TA VAL - Sentencia 76001-33-33-013-2022-00152-01 (20-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE DECISIÓN

Santiago de Cali, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MEDIO DE CONTROL: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES

COLECTIVOS (POPULAR)

RAD. NO.: 76001-33-33-013-2022-00152-01

DEMANDANTE: JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO

(juanmartinbc@gmail.com) (castañojuanmartinbc@gmail.com)

DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

(notificacionesjudiciales@cali.gov.co) (ltruquezabogada2@gmail.com)

VINCULADA: CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI

(juridico@concejodecali.gov.co)

COADYUVANTE: JUAN CARLOS IZQUIERDO ESTUPIÑAN Y OTROS

(juanmartinbc@gmail.com)

LITISCONSORTE FACULTATIVO: APSOCIACIÓN DE VENDEDORES

AMBULANTES, ESTACIONARIOS Y

SEMIESTACIONARIOS ASOVAES Y UGTI VALLE

(vendedoresambulantescali@gmail.com) (ugtivalle@gmail.com)

ASUNTO: Medio de control de Protección de Derechos e Intereses Colectivos / derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización de los bienes de uso público / Modifica sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

público y la utilización de los bienes de uso público / Modifica sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT

La Sala de Decisión de esta Corporación procede a resolver el recurso de apelación presentado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, y la ASOCIACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES, ESTACIONARIOS Y SEMIESTACIONARIOSASOVAES contra la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de 2024 mediante la cual el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali accedió a las pretensiones de la demanda.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

I.- ANTECEDENTES

1.1.- LA DEMANDA

El señor JUAN MARTÍN BRAVO CASTAÑO, actuando a nombre propio, acude como residente del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, formuló demanda en ejercicio de la acción popular (artículos 88 Constitucional, 144 de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 472 de 1998) contra el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. Reclamó la protección al derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

Pide como PRETENSIONES las siguientes:

Que se ordene al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, para que ejecute una recuperación del espacio público y limpieza de la zona ubicada

Que se ordene al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, para que ejecute una recuperación del espacio público y limpieza de la zona ubicada en la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14 del centro de Cali.

En síntesis, la demanda plantea los siguientes HECHOS:

Que la zona centro del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, ha sufrido una problemática por la ocupación irregular del espacio público, dado el asentamiento de vendedores informales y ambulantes.

Que, la invasión en el espacio público sobre la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14, ha sido una situación que además de afectar a todos los transeúntes del lugar, afecta a los comerciantes de la zona, en donde de manera creciente se han asentado en el lugar vendedores informarles en andenes y en la calle, dificultando el uso y el goce de peatones, transeúntes y vehículos que transitan en el lugar.

Indica que, el 24 de junio de 2022 radico derecho de petición solicitando acciones al respecto sobre la recuperación del espacio público en la zona centro de Cali, y mediante oficio No. 202241520101683271 del 29 de junio del 2022, se le informó que se realizarían acciones al respecto para mitigar la problemática mencionada, no obstante, hasta la fecha no se ha solucionado de fondo la problemática.

1.2.- INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA - VINCULADALITISCONSORTE NECESARIO

El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, expone que ha venido realizando

1.2.- INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA - VINCULADALITISCONSORTE NECESARIO

El DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, expone que ha venido realizando diferentes visitas y acciones en conjunto con la Policía Nacional para lograr la recuperación del espacio público y la reubicación efectiva de las personas que aún ejercen su actividad económica en el espacio público, con el fin de que no afecten derecho de ninguna de las partes.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

Indicó que, el Concejo de Santiago de Cali expidió el Acuerdo No. 0424 de 2017, por el cual se adoptó la política pública de regulación y organización de ventas informales en el espacio público, norma que asignó la competencia en la materia a la Secretaría de seguridad justicia a través de la subsecretaría Inspección Vigilancia y Control.

Dispuso que, dicho proceso no es inmediato, el cual conlleva una serie de medidas de georreferenciación, caracterización e intervención que se han venido adelantando dentro de las capacidades de la adm inistración territorial y desafortunadamente el proceso se ha visto interrumpido por diversos factores económicos, políticos, sociales, sanitarios (pandemia Covid-19) y la difícil situación de orden público del 2021.

