TA VAL - Sentencia 76001-33-33-016-2015-00098-01 (28-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 049

Magistrado Ponente: GONZALO PERDOMO CABRERA

Radicación: 76001333301620150009801

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho laboral

Demandante: Rocío Romero Hinestroza

Apoderado: Pedro Emilio Montes Sánchez

pedroemilioms@yahoo.com;

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Apoderada: Mónica Lisbeth Arellano Arcos

procesosjudiciales@procuraduria.gov.co; notificacionesjudiciales@procuraduria.gov.co; sagomez@procuraduria.gov.co;

Ministerio Público: Procuradora 136 Judicial II para Asuntos

Administrativos de Bogotá ochaves@procuraduria.gov.co Asunto: Prima especial de servicios

Decide la Sala Transitoria el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 38 del 11 de marzo de 2024 a través de la cual el Juzgado 40 4 Administrativo Transitorio de l Circuito de Cali accedió a las pretensiones de la demanda.

1.- ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la señora Rocío Romero Hinestroza interpuso demanda, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

restablecimiento el derecho establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la señora Rocío Romero Hinestroza interpuso demanda, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio SG 4044 del 1 de septiembre de 2015 y (ii) Resolución No. 1051 del 19 de diciembre de 2014.

1.2.- Se inapliquen los Decretos 621 de 2007, 661 de 2008, 726 de 2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013 y 186 de 2014 por2

inconstitucionales e ilegales que reiteraron los yerros consagrados en los decretos declarados nulos por la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014.

1.2.- A título de restablecimiento solicitó, “se ordene a favor de la Dra. ROCIO ROMERO HINESTROZA y en contra de la NACIÓN – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, el reconocimiento de la reliquidación y pago de la Prima Especial de Servicios y reconocimiento de la Naturaleza Salarial de dicha prestación con la concerniente reliquidación de salarios, Prima de Servicios; Cesantías; Vacaciones; Prima de Vacaciones; Prima de Navidad, Bonificación por Actividad Judicial, sus efectos en la reliquidación de la Cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensión, demás Prestaciones Sociales y cualquiera otro emolumento cancelado de forma incompleta, al que tiene derecho por haber ejercido como Procuradora 59 Judicial I, Administrativa de

Cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensión, demás Prestaciones Sociales y cualquiera otro emolumento cancelado de forma incompleta, al que tiene derecho por haber ejercido como Procuradora 59 Judicial I, Administrativa de Cali, V., al tenor del fallo del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Sala de Conjueces, en sentencia del 29 de abril de 2014 (…) con retroactividad a Noviembre de 2008, cuando se dio su vinculación a la Procuraduría General de la Nación y hasta la fecha presente. (…) …declarar que mi mandante (…) le asiste razón jurídica para que la entidad demandada rel iquide y cancele las sumas adeudadas por concepto de la reliquidación y pago de la Prima Especial de Servicios y reconocimiento de la Naturaleza Salarial de dicha prestación con la concerniente reliquidación de salarios, Prima de Servicios; Cesantías; Vaca ciones; Prima de Vacaciones; Prima de Navidad, Bonificación por Actividad Judicial, sus efectos en la reliquidación de la Cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensión, demás Prestaciones Sociales y cualquiera otro emolumento cancelado de forma incompleta, inherente al cargo, con efectividad a la fecha de vinculación al cargo de procuradora 59 Judicial I, Administrativa , de Cali, V., ya en vigencia de la Ley 4 de 1992, y hasta cuando sea efectivamente cancelado dichos valores, incluyendo el correspondiente a los aumentos que se hubieren decretado año a año, con posterioridad a la expedición de la norma, con fundamento en la ley, el precedente jurisprudencial invocado y los que lo soportaron y todos aquellos que le

incluyendo el correspondiente a los aumentos que se hubieren decretado año a año, con posterioridad a la expedición de la norma, con fundamento en la ley, el precedente jurisprudencial invocado y los que lo soportaron y todos aquellos que le han seguido, es decir, ordenándose pagar el 30% adicional de lo que por todo concepto perciben los jueces por [concepto], desde Noviembre de 2008, cuando se dio su vinculación a la Procuraduría General de la Nación y hasta la fecha. (…) …Disponer la cancelación de las sumas debidas, con los efectos retroactivos previstos en la ley, desde Noviembre de 2008, cuando se dio su vinculación a la Procuraduría General de la Nación y hasta la fecha, y en cumplimiento de la norma legal y lo decretado en la sentencia respectiva, se ordenen los descuentos y traslados a Colpensiones o a la entidad que haga sus veces, para los efectos de la correcta reliquidación de los derecho solicitados y con el fin de que la pensión a que tiene derecho y ya percibe, se reliquide teniendo en cuenta los factores de ley y, además, los que resulten de estas pretensiones. (…)3

