TA VAL - Sentencia 76001-33-33-017-2025-00028-01 (26-03-2025)

Acción de Tutela No. 2025-00028-01

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEL VALLE DEL CAUCA

Sentencia

PROCESO: 76001-33-33-017-2025-00028-01

ACCIONANTE: LILIANA MARIA BALDOVINO SANCHEZ

davidacostagenes156@gmail.com lilibaldovinosanchez@gmail.com

ACCIONADA: UARIV

notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co

ACCIÓN: TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO.

Santiago de Cali (V.), veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación presentada por la accionada en contra de la sentencia No. 30 del 21 de febrero de 2025, proferida por el Juzgado Diecisiete Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante la cual se amparó los derechos fundamentales.

ANTECEDENTES

La señora Liliana María Baldovino Sánchez , instau ró acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en adelante UARIV, la cual se fundamentó en los siguientes:

HECHOS

1. Que la tutelante se encuentra registrada en la unidad por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y solicitó el pago de la indemnización y aunque esta priorizó la entrega de la indemnización;

se fundamentó en los siguientes:

HECHOS

1. Que la tutelante se encuentra registrada en la unidad por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y solicitó el pago de la indemnización y aunque esta priorizó la entrega de la indemnización; sin embargo, no la volvieron a llamar para indicarle en qué fecha le realizarían su entrega.Acción de Tutela No. 2025-00028-01

2. Que el día 27 de noviembre de 2024, presentó derecho de petición ante la Uariv, quienes le informaron que se encontraba priorizada para pago, pero que debía esperar a que ellos la llamaran, no obstante, han transcurrido 2 años sin que a la fecha se le haya dado una fecha cierta de pago.

PRETENSIONES

Solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición , debido proceso y se ordene el desembolso o le de n una respuesta concreta respecto de la solicitud de fecha cierta de pago de la indemnización prevista en la ley 387 de 1997.

CONTESTACIÓN DE LA TUTELA.

 UNIDAD ADMNISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A

LAS VÍCTIMAS1.

Señaló que la entidad no ha vulnerado el derecho de petición de la accionante, pues en el presente asunto se configuró la carencia actual del objeto por hecho superado, ya que, mediante respuesta otorgada bajo el código de radicado lex 8430511 enviada al correo electrónico aportado por la accionante atendieron la petición de manera clara, precisa y de fondo , informándole que la unidad se encuentra realizando todas las gestiones administrativas correspondientes junto con el área encargada, frente al tema indemnizatorio por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, por lo que una vez cuente con el resultado de la

las gestiones administrativas correspondientes junto con el área encargada, frente al tema indemnizatorio por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, por lo que una vez cuente con el resultado de la validación le estarán dando una respuesta de fondo.

LA SENTENCIA IMPUGNADA2

El Juzgado Diecisiete Administrativo Oral de Cali (V), amparó mediante sentencia los derechos de petición, debido proceso de la accionante y ordenó a la unidad para la atención y reparación integral de víctimas, que se otorgue una respuesta de fondo a la petición, estableciendo un plazo razonable para que realice el pago de la indemnización . Lo anterior, al considerar que la respuesta no satisface los presupuestos del derecho de petición, pues no definido un plazo razonable para realizar el pago efectivo de la indemnización administrativa durante la vigencia presupuestal del año 2025 y solo se limitó a informar que estaban haciendo un estudio de fondo frente al estudio del hecho victimizante de desplazamiento forzado a pesar de que la accionante ya se encuentra priorizada.