Que en vigencia de la Ley 1988 de 201 9, mediante la cual se fijaron los parámetros para que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior elaboren, formulen e implementen la política pública nacional de vendedores informales, fue expedido el reciente el Decreto 801 de 2022 de fecha 16 de mayo de 2022,

parámetros para que el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior elaboren, formulen e implementen la política pública nacional de vendedores informales, fue expedido el reciente el Decreto 801 de 2022 de fecha 16 de mayo de 2022, estableciendo el marco regulatorio que servirá como pauta a los entes territoriales para el tratamiento de los vendedores informales.

Por último, manifestó que, mediante oficio radicado 202241610600027604 del de julio de 2022 solicitó a la Coordinadora Operativa, Subsecretaría Inspección, Vigilancia y Control un informe de los operativos para atender peticiones por ocupación de espacio público de ventas informales, quien informó que las ventas ubicadas en la Calle 14 entre Carrera 5 y Carrera10 del centro de Cali en las que se ejercen las ventas informales, no tienen autorización o permiso para estar en el espacio público; sin embargo, se está adelantando un proceso de caracterización de vendedores informales para posteriormente analizar la información obtenida y tomar decisiones.

Propuso la excepción de cosa juzgada por existir otra sentencia que se pronuncia frente a la misma problemática en el sector centro de la ciudad.

LITISCONSORTE FACULTATIVO

La ASOCIACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES, ESTACIONARIOS Y SEMI-ESTACIONARIOS DE CALI - ASOVAES, indicó que desde la promulgación e implementación del Acuerdo 0424 de 2017, han insistido en un estudio exhaustivo que consulte la realidad de los trabajadores que subsisten en el espacio público de Santiago de Cali.

Manifestó que, el formulario para la caracterización estaba sesgado, por lo que no disponen de un censo y que durante la administración del Alcalde Jorge Iván

estudio exhaustivo que consulte la realidad de los trabajadores que subsisten en el espacio público de Santiago de Cali.

Manifestó que, el formulario para la caracterización estaba sesgado, por lo que no disponen de un censo y que durante la administración del Alcalde Jorge Iván Ospina se anunció la implementación de un registro electrónico de vendedores, que se intentó imponer con presión por parte de funcionarios de la SubsecretariaTribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

de Seguridad y Justicia, no obstante, a la fecha no se conocen los resultados del registro.

Solicitan que la administración distrital cumpla con lo dispuesto frente al componente obligatorio de provisión de alternativas económicas, como lo indica la Sentencia T773 de 2003, pues no disponen de un estudio de censo, el cual le corresponde a los entes territoriales realizar, en el marco de procesos de recuperación del espacio público.

El CONCEJO DISTRITAL, contesta la acción popular solicitando la desvinculación, por falta de legitimación en la causa por pasiva por tratarse de un órgano administrativo que ejerce el control político sobre la Administración Municipal, no cuenta con personería jurídica y además el trámite es de índole administrativo, es decir que recae directamente sobre el departamento administrativo de hacienda municipal del Distrito de Santiago de Cali, en la subdirección de tesorería municipal ente liquidador y recaudador de los impuestos de la Ciudad de Cali, y no guarda relación con la misión constitucional de la Corporación.

1.3.- LA SENTENCIA IMPUGNADA

subdirección de tesorería municipal ente liquidador y recaudador de los impuestos de la Ciudad de Cali, y no guarda relación con la misión constitucional de la Corporación.

1.3.- LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2024 , el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali, consideró vulnerado los derechos colectivos, al tiempo que profirió una serie de órdenes a cargo del DISTRITO DE CALI y al CONCEJO DE CALI., en los siguientes términos:

“(…)

SEGUNDO: ORDENAR, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, la Ley 1988 de 2019, el Decreto

801 de 2022 el Anexo Técnico No. 4 del Decreto 1072 de 2015 y el Acuerdo No. 0424 de 2017:

➢ Al Distrito Especial de Santiago de Cali adelantar las gestiones necesarias para recuperar el espacio público la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14 de la ciudad de Cali y para ello deberá:

• En el término de cuatro (04) meses contados a partir de la presente decisión, formular una metodología y establecer un cronograma con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público abordando cinco fases: i) alistamiento institucional, ii) elaboración de la age nda pública, iii) formulación y reglamentación, iv) implementación y v) seguimiento y evaluación.