…sea condenada LA NACIÓN, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de quien obra como demandante, o a quien sus derechos represente, los siguientes valores: al pago de las condenas que consignó así:

a. El valor que falte para alcanzar el 30% sobre el 100% de los percibido como Juez de Ejecución de Penas que desde Noviembre de 2008, cuando se dio su vinculación a la Procuraduría General de la Nación y hasta la fecha, es el mayor

de Ejecución de Penas que desde Noviembre de 2008, cuando se dio su vinculación a la Procuraduría General de la Nación y hasta la fecha, es el mayor valor que en forma mens ual vienen recibiendo los Procuradores Judiciales de la Nación y en el presente caso corresponde a ese tiempo transcurrido;

b. Que se condene [a la entidad demandada] a cancelar a [la demandante] en la misma proporción, es decir en una suma equivalente a l 30% de las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios desde la fecha de vinculación, fecha en que el derecho se hizo exigible, teniendo en cuenta para su liquidación y reconocimiento y pago todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los PROCURADORES JUDICIALES I de la República.

c. Condenar a [la entidad demandada] a que si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en la ley, pague a favor de [la demandante] los intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia conforme al inciso 3 del Art. 192 del CPACA y en concordancia con la Sentencia C – 188 de 1999 de la Corte Constitucional, que expresa que “los intereses moratorios se causan desde el mismo momento en que la condena se hace exigible”.

d. Que se condene en costas a la parte demandada”.

2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La parte demandada1 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones bajo la formulación de los siguientes argumentos:

La demandada no tiene atribuciones legales para fijar los salarios y las prestaciones de sus servidores, facultad que le corresponde exclusivamente al Gobierno

pretensiones bajo la formulación de los siguientes argumentos:

La demandada no tiene atribuciones legales para fijar los salarios y las prestaciones de sus servidores, facultad que le corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional en virtud a lo dispuesto en el literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Nacional, en concordancia con el numeral 11 del artículo 189 constitucional y la Ley 4ª de 1992.

De donde concluye que es improcedente que la entidad demandada puede efectuar reconocimientos laborales no establecidos en la ley o por montos diferentes a lo previsto, o más aún, cambiarles su naturaleza legal.

Propuso las excepciones de “Prescripción extintiva del derecho” , “Inexistencia del derecho pretendido” y la “Innominada o Genérica”. Y seguidamente, solicitó se denieguen las súplicas de la demanda.

1 Apoderado Senén Andrés Gómez Vásquez.4

3.- SENTENCIA APELADA

El Juzgado 40 4 Administrativo Transitorio de l Circuito de Cali a través de la Sentencia No. 38 del 11 de marzo de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:

Hizo un recuento de la reglamentación legal de la prima especial de servicios y, seguidamente, adujo que la sentencia del 29 de abril de 2014 proferid a por el Consejo de Estado declaró nulos los artículos que regulaban el emolumento en los decretos reglamentarios expedidos por el Ejecutivo para los años 1993 a 2007, “por cuanto habían fijado el 30% de la prima especial dentro del salario básico de los servidores beneficiarios de la misma, en lugar de incremento de ese porcentaje”.

decretos reglamentarios expedidos por el Ejecutivo para los años 1993 a 2007, “por cuanto habían fijado el 30% de la prima especial dentro del salario básico de los servidores beneficiarios de la misma, en lugar de incremento de ese porcentaje”.

Posición que fue confirmada por la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 CE-SUJ-016-S2-19 del Máximo Tribunal Contencioso Administrativo, donde clarificó que “la asignación básica debe pagarse en un 10%% y, con base en ese porcentaje, liquidar las prestaciones sociales, pues estas se vieron afectadas al haber reducido el salario en un 30%...”.