1 Ver índice No. 006 de Samai-primera instancia 2 Ver índice N° 007 de samai – primera instanciaAcción de Tutela No. 2025-00028-01

LA IMPUGNACIÓN3

La UARIV impugnó señalando que si bien la accionante cumple con los criterios de urgencia manifiesta, y se encuentra priorizada se genera una imposibilidad jurídica para fijar una fecha cierta de pago en el término de 15 días, pues la entidad depende de un presupuesto asignado y antes de la accionante se encuentra más personas con la acreditación de priorización por edad o por alguna situación de urgencia manifiesta y extrema vulnerabilidad, por ello, la unidad se encuentra en la fase del análisis de la solicitud

encuentra más personas con la acreditación de priorización por edad o por alguna situación de urgencia manifiesta y extrema vulnerabilidad, por ello, la unidad se encuentra en la fase del análisis de la solicitud dispuesto por el artículo 11 de la resolución No. 1049 de 15 de marzo de 2019 el cual contempla un término de 120 días hábiles, y a la fecha de impugnación (24 de febrero de 2025) habían transcurrido 41 días hábiles, por lo cual aún se encontraba dentro de termino.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar , si la orden judicial fue adec uada orientada a la protección de los derechos fundamentales de la accionante.

TESIS DE LA SALA.

La Sala confirmara la sentencia, pues de l reclamo de la accionante frente la lectura de las respuestas otorgadas por la UARIV, se evidencia que la petición no fue atendida en forma clara, precisa expresa y de fondo, pues la entidad se limitó a informar en que consiste el método técnico de priorización las fases del mismo y las formas de aplicarlo, sin indicarle la fecha probable de pago de la indemnización administrativa reconocida a su favor, dejando en incertidumbre su situación como víctima del desplazamiento forzado en Colombia. Para resolver dicho planteamiento, se abordará el análisis de los siguientes aspectos:

 EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS VÍCTIMAS DE

DESPLAZAMIENTO FORZADO.

Sobre el tema, el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia T-028 de 2018, con ponencia del Magistrado Carlos Hernán Pulido, expuso lo siguiente:

DESPLAZAMIENTO FORZADO.

Sobre el tema, el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia T-028 de 2018, con ponencia del Magistrado Carlos Hernán Pulido, expuso lo siguiente:

“(…)20. Es nutrida y extensa la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la indemnización administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado, empezando por la distinción, que siempre se ha esforzado esta Corte por resaltar, frente al derecho que los miembros de este mismo grupo poblacional

3 Ver índice N° 009 de Samaiprimera instanciaAcción de Tutela No. 2025-00028-01 tienen a la ayuda humanitaria 4; esto, bajo el entendimiento, igualmente importante, de que no todas las personas desplazadas son víctimas del conflicto armado y viceversa.

Es pertinente recordar esta distinció n para delimitar, en cada caso, los alcances de protección en sede de tutela, cuando esta se interpone para hacer efectivas estas prestaciones económicas. Así, una cosa es la intervención del juez constitucional para que se prodiguen asistencia mínima, medidas urgentes de subsistencia, estabilización y garantías de retorno, en aras conjurar una situación específica de vulnerabilidad –ayuda humanitaria–, y otra, totalmente distinta, aquella que busca garantizar la reparación de perjuicios, que no es otra cosa que la respuesta a un hecho victimizante, al daño sufrido por un bien jurídico tutelado específico en el marco del conflicto. De allí que, consecuentemente, la acción de tutela para efectos del reconocimiento de la indemnización administrativa, en atención a los fines puntuales que persigue, sea excepcional y para casos límite5.

jurídico tutelado específico en el marco del conflicto. De allí que, consecuentemente, la acción de tutela para efectos del reconocimiento de la indemnización administrativa, en atención a los fines puntuales que persigue, sea excepcional y para casos límite5.

21. Ocurre, sin embargo, con alguna frecuencia, que en una sola persona convergen, a la vez, las condiciones de desplazado por la violencia y víctima del conflicto; de allí que, bajo las condiciones específicas del actor, la solicitud de indemnización administrativa tenga una finalidad más allá de la

meramente resarcitoria. En palabras de la Corte:

“Es cierto que la indemnización administrativa persigue fines distintos a aquellos que busca la ayuda humanitaria, en tanto su propósito no consiste en satisfacer las necesidades más inmediatas de las personas desplazadas, sino en restablecer su dignidad, compensando económicamente el daño sufrido, para así fortalecer o reconstruir su proyecto de vida. Por lo tanto, se podría argumentar que no es pertinente, a partir de un análisis que se sustenta en la vulnerabilidad, mantener abierto el recurso a la acción de tutela para, a través suyo, acceder a los recursos de la indemnización administrativa. Bajo este argumento, las consecuencias de un análisis de vulnerabilidad sólo serían relevantes en lo que concierne a la entrega de la ayuda humanitaria.