➢ Al Concejo Distrital de Santiago de CaliTribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia

reglamentación, iv) implementación y v) seguimiento y evaluación.

➢ Al Concejo Distrital de Santiago de CaliTribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

• En el término de dos (02) meses contados a partir de la presente decisión, realizar un informe de control y seguimiento al Acuerdo No. 0424 de 2017 a fin de someterlo a consideración en el segundo debate del Acuerdo 004 de 2024, para que de manera coordinada con el Distrito de Santiago de Cali se realicen los ajustes necesarios al Plan de Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali Capital Pacífica de Colombia para ejecutar en el periodo 2024-2027 la política pública de recuperación del espacio público ya mencionado.

(…)”.

Tras explicar el alcance de los derechos colectivos invocados, explicó que actualmente existe una problemática social que radica en la ocupación del espacio público por parte de los vendedores informales, colocando en tensión el derecho al trabajo con el derecho al goce del espacio público, por lo cual, la recuperación del espacio público debe ir de la mano con una política pública.

Precisó que, no existe duda de la problemática del espacio público en la zona central de la ciudad, situación que fue corroborada por el DISTRITO DE CALI, por cuanto se encuentra invadida de vendedores ambulantes y/o estacionarios que desarrollan ventas informales.

Que, tal situación impide el goce del espacio público por su ocupación indebida, pero no ha sido de fácil manejo, ya que la Corte Constitucional, ha manifestado

desarrollan ventas informales.

Que, tal situación impide el goce del espacio público por su ocupación indebida, pero no ha sido de fácil manejo, ya que la Corte Constitucional, ha manifestado que el derecho al goce del espacio público no es absoluto cuando se ampara sin ofrecer alternativas de trabajo o reubicación a los vendedores informales, por ser considerados sujetos de especial protección.

Indicó que, conforme a la Ley 136 de 1994 es función del DISTRITO DE CALI, velar por la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, a través de sus planes de su ordenamiento territorial y a la vez reglamentar la actividad relacionada con la venta informal por parte de los vendedores informales, ambulantes, semiestacionarios y estacionarios.

Que, si bien es cierto, que el CONCEJO DE CALI expidió el Acuerdo No. 0424 de 2017 “por medio de la cual se adopta la política pública de regulación y organización de ventas informarles en el espacio público de Santiago de Cali”, se tiene que, a la fecha no se ha logrado materializar la caracterización de los vendedores informales, lo cual impide la recuperación del espacio público.

Que, a la fecha se encuentra en ponencia para segundo debate ante el CONCEJO DISTRITAL DE CALI el Acuerdo No. 004 de 2024 “por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y Servicios de Santiago de Cali capital pacífica de Colombia”, sin embargo, de la lectura del mismo no se evidencia con claridad las estrategias de política pública que se van a implementar por la actual administración para el periodo 2024-2027

y Servicios de Santiago de Cali capital pacífica de Colombia”, sin embargo, de la lectura del mismo no se evidencia con claridad las estrategias de política pública que se van a implementar por la actual administración para el periodo 2024-2027 para darle continuidad al Acuerdo No. 0424 de 2017.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

Por lo cual, dispuso que, no había lugar a desvincular al Concejo Distrital, pues dicho órgano representa los intereses de los ciudadanos y es un actor fundamental para el logro del buen gobierno y la gestión del desarrollo del municipio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 136 de 1994.

Que, al no haberse superado la situación que dio origen a la presente acción popular, es función del Distrito Especial de Santiago de Cali adelantar políticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público sin desconocer la dignidad humana, el derecho al trabajo y al mínimo vital de los vendedores informales que ejercen sus actividades en el tramo que abarca la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14 de Cali.

Así, en aras de proteger las garantías invocadas, se impusieron las órdenes atrás reseñadas.

1.4.- LA APELACIÓN

Inconforme con la sentencia de primer grado, el demandado DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI presentó apelación. En esencia, precisó que apelaba parcialmente el numeral segundo, pues el a quo desconoció las acciones y actuaciones realizadas por el Distrito.