A esto añade las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación y finaliza citando el Decreto 272 de 2021 con el cual se normalizó el pago del emolumento a los funcionarios beneficiarios, a partir del 1 de enero de 2021 como una suma adicional a la asignación básica.

Avanzando al caso concreto señala que se acreditó la vinculación de la demandante entre el 20 de marzo de 1992 y el 13 de diciembre de 2016 y ejerciendo el cargo de Procuradora Judicial I en el periodo comprendido entre el 9 de diciembre de 2008 y el 13 de diciembre de 2016.

También se demostró que elevó la respectiva reclamación administrativa ante la demandada para lograr el pago de la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la que fue resuelta de forma desfavorable a través de los actos administrativos enjuiciados.

De igual forma quedó demostrado que el régimen salarial que cobija a la

artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la que fue resuelta de forma desfavorable a través de los actos administrativos enjuiciados.

De igual forma quedó demostrado que el régimen salarial que cobija a la demandante es el de acogidos dispuesto en el Decreto 54 de 1993, norma que determinó que el 30% de la remuneración mensual se considera como prima especial, sin carácter salarial. En tal virtud, se tiene como cierto que la demandada pagó de forma indebida su remuneración, “incluyendo como parte del salario básico la prima especial”.

En consecuencia, declaró no probadas las excepciones de “Inexistencia del derecho pretendido” y “La Innominada o Genérica”, la nulidad de las decisiones administrativas demandadas y a título de restablecimiento ordenó pagar la diferencia salarial por concepto de prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un valor adicional del 30% de la asignación básica, atendiendo los periodos en que ejercicio el cargo de Procuradora Judicial I.5

Por último, declaró la prescripción trienal teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se radicó el 10 de julio d e 2014 por lo que prescribió los derechos anteriores al 10 de julio de 2011. Tampoco condenó en costas como quiera que no se probaron los supuestos normativos para ello.

4.- EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme la parte demandada2 con el fallo de primera instancia interpuso recurso de apelación en su contra, bajo los siguientes argumentos:

Reiteró que no es potestativo de la Procuraduría General de la Nación fijar los

Inconforme la parte demandada2 con el fallo de primera instancia interpuso recurso de apelación en su contra, bajo los siguientes argumentos:

Reiteró que no es potestativo de la Procuraduría General de la Nación fijar los salarios y prestaciones de sus servidores, competencia que el Legislador determinó corresponde expresamente al Gobierno Nacional en virtud del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política.

Agregó que en vigencia del decreto 1251 de 2009 a favor de la demandante no se estipuló beneficios adicionales, por tanto, recibió “el monto máximo autorizado en el ordenamiento jurídico, de suerte que al pagarle el valor adicional (a consecuencia de la reliquidación pretendida), se estaría dando lugar a un pago sin fuente, fundamento o título jurídico de imputación. (Sic)”.

A partir del año 2014 su situación se rige por lo establecido en el Decreto 186 de 2014 y demás normas modificatorias (Decretos 1016 de 2013, 186 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016), están revestidas por la presunción de legalidad al no haber sido revocadas , y e n donde se dijo que la prima técnica y la prima especial no tendrán carácter salarial para ningún efecto legal.

Acto seguido, ahondo en el carácter no salarial del emolumento, postura confirmada por la Corte Constitucional en la Sentencia C – 279 de 1996 y jurisprudencia del Consejo de Estado que se permitió citar.

Finalmente, solicitó que en caso de considerar sentencia condenatoria se tenga en cuenta la prescripción trienal.

La parte demandante no se pronunció sobre el recurso de alzada presentado por

Consejo de Estado que se permitió citar.

Finalmente, solicitó que en caso de considerar sentencia condenatoria se tenga en cuenta la prescripción trienal.

La parte demandante no se pronunció sobre el recurso de alzada presentado por su contraparte.

El Ministerio Público no emitió concepto.

5.- CONSIDERACIONES

5.1.- Competencia y marco de análisis en segunda instancia

2 Apoderada Mónica Lisbeth Arellano Arcos.6

En los términos del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo PCSJA2512255 del 24 de enero de 2025 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la Corporación debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.