No obstante, es imperioso reconocer que existen determinadas personas desplazadas que enfrentan una situación de vulnerabilidad que difícilmente podrán superar y que inevitablemente se acrecentará con el paso del tiempo, por distintos factores demográficos como la edad, la situación de discapacidad u o tro tipo de factores socioeconómicos que les impiden darse su propio sustento. Para estas personas (…) resulta razonable darles un

tiempo, por distintos factores demográficos como la edad, la situación de discapacidad u o tro tipo de factores socioeconómicos que les impiden darse su propio sustento. Para estas personas (…) resulta razonable darles un trato prioritario en lo concerniente al acceso a la indemnización administrativa. Esto no sólo contribuye a que cuenten con fuentes de ingresos adicionales a la ayuda humanitaria –la cual tiene que seguirse entregando con independencia de ser destinatarios de la indemnización -, para que así puedan aliviar su situación de vulnerabilidad; sino que puede traducirse en la última opo rtunidad para que accedan a las medidas reparatorias que ofrece el Estado, con la finalidad de abordar y resarcir las graves vulneraciones a los derechos humanos que padecieron.

Por estas razones, para esta Sala Especial es demasiado restrictivo impedirles a estas personas que acudan a la acción de tutela para requerir la entrega inmediata de la indemnización administrativa, ya que se trata de personas desplazadas en extremo vulnerables, para quienes resulta desproporcionado exigirles que agoten todas las etapas del procedimiento administrativo ordinario (ver supra. Secciones 4, 5 y 7); más aún, si se tiene en cuenta el bloqueo institucional advertido en este pronunciamiento” (Énfasis fuera del texto)6.

Es, precisamente, por lo anterior, que el Decreto 1377 de 2014 reglamentó la ruta de atención, asistencia y reparación integral, en particular, en lo relacionado con la medida de indemnización administrativa a víctimas de desplazamiento forzado, y allí determinó, como criterios de priorización para la entreg a de este tipo de montos: (i) el que se hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima y se

víctimas de desplazamiento forzado, y allí determinó, como criterios de priorización para la entreg a de este tipo de montos: (i) el que se hayan suplido sus carencias en materia de subsistencia mínima y se encuentren en proceso de retorno o reubicación; (ii) no estar suplidas sus carencias en materia de subsistencia mínima dada la situación de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta por la condición de discapacidad, edad o composición del hogar; y (iii) que pese a que se han superado las carencias en

4 Por ejemplo, Corte Constitucional, sentencias C -1199/2008, T-085/2009 y SU-254/2013. 5 Un estudio completo al respecto en: Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T -025/2004, Auto No. 206/2017. Esta providencia es importante porque define criterios a los jueces de tutela a la hora de conceder amparos para el pago de ayudas humanitarias e indemnizaciones administrativas a víctimas de desplazamiento forzado. 6 Ibídem, pág. 61.Acción de Tutela No. 2025-00028-01 materia de subsistencia mínima no se haya podido llevar a cabo el retorno o reubicación por razones de seguridad7.

22. Hechas estas precisiones, encuentra la Corte que, en eventos como el que hoy corresponde resolver, los jueces de tutela deben seguir unas reglas jurisprudenciales marco, a la hora de decidir, por medio de este mecanismo judicial expedi to, acerca de las indemnizaciones administrativas de víctimas de desplazamiento forzado, en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.

Tenerlas en cuenta asegura, por una parte, la efectividad de los derechos de estos sujetos de protección

desplazamiento forzado, en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.