SANTIAGO DE CALI presentó apelación. En esencia, precisó que apelaba parcialmente el numeral segundo, pues el a quo desconoció las acciones y actuaciones realizadas por el Distrito.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 0424 de 2017 y la Ley 1988 de 2019, se inició con la implementación, considerando que no se contaba con un sistema central de información de los vendedores informales autorizados en el espacio público, por lo que la Secretaria de Seguridad y Justicia inicio con los siguientes procesos:

• Auto registro de vendedores informales en línea: desde el mes de agosto hasta el mes de octubre de 2021, se habilitó el auto registro de vendedores informales del espacio público a través de su página web, para todo tipo de vendedores ubicados en las 22 comunas y 15 corregimientos.

• Caracterización socioeconómica de vendedores informarles: Para ello se suscribió convenio de asociación, con fecha de inicio del 24 de noviembre de 2021 y terminación el 15 de noviembre de 2022, donde se caracterizaron 16.000 vendedores de toda la ciudad.

• Planes piloto de organización, otorgamiento de permisos y carnetización: en la actualidad se encuentra realizando la situación individual de cada vendedor informal y del sector donde se encuentra ubicado, conforme a la información recaudada en los 2 puntos anteriores.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

Que, dentro de las estrategias para controlar la ocupación irregular se han desarrollado operativos para recuperar el espacio público, mesas de dialogo,

Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

Que, dentro de las estrategias para controlar la ocupación irregular se han desarrollado operativos para recuperar el espacio público, mesas de dialogo, regulación al comercio formal, entre otro. Por lo anterior, solicitó se revoque la sentencia impugnada.

Por su parte ASOVAES, dispuso que, la a-quo ordenó la recuperación casi inmediata del espacio público especificado, sin mayores garantías para los vendedores, al tenor de órdenes judiciales perentorias impartidas que según la experiencia en materia de conflictos sociales vivenciada desde años atrás enseña que conduce a la vulneración de los derechos civiles de las personas más vulnerables marginales de la población caleña excluida que por falta de oportunidades educativas, se han dedicado a las ventas informales para obtener su mínimo vital.

Que, si bien el juzgado dispuso al ente Distrital y al Concejo que debe acogerse a lo dispuesto en la Ley 1988 y a los decretos que la reglamentaron, resulta que no se tuvo en cuenta la Ley 1988 de 2019, norma posterior y de mayor jerarquía, la cual se encuentra vigente, la cual resulta más favorable en su aplicación a los destinatarios de las mismas por su condición de sujetos vulnerables, puesto que esta última, no ordena la recuperación abrupta del espacio público, sin sopesar el conflicto entre los derechos fundamentales individuales y los de la colectividad, sino que regula de manera razonable y proporcionada, la convivencia de dichos grupos sociales en el espacio público y su paulatina inserción a la economía.

1.5.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

sino que regula de manera razonable y proporcionada, la convivencia de dichos grupos sociales en el espacio público y su paulatina inserción a la economía.

1.5.- TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Una vez el asunto fue sometido a reparto en segunda instancia1, el Magistrado Sustanciador, mediante proveído del 31 de octubre de 20242 admitió la apelación incoada, adicional a ello, se indicó que SINTRAVIECALI radicó apelación en contra de la sentencia de primera instancia, sin embargo, no se admitió dicho recurso por cuanto, no hizo parte del trámite procesal. Durante el trámite de segunda instancia ninguna de las partes, hizo intervención3.

Por su parte, el Ministerio Público rindió concepto4 cuando el proceso ya había ingresado al Despacho para proferir sentencia 5, por lo que se torna extemporáneo.

Hecho el anterior recuento y, sin encontrar configurada nulidad o anomalía procesal alguna que invalide el trámite hasta aquí surtido, procede la Sala de Decisión de esta Corporación a proferir la respuesta que en derecho corresponda, previas las siguientes,

1Índice 003 del Aplicativo SAMAI. 2Índice 005 del Aplicativo SAMAI. 3Índice 012 del Aplicativo SAMAI. 4Índice 15 del Aplicativo de SAMAI. 5 numeral 6 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, el Agente del Ministerio Público podrá emitir concepto desde la admisión del recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al Despacho para proferir sentencia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia

podrá emitir concepto desde la admisión del recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al Despacho para proferir sentencia.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

II.- CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA

Conforme los artículos 153 y 155-10 del CPACA, este Tribunal Administrativo es competente para conocer las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos, dentro de las acciones populares que se adelanten contra autoridades del orden distrital o municipal.