No obstante, en el evento en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra facultado para resolver sin limitaciones.

5.2.- Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandada, corresponde a la Sala Transitoria determinar si: (i) la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y normas posteriores, debe entenderse como una adición al salario de los servidores beneficiarios de dicha prima, o si por el contrario, se encuentra incluida dentro de este último; (ii) en caso de que la respuesta al anterior interrogante sea positiva, si las prestaciones

entenderse como una adición al salario de los servidores beneficiarios de dicha prima, o si por el contrario, se encuentra incluida dentro de este último; (ii) en caso de que la respuesta al anterior interrogante sea positiva, si las prestaciones causadas deben ser reliquidadas con el 100% del salario básico incluyendo el 30% descontado a título de prima especial y si es posible ordenar el reconocimiento y pago del 30% de la asignación básica como adicional a la misma a título de prima especial y (iii) verificado lo anterior e stablecer si es dable inaplicar por inconstitucionalidad el artículo 10 del Decreto 186 de 2014 y decretos posteriores que dispusieron el aumento o monto de la asignación básica mensual del cargo Procurador Judicial I.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado se abordará el estudio de los siguientes puntos: (i) El control de constitucionalidad por vía de excepción; (ii) Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992; (iii) La prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; (iv) Pruebas relevantes; (v) Análisis del caso concreto; (vi) Condena en costas.

6.3.- El control de constitucionalidad por vía de excepción.

En los términos del artículo 4º de la Constitución Política, el mode lo de control de constitucionalidad colombiano es de carácter mixto, por cuanto armoniza dos tipos de control: concentrado y difuso o por vía de excepción.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán

de control: concentrado y difuso o por vía de excepción.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”.

El control de constitucionalidad concentrado le compete a la Corte Constitucional, y en forma residual al Consejo de Estado. Esta Cor poración debe asumir el conocimiento de las demandas formuladas en ejercicio del medio de control de7

nulidad por inconstitucional, respecto de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no le corresponda a la Corte Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política.

El control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier autoridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto.

La jurisprudencia constitucional ha definido que dicha herramienta jurídica comprende una facultad – deber para los autoridades y particulares, en el primer caso “…en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales…”3.

El control mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad le permite a la autoridad o al particular inaplicar aquella norma o ley que se oponga de manera palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, para salvaguardar la suprem acía de la Constitución. Los efectos que produce esta

a la autoridad o al particular inaplicar aquella norma o ley que se oponga de manera palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, para salvaguardar la suprem acía de la Constitución. Los efectos que produce esta determinación son inter -partes, respecto del caso concreto, mas no anulan o le restan valor jerárquico y validez de manera definitiva a la norma exceptuada por el hecho de ser contraría a la Constitución.

Mediante Sentencia T – 681 de 2016, la Corte Constitucional precisó que para la configuración del medio exceptivo resulta necesario que concurra cualquiera de los siguientes presupuestos:

“…(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad (…);

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de excepción está consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011. En virtud de

utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de excepción está consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011. En virtud de este mecanismo, el juez goza de la prerrogativa discrecional para inaplicar actos administrativos que vulneren la Constitución Política o la ley. El funcionario judicial o las partes se encuentran legitimados para formular este medio exceptivo.

3 Sentencia SU-132 de 2013.8

La doctrina enseña que, en la praxis, la excepción de ilegalidad o inconstitucional tiene aplicación cuando la part e demandante interpone una demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, y pretende la declaración de nulidad de un acto administrativo particular expedido con fundamento en un acto administrativo general q ue contraviene la ley o la Carta Política, y, por ende, resulta necesario inaplicarlo.

Así mismo, la doctrina precisa que al juez administrativo le corresponde pronunciarse en la sentencia sobre la excepción formulada, la cual también puede declarar de of icio si lo estima indispensable. En este caso, el estudio debe estar enfocado en constatar si se presenta una contradicción entre una norma superior y otra inferior, sin que se requiera que se advierta en forma flagrante o evidente4.

6.4.- Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992

El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política asignó al Congreso la función de dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y

El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política asignó al Congreso la función de dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

En desarrollo de la función citada, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992, cuya naturaleza es la de una norma Marco o Cuadro, con el objeto de que el Gobierno Nacional fijara, entre otros, el régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público.