Tenerlas en cuenta asegura, por una parte, la efectividad de los derechos de estos sujetos de protección constitucional reforzada, sin que se desborde la competencia del juez de tutela, y, por otra, permite racionalizar el análisis de procedibilidad, de modo que las decisiones judiciales sean tomadas responsablemente y cuenten con un sustento fáctico y jurídico a decuado. Al respecto, la Sala identifica, entonces, las siguientes reglas8.

23. Imposición de cargas desproporcionadas

En primer lugar, como ya se había anunciado, no en todos los casos en los que las personas víctimas de desplazamiento forzado solici tan la indemnización administrativa, es procedente, per se, la acción de tutela. De hecho, la flexibilización que a favor de los actores ha dispuesto esta Corporación en modo alguno configura una suerte de capitis deminutio al deber legal que ellos tienen de acudir a las vías administrativas y judiciales ordinarias para hacer efectivo su derecho a la reparación, salvo que se acredite la configuración de un perjuicio irremediable. Así, lo primero que debe verificar el juez es que, en estos casos, la administración haya impuesto cargas sustantivas y/o procesales desproporcionadas que desconozcan la situación de debilidad en la cual están las personas desplazadas9, ante las cuales estas no tengan más remedio que interponer el recurso de amparo.

Una reseña esquemática sobre aquello que puede constituir esta carga indebida, y habilitar, por esa vía, la procedibilidad de la acción de tutela, ha sido esbozada por la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

Una reseña esquemática sobre aquello que puede constituir esta carga indebida, y habilitar, por esa vía, la procedibilidad de la acción de tutela, ha sido esbozada por la Corte Constitucional, de la siguiente manera:

“A manera ilustrativa, este Tribunal encontró que las autoridades desconocen estos principios y, con ello, imponen cargas desproporcionadas a las personas desplazadas, que justifica acudir a la acción de tutela para así acceder a un bien o servicio específi co, cuando: (i) les exigen requisitos adicionales a los consagrados en la ley o el reglamento para acceder a sus derechos; (ii) la aplicación de los requisitos legales se realiza de manera inflexible, de tal manera que se exige una prueba específica o se b usca “llegar a la certeza de la ocurrencia de los hechos”, cuando en realidad se trata de situaciones que pueden ser acreditadas de manera sumaria, mediante indicios u otra actividad probatoria que sea suficiente para dar por ciertos, mediante la sana crít ica, los hechos alegados por el accionante; (iii) las normas se interpretan de una manera errónea, de tal modo que se excluye a las personas desplazadas del acceso a ciertas prestaciones, a pesar de tener derecho a las mismas bajo una interpretación favorable; (iv) el Estado “se ampara en una presunta omisión de la persona para impedir efectivamente el acceso a la asistencia a que tiene derecho ”; (v) las autoridades invocan circunstancias administrativas o judiciales que no provienen de la omisión de los af ectados para negar la protección de sus derechos fundamentales; (vi) se les exige a las personas desplazadas la interposición de “interminables solicitudes”

7 Ver: Corte Constitucional, sentencia T -142/2017.

fundamentales; (vi) se les exige a las personas desplazadas la interposición de “interminables solicitudes”

7 Ver: Corte Constitucional, sentencia T -142/2017. 8 Antes de proceder con el señalamiento de estas reglas, no está de más recordar que el Auto 206 de 2017 exhortó a los jueces de la República -con la posibilidad de que se apartaran de ese criterio ofreciendo la motivación debida-, para que, en lo concerniente a la indemnización administrativa, se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes rel acionadas con reconocimientos económicos, y para posponer las sanciones por desacato que exigieran su cumplimiento. De esta manera, al momento de resolver las acciones de tutela que reclamaran la protección del derecho de petic ión, cuando se encontrara relacionado con la indemnización administrativa, los jueces, según este exhorto, debían conceder la tutela del derecho de petici ón, una vez verificado el cumplimiento de los respectivos requisitos de procedibilidad formal y material, pero disponer que la Unid ad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tendría hasta el 31 de diciembre de 2017 (plazo que ya feneció) para cumplir con el fallo. Por lo tanto, la abstención de impartir órdenes relacionadas con reconocimientos eco nómicos aplicaba durante ese específico lapso. Igualmente, al pronunciarse sobre los incidentes de desacato ocasionados por el incumplimiento de la UARIV a las órdenes de tutela impartidas en estos casos de indemnización administrativa, los jueces debían

