prestacional contemplado en el Decreto 53

expidió el Decreto 0383 de 2013 con el que se creó para los servidores de la Rama Judicial —a los que se les aplica el régimen salarial y prestacional contemplado en el Decreto 53 de 1993 y 875 de 2012 — una bonificación judicial reconocida mensualmente y que «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud». Agregó que dicha bonificación judicial se reconocería a partir del 1º de enero de 2013 y mientras el servidor público permanezca en servicio.

Por su parte, el artículo 2 del Decreto 0383 de 2013, precisó que, para los funcionarios y empleados de la Fiscalía que no optaron por el régimen salarial y prestacional contenido en el Decreto 53 de 1993, sino que continúan con el régimen anterior, podrán recibir la bonificación judicial, a título de diferencia, si a partir del año 2013, su ingreso total anual es inferior al ingreso anual de los que ejercen el mismo empleo.

Es cierto que el Consejo de Estado (2022)5, respecto de lo consignado en el artículo 2 del Decreto 0383 de 2013, no encontró justificación para que a los funcionarios y empleados no acogidos al Decreto 53 de 1993, se les liquide de forma anual la diferencia existente entre ellos y los que perciba n la bonificación judicial, pues consideró que debe existir una igualdad en el trato con los acogidos al pagarla, esto es, liquidar la diferencia pero de forma mensual, de tal manera que al ser periódica y permanente constituya factor salarial. De igual manera, aclaró que lo que perciban los funcionarios y empleados no acogidos tendrá

mensual, de tal manera que al ser periódica y permanente constituya factor salarial. De igual manera, aclaró que lo que perciban los funcionarios y empleados no acogidos tendrá como límite lo que reciban de forma mensual los acogidos al Decreto 53 de 1993 y las normas que lo modifiquen o complementen.

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 6 de abril de 2022, Radicación: 76001233300020180041401 (04702020). 5 IbidemProceso: 76001-33-33-013-2017-00291-01

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De otra parte, precisó que el Gobierno Nacional, con la creación de la bonificación judicial en los términos del artículo 1º del Decreto 0383 de 2013, se apartó del marco de la Ley 4 de 1992 que dispuso la nivelación o reclasificación de los empleados pert enecientes a la Rama Judicial, pues la aplicación de esas figuras conlleva un reajuste salarial, pero el ejecutivo creó la bonificación con carácter salarial restringido a las cotizaciones de salud y pensión. Lo anterior, porque la potestad legislativa radica en el Congreso y él, mediante la ley marco (Ley 4 de 1992), fijó los objetivos y criterios que deben guiar al ejecutivo en la expedición de un determinado régimen salarial o prestacional.

Concluyó que al apartarse el Decreto 0383 de 2013 de los límites fijados por el legislador procede su inaplicación, pues la bonificación judicial no debió sustraerse como factor

expedición de un determinado régimen salarial o prestacional.

Concluyó que al apartarse el Decreto 0383 de 2013 de los límites fijados por el legislador procede su inaplicación, pues la bonificación judicial no debió sustraerse como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales de los empleados, ya que se recibe de forma continua, permanente y en retribución al trabajo.

También precisó que existe una línea jurisprudencial pacífica creada por los jueces y Magistrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo que desarrolló el carácter salarial de la bonificación a partir del concepto de salario (lo recibido por e l trabajador, en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio prestado, reconocido de forma habitual y no por mera liberalidad del empleador), la noción de factor salarial y los criterios que permiten su identificación, de conformidad con lo prescrito por la ley laboral y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

2.4 Caso concreto

2.4.1 Principio de legalidad, y el desconocimiento de la discrecionalidad del legislador para determinar qué constituye o no salario.

La entidad demandada afirmó que los actos administrativos demandados se limitaron a cumplir lo prescrito en el artículo 1º del Decreto 0383 de 2013.

No obstante, la Sala considera que dicha s normas —y los decretos que la modificaron — restringen la bonificación judicial como factor salarial, pues la limitaron para las cotizaciones a salud y pensión y, de paso, contrariaron lo consignado en el parágrafo del artículo 14 de

restringen la bonificación judicial como factor salarial, pues la limitaron para las cotizaciones a salud y pensión y, de paso, contrariaron lo consignado en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, al dejar de lado el reajuste salarial que conlleva la nivelación de los empleados de la Rama Judicial, atendiendo criterios de equidad.

Es de resaltar que la Constitución Política de 1991 previó que el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es un tema que se define a través de la competencia concurrente. El artícu