La Corte Constitucional en Sentencia C – 312 de 1997 precisó que la Ley 4ª de 1992 “…constituye la ley marco necesaria para que el Gobierno cumpla con la misión que le fue confiada en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta. En efecto, como bien se expresa en su encabezamiento, la referida ley fue dictada con el objeto de cumplir con el mandato de la Constitución acerca de que el Congreso debe dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales…”.

De acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley citada, al Gobierno Nacional le corresponde diseñar y fijar, entre otros, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de

De acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley citada, al Gobierno Nacional le corresponde diseñar y fijar, entre otros, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, considerando los criterios de equidad, el respeto de los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar sus remuneraciones y prestaciones sociales.

4 ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Editorial Legis. Segunda edición. Bogotá: 2012.9

Al tenor de lo previsto en el artículo 4º ibídem, los sistemas salariales y prestacionales de los empleados referidos deben modificarse con base en los criterios indicados, determinándose el aumento de sus remuneraciones.

En consecuencia, el régimen salarial o prestacional que contravenga las disposiciones previstas en la Ley 4a de 1992, o en los decretos del Gobierno Nacional en desarrollo de esta, será ineficaz, por cuanto carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos, según lo establecido en su artículo 10.

Ahora bien, sobre el objetivo trazado por el Legislador con la expedición de la Ley Cuadro, la Corte Constitucional en Sentencia C – 244 de 2013, - a través de la cual se pronunció sobre la demanda de inconstit ucionalidad formulada en contra del artículo 15 de la mencionada Ley -, señaló que está encaminado a lograr una nivelación salarial adecuada y más comprensiva de los salarios del sector judicial, en atención a incoherencias internas y externas advertidas:

artículo 15 de la mencionada Ley -, señaló que está encaminado a lograr una nivelación salarial adecuada y más comprensiva de los salarios del sector judicial, en atención a incoherencias internas y externas advertidas:

“… en términos de coherencia externa con las otras ramas del poder público, los altos funcionarios judiciales recibían sueldos menores que los percibidos por los congresistas y por los altos cargos del ejecutivo; y, en segundo lugar, al interior de la rama , había falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial (conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, a fortiori, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país…”.

En línea con el objetivo señalado, mediante el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Legislador le ordenó al Gobierno Nacional revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

6.5.- La prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

El artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estableció que:

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo,

“ARTÍCULO 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribun al Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la p rima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”10

En virtud de la aludida disposición y en cumplimiento de lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, durante el período comprendido entre los años 1993 y 2007, el Gobierno Nacional expidió los Decretos mediante los cuales se dictaron disposiciones en materia salarial y prestacional de los servidores de la Rama Judicial, del Ministerio Público, de la Justicia Penal Militar. En estos, se reprodujo la previsión que el 30% del salario devengado por los funcionarios anteriormente enunciados sería considerado como prima.

Las mencionadas disposiciones fueron objeto de demanda a través del medio de

reprodujo la previsión que el 30% del salario devengado por los funcionarios anteriormente enunciados sería considerado como prima.

Las mencionadas disposiciones fueron objeto de demanda a través del medio de control de nulidad simple, la cual fue resuelta por el Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 2014. En dicha providencia se declaró la nulidad de los artículos demandados bajo el argumento que el Gobierno Nacional interpretó erróneamente y aplicó indebidamente la Ley 4 de 1992, al haber dispuesto que el 30% correspondiente a la prima especial de servicios hacía parte del salario en lugar de reconocer el valor de la prestación como un porcentaje adicional al mismo 5 .

A esa conclusión se llegó, por considerarse que la mentada interpretación es la que más se ajusta a los principios constitucionales de progresividad, favorabilidad y no regresividad en materia laboral, teniendo e n cuenta además que los decretos enjuiciados contrariaban los criterios establecidos en la Ley 4 de 1992, conforme a la cual de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales.

Posteriormente, el Consejo de Estado (Sala Plena de C onjueces) reafirmó dicha postura al proferir la Sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, en la que avaló la inaplicación por inconstitucionalidad d el artículo 6 del decreto 658 de 2008, el artículo 8 del decreto 723 de 200