suspender las sanciones por desacato, dictadas a partir del 1° de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2017. Este exhort o exceptuaba los casos excepcionales en los que los solicitantes se encontraban en un alto grado de vulnerabilidad, debido a circun stancias especiales, tales como la edad, la composición del hogar, algún tipo de discapacidad, entre otras. 9 Corte Constitucional, sentencia T-158/2017. Señaló la Corte: “las autoridades que atienden la población desplazada, someten a estas personas a una carga excesiva cuando imponen obligaciones tendientes a cumplir con requerimientos especiales que desconocen la situación en la cua l ésta (sic) encuentran”.Acción de Tutela No. 2025-00028-01 ante las autoridades, ya sean actuaciones administrativas o legales, a pesar de haberse desplegado una actuación suficiente encaminada a cuestionar las decisiones de la administración (i.e. haber agotado la vía gubernativa); (vii) las autoridades se demoran de manera desproporcionada e injustificada en responder las peticiones elevadas por las personas desplazadas, entre otras” (Énfasis fuera del texto)10.

Es particularmente relevante, para el caso bajo examen, resaltar que el juez constitucional está obligado a intervenir cuando, de los medios de prueba allegados al proceso, se infiere que la negativa de la institución accionada se funda en imputar a la víctima, artificiosamente, omisiones en las que ésta en realidad no ha incurrido11, o cuando la somete a un conjunto de trámites sempiternos e injustificados que, además de no tener respaldo legal específico, ponen en peligro sus derechos fundamentales 12. La falta

realidad no ha incurrido11, o cuando la somete a un conjunto de trámites sempiternos e injustificados que, además de no tener respaldo legal específico, ponen en peligro sus derechos fundamentales 12. La falta de claridad acerca de las razones que justifican el no pago de una indemnización que ya ha sido reconocida, y para la cual se fijó una fecha cierta de cancelación, es un buen ejemplo de ell o. (Subraya la Sala)

24. Protección de las finanzas públicas

La falta de acreditación de alguna de estas cargas desproporcionadas hace que el juez de tutela deba interrogarse, muy seriamente, acerca de la necesidad de que la víctima de desplazamiento fo rzado, no obstante su condición, reivindique sus derechos por la ruta ordinaria, sin que sea necesario acudir a la acción de tutela para tal efecto13, en aras de resguardar el patrimonio público14.

De allí la importancia de los principios de gradualidad y progresividad en este tipo de programas estatales, y la asignación de recursos escasos con estrictos criterios de priorización. No podría ser de otro modo, y ante ello el operador judicial debe, por decirlo de alguna manera, demostrar una mínima sensibilid ad interdisciplinaria con las finanzas del Estado. De la observancia de este parámetro depende, no solo la sostenibilidad de la política pública de indemnización a víctimas del conflicto armado, sino el respeto del derecho a la igualdad de quienes han ceñido su solicitud al procedimiento administrativo, han acudido a los medios de defensa judiciales ordinarios y han prescindido de la opción de utilizar -ya sea por decisión propia, o porque sus mismas circunstancias personales no se los han permitidola acción de tutela.

los medios de defensa judiciales ordinarios y han prescindido de la opción de utilizar -ya sea por decisión propia, o porque sus mismas circunstancias personales no se los han permitidola acción de tutela.

De modo, pues, que en cada caso concreto la jurisdicción constitucional debe, ante la ausencia de cargas sustantivas y/o procesales desproporcionadas, hacer una ponderación racional entre el derecho a la reparación administrativa del petic ionario y la eventual afectación que la orden de cancelar esta suma traería para las finanzas públicas y el principio de sostenibilidad fiscal, bajo las circunstancias puntuales del sub lite.