2.2.- PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta instancia determinar si el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI y el CONCEJO DISTRITAL DE CALI han vulnerado los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, y como consecuencia se ordene, la recuperación del espacio público y limpieza de la zona ubicada en la carrera 5 con calle 14 hasta la carrera 10 con calle 14 del centro de Cali.

2.3.- GENERALIDADES DEL MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE

DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS

El artículo 88 Superior consagra las acciones populares en los siguientes términos:

“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un

la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”.

Conforme a lo anterior, las acciones populares se constituyen como el mecanismo idóneo para la protección de los derechos colectivos.

La jurisprudencia constitucional entiende el derecho colectivo como aquel interés “(…) que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares”6. En tal contexto, “(…) los derechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no son excluyentes, pertenecen a todos y cada uno de los individuos y no pueden existir sin la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional.

6 Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

En este sentido los derechos colectivos generan en su ejercicio una doble titularidad, individual y colectiva, que trasciende el ámbito interno”7.

Así, para la Corte Constitucional, el elemento definitorio del interés colectivo es su pertenencia a todos y cada uno de los miembros de una colectividad determinada “(…) el cual se concreta a través de su participación activa ante la administración de justicia, en demanda de su protección”8, 9.

pertenencia a todos y cada uno de los miembros de una colectividad determinada “(…) el cual se concreta a través de su participación activa ante la administración de justicia, en demanda de su protección”8, 9.

Como desarrollo del artículo 88 Constitucional, el Legislador profirió la Ley 472 de 1998, cuyo artículo 2 definió las acciones populares como “(…) medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos (…) Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

Como características de este mecanismo judicial, se destaca su carácter preventivo o restitutorio, traducido en que su propósito es evitar la amenaza a los derechos colectivos invocados o volver, en lo posible, las cosas al estado anterior a la violación -teniendo claro que no se persigue un propósito pecuniario-; su carácter público, entendido como expresión del principio de solidaridad, constituyendo un mecanismo por medio del cual los ciudadanos –cualquier ciudadanointervienen en las decisiones que los afectan para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, y su autonomía, traducida en que su admisión o procedencia no depende del ejercicio de otras acciones, dado su propósito específico de protección de intereses colectivos.

Para el Consejo de Estado, la procedencia de la acción popular está atada a i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de esos

acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de esos activos10.

En este sentido, la jurisprudencia, sobre este mecanismo constitucional, ha identificado las siguientes características11:

“26. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.º, 2.º, 4.º y 9.º de la citada Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública, esto es, como mecanismo propio de la

7 Corte Constitucional. Sentencia C-377 de 2002. 8 Corte Constitucional. Sentencia T-659 de 2007. 9 Reiteradas en la Sentencia T-341 de 2016, de la misma Corporación. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 25 de julio de 2019, Expediente 76001-23-33-000-2015-01393-01(AP). C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 11 Ídem.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

11 Ídem.Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Medio de Control Popular / Sentencia de Segunda Instancia Rad. 2022-00152-01

democracia participativa, puede ser ejercida por “toda persona” y, además, para afianzar pedagógicamente un sistema de control social, se señalan expresamente como titulares de esta acción las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, finalmente, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al Legislador, habrá de acudirse a las acciones pertinentes”.

2.4.- DEL DERECHOS COLECTIVO ALEGADO

2.4.1.- EL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA

DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO

El artículo 63 Superior dispone que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. A su turno, el artículo 82 ídem consagra el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio

patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. A su turno, el artículo 82 ídem consagra el deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Ya de vieja data, el artículo 674 del Código Civil, establecía como bienes de uso público, aquellos cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, “(…) como el de calles, plazas, puentes y caminos”; al tiempo que el artículo 5 de la Ley 9 de 1989, al consagrar el concepto de espacio público, lo definió como el conjunto de, entre otros, los bienes inmuebles públicos destinados por su naturaleza, su uso o afectación, a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas, que por tal razón trascienden a los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Respecto de este último articulado, nótese que su inciso segundo enlista a modo enunciativo qué bienes en concreto pueden constituir espacio público; incluyendo, entre otras “(…) las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular (…) y, en general (…) todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo”.

En la misma línea, la Ley 1801 de 2016, Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, trae una definición similar del concepto de espacio público. Concretamente, el artículo 139 ídem lo define como “(…) el conjunto de muebles

En la misma línea, la Ley 1801 de 2016, Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, trae una definició