Lo anterior, desde luego, con una aclaración importante: los principios de gradualidad y progresividad no pueden convertirse en una excusa para mantener indefinidamente, en la incertidumbre, la reclamación de los peticionarios de la reparación, o incumplir el deber de claridad acerca de las etapas y los plazos que debe agotar una persona desplazada para acceder a este rubro15. La definición y el respeto de esta ruta administrativa, y la no imposición de las cargas indebidas ya reseñadas, hacen parte de lo que la Corte ha definido, para estos casos, como el cumplimiento de la buena fe procesal16. (subraya la Sala)

25. Fundamentación empírica de los fallos de tutela. Presunción de veracidad, carga mínima del actor y actividad probatoria del juez en el reconocimiento de indemnizaciones administrativas

10 Entre otras: Corte Constitucional, sentencia T -488/2017. 11 Sobre el punto: Corte Constituciona l, sentencia T-085/2010. 12 Corte Constitucional, sentencia T -086/2006.

10 Entre otras: Corte Constitucional, sentencia T -488/2017. 11 Sobre el punto: Corte Constituciona l, sentencia T-085/2010. 12 Corte Constitucional, sentencia T -086/2006. 13 Corte Constitucional, Auto 206 de 2017, pág. 26. 14 Corte Constitucional, sentencia T -158/2017. 15 Sobre el punto: Corte Constitucional, sentencias T -236/2015, T-527/2015 y T-114/2015. 16 Lo anterior, “ en atención a las especiales dificultades bajo las cuales las víctimas de desplazamiento forzado se ven obligadas a cumplir c on trámites, muchas veces en gorrosos, de difícil o imposible cumplimiento, y que terminan por desconocer su dignidad, su condición de víctimas o por revi ctimizarlas”. Corte Constitucional, sentencia SU - 254/2013, fundamento 5.2.Acción de Tutela No. 2025-00028-01 Ahora bien, ha profundizado la Corte en todo este análisis, en la medida en que una de las falencias del programa de indemnización administrativa, identificada por la jurisprudencia constitucional, ha sido, a parte de la falta de contestación oportuna y la imposición de barreras burocráticas injustificadas por parte de la UARIV, la ligereza o ausencia de profundidad con la que algunos jueces han concedido, sin mayor estudio sustantivo, probatorio y de procedibilidad, reparaciones de esta índole a través de la acción de tutela -como sucedió, de hecho, en el caso sub judice-17.

En ese orden de ideas, el fortalecimiento de la fundamentación empírica de los fallos de tutela, en esta y

tutela -como sucedió, de hecho, en el caso sub judice-17.

En ese orden de ideas, el fortalecimiento de la fundamentación empírica de los fallos de tutela, en esta y otras materias, pasa, como ya ha tenido la oportunidad de precisarlo la Corte, por lo menos por tres factores. El primero de ellos es, por supuesto, no llevar a extremos irreflexivos el principio de presunción de veracidad18. En palabras de esta Corporación:

“Tratándose de la población desplazada la presunción de veracidad ha sido aplicada por esta Corporación en un sinnúmero de oportunidades cuando se presenta desinterés o negligencia de la autoridad pública o particular contra quien se ha interpuesto la acción de tutela . Es extensa la jurisprudencia que reconoce que dadas las especiales condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las personas en condición de desplazamiento, presumir la verdad en lo que ellas narran, es una consecuencia necesaria y útil para castigar la desidia de aquel que debió haberse pronunciado sobre el requerimiento judicial y no lo hizo.

(…) Sin embargo, esta Corporación también ha sostenido que la presunción de veracidad no es una autorización legal para que el juez decida sin certeza respecto de los hechos que dieron origen a la controversia, pues está facultado para realizar una labor probatoria previo a decidir si concede o no el amparo deprecado.

(…) Por tanto, si bien al juez le corresponde en principio tener como ciertos los hechos declarados por el actor, en aquellos casos en los que la parte accionada no se pronuncia, tal circunstancia no significa que pueda aceptar de plano lo afirmado pues la sentencia debe estar sustentada en hechos que han sido verificados y sobre los cuales existe certeza.

aquellos casos en los que la parte accionada no se pronuncia, tal circunstancia no significa que pueda aceptar de plano lo afirmado pues la sentencia debe estar sustentada en hechos que han sido verificados y sobre los cuales existe certeza.

Aunado a lo anterior, en este mismo fallo se precisó que tratándose de la entrega de prestaciones económicas la informalidad de la tutela no exoneraba al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en que basa sus pretensiones. Por ello, es necesario contar con elementos que brinden la convicción de que la obligación que se reclama no es incierta ni discutible sino que existe plenamente. Además, la Corte consideró que decretar el pago del dinero reclamado por quien se encontraba en situación de desplazamiento podría desatender los procedimientos técnicos que tiene la entidad para distribuir los recursos de gasto social, dado que existía incertidumbre acerca de las condiciones concretas de las ayudas de las que era titular el actor” (Énfasis fuera del texto)19.

En estrecha relación con lo anterior, esta es la ocasión propicia para recordar que la procedibilidad de la acción de tutela, para hacer efectivas indemnizaciones administrativas de personas desplazadas por la violencia, exige, además, co nstatar que el actor haya cumplido con una carga mínima de actividad y diligencia en su proceso de reclamación. Solo en la medida en que ello haya sucedido, y la administración pública haya mostrado una conducta errática o dilatoria, es que puede invertirse la carga de la prueba a

17 Corte Constitucional, sentencia T -377/2017. Señaló esta Corporación: “ la Corte ha explicado que es a la administración a la que le corresponde resolver

pública haya mostrado una conducta errática o dilatoria, es que puede invertirse la carga de la prueba a

17 Corte Constitucional, sentencia T -377/2017. Señaló esta Corporación: “ la Corte ha explicado que es a la administración a la que le corresponde resolver sobre el reconocimiento de determinados derechos garantizados por políticas públicas, para lo cual existe una ruta administra tiva específica. Puede suceder, con todo, que dicha ruta no funcione de manera adecuada, por lo que es posible que las personas que se consideran beneficiari as de dicha política acudan a acciones de tutela. En esa situación, si los jueces de tutela conceden de forma generalizada las sol icitudes ante ellos planteadas se genera un incentivo para que más personas, en vez de reclamar sus derechos por la vía ordinaria, lo hagan por la vía de tutela. Esto ge neraría de inmediato cargas adicionales a la administración –que se sumarían a las propias de atender los distintos casos a través de las rutas ordinarias–, en la medida en que tendría que invertir recursos y esfuerzos en atender un número creciente de reclamaciones judiciales, lo cual eventual mente disminuiría las capacidades de atención de la ruta administrativa . A su vez, podría generarse una situación generalizada de vulneración de derechos , en la medida en que serían atendidos con prelación los casos de quienes acuden a acciones de tutela, en perjuicio de quienes se limitan a seguir la ruta administrativa ” (Énfasis fuera del texto). Sobre los problemas de eficiencia que en determinados contextos de política social puede generar e l uso indiscriminado de la acción de tutela: Corte Constitucional, sentencia T -1234/2008, fundamentos 5.3.4.4 e n adelante.

(Énfasis fuera del texto). Sobre los problemas de eficiencia que en determinados contextos de política social puede generar e l uso indiscriminado de la acción de tutela: Corte Constitucional, sentencia T -1234/2008, fundamentos 5.3.4.4 e n adelante. 18 Sobre la presunción de veracidad en materia de desplazamiento forzado: Corte Constitucional, sentencias T -268/2003, T -721/2003, T -1094/2004, T563/2005, T-1144/2005, T-086/2006, T-468/2006, T-110/2007, T-630/2007, T-821